HUELGA ¿DE QUIÉN?

 

Tras el transcurso de las primeras semanas de huelga, y a la vista de los acontecimientos que los funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial estamos sufriendo, queremos hacer las siguientes consideraciones: La huelga ha sido convocada por asociaciones y algún sindicato de funcionarios pertenecientes al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial

define las funciones de cada cuerpo, también las nuestras, que consisten fundamentalmente en la tramitación de procedimientos judiciales, encomendada exclusivamente a estos cuerpos. Desde hace años, las funciones de los cuerpos generales, no han cambiado, sin que se hayan adaptado a las nuevas realidades, siendo que en muchas ocasiones, nos encontramos con nuevas funciones asignadas a cuerpos superiores, pero que de forma efectiva, por instrucción del Ministerio o delegación del Letrado, acaban siendo realizadas por Gestores, Tramitadores y Auxilios.

 Con motivo de la huelga, una asociación de letrados ha dictado instrucciones pidiendo a los huelguistas la paralización de toda actividad en los órganos judiciales, ello demuestra que sin el trabajo de Gestores, Tramitadores y Auxilios, el impacto no sería tal. Estas instrucciones que afectan a ciudadanos y profesionales se dan para aumentar la notoriedad de una huelga seguida escasamente por dicho personal. Siguiendo a rajatabla el manual del huelguista, se nos han dado instrucciones: se nos prohíbe que realicemos las funciones que nos corresponden, llegándose en algunos juzgados a pedir a los funcionarios que se dediquen a ordenar sus armarios y sus mesas, sin que puedan tramitar expediente alguno, o simplemente se nos pide que ni siquiera demos información telefónica o en los mostradores, por no hablar de las suspensiones de vistas y actuaciones. La utilización de Gestores, Tramitadores y Auxilios en sus reclamaciones supone, a parte de tener una dudosa legalidad, desprestigiar nuestros cuerpos, altamente especializados y vaciar de contenido las funciones otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por algo, que ni nos va, ni nos viene. A la vista del acuerdo que hizo público una asociación de letrados, las peticiones tienen todas un fin económico, que en algunos casos supondría un incremento salarial que rondaría los 1000 euros, en algunos casos, según los propios letrados y todo, por unas funciones que aparecen en la Ley, que sus asociaciones pactaron, pero que realizan diariamente Gestores, Tramitadores y Auxilios. La clave es la llamada cláusula de enganche que supondría automáticamente que su sueldo quedaría vinculado al de los jueces y magistrados. 

La realidad es que SUS funciones nos han supuesto un aumento desmesurado EN LAS NUESTRAS. Resumiendo la jugada maestra: Los Jueces realizan menos funciones porque las han asumido los LAJ, pero somos los cuerpos generales los que al final las realizamos. Traducido en la nómina: Jueces y Magistrados con menos funciones cobran lo mismo, los LAJ, que asumen esas funciones, piden más dinero por ellas y nosotros, que somos los que las realizamos, lo hacemos GRATIS. 

Si es justo que el letrado cobre por la asignación de estas funciones, que teóricamente supervisa, igual de justo es reconocerlas al que efectivamente las realiza. Tomemos nota: sin letrados no podemos trabajar, apliquémoslo una vez finalizada la huelga. Señores letrados y señoras letradas, reclamen, velen por sus derechos, pero dejen trabajar.