aprobado el año pasado por el Gobierno con las que culminaba la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.
El Ejecutivo aprobó el real decreto-ley en abril de 2020 y justificó incluir este cambio -que ya contemplaba para generar seguridad jurídica y certidumbre en materia de pensiones, en la alteración del calendario previsto por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
El traspaso requería unos cambios normativos que no podían ser aprobados mediante el procedimiento ordinario de tramitación parlamentaria, porque el retraso en el tiempo que ello implicaría generaría inseguridad jurídica e incertidumbre en una materia, las pensiones, particularmente sensible para el conjunto de la ciudadanía.
La disposición transitoria segunda, concreta el procedimiento a seguir para la elección de una mutua, y prevé el criterio a aplicar en caso de que no se ejerza el derecho de opción en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma.
Y con la disposición final primera, por la que se modificaba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
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