Durante los primeros días, la sensación de abandono por la falta de reacción fue total y no nos lo tienen que contar porque lo vivimos. Pero tres meses después, los funcionarios de justicia de las localidades afectadas siguen abandonados a su suerte por la Dirección General de Justicia, en localidades como Paiporta, Aldaia, Albal, Catarroja o Alfafar... y otras tantas.
Tres meses de promesas que no se han visto cumplidas y posiblemente no se cumplan.
Tres meses de desinformación, de desidia por parte de la Dirección General de Justicia y de la Conselleria, que tardó casi dos meses en darnos un listado de juzgados afectados.
Prometieron lanzaderas (no han llegado)
Prometieron pagar a los funcionarios que redoblaron sus horarios y estuvieron varios días de guardia (incluso semanas)
Prometieron pagar los desplazamientos a los funcionarios desplazados y siguen esperando.
Y así seguiríamos...
Nos resulta llamativo que haya juzgados de Paz (Paiporta, Picanya, etc) a los que la Directora General haya tardado casi tres meses en hablar con los funcionarios, en ver sus necesidades, en escucharles... funcionarios que han tenido incluso que utilizar sus teléfonos personales para dar red de internet en el Juzgado para poder trabajar.
Sigue habiendo juzgados afectados situados en plantas altas donde las personas con discapacidad no pueden acceder, sin calefacción, sin ventanas. Sigue habiendo juzgados sin local.
Que si, que los locales son cosa del ayuntamiento, pero el personal NO. Pertenecemos a la DGJ y debe asegurar que nuestro trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles.
La Dana se llevó vidas, se llevó hogares, se llevó negocios, coches, y la dignidad del trabajador de Justicia, y al que puede devolverla, poco le importamos.
Seguimos exigiendo por vosotros.
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