Elx: La antigüedad del sistema informático paraliza a diario el Registro Civil

Los ordenadores del servicio son los mismos que se utilizaban en el antiguo Palacio de Justicia y cuentan con tan sólo 500 megas de memoria 

Los ciudadanos asisten constantemente a interrupciones del servicio cuando los equipos se quedan bloqueados mientras realizan sus trámites.

Cuando no es por una cosa es por otra, pero lo cierto es que prestar servicio en el Registro Civil de Elche va camino de convertirse en poco más que una odisea. El servicio siempre ha acusado la falta de personal para atender a una población de más de 250.000 habitantes. Un problema que, a costa de quejas y quejas, se ha conseguido resolver con la contratación de refuerzos temporales, que se van renovando cada seis meses.
No obstante, este no es el único problema del servicio ilicitano, que día sí día también padece la antigüedad de un sistema informático que impide a los profesionales que trabajan en él prestar la atención que les gustaría. Y es que la gran mayoría de los ordenadores son los mismos que se utilizaban en el antiguo Palacio de Justicia, y cuentan con tan sólo 500 megas de memoria.
Los usuarios son los primeros conscientes de este problema. Una ciudadana destacaba a este diario que «cada dos por tres se paran los ordenadores, y tenemos que estar esperando a que vuelvan a funcionar». Fallos del sistema que, en ocasiones, han durado hasta dos horas, en los que la atención al público ha tenido que paralizarse por completo.

CASTELLÓ: La avalancha de impagos de pensiones a los hijos satura al único juzgado de Familia

Soporta una carga de alrededor de 2.000 asuntos cada año, el doble de lo estipulado . Cada mes deben resolver hasta 900 casos de embargos de salarios y deudas

Una avalancha de asuntos matrimoniales de todo tipo está generando una situación de “saturación y sobrecarga excepcional” en el único juzgado de Familia que hay en Castellón. A esta conclusión es a la que han llegado los abogados expertos en esta materia, que, como indicaron a Mediterráneo, urgen la creación de otro órgano especializado de esta índole “para descongestionar al existente”, que soporta ya una carga de trabajo de alrededor de 2.000 asuntos cada año, el doble de lo estipulado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tal y como explica la letrada especialista en temas matrimoniales y vocal del Colegio de Abogados de Castellón, María Sebastiá, “esta situación ha empeorado por la crisis económica, ya que muchas personas divorciadas no pueden ahora mantener el mismo nivel de vida que antes, lo que ha desencadenado una oleada de revisión a la baja de medidas como las pensiones a los hijos o los impagos de las mismas e, incluso, de los colegios”.
Sebastiá añade que “estos procesos son muy importantes para la gente, se trata, en definitiva, de sus vidas y de las vidas de sus hijos, en la mayoría de situaciones menores, por lo que las decisiones deben tomarse rápido y la carga de trabajo en el juzgado está siendo ya brutal”, concreta.
Sebastiá matiza que entre las medidas previas unidas a las demandas que copan este órgano judicial a diario están los horarios de visitas de los hijos, el uso de la casa o la pensión alimenticia...
UN JUEZ SUSTITUTO // El letrado de la Administración de Justicia del juzgado de Familia de Castellón, Pedro Moya, confirma a Mediterráneo que la entrada de asuntos supone el doble de lo establecido. “A día de hoy llevamos ya 949, rozando el tope. El año pasado fueron 1.949 y el anterior la entrada de asuntos fue de 2.045”. Moya destaca que “gracias al esfuerzo de los nueve funcionarios que conforman este juzgado” están saliendo adelante, “pero como muchos otros, que se encuentran ya en estas circunstancias”.

‘Premiada’ por sexista una sentencia en la que la jueza preguntó a la víctima si había “cerrado bien las piernas” para evitar abusos

• Los Premios Género y Justicia al Descubierto, impulsados por Women's Link Worldwide, vigilan al Poder Judicial para que no incurra en la discriminación de mujeres y niñas
• Un total de seis setencias españolas fueron postuladas a los Premios Garrote de este año a las decisiones más discriminatorias

Una sentencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria-Gasteiz ha sido declarada como una de las peores decisiones judiciales en la octava edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto. La jueza le preguntó a la víctima durante una declaración "si cerró bien las piernas para evitar los abusos sexuales por parte de su expareja" y, además, le negó una orden de protección. Estos premios están impulsados por Women's Link Worldwide, una iniciativa online en la que personas de todo el mundo pueden vigilar al Poder Judicial para que no incurra en la discriminación de mujeres y niñas.
La organización distingue dos tipos de galardones. Los Garrotes destacan los pronunciamientos más sexistas y los Malletes premian las decisiones que hayan tenido un efecto positivo sobre la equidad de género, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, la violencia o la discriminación. En la presente edición, han sido un total de siete las sentencias de tribunales españoles nominadas, seis de ellas postuladas a los Premios Garrote que más discriminan, y tan sólo una a los Premios Mallete a la cooperación con el avance de los derechos de mujeres y niñas. Según la abogada de la asociación y coordinadora de los Premios, Tania Sordo Ruz, esta no es la primera vez que España recibe un premio, "tambien los ha recibido años anteriores y en ambas categorías". Asimismo, Sordo insiste en que los Premios Garrote tienen, simplemente, caracter de denuncia social para "mostrar que hay cosas que no se están haciendo bien". 

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El TSJCV reclama la creación de 68 nuevas plazas de jueces para normalizar el trabajo de los tribunales

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aprobó un informe en el que cifra en 68 las plazas judiciales nuevas que necesita la Comunidad Valenciana para normalizar la situación de los Juzgados unipersonales y tribunales colegiados del territorio.

El concreto, el alto tribunal Valenciano reclama 5 magistrados para el TSJ y 12 para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Además, considera necesario crear cuatro nuevos juzgados de lo Mercantil, una de las jurisdicciones que más ha visto incrementada su carga de trabajo en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

Según el documento, que ha sido elevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad necesita 15 jueces más en los juzgados mixtos (Primer Instancia e Instrucción) de las tres provincias, y 13 en los Primera Instancia de las tres capitales.

El TSJ pide, además, 9 jueces de lo Social, 7 de lo Penal, 1 de lo Contencioso, 1 de Instrucción y un Registro Civil exclusivo en Elche.

El TSJCV pide ‘comarcalizar’ los juzgados de Violencia sobre la Mujer y unir los de Catarroja y Torrent y derivar los casos de Mislata a Valencia

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha aprobado un informe en el que cifra en 68 las plazas judiciales nuevas que necesita la Comunitat Valenciana para normalizar la situación de los juzgados unipersonales y tribunales colegiados del territorio. Además, propone comarcalizar los juzgados de Violencia sobre la Mujer uniendo los de Catarroja y Torrent y derivando los casos correspondientes a Mislata a los juzgados de Valencia.

El concreto, el Alto Tribunal Valenciano reclama 5 magistrados para el TSJ y 12 para las Audiencias Provinciales de Valencia, Alicante y Castellón. Además, considera necesario crear cuatro nuevos juzgados de lo Mercantil, una de las jurisdicciones que más ha visto incrementada su carga de trabajo en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

El TSJ pide un juzgado comarcal de violencia de género en Vila-real

En su informe sobre las necesidades en la planta judicial de la Comunidad Valenciana, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a plantear la conveniencia de unificar los partidos judiciales de Nules y Vila-real.
Concretamente, la Sala de Gobierno ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial que, ante la situación actual que atraviesan estos dos partidos judiciales de la provincia de Castellón la solución más conveniente sería la unificación en un solo partido de los de Nules y Vila-real.
Esta reiterada apuesta, que se viene repitiendo desde hace varios años, da ahora un paso adelante y, en este sentido, propone que se mantengan las dos sedes judiciales actuales y se dividan los juzgados, instalando en una de ellas las competencias penales, es decir los Juzgados de Instrucción y en la otra las competencias civiles, es decir que albergue los Juzgados de Primera Instancia.
Así también, la Sala de Gobierno constata como una medida inaplazable la comarcalización del Juzgado de Violencia de Género que existe en el partido de Vila-real, con el objetivo de que su competencia territorial abarque la demarcación territorial de los partidos judiciales de Nules y Vila-real.

Abogados y jueces temen una avalancha de recursos contra las 'causas complejas'

 El 6 de junio de 1944, 150.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandia, el 6 de junio del 44 cambió la historia del mundo. Otro 6 de junio, el de 2016, 72 años después del “Día D y la Hora H”, el particular desembarco judicial llega a las costas de los juzgados. Las embarcaciones, en este caso hechas peticiones de causas complejas, desembarcan en los cientos de juzgados de toda España. En Valencia en 21 de ellos.

Sin embargo, si en 1944 supuso un antes y un después dentro de la II Guerra Mundial, no es está tan claro que los aliados, en este caso la Fiscalía, puedan cambiar en 2016 el curso de la historia… de la Justicia.

Este 6 de junio se cumplía el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que fija en seis meses el plazo máximo de instrucción de una causa, salvo que esta sea declarada "compleja", en cuyo caso se amplía a 18 meses. Así, los jueces, previa opinión del fiscal, tenían seis meses para tomar una decisión sobre las más de 300.000 causas que instruían en España: archivar, dictar apertura de juicio oral o declarar causa compleja. Cualquier decisión que tome es recurrible.

Según ha podido saber Valencia Plaza tras hablar con los letrados que frecuentan la Ciudad de la Justicia, la mayoría de ellos piensan recurrir aquellas resoluciones de causa compleja que vengan determinadas por “peticiones realizadas con un modelo sin motivar” por parte de la Fiscalía.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, autorizó a finales de mayo a sus subordinados a que realizaran “dictámenes uniformes” para pedir la causa compleja debido a una situación que calificó de “transitoria y extraordinaria”. Así, según Madrigal, se evitaría el archivo de miles de causas. 

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Intersindical firma el acuerdo de legislatura de la Mesa General

Todas las organizaciones sindicales, a excepción de CSI·F, hemos valorado positivamente este acuerdo marco que contempla toda una serie de materias que han de ser objeto de negociación en la Mesa General y en las respectivas Sectoriales, así como el calendario de trabajo que se concentra, básicamente, en 2016 y 2017. Entre estos temas, cada uno de ellos con sus especificidades, destacamos: la ordenación de la negociación colectiva, la planificación de las ofertas de empleo de 2016 a 2019 con el objetivo de reducir la temporalidad al 10%, la recuperación del poder adquisitivo de los empleados y empleadas públicos, desrrollo de los planes de igualdad y de violencia de género, conciliación de la vida personal y laboral, mejora de la salud laboral, la formación vinculada a las necesitades reales de una administración moderna y la redacción de una nueva ley de la función pública.

Para Intersindical Valenciana, la importancia de este Acuerdo radica en que constituye una apuesta decidida por los servicios públicos de gestión directa, por valorar el trabajo del personal empleado público y por ofrecer a la ciudadanía unos servicios de calidad que suponen una mejora en su estado de bienestar. En este contexto, la firma del Acuerdo supone una herramienta de trabajo fundamental, en tanto que existe una planificación ordenada de la negociación y se establecen unos objetivos concretos, que permitirán, en los próximos años, desplegar su contenido.

INTRUCCIÓ DE VACANCES, PERMISOS I LLICÈNCIES

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

INSTRUCCIÓ de 12 de maig de 2016, de la Direcció General de Justícia, per la qual s'estableix el règim de vacances, permisos i llicències per als cossos de gestió processal i administrativa, tramitació processal i administrativa, auxili judicial i metges forenses al servei de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2016/4261] (pdf 1.118KB)

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE: RELACIÓN DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS, FECHA EXAMEN

Orden JUS/923/2016, de 2 de junio, por la que se aprueba la relación defiitiva de admitidos y excluidos y se convoca a la realización del primer ejercicio para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre.

13 de junio de 2016

Orden JUS/923/2016, de 2 de junio, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos y se convoca la realización del primer ejercicio.Este enlace se abre en una nueva pantalla

Documentos asociados:

 

• Relación definitiva de aspirantes Admitidos y Excluidos en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrtiva acceso libre (PDF. 7,49 MB)

Jueces, fiscales y secretarios desconocen los datos de Justicia sobre revisión de las causas

Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas. Afirman que no se les ha informado de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios.
Desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías ha señalado a Europa Press que si hace una semana le hubieran dicho que se cumpliría el plazo de revisión -fundamental para establecer si un juez dispone de 6 o 18 meses para instruir un procedimiento-, hubiera desconfiado, si bien la cuestión cambió cuando desde la Fiscalía General se dio una instrucción el miércoles pasado para realizar esta labor en bloque, “manera rápida, no precisa y con menor detalle”.

“El problema de la ley es que fue un parche, cuando lo que se tenía que haber hecho es dar la instrucción a los fiscales, porque quien no controla el proceso no debería controlar los plazos”, señala Frías.
La asociación mantiene la cautela respecto a los datos ofrecidos por el Ministro porque los vencimientos se siguen produciendo, ya que otras causas deberán ser clasificadas antes de hoy día 7, del 8 o del 9 de junio y lo que hay que mejorar son los instrumentos digitales con los que se cuenta para realizar esta labor.

Justícia i l'AVL col·laboren per incentivar l'ús del valencià al món judicial

L’objectiu de l’acord és garantir els drets lingüístics de la ciutadania amb la posada en marxa d'iniciatives conjuntes que incentiven la presència de la llengua pròpia en aquest àmbit.

 El secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, i el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, han acordat, aquest divendres, “establir mecanismes de col·laboració per promoure l'ús del valencià a l'Administració de Justícia i garantir els drets lingüístics de la ciutadania amb la posada en marxa d'iniciatives conjuntes per a l'establiment de ferramentes que incentiven la presència de la llengua pròpia en aquest àmbit”.

Presència del valencià “pràcticament inexistent”

Ramon Ferrer ha agraït “l’interès mostrat per la Conselleria per potenciar el valencià a l'Administració de Justícia” i ha acceptat el “repte” plantejat per Ferran Puchades respecte de la importància d'impulsar la dinamització lingüística al món judicial, “on, fins ara, la presència del valencià és pràcticament inexistent”.

El abismo del 6 del 6 de 2016

La declaración de causa compleja obedece a una cuestión de prevenir antes que curar Critican la nueva normativa, a la que tachan de «deficiente».

El sentir común es que se ha puesto en marcha una iniciativa sin dotarla de medios.

No se trata de declarar las causas de especial complejidad por sistema pero casi. Es más una cuestión de salvar los muebles, de evitar prescripciones y de acelerar la práctica de pruebas para sortear los efectos que el 6 del 6 de 2016 está dejando en las fiscalías de la Comunidad Valenciana. Es, en definitiva, un más vale prevenir que curar.
El tiempo apremia y el próximo lunes expira el plazo para que la Fiscalía revise todas las causas penales iniciadas después del 6 de diciembre cuya instrucción se ha limitado a seis meses. Que se prologuen un año más, depende de de que lo solicite el Ministerio Público alegando especial complejidad. Y para eso se han tenido que revisar una a una.
Está siendo un trabajo de chinos que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) ha criticado poniendo sobre la mesa su poca confianza en que se revise la complejidad de las causas en plazo. Considera que no va a dar tiempo.
De no pedir una prórroga, las instrucciones terminarán estén como estén. Y el Ministerio Público va a contrarreloj. La nueva ley le ha obligado a improvisar mucho en un terreno desconocido. Y hay una premisa no escrita: la petición casi automática de declaración de causa compleja a las diligencias que no dé tiempo a revisar para pedir o no esta prórroga.
En el fondo es lo de siempre. El anuncio a bombo y platillo de una nueva normativa cuyo mensaje teórico es una declaración de intenciones -la de limitar el tiempo del juez para evitar que las instrucciones se eternizaran como por ejemplo el caso Fabra, que duró nueve años- pero que en la práctica no se cierra. En las formas también: las mismas manos de siempre. Es la cara b de la nueva Ley de Enjuciamiento Criminal.

Los fiscales sortean la orden de Catalá de examinar cientos de miles de sumarios en siete días

La Fiscalía General del Estado ordena a los fiscales declarar "complejas" todas las causas sin analizarlas ante la imposibilidad de revisar todos los procesos penales en una semana
El Ministerio de Justicia trató in extremis de salvar su reforma legal para acortar los plazos de la instrucción judicial.

La reforma legal del Ministerio de Justicia para acortar los plazos de la instrucción de los sumarios penales ha derivado en una monumental chapuza, a falta de una semana para que entre en vigor. El cambio que introdujo la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendía que el 6 de junio todos los jugados españoles tuviesen calificados todas las causas judiciales en la vía penal como simples o complejas. Las primeras dispondrían de un plazo máximo de instrucción de seis meses. Para las complejas, ese periodo podría ampliarse un año más.

Cuando faltan siete días para que llegue la fecha, nadie, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Ministerio de Justicia, ni el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) conocen el número exacto de los sumarios pendientes. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, dio dos cifras distintas hace semana y media: aseguró primero que los sumarios a clasificar desde diciembre eran 346.000 y tres días después elevó sus números a 460.000.

Este lunes, en una reunión con el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgados, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés reclamó a los letrados que remitiesen las causas pendientes a las distintas fiscalías para que puedan ser analizadas. En horas, algunas fiscalías empezaron a recibir miles de causas pendientes, apiladas en cajas.

Los portavoces de los partidos políticos ven necesario un Pacto por la Justicia

El futuro Gobierno que tome las riendas del país deberá afrontar los numerosos retos que plantea la Administración de Justicia. Los cuatro portavoces de este ámbito de los partidos políticos han abordado esta cuestión en un debate centrado en la independencia judicial.

Almudena Vigil Hochleitner.- La Justicia es uno de los temas más delicados que encontrará sobre la mesa el Gobierno que finalmente tome las riendas del país. La persona que resulte responsable del departamento de Justicia tendrá ante sí toda una serie de frentes abiertos a los que deberá dar respuesta estableciendo las líneas de actuación para resolver los problemas que afronta este ámbito de la Administración. Todo un reto para una cartera cargada de asuntos clave para el buen funcionamiento de la Justicia.
En este contexto, los portavoces de Justicia de los principales partidos políticos, (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) parecen tener claro que la solución para mejorar el sistema actual pasa por un gran pacto o acuerdo de Estado y por el "consenso". Esa fue la palabra más repetida durante el debate que han mantenido este jueves los cuatro representantes políticos, en un encuentro informativo organizado por Wolters Kluwer y Europa Press.
La apertura del acto corrió a cargo de Vicente Sánchez, CEO de Wolters Kluwer España y Portugal, quien destacó que “un sistema judicial solvente requiere una dotación presupuestaria que permita a la Administración de Justicia contar a largo plazo con el talento de los mejores profesionales”.
A continuación, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, abrió el debate entre los portavoces políticos, señalando que el primer paso es el diagnóstico de la situación actual, y apostó por dar un salto cualitativo en un Pacto de Estado por la Justicia.

La Comunitat Valenciana espera la creación de 15 juzgados previstos desde hace seis años

La consellera Bravo exigió a la Generalitat la puesta en marcha cuando era portavoz del CGPJ y ahora achaca la demora al ministerio.

Unos por otros, y la casa sin barrer. Con esta frase recoge el refranero español la situación en la que ninguno asume el trabajo y achaca su incumplimiento a otro. Máxima que podría ser aplicable a la fallida puesta en marcha de una quincena de nuevos juzgados en la Comunitat, previstos desde hace seis años, y que podrían haber paliado la actual situación de congestión que sufre la Administración de Justicia valenciana.
En 2010, el Gobierno central autorizó la creación de 21 nuevos juzgados en la Comunitat, aunque sólo se pusieron en marcha seis. El resto quedó en el aire por la falta de recursos económicos de la Generalitat, que debe dotar a los órganos de medios materiales y funcionarios. El Consell pidió un año de plazo para ponerse al día, pero al ejercicio siguiente el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto que dejaba sin efecto la constitución de estos nuevos juzgados.
En aquel momento (mediados de 2011), la por entonces portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, responsabilizó directamente a la Generalitat del retraso en la puesta en marcha de estos órganos.

Cinco años después, y ya con Bravo al frente de la Conselleria de Justicia, la Generalitat entiende que «la creación de aquellos juzgados nunca ha sido derogada y, por lo tanto, sigue en vigor», según concretaron desde la propia delegación. Por contra, el ministerio sí que da por derogado el decreto en lo que afecta a la Comunitat «desde el mismo momento en el que el Consell comunicó su negativa a ponerlos en marcha», añadieron desde la conselleria, donde se encuentran a la espera de un informe de los servicios jurídicos ministeriales que aclare el asunto.