LA INCERTIDUMBRE DEL
REGISTRO CIVIL CONTINÚA TRAS SIETE AÑOS
Después de 7 años de vacatio
legis, el grupo parlamentario Popular ha presentado un nuevo proyecto de
ley que trata de parchear la inminente desjudicialización del Registro Civil, y
mantener al personal de Justicia junto con los Juzgados de Paz, en ese nuevo
modelo de Registro Civil.
Dicha propuesta ha sido rechazada por votación de los
grupos parlamentarios de la oposición, por resultar claramente insuficiente, no
paralizar la privatización de los Registros Civiles ni la posible pérdida de garantías
como servicio público y gratuidad del mismo.
La proposición de Ley
del grupo parlamentario Popular propuesta en el Congreso establecía:
1. La supresión del sistema de división
del Registro Civil en Secciones (Nacimientos, Matrimonios, Defunciones, Tutelas
y representaciones legales y la creación de un registro individual con código
personal).
2. La llevanza del Registro Civil por
funcionarios pertenecientes al Ministerio de Justicia.
3. La implantación de un registro civil
único para toda España informatizado y electrónico.
Introduce la siguiente novedad:
4. Mantiene las actuales plantillas, que
solo podrán ser cubiertas por Funcionarios de los cuerpos de la Administración de Justicia.
Las consecuencias inmediatas, es la entrada en vigor en junio
de 2018 de la Ley de Registro Civil 20/2011 con las irreversibles y tremendas
consecuencias antes comentadas.
En concreto, en lo que respecta a los funcionarios de Justicia, posible pérdida de su puesto de trabajo,
con opción de ocupar con carácter preferente, algunos puestos en oficinas
regístrales, prestando servicios para otras administraciones. Además de
entregar a los Notarios la suculenta tramitación privada en materia de
nacionalidad y matrimonios civiles, desvirtuando por completo la gratuidad de
estos servicios como públicos.
El actual modelo de Registro Civil implantado en 1950
es conveniente modernizarlo, pero sin que ello suponga que se tenga que
prescindir del personal de Justicia, altamente especializado y seleccionado
bajo los principios de mérito y capacidad.
Desde INTERSINDICAL
JUSTICIA exigimos:
1. La prorroga urgente de la entrada en vigor de la ley del Registro Civil que
entrará en vigor en Junio de 2018.
2. Una nueva propuesta de ley que recoja todas las exigencias que venimos demandando para
el Registro Civil, que continúe constituyendo un servicio público, servido por la
actual plantilla de la Administración Justicia especializada, y no por otras
administraciones.
3. Que continúe la gratuidad de este servicio público y el mantenimiento del Registro
Civil incardinado dentro de la Administración de Justicia.
4. Que continúen existiendo las actuales oficinas del
Registro civil garantizando la proximidad del servicio público al
ciudadano.
Memoria judicial Valencia año 2017
Publicada
en la página web de la Dirección General de Justicia la lista
provisional de adjudicación de los puestos ofertados en provisión
temporal mediante comisión de servicio ofertados por Resolución de la
DGJ de 11 de enero pasado. 