NUESTRA VALORACIÓN DEL ACUERDO CON EL MINISTERIO
Es indiscutible que la reforma de la L.O.P.J. llevada a cabo, debido a las enmiendas introducidas en el Senado presentadas conjuntamente por PSOE y PP, significa una vulneración de los derechos de los trabajadores en cuanto a la modificación del art. 521 de la L.O.P.J.
Una vez perpetrado el ataque, y sin posibilidad de dar marcha atrás, sólo quedaba la opción de la respuesta rápida por parte de las organizaciones sindicales para que, por la vía de urgencia, quedaran garantizados los derechos lesionados por dicha reforma.
No obstante, el daño producido ya no podrá ser contrarrestado totalmente por ninguna otra normativa que se desarrolle (Reglamento), puesto que el rango de ésta siempre será inferior a la de la Ley Orgánica, pudiéndose incluso suscitar, en el futuro, un conflicto de intereses entre ambas, con lo cual, el artículo 521 queda, después del acuerdo suscrito el pasado 27 de octubre, en suspenso, como la espada de Damocles, sobre nuestras cabezas. Por ese motivo es importante que el Ministerio promueva de nuevo la modificación del artículo 521 para volver a su redacción anterior. Mientras tanto, desde STAS-Iv calificamos el acuerdo como necesario, aunque insuficiente.
No es momento ahora de valorar las actuaciones llevadas a cabo por las distintas organizaciones sindicales. Cada una, en su ámbito de actuación, deberá ser lo suficientemente responsable para no poner en peligro la unidad de acción necesaria para hacer frente al proceso que se abre con la reforma de la oficina judicial (objeto fundamental de este debate).
En la negociación y en la movilización
COMPARTIMOS DECISIONESEn ese sentido, tanto las llamadas unilaterales a la movilización como los mensajes gratuitos y alejados de la realidad, no provocan sino precisamente aquello que dicen lamentar: la división de los trabajadores. Es por ello que, una vez salvado el abismo abierto por el art. 521, a través de una negociación que nos sitúa en la práctica en el mismo punto donde nos encontrábamos, debemos dirigir nuestras miradas a la administración encargada de diseñar e implantar la nueva oficina judicial, las plantillas y la RPT: la Conselleria de Justicia.
Para STAS-Iv la clave está en la definición de la Relación de Puestos de Trabajo.
La administración autonómica debe presentar de inmediato su proyecto de oficina judicial, en su totalidad, y los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial de Justicia debemos mostrar la unidad y contundencia necesarias para que nuestras propuestas sean atendidas.
Así, en el tema que nos ocupa, sobre la movilidad y condiciones laborales, se debe garantizar el acceso a todos y cada uno de los puestos de trabajo de forma individualizada a través del concurso de traslado, y la definición concreta de las características del puesto, funciones y complemento específico. Esa, y no otra, es la clave para lograr la administración de justicia moderna y funcional que todos deseamos, al mismo tiempo que se logra erradicar, de una vez por todas, la indefinición de funciones y el libre arbitrio que se produce, por capricho o falta de capacidad, en multitud de órganos judiciales por parte de sus responsables.
Es indiscutible que la reforma de la L.O.P.J. llevada a cabo, debido a las enmiendas introducidas en el Senado presentadas conjuntamente por PSOE y PP, significa una vulneración de los derechos de los trabajadores en cuanto a la modificación del art. 521 de la L.O.P.J.
Una vez perpetrado el ataque, y sin posibilidad de dar marcha atrás, sólo quedaba la opción de la respuesta rápida por parte de las organizaciones sindicales para que, por la vía de urgencia, quedaran garantizados los derechos lesionados por dicha reforma.
No obstante, el daño producido ya no podrá ser contrarrestado totalmente por ninguna otra normativa que se desarrolle (Reglamento), puesto que el rango de ésta siempre será inferior a la de la Ley Orgánica, pudiéndose incluso suscitar, en el futuro, un conflicto de intereses entre ambas, con lo cual, el artículo 521 queda, después del acuerdo suscrito el pasado 27 de octubre, en suspenso, como la espada de Damocles, sobre nuestras cabezas. Por ese motivo es importante que el Ministerio promueva de nuevo la modificación del artículo 521 para volver a su redacción anterior. Mientras tanto, desde STAS-Iv calificamos el acuerdo como necesario, aunque insuficiente.
No es momento ahora de valorar las actuaciones llevadas a cabo por las distintas organizaciones sindicales. Cada una, en su ámbito de actuación, deberá ser lo suficientemente responsable para no poner en peligro la unidad de acción necesaria para hacer frente al proceso que se abre con la reforma de la oficina judicial (objeto fundamental de este debate).
En la negociación y en la movilización
COMPARTIMOS DECISIONESEn ese sentido, tanto las llamadas unilaterales a la movilización como los mensajes gratuitos y alejados de la realidad, no provocan sino precisamente aquello que dicen lamentar: la división de los trabajadores. Es por ello que, una vez salvado el abismo abierto por el art. 521, a través de una negociación que nos sitúa en la práctica en el mismo punto donde nos encontrábamos, debemos dirigir nuestras miradas a la administración encargada de diseñar e implantar la nueva oficina judicial, las plantillas y la RPT: la Conselleria de Justicia.
Para STAS-Iv la clave está en la definición de la Relación de Puestos de Trabajo.
La administración autonómica debe presentar de inmediato su proyecto de oficina judicial, en su totalidad, y los sindicatos representativos en la Mesa Sectorial de Justicia debemos mostrar la unidad y contundencia necesarias para que nuestras propuestas sean atendidas.
Así, en el tema que nos ocupa, sobre la movilidad y condiciones laborales, se debe garantizar el acceso a todos y cada uno de los puestos de trabajo de forma individualizada a través del concurso de traslado, y la definición concreta de las características del puesto, funciones y complemento específico. Esa, y no otra, es la clave para lograr la administración de justicia moderna y funcional que todos deseamos, al mismo tiempo que se logra erradicar, de una vez por todas, la indefinición de funciones y el libre arbitrio que se produce, por capricho o falta de capacidad, en multitud de órganos judiciales por parte de sus responsables.
En Valenciano:
LA NOSTRA VALORACIÓ DE L’ACORD AMB EL MINISTERI
Es indiscutible que la reforma de la L.O.P.J. duta a terme, deguda a les esmenes introduïdes en el Senat presentades conjuntament per PSOE i PP, ha significat una vulneració dels drets dels treballadors pel que respecta a la modificació del art. 521 de la L.O.P.J.
Un cop perpetrat l’atac, i sense possibilitat de donar marxa enrere, sols quedava l’opció de la resposta ràpida per part de les organitzacions sindicals per a que, per la via d’urgència, quedaren garantits els drets lesionats per dita reforma.
No obstant, el mal produït ja no podrà ser contrarestat totalment per cap altra normativa que se desenvolupe (Reglament), donat que el rang d’aquesta sempre serà inferior a la de la Llei Orgànica, poguent-se inclús suscitar, en el futur, un conflicte d’interessos entre ambdues, amb la qual cosa, l’article 521 queda, després de l’acord subscrit el passat 27 d’octubre, en suspens, com l’espasa de Dàmocles, per sobre els nostres caps. Per eixe motiu és molt important que el Ministeri promoga de nou la modificació de l’article 521 per tal de tornar a la seua redacció anterior. Mentrestant això no siga així, des de STAS-Iv qualifiquem l’acord com a necessari, encara que insuficient.
No és moment per ara de valorar les actuacions dutes a terme per les distintes organitzacions sindicals. Cadascuna, al seu àmbit d’actuació, haurà de ser lo suficientment responsable per no posar en perill la unitat d’acció necessària per a fer front al procés que s’obri amb la reforma de la oficina judicial (objecte fonamental d’aquest debat).
En la negociació i en la mobilització
COMPARTIM DECISIONSEn eixe sentit, tant la crida unilateral a la mobilització com els missatges gratuïts i allunyats de la realitat, no provoquen si no precisament allò que diuen lamentar: la divisió dels treballadors. Es per això que, un cop salvat l’abisme obert pel art. 521, mitjançant una negociació que ens situa en la pràctica al mateix punt on ens trobàvem, hem de dirigir les nostres mirades a la administració encarregada de dissenyar i implantar la nova oficina judicial, les plantilles i la RLT: la Conselleria de Justícia.
Per a STAS-Iv la clau està en la definició de la Relació de Llocs de Treball.
L’administració autonòmica ha de presentar d’immediat el seu projecte d’oficina judicial, en la seua totalitat, i els sindicats representatius en la Mesa Sectorial de Justícia hem de mostrar la unitat i contundència necessàries per a que les nostres propostes siguen ateses.
Així, en el tema que ens ocupa, sobre la mobilitat i condicions laborals, s’ha de garantir l’accés a tots i cadascun dels llocs de treball de forma individualitzada mitjançant el concurs de trasllat, i la definició concreta de les característiques del lloc, funcions i complement específic. Eixa, i no altra, és la clau per tal d’aconseguir l’administració de justícia moderna i funcional que tots desitgem, al mateix temps que s’aconsegueix eradicar, d’una vegada per totes, la indefinició de funcions i el lliure arbitri que es produeix, per caprici o manca de capacitat, en multitud d’òrgans judicials per part dels seus responsables.
Es indiscutible que la reforma de la L.O.P.J. duta a terme, deguda a les esmenes introduïdes en el Senat presentades conjuntament per PSOE i PP, ha significat una vulneració dels drets dels treballadors pel que respecta a la modificació del art. 521 de la L.O.P.J.
Un cop perpetrat l’atac, i sense possibilitat de donar marxa enrere, sols quedava l’opció de la resposta ràpida per part de les organitzacions sindicals per a que, per la via d’urgència, quedaren garantits els drets lesionats per dita reforma.
No obstant, el mal produït ja no podrà ser contrarestat totalment per cap altra normativa que se desenvolupe (Reglament), donat que el rang d’aquesta sempre serà inferior a la de la Llei Orgànica, poguent-se inclús suscitar, en el futur, un conflicte d’interessos entre ambdues, amb la qual cosa, l’article 521 queda, després de l’acord subscrit el passat 27 d’octubre, en suspens, com l’espasa de Dàmocles, per sobre els nostres caps. Per eixe motiu és molt important que el Ministeri promoga de nou la modificació de l’article 521 per tal de tornar a la seua redacció anterior. Mentrestant això no siga així, des de STAS-Iv qualifiquem l’acord com a necessari, encara que insuficient.
No és moment per ara de valorar les actuacions dutes a terme per les distintes organitzacions sindicals. Cadascuna, al seu àmbit d’actuació, haurà de ser lo suficientment responsable per no posar en perill la unitat d’acció necessària per a fer front al procés que s’obri amb la reforma de la oficina judicial (objecte fonamental d’aquest debat).
En la negociació i en la mobilització
COMPARTIM DECISIONSEn eixe sentit, tant la crida unilateral a la mobilització com els missatges gratuïts i allunyats de la realitat, no provoquen si no precisament allò que diuen lamentar: la divisió dels treballadors. Es per això que, un cop salvat l’abisme obert pel art. 521, mitjançant una negociació que ens situa en la pràctica al mateix punt on ens trobàvem, hem de dirigir les nostres mirades a la administració encarregada de dissenyar i implantar la nova oficina judicial, les plantilles i la RLT: la Conselleria de Justícia.
Per a STAS-Iv la clau està en la definició de la Relació de Llocs de Treball.
L’administració autonòmica ha de presentar d’immediat el seu projecte d’oficina judicial, en la seua totalitat, i els sindicats representatius en la Mesa Sectorial de Justícia hem de mostrar la unitat i contundència necessàries per a que les nostres propostes siguen ateses.
Així, en el tema que ens ocupa, sobre la mobilitat i condicions laborals, s’ha de garantir l’accés a tots i cadascun dels llocs de treball de forma individualitzada mitjançant el concurs de trasllat, i la definició concreta de les característiques del lloc, funcions i complement específic. Eixa, i no altra, és la clau per tal d’aconseguir l’administració de justícia moderna i funcional que tots desitgem, al mateix temps que s’aconsegueix eradicar, d’una vegada per totes, la indefinició de funcions i el lliure arbitri que es produeix, per caprici o manca de capacitat, en multitud d’òrgans judicials per part dels seus responsables.
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