De la Rúa pide más de 100 nuevos juzgados por sobrecarga de trabajo

La practica totalidad de juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana registraron durante 2008 un incremento en el ingreso de asuntos, algunos, como los de Mercantil, de hasta el 196%

La practica totalidad de juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana registraron durante 2008 un incremento en el ingreso de asuntos, algunos de hasta el 196,6 por ciento como los de Mercantil, una "sobrecarga" de trabajo que hace necesaria la creación de al menos 107 nuevos órganos judiciales.

Así lo ha asegurado hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luís de la Rúa, durante la presentación de la Memoria de 2008 de este órgano judicial autonómico en una rueda de prensa en la que ha destacado la necesidad de hacer un "replanteamiento de la planta judicial".De la Rúa ha manifestado la necesidad de llegar a un "Pacto de Estado" para "emprender de manera definitiva la modernización de la justicia" y que se pueda dar una "salida eficaz y continúa" a los asuntos en la Comunitat Valenciana, donde el índice de litigiosidad es alto porque ha habido un importante incremento demográfico.Según la Memoria de 2008, los juzgados y tribunales de la Comunitat Valenciana ingresaron durante el pasado año 1.221.732 asuntos, un 6,76 por ciento más que el año anterior, y fueron resueltos 1.126.903 asuntos, un 1,21 por ciento más que en 2007 y una medida de 2.429 por juez.En este sentido, el presidente del TSJCV ha indicado que no existe "capacidad" para dar salida a todos los asuntos ingresados porque la Comunitat Valenciana "tiene todos los órganos judiciales sobrecargados de trabajo".

Juan Luis de la Rúa ha señalado que la tendencia en 2009 es también a que se produzca un incremento de asuntos, ya que solo en el primer cuatrimestre de este año los ingresos han crecido en un 37,4 por ciento con respecto al mismo periodo del 2008.Los incrementos son "espectaculares e inauditos" en los juzgados de lo Mercantil, donde los concursos de acreedores han crecido un 196,96 por ciento, al pasar de 241 ingresados en 2007 a los 715 en 2008, y por provincias los aumentos fueron del 200% en la provincia de Alicante, 433,33% en Castellón y 168,35 en Valencia.De la Rúa ha señalado que los procesos conectados directamente con la tramitación de esos concursos de acreedores se han elevado a 3.000 en todas la Comunitat, un 28,04 superior al año anterior, mientras que los procesos de otras materias se han incrementado un 14,94 por ciento.Por lo que se refiere a Civil, que resuelve los conflictos entre particulares, los juzgados de primera instancia ingresaron 70.605 asuntos, 20.933 más que en el año anterior, lo que supone un incremento del 42,14 por ciento, y en los juzgado mixtos el aumento fue del 40,53 por ciento, al pasar de 50.619 asuntos en 2007 a 71.138 en 2008.Pese a este incremento de asuntos y el "desbordamiento provocado por la crisis", los resueltos también han registrado un aumento del 31,19 por ciento en los juzgados de primera instancia y de un 31,11 por ciento en los mixtos.En la jurisdicción Social, los asuntos se incrementaron un 33,95 por ciento, al pasar de 28.237 en 2007 a 37.826 en 2008, y destaca especialmente que en Valencia se tramitaron 1.190 despidos en el primer cuatrimestre de 2008, mientras que en el mismo periodo de 2009 han sido 2.614 los procedimientos ingresados, un incremento del 119,7 por ciento.La estimación que se hace para todo 2009 es de 7.842 procedimientos por despido, mientras que en 2008 fueron 4.456 procedimientos, según fuentes del TSJCV.

Según la Rúa, si los juicios por despidos se celebran después de sesenta días hábiles por la saturación de casos el pago de los salarios de tramitación corresponde al Estado, un dinero que el presidente del TSJ ha considerado que podría emplearse para crear algunos órganos judiciales más.Según la Memoria, el año 2008 ha tenido una "incidencia nefasta" en los juzgados de lo Social, y si no se adopta "algún tipo de medida paliativa, se colapsará este orden jurisdiccional al que afecta una materia de singular trascendencia por incidir directamente en las necesidades vitales de las personas".

Respecto a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de la Rúa ha señalado que en 2008 los asuntos se incrementaron un 28,98 por ciento en la provincia de Alicante, al pasar de 6.700 en 2007 a 8.642 en 2008, un 7,87 por ciento en Castellón (de 1.719 a 1.932) y un 12,51 por ciento en la provincia de Valencia (de 10.681 a 12.018).Por último, ha destacado que en el Registro Civil, donde el pasado año había un "colapso", se ha normalizado la situación debido a la digitalización de los libros registrales, la puesta en macha del proyecto Registro Civil On-line, la instalación de terminales para solicitar trámites mediante "cita previa" y los refuerzos de personal.

Fuente: http://www.levanta-emv.com/

Los juzgados reflejan la crisis con un 200% más de asuntos

Los concursos de acreedores siguen colapsando los juzgados de lo mercantil
"Los órganos judiciales son el mejor barómetro de la situación económica", manifestó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, durante la presentación de la memoria judicial de 2008. Los datos que destacó fueron un incremento de la entrada de asuntos en todas las jurisdicciones, con especial relevancia en los de mercantil, social y civil, reflejo de la crisis con las quiebras de empresas, despidos e impagados. En números, los concursos de acreedores crecieron el año pasado en casi un 200% respecto del 2007 en toda la Comunitat Valenciana; los despidos, en un 34%, y los impagados, en más de un 42%.El presidente De la Rúa aprovechó para pedir 107 juzgados más en toda la Comunitat, "lo que pasa por un replanteamiento de la Planta judicial atendiendo a la carga de trabajo". Para apoyar sus reivindicaciones, explicó que en 2008 se registraron un total de 1.221.735 asuntos, 77.386 más que el año anterior. En cuanto a los órdenes jurisdiccionales, Juan Luis de la Rúa resaltó la "preocupante situación" en mercantil, civil y social. En los jugados de lo civil, "el incremento del registro de entrada, por razón de la crisis económica es de unas proporciones enormes", señaló. Concretamente, se cifra en un 41,4% en Alicante, en un 45,12% en Castelló y en un 39,43% en Valencia. Pero han sido los de mercantil los que que han sufrido durante 2008 los mayores incrementos de asuntos con las quiebras de empresas. "Los índices de aumento se pueden calificar de espectaculares, inauditos, suficientes para desbordar cualquier ritmo de trabajo", señaló De la Rúa. Así, frente a los 241 concursos de acreedores que ingresaron en toda la Comunitat en 2007, el montante en 2008 se eleva a 715, un 196,96% más (con un incremento en Alicante del 200%, del 433,33% en Castelló y del 168,35% en Valencia). Números preocupantesLa jurisdicción social, la más sensible a los vaivenes económicos, ha tenido en 2008 un incremento significativo basado en el aumento de los despidos. Los datos generales de toda la Comunitat así lo evidencian, al pasar de los 28.237 asuntos de 2007 a los 37.826 del pasado año (un 33,95% más). "Estos números provocan preocupación, pues significan una mayor tardanza en la tramitación de asuntos, que incluso llega a superar ya el año", explicó. En los procesos por despido, al tener que celebrarse los juicios transcurridos más de dos meses, el Estado tiene que asumir los salarios de tramitación. En Valencia capital se tramitaron 1.190 despidos en el primer cuatrimestre de 2008, mientras que en el mismo periodo de 2009 han sido 2.614. El año 2008 ha tenido "una incidencia nefasta en los juzgados de lo social", sentenció De la Rúa, anunciando un colapso que incidirá "directamente en las necesidades vitales de las personas"."Me molesta que un juez me diga que está actuando con miedo""Lo que me molesta es que un juez llegue a decir que está actuando con miedo", porque no saben si van a cometer un error en los 150 asuntos diarios que tiene que firmar. El presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, apoyó ayer las reclamaciones de los jueces sobre la necesidad de más recursos humanos y la creación de órganos judiciales, y afirmó que las medidas de presión llegan "cuando no encuentran soluciones", aunque, añadió, "institucionalmente, como presidente, no puedo hacer ninguna huelga".De la Rúa afirmó que "todos" los órganos judiciales en la Comunitat Valenciana están "sobrecargados" de trabajo. En concreto, señaló que la media en la Comunitat es de 2.930 asuntos por órgano judicial, puesto que el índice de litigiosidad asciende a 210,5 asuntos por cada mil habitantes."No cabe duda de que hacen falta jueces", manifestó De la Rúa, quien instó al Consejo General del Poder Judicial a elaborar un programa para seleccionar 1.000 jueces en cuatro años. Por ello, insistió en la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia. Por su parte, el CGPJ apuesta por la vía del diálogo y la negociación "para avanzar hacia un acuerdo", un día después de que la mayoría de las juntas reclamaran una solución urgente a los problemas de la Justicia y adelantaran que no descartan apoyar la huelga que las asociaciones convocaron para el próximo 26 de junio. No obstante, "el CGPJ se compromete a seguir impulsando la negociación". Por su parte, las principales asociaciones de jueces valoraron ayer positivamente el resultado de las juntas de magistrados celebradas en la mayoría de localidades españolas, aunque mostraron sus diferencias a la hora de mantener el anuncio de huelga, al entender que debían seguir las negociaciones. r. l./e. p. valencia/madrid.
Fuente: www.levante-emv.com

Alicante: El TSJ urge 17 juzgados para paliar el colapso en la provincia

De la Rúa reclama un Pacto de Estado para modernizar la justicia y poder dar salida al creciente volumen de causas que desborda a los jueces.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa, alertó ayer del desbordamiento que sufren los juzgados por el aumento de causas relacionadas con la crisis. Durante la presentación de la memoria anual de este tribunal, correspondiente a 2008, advirtió de que en la Comunidad Valenciana hacen falta 107 nuevos órganos judiciales para asumir la carga de trabajo, si bien en el documento se solicita la creación urgente de 43, de los que 17 serían para la provincia. Entre estos últimos se encuentran los cinco que ya han sido aceptados para ser construidos este año (por ahora sólo se ha aprobado el Mercantil en Elche) y otros 12 que se han sumado a la propuesta. Los reclamados con urgencia, tanto de primera instancia, instrucción, penal, social, contencioso administrativo o de violencia sobre la mujer se distribuirán en Orihuela, Dénia, Torrevieja, Elda, Benidorm, Novelda, Alicante, Elche y La Vila Joiosa. El TSJ ha dejado de lado la reivindicación de nuevos juzgados para el Partido Judicial de Alcoy, a pesar de los compromisos contraídos con anterioridad. De hecho, en la memoria anual de 2007, se solicitaba la creación del quinto juzgado mixto de primera instancia e instrucción, demanda que no se satisfecho y que un año más tarde ha caído en el olvido.Los órganos judiciales que más han notado los envites de la crisis han sido los juzgados de lo Mercantil, donde los concursos de acreedores se han disparado un 200% durante 2008 en la provincia. "Los índices de aumento se pueden calificar de espectaculares, inauditos, suficientes para desbordar cualquier ritmo de trabajo", aseguró De la Rúa. La situación no es mucho más halagüeña en otras jurisdicciones, como Civil o Social, donde el volumen de asuntos se incrementó un 41% y un 34%, respectivamente.En la memoria se recoge que la Comunidad "es la que presenta la mayor desproporción entre el número de órganos jurisdiccionales y el montante de asuntos que registran". Además, se incide en que mientras tiene el índice más alto de litigios, está a la cola del país en cuanto al número de jueces.Ante la falta de recursos y el agravamiento de situación por los efectos de la crisis, de la Rúa recuperó su petición de llegar a un "Pacto de Estado" para "emprender de manera definitiva la modernización de la justicia" y que se pueda dar una "salida eficaz y continua" a los asuntos. Y es que, según el presidente del TSJ, no existe "capacidad" para dar salida a todos los casos ingresados porque "todos los órganos judiciales están sobrecargados de trabajo". De la Rúa señaló que la tendencia en 2009 es que siga el incremento de asuntos, ya que sólo en el primer cuatrimestre crecieron en un 37,4%.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Castellón: La crisis provoca el aumento del 443% de los procesos concursales

La sobrecarga de trabajo puede llevar al colapso total de algunos juzgados en Castelló.

La crisis económica, que ha disparado los ingresos de asuntos mercantiles, civiles y laborales, puede derivar, de no adoptarse medidas paliativas, en un colapso total de dichos órdenes, según alertó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, en la presentación de la memoria de 2008. De dicho documento, remitido por el gabinete de comunicación de la institución, llama la atención que si bien todos los órganos de las tres provincias han experimentado unos incrementos muy notables en la entrada de asuntos, Castelló encabeza esas cifras, de lo que se deduce que la incidencia de la crisis es mayor que en Valencia y Alicante. Prueba de ello es que el Juzgado de lo Mercantil de Castelló–sólo hay uno–, ha experimentado un incremento del 433% dado que durante 2008 se presentaron 96 concursos de acreedores–antiguas suspensiones de pagos—, frente a los 18 de 2007. En la provincia de Alicante el aumento fue del 196´96% y en la de Valencia un 168%. «Con estos números ya está todo dicho. No hace falta aclaración alguna», señala la memoria judicial.De la Rúa ha calificado esos porcentajes de « espectaculares e inauditos» al tiempo que ha alertado que son «suficientes para desbordar cualquier ritmo de trabajo, con la presencia de un efecto colateral, pues el retraso en la tramitación concursal se constituye en causa directa provocadora de nuevos concursos respecto de acreedores que no pueden hacer efectivos sus créditos con rapidez». Así, los procesos conectados directamente con la tramitación de esos concursos han experimentado un incremento del 232% en Castelló. Ante esos datos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia considera que es necesaria una intervención «inmediata» con la creación de un juzgado para Castelló. Preocupación en lo socialLos juzgados de lo social, dada la materia de la que se ocupan, son el mejor reflejo de la crisis. Como sucede en mercantil, Castelló encabeza el promedio de asuntos que ingresaron por juzgado en 2008 con un total de 1.491, frente a los 1.073 de Valencia o los 966 de Alicante. Al mismo tiempo se han resuelto un 22% más de casos que en 2007, aunque los pendientes han aumentado un 94%. «Con estos números es claro que se transmite una manifiesta preocupación pues delimitan una mayor tardanza en la tramitación de los procedimientos, que incluso llega a superar ya el año en los asuntos no preferentes ». Por ello, 2008 ha tenido en estos juzgados «una incidencia nefasta pues se ha ocasionado, a raíz de la crisis económica, una perturbación tan intensa que de no adoptarse algún tipo de medida paliativa se acabará por tener totalmente colapsado este orden jurisdiccional», indicó Juan Luis de la Rúa. En el caso de Castelló se precisa un juzgado más. Los juzgados civiles son otros grandes afectados por la situación económica.«El incremento del registro de entrada, por razón de la crisis, es de unas proporciones enormes», manifestó el presidente del máximo órgano judicial. En la provincia de Castelló han aumentado un 45,12% el registro de asuntos, si bien también han subido las resoluciones. En esta jurisdicción se precisa «de manera inmediata la adopción de medidas para evitar su ya manifiesto colapso». Según los módulos del Consejo General del Poder Judicial, Castelló debería contar con seis órganos más, pero según el promedio de entrada de los últimos cuatro años son necesarios dos.
Fuente: www.levante-emv.com

Los juzgados valencianos no soportan la carga de trabajo que genera la crisis

El presidente del TSJ reclama la creación de 107 nuevos órganos judiciales
Resulta una paradoja cruel: a mayor crisis económica, más carga de trabajo en los juzgados. Los despidos, desahucios, impago de deudas y concursos de acreedores inundan las salas de justicia destinadas a tratar los asuntos mercantiles, civiles y sociales. No debe extrañar, pues, que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, reclamara ayer en la presentación de la memoria correspondiente a 2008 la creación de 107 órganos judiciales para hacer frente a la carga de trabajo que soportan los magistrados y los funcionarios de justicia.
Los datos son contundentes: la Comunidad Valenciana lidera en España los asuntos a tratar, por encima de Madrid y Cataluña, pero ocupa el puesto decimoquinto en lo referente a número de jueces por cada 100.000 habitantes. La tasa de litigiosidad -asuntos por cada 1.000 habitantes- es superior a la media española y solo por detrás de Andalucía y Madrid. Pero si la visión de conjunto es preocupante, cuando se desciende a las áreas de Mercantil, Civil y Social, el diagnóstico es grave.
Durante el pasado año, los concursos de acreedores crecieron un 196,96%. Los juzgados de Lo Social, que afrontan cuestiones laborales, tuvieron un incremento de casi un 34% de asuntos ingresados. Y la ejecución de esos mismos asuntos aumentó en un 12,93%, mientras que las reclamaciones entre particulares crecieron por encima del 41%. El primer cuatrimestre no tiene mejor pinta: una subida de los asuntos de entrada del 37,4% por reclamaciones entre particulares y un incremento del 119,7% de asuntos por despidos.
Los resultados de esta avalancha son muy serios: un número importante de casos quedan pendientes ante la imposibilidad de sacarlos adelante por falta de recursos materiales y humanos y, a juicio del presidente del TSJ, tienen consecuencias muy serias. Si los concursos de acreedores no se resuelven en tiempo y forma se provocan nuevos concursos, porque hay empresas que no pueden resistir si no cobran una determinada deuda y se ven abocadas a presentar a su vez un concurso. Y si la justicia no falla dentro de los plazos que marca la ley, el Estado tendrá que hacerse cargo de los salarios de tramitación. Un mal negocio para todos.
Las cifras
- Asuntos 2008: 1.221.732, lo que supone un aumento del 6,76%.
- Asuntos resueltos en 2008: 1.126.903, un 1,21 más que en 2007.
- Media de asuntos por juez: 2.429.
- Violencia sobre la mujer: Aumentaron un 16,4% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, sobre todo en Alicante, un 28,48%.
- Sala de Lo Contencioso: El incremento de asuntos supera el 58%, pero aún así es una de las que mejor funciona.
- Vigilancia Penitenciaria: Los 17.551 asuntos supusieron un aumento del 2,9%.
- Registro Civil: Más de 84.000 tramitaciones se hicieron on-line.
- Necesidades: 107 nuevos órganos para garantizar el funcionamiento adecuado a las necesidades.
Fuente: www.elpais.com

Los jueces valencianos secundarán otra huelga en junio por el colapso de trabajo

El Ministerio no ha subsanado la escasez de magistrados, la sobrecarga de pleitos y el bajo presupuesto
La junta provincial celebrada en la Ciudad de la Justicia vota la postura «más contundente» de las dos debatidas

La Ciudad de la Justicia era ayer por la tarde un remanso de paz. Los pasillos habitualmente atestados de togas, enjuiciados y policías, envueltos en un perpetuo murmullo de conversaciones veladas entre letrados y clientes, ruidos de pisadas y constantes puertas abriéndose y cerrándose se transformaron ayer por la tarde. Los kilométricos pasillos del edificio judicial podían recorrerse con la vista sin obstáculo alguno y el silencio incluso sumía en el eco los diálogos.
Pero en el interior de la sala 30 resonaban tambores de guerra. Una inmensa mayoría de los 190 jueces de la provincia de Valencia (111 de los 133 presentes) reunidos en junta provincial acordaron adoptar la «opción más contundente» de las dos puestas sobre la mesa: mantener la nueva huelga prevista para el 26 de junio.
El relevo de carteras en el Ministerio de Justicia, con la marcha de Bermejo y la llegada del «talante» de Manuel Caamaño, ha rebajado el clima de tensión con los togados. «Hay motivos cada día más poderosos para desconvocar la huelga de jueces», aseguraba el ministro en una entrevista publicada este mismo domingo por LAS PROVINCIAS. Y los jueces valencianos reconocen el «evidentísimo cambio de actitud» en el Ministerio, como ayer destacaba el decano valenciano, Pedro Viguer, al término de la junta en la Ciudad de la Justicia. Pero, de ahí a firmar la paz queda mucho.
«Meros flecos»
El decano calificó de «meros flecos» las mejoras prometidas hasta ahora por Caamaño. Como la propuesta de los «jueces volantes», magistrados a los que se iría pasando de un destino a otro en función del nivel de colapso de cada juzgado. Sólo un parche. Los «tres pilares», como los definió el decano valenciano, de las reivindicaciones de los jueces siguen tendiendo sus cimientos ruinosos.
Nada ha hecho el Ministerio, según los magistrados valencianos, para incrementar el número de jueces y acercarlo a la media europea. Tampoco parece entrar en las intenciones del Gobierno incrementar la dotación presupuestaria en materia de Justicia. Y ni siquiera el Ejecutivo ha mostrado su intención de reducir los módulos de trabajo fijados para cada juzgado hasta un límite «razonable», como destacó el decano de Valencia.
Porque lo que no aceptan los togados es que se triplique o incluso cuadruplique en sus juzgados la carga de asuntos considerada recomendable por el Poder Judicial.
La otra opción votada y rechazada por los jueces de Valencia abogaba por esperar al resultado de las negociaciones y, mientras, convocar una junta de jueces, similar a las celebradas en enero y que, aunque paralizaron parcialmente la Justicia, no tuvieron unos efectos tan intensos como la primera huelga que tuvo lugar sólo un mes después.
El respaldo a la huelga fue igual de contundente en Alicante, donde los magistrados incluso advirtieron de que el colapso «se ha agravado». La postura, aunque igualmente crítica, fue más tibia en Castellón. Allí, los togados apostaron por esperar a ver cómo evolucionan las dos reuniones previstas este mes entre asociaciones y Ministerio para pronunciarse, aunque «sin descartar ninguna medida».
Fuente: www.lasprovincias.es

El Ministerio de Justicia acuerda con los secretarios judiciales el despliegue de la Nueva Oficina Judicial a partir de enero

El Ministerio de Justicia acuerda con los secretarios judiciales el despliegue de la Nueva Oficina Judicial a partir de enero.

JORNADAS DE TRABAJO EN TOLEDO

 Los secretarios judiciales coordinadores provinciales de toda
España han participado en el diseño del Plan Estratégico de
Modernización para la Justicia y su fases de implantación

Acuerdo del Tribunal Calificador Unico de Gestión Promoción Interna por el que se publica la lista de aprobados del primer ejercicio de la oposición.

Acuerdo del Tribunal Calificador Unico de Gestión Promoción Interna por el que se publica la lista de aprobados del primer ejercicio de la oposición.
29 mayo 2009
Documentos asociados
Acuerdo del Tribunal Calificador de 28 de mayo de 2009. (PDF. 32KB) (versión HTML)
Listado aprobados primer ejercicio por ambitos territoriales. (PDF. 140KB) (versión HTML)

STAS-Iv solicita a la Dirección General un calendario de negociaciones

La paralización de las negociaciones con la administración ha sido uno de los temas que hemos abordado en la reunión mantenida con el Director General de Justicia poco después de la celebración de elecciones en la provincia de Valencia. En dicha reunión STAS-Iv le ha solicitado el establecimiento de un calendario de negociaciones para tratar temas pendientes. En primer lugar hemos situado aquellos más urgentes:

1. Acción Social 2009.
2. Sustituciones y suplencias.
3. Nueva oficina judicial.
4. Plantillas y refuerzos.
5. Medios materiales.
6. Formación específica.
7. Regulación comisiones de servicio.
8. Actualización bolsas de trabajo.
9. Evaluación de cargas de trabajo.
10. Problemática de la jurisdicción penal.
11. Acceso a las bases de datos.
12. Negociación horarios especiales.
13. Juzgados de Paz.
14. Clínicas Forenses e I.M.L.
15. Registros Civiles.

OPOSICIONES: AUXILIO JUDICIAL

El Tribunal Calificador Único ha establecido la nota de corte del primer examen del proceso selectivo de Auxilio Judicial:

Ámbito Territorial Sistema General Reserva discapacitados
Andalucía 60 puntos 50 puntos
Canarias 51 puntos 50 puntos
Cataluña 50 puntos 50 puntos
C. Valenciana 59 puntos 50 puntos
Madrid 50 puntos 50 puntos
Navarra 50 puntos 50 puntos
País Vasco 60 puntos -
Resto Península y Baleares 50 puntos 50 puntos

Valencia: Los jueces mantienen la huelga hasta conseguir las reivindicaciones planteadas

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, manifestó que "los jueces y magistrados de Valencia han votado, por abrumadora mayoría, la opción más contundente, consistente en mantener los actos de protesta y la huelga del 26 de junio".
La junta provincial de jueces de Valencia acordó esta tarde --por 111 votos a favor y 22 en contra--, instar a las asociaciones judiciales para que ultimen el proceso negociador iniciado hasta que tengan "plena satisfacción" todas y cada una de las reivindicaciones formuladas en su día que motivaron la huelga de 18 de febrero, manteniendo las medidas de presión, incluida la huelga anunciada para el día 26 de junio de 2009. En otro caso, la junta valorará en el mes de septiembre si procede adoptar tales medidas de presión, incluido el ejercicio del derecho de huelga.
Tras la junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, manifestó que "los jueces y magistrados de Valencia han votado, por abrumadora mayoría, la opción más contundente, consistente en mantener los actos de protesta y la huelga del 26 de junio", según informó hoy en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Pedro Viguer indicó que en las negociaciones "hay un nuevo talante, un cambio de actitud evidente, más permeabilidad a las propuestas que formulamos, a las sugerencias que realizamos desde los decanatos, sobre todo en materia de ligitiosidad, agilización de procedimientos y limitación de los recursos". Sin embargo, aunque ha reconocido que el carácter es "completamente distinto", apuntó que "de todas las reivindicaciones formuladas, sólo se han conseguido meros flecos, pero las esenciales siguen si ser atendidas".
Viguer lamentó que se siga ofreciendo continuar convocando oposiciones anuales de 250 jueces en lugar de 150 y sin decir durante cuantos años. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, criticó que el Ministerio "no sabe, no contesta".
En lo referente a la carga de trabajo, señaló que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está elaborando unos nuevos módulos para determinar "la carga de trabajo razonable en cada juzgado". No obstante, añadió que "no basta con eso, sino que hay que conseguir que se creen un número de juzgados suficiente para que, por una simple operación aritmética, determinemos cuál es la carga con la que debe trabajar cada juzgado y que no se quede en un simple informe. De esto aún no hemos conseguido nada".
Asimismo, anunció que hay prevista una reunión entre el equipo del Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales el 8 de junio y otra el 16 de junio, además de una tercera el 22 de septiembre para valorar el resultado las negociaciones. CARENCIAS DEL SISTEMA
Los jueces y magistrados de la provincia de Valencia pusieron hoy de manifiesto que las "carencias estructurales" del sistema de justicia, a las que se suma el "extraordinario" incremento de la ligitiosidad fruto de la actual coyuntura económica, han situado a la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles en una situación de "sobrecarga que amenaza con comprometer la tutela judicial efectiva constitucionalmente proclamada".
Consideran que "hoy por hoy, la situación de los órganos judiciales no solo no ha mejorado sino que ha empeorado desde la histórica huelga del pasado día 18 de febrero de 2009, y se deteriora de forma alarmante día a día, sin que en el quehacer cotidiano de los juzgados y tribunales se haya constatado ningún avance efectivo más allá de actuaciones aisladas y excepcionales de refuerzo meramente coyunturales, y por ello escasamente significativas".
Del mismo modo, entienden que "nada se ha conseguido en cuanto a los tres pilares esenciales de las reivindicaciones formuladas por los jueces y magistrados: aumento del número de jueces al nivel europeo, limitación de la carga de trabajo e incremento sustancial de las inversiones en justicia hasta alcanzar el 3 por ciento de los presupuestos generales del estado".
Los jueces entienden que "la gravedad de la situación demanda que, más allá de plausibles actitudes negociadoras e iniciativas puntuales, se acometan medidas definitivas en orden a incrementar en número de jueces para aproximarnos a la ratio europea". Además, consideran necesario que "se establezca para cada órgano judicial una carga de trabajo razonable y asumible, sin perjuicio de actuaciones urgentes e inmediatas de refuerzo ante la sobrecarga actual de asuntos, y de otras medidas tendentes a la reducción de la ligitiosidad y la simplificación de los procedimientos".
Finalmente, ponen de manifiesto "la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de las reformas y programas de modernización anunciados, lo que demanda tanto compromisos formales de incremento sustancial del presupuesto de justicia, como acuerdos y pactos de todas las fuerzas parlamentarias que formalicen la prioridad y viabilidad de la reforma integral del sistema de justicia español".
fuente: www.lasprovincias.es

Los jueces volverán a la huelga si el Ministerio no satisface sus peticiones

La Junta de Valencia, Castelló y Alicante instan a las asociaciones a seguir con las movilizaciones y con las negociaciones, sin descartar otras medidas de presión.
Los jueces de la Comunitat Valenciana acordaron ayer en sus Juntas Provinciales instar a las asociaciones, que siguen negociando, a que mantengan la huelga del 26 de junio si no hay acuerdos por los que el Ministerio de Justicia acepte sus reivindicaciones. Así, la imagen de los jueces a la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia podría repetirse si el nuevo ministro, Francisco Caamaño, no se aviene a las reivindicaciones principales: aumentar el número de jueces, establecer un límite de trabajo en los juzgados y un incremento del 3% en los presupuestos generales.Durante el día de ayer se celebraron de forma simultánea las Juntas de Jueces en todo el Estado, con un único punto en común, las negociaciones con el Ministerio y el anuncio de la próxima huelga. No obstante, el ambiente combativo que se sentía en el correo corporativo del Consejo General del Poder Musical ya no se ha vuelto a repetir.
De hecho, en Barcelona y en Sevilla se suspendieron las Juntas por falta de "quorum". Y en Valencia, hay que señalar que había más delegaciones de votos que jueces presentes, al menos unas 80 frente a 60, lo que demuestra que ya no hay tanto interés.
En este sentido, la Junta de Jueces de Valencia ni siquiera llegó a debatir las dos propuestas presentadas. La primera era la convocatoria de Juntas a la espera del resultado de las negociaciones. Y la segunda, que obtuvo un voto más contundente, en palabras del Decano de los jueces, Pedro Viguer, "insta a las asociaciones para que ultimen las negociaciones y, si no se consiguen las tres principales reivindicaciones, que se mantenga la huelga anunciada desde hace meses para el próximo 26 junio, con un calendario de protestas".
Aprobada "abrumadoramente"
Esta última alternativa fue aprobada "abrumadoramente", explicó el Decano, por 111 votos a favor y sólo 22 en contra, ya que "lo conseguido hasta ahora por las asociaciones de jueces son meros flecos", añadió Pedro Viguer al término de la asamblea.
Así, el acuerdo de Valencia aprueba expresamente "instar a las asociaciones judiciales para que ultimen el proceso negociador iniciado, hasta que tengan plena satisfacción todas y cada una de las reivindicaciones formuladas en su día que motivaron la huelga de 18 de febrero, manteniendo las medidas de presión, incluida la huelga anunciada para el día 26 de junio de 2009". En otro caso, añade, "la junta valorará en el mes de septiembre si procede adoptar tales medidas de presión, incluido el ejercicio del derecho de huelga", según explica un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Para concluir, anuncian que hay prevista una reunión entre el equipo del Ministerio y las asociaciones judiciales el 8 de junio, y otra el 16 de junio, además de una tercera el 22 de septiembre para valorar el resultado de las negociaciones.
Carencias estructurales
Así, en la propuesta aprobada, los jueces de Valencia han puesto de manifiesto que "las carencias estructurales del sistema de justicia, a las que se suma el extraordinario incremento de la litigiosidad fruto de la actual coyuntura económica, han situado a la gran mayoría de los juzgados en una situación de sobrecarga que amenaza con comprometer la tutela judicial efectiva".

Consideran que, "hoy por hoy, la situación de los órganos judiciales no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado desde la histórica huelga del pasado día 18 de febrero de 2009, y se deteriora de forma alarmante día a día". Del mismo modo, entienden que "nada se ha conseguido en cuanto a los tres pilares esenciales de las reivindicaciones".
La Junta de Jueces de Alicante se suma al mismo acuerdo que la de Valencia. Mientras que la de Castelló "no descarta adherirse a cualquier medida de presión, del tipo que sea, que pueda adoptarse a nivel nacional", según fuentes del TSJCV.
Con el Ministerio, "sólo se han conseguido meros flecos"
Tras la Junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, manifestó que en las negociaciones con el nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, "hay un nuevo talante, un cambio de actitud evidente, más permeabilidad a las propuestas que formulamos, a las sugerencias que realizamos desde los decanatos, sobre todo en materia de ligitiosidad, agilización de procedimientos y limitación de los recursos". Sin embargo, aunque reconoció que el carácter es completamente distinto, "los magistrados consideran que, de todas las reivindicaciones formuladas, sólo se han conseguido meros flecos, y las esenciales siguen si ser atendidas".Viguer lamentó que se siga ofreciendo continuar convocando oposiciones anuales de 150 jueces en lugar de 250 y sin decir durante cuantos años.
En cuanto a los presupuestos generales del Estado, el Ministerio "no sabe, no contesta". Y en lo referente a la carga de trabajo, señaló que "el CGPJ está elaborando unos nuevos módulos para determinar la carga de trabajo razonable en cada juzgado pero no basta con eso, sino que hay que conseguir que se cree un número de juzgados suficiente para que, por una simple operación aritmética, determinemos cuál es la carga con la que debe trabajar cada juzgado y que no se quede en un simple informe. De esto aún no hemos conseguido nada", dijo Viguer.
Fuente: www.levante-emv.com

Jueces de Alicante destacan "actitud negociadora" de Ministerio de Justicia

La junta de jueces de Alicante ha destacado hoy "la actitud negociadora" del nuevo equipo del Ministerio de Justicia, si bien ha manifestado que la situación de los órganos judiciales "no sólo no ha mejorado, sino que ha empeorado desde la histórica huelga del pasado 18 de febrero".
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha explicado que los jueces alicantinos han mantenido hoy una reunión, en la que han expuesto "la insuficiencia de las reformas pactadas" y de los temas objeto de negociación respecto a las reivindicaciones que fueron "detonante" de la citada huelga.
De ese modo, la junta ha concluido que las "carencias estructurales" del sistema del sistema judicial "se mantienen" y que a estas deficiencias se suma "el extraordinario incremento de los litigios" a causa de la crisis económica.
"La gran mayoría de juzgados y tribunales españoles se encuentran en una situación de sobrecarga que compromete seriamente la tutela judicial efectiva constitucionalmente proclamada", han añadido las fuentes mencionadas.
Así, han determinado que el sistema judicial "se deteriora de forma alarmante día a día" sin que los juzgados hayan detectado avances "más allá de actuaciones aisladas y excepcionales de refuerzo meramente coyunturales".
"La gravedad de la situación demanda que se incremente el número de jueces para igualarnos a la ratio europea", han añadido las mismas fuentes, quienes han calificado de "insuficiente" la propuesta de crear 250 de plazas anuales durante los próximos tres años.
Los jueces han emplazado a las cuatro asociaciones de jueces a exigir en las negociaciones con el Gobierno las demandas recogidas en el listado que los magistrados reivindicaron en la huelga a través de un "incremento sustancial" del presupuesto destinado a la justicia.
Asimismo, la junta ha solicitado a las asociaciones judiciales que expliquen a los jueces los resultados de las negociaciones y su postura ante el anuncia de huelga para el próximo 26 de junio.
Por último, los jueces alicantinos han acordado mantener reuniones periódicas para hacer un seguimiento de las reformas que se acometan y evaluar su alcance.
Fuente: www.adn.es

El Consell da otro paso hacia la nueva Oficina Judicial

Crea un Servicio Comúnde asuntos generales paraconseguir que las gestiones sean más rápidas.
La Generalitat implantará en Castelló un servicio común procesal de asuntos generales pionero en la Comunitat. La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, anunció que este modelo de Oficina Judicial que "racionaliza los recursos y agiliza la Justicia" se implantará en el resto de los partidos judiciales de la Comunitat.La consellera explicó que "ante la falta de respuesta del ministerio a la solicitud de creación de un partido judicial en Albocàsser, implantaremos un servicio común desplazado".Sánchez de León mantuvo una reunión con el presidente de la Audiencia Provincial de Castelló, Carlos Domínguez, y diferentes profesionales de la Justicia -abogados, procuradores, secretarios judiciales- a los que expuso este proyecto, que ella misma ha definido como "el embrión de lo que debería ser la nueva futura Oficina Judicial"."Entendemos que el partido judicial de Castelló tiene unas características muy adecuadas para poder empezar este nuevo modelo, creando un servicio común procesal de asuntos generales que llevaría además implícito un servicio común desplazado en Albocàsser, dado que no nos han creado el partido judicial como venimos solicitando al Ministerio de Justicia desde que se creó el centro penitenciario", explicó la consellera. "En tanto en cuanto no den respuesta a esta cuestión, solicitamos la creación de un servicio común desplazado para poder realizar allí los actos de comunicación con los internos", ha añadido.Este servicio desplazado solucionaría el problema de los actos de comunicación, aunque no resolvería las declaraciones de los reclusos, ya que en este caso es necesaria la presencia del juez, el secretario judicial y, en ocasiones, el fiscal.La consellera ha expuesto a los profesionales de la Justicia cómo se ha diseñado este modelo que abre el camino para llevar a término una experiencia "que puede ser muy interesante tanto por lo que supone para el partido judicial de Castellón de racionalización de recursos y agilización de la Justicia, que es en definitiva lo que perseguimos, como de experiencia piloto para a partir de aquí implantarlo en el resto de partido judiciales de la Comunitat Valenciana". Según Sánchez, la valenciana está dispuesta a ser una comunidad "pionera en la implantación de la nueva Oficina Judicial".
Fuente: www.levante-emv.com

Los abogados suspenden a la justicia

Los letrados critican la falta de puntualidad y eficacia de los magistrados y su disponibilidad para atenderles.

Los abogados valencianos han colgado por unos momentos las togas que usan en las salas de vistas y se han colocado las que usan los catedráticos en las grandes ocasiones. Pero en esta ocasión eran los letrados los que estaban sobre la tarima y los magistrados los que ocupaban su correspondiente lugar en los pupitres imaginarios. Tanto se han metido en el papel de docentes que han adelantado un mes la evaluación final. Quizá es que tuvieran muchas ganas de mostrar la nota final: suspenso general.
Los abogados de la Comunitat han suspendido a los magistrados porque consideran que no están disponibles para atenderles cuando lo solicitan, según refleja el último informe de Metroscopia elaborado para el Consejo General de la Abogacía Española. En el estudio han intervenido 5.243 abogados, 627 de la Comunitat.
Los letrados valencianos también se muestran disconformes con los jueces porque consideran que pecan de falta de puntualidad en los señalamientos. Y suspenden los togados «en cuanto a su rapidez o eficacia para tramitar los asuntos judiciales». El informe ratifica «un malestar en el colectivo puesto de manifiesto hace meses», afirma el presidente del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real.
En los juzgados de lo Social, la queja se centra en la «falta de puntualidad de los jueces», con un 4,1 sobre 10, tres décimas por debajo de la media nacional. Critican la falta de cumplimiento de los plazos para dictar sentencia, especialmente en el Supremo y en la sala de lo Social del Tribunal Superior.
En el área Civil, suspenden en disponibilidad para atenderles (4,6), puntualidad (3,9 y eficacia en tramitar asuntos (3,8).
Aprueban raspado los Juzgados de Familia con un 5,3 en los plazos de dictar sentencia, pero quedan en un 4,6 los de Instrucción del área Penal por su funcionamiento, la falta de puntualidad y de eficacia. Los de lo Contencioso-Administrativo forman el área peor considerada, con un suspenso global. Sólo un 4,9 obtiene la sala del TSJ.
Fuente: www.lasprovincia.es

Los jueces llevan ocho años tramitando el internamiento de un esquizofrénico

El paciente, diagnosticado en 1999, tiene una conducta conflictiva y ha intentado suicidarse varias veces.
Los jueces llevan ocho años tramitando el internamiento de un valenciano que padece esquizofrenia paranoide, tiene una conducta conflictiva y ha intentado suicidarse varias veces, según recoge el último informe anual del Defensor del Pueblo. La institución advierte de que es la queja por retrasos en la jurisdicción civil en España que lleva más años tramitando. El departamento que dirige Enrique Múgica abrió la queja en el año 2002.
Al hombre le diagnosticaron la esquizofrenia paranoide en el año 1999. La solicitud de internamiento se realizó en el año 2001 ante el juzgado de Primera Instancia número tres de Moncada y tardó cuatro años en resolverse, según recoge el documento. Sin embargo, el internamiento no llegó a hacerse efectivo en el año 2005 porque el juez que lo había autorizado denegó que el traslado fuese realizado por la Guardia Civil.
La fiscalía debía actuar
El Defensor del Pueblo recordó a la Fiscalía que debía actuar. En ese momento, se archivó el procedimiento de internamiento inicial y se inició otro de incapacidad. El juzgado de Primera Instancia número tres de Moncada declaró el 3 de noviembre de 2006 la incapacidad total del afectado y nombró tutor del mismo a la Comisión Valenciana de Tutelas, que depende de la Generalitat.
Sin embargo, siempre según recoge el informe del Defensor, el juzgado tardó un año en notificar la sentencia a Bienestar Social. La conselleria recurrió la sentencia. El fiscal pidió que el Consell asumiera la tutela mientras se resolvía el recurso, pero "no se adoptó medida alguna".
La Audiencia Provincial dio la razón a la Comisión Valenciana de Tutelas el 25 de junio de 2008 con lo que el caso volvió al inicio. El juzgado de Primera Instancia número uno de Moncada debía nombrar un nuevo tutor. Al cierre del informe del Defensor, se había presentado una nueva solicitud de internamiento que estaba pendiente de dos exámenes.
Los contenciosos están desbordados
El informe anual del Defensor del Pueblo alerta de la saturación de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Comunitat Valenciana. El departamento de Múgica constató -tras recibir quejas de particulares- que algunos juzgados valencianos estaban señalando los juicios a dos años vista. El número de casos se ha multiplicado en los últimos años por una reforma legal que dio más competencias a los juzgados de lo Contencioso y por los recursos de los inmigrantes contra las denegaciones de residencia del Gobierno.
El documento apunta que tras el incremento de los recursos de extranjería los juzgados llegaron a tramitar un setenta por ciento más de casos de lo que marca el Consejo del Poder Judicial como carga máxima de trabajo. El informe revela que la solución era un incremento de seis juzgados de lo Contencioso Administrativo en Valencia. Sin embargo, el Ministerio de Justicia comunicó que en 2008 sólo estaba previsto la creación del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia.
Fuente: http://www.levante-emv.com/

La Conselleria, condenada por adeudar 172.000 euros a una empresa encargada del mantenimiento de las sedes judiciales

El impago durante tres años de los arreglos, reparaciones y mantenimiento de los aparatos de climatización en los juzgados de la Comunitat Valenciana ya tiene un pronunciamiento jurídico. Pese a que la Conselleria de Justicia había reconocido su condición de morosa con la empresa Germanías de Instalaciones y Servicios S. L., la Administración indicó la imposibilidad del pago por «hallarse pendientes del crédito adecuado y suficiente».

Tras una pelea de más de cinco años por parte de la firma afectada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impone ahora el pago al Consell de 172.931 euros. Pero la cifra será incluso mayor, pues la sentencia fija además el abono de los intereses generados desde las fechas entre las que se produjo el impago, entre 2004 y 2006.

Tras el contrato de mantenimiento firmado entre la Generalitat y la empresa, Justicia dejó de pagar algo más de una veintena de facturas. Según consta en la página web de Germanía de Instalaciones, la empresa se dedica a «mantenimientos varios» dentro del Palacio de Justicia de Valencia y se ocupa también de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado de las sedes judiciales de Castellón y Valencia.

Rechazo inicial

Pese a que la Conselleria rechazó inicialmente el pago de los miles de euros tras la reclamación de la firma, posteriormente la propia Administración reconoció la deuda. Y Germanías de Instalaciones y Servicios aceptó que la cifra que se le debía era de 172.000 euros más intereses.

Ante este acuerdo, el TSJ poco más tuvo que hacer que recoger en un dictamen judicial la obligatoriedad de la Conselleria de abonar esta cantidad, como consta en la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo. El fallo anula la resolución de Justicia que rechazaba el abono y reconoce el derecho de la empresa a recibir esa cantidad.

No es, ni mucho menos, la primera vez que el Tribunal Superior valenciano condena a la Administración por un impago de varios años en relación con alguna contratación. Pero, si alguna Conselleria se lleva la palma en este campo, esa es sin duda la de Sanidad.

La última y escandalosa prueba de ello llegó el pasado mes de febrero. Como publicó LAS PROVINCIAS, un conjunto de sentencias hechas públicas en esa fecha obligaban a Sanidad al pago de la cuantiosa cifra de 68 millones de euros por impagos a medio centenar de empresas.

En aquella ocasión, la mayoría de firmas afectadas eran laboratorios médicos y proveedores de productos farmacéuticos. El medio centenar de sentencias fueron dictadas entre 2007 y 2008. Sólo la firma Sanofi-Aventis, líder mundial del sector, se vio afectada por esta deuda con la nada desdeñable factura de 11 millones de euros.
Fuente: www.lasprovincias.es

Castellón: La crisis agrava la sobrecarga de trabajo de los juzgados, que están en una situación ´desesperada´

Los órganos de civil, mercantil y social registran las entradas más altas

La situación de crisis económica está incidiendo directamente en el volumen de trabajo de los juzgados de Castelló, ya de por sí muy alto y superior, en la mayoría de los órganos, al fijado por los módulos del Consejo General del Poder Judicial. El juez decano de Castelló, José Luis Conde Pumpido, indicó que "cada mes se va incrementando el ritmo de entrada, especialmente en civil, mercantil y social". La consecuencia es clara: "la situación ya es de desesperación. Si en febrero era mala, ahora es peor".
De todas las jurisdicciones, la civil es la que soporta la mayor sobrecarga de trabajo y, de hecho, los juzgados de primera instancia han doblado el número de demandas respecto a 2007.
En ese sentido, el juez decano de Castelló apuntó que "el día a día es angustioso por la gran cantidad de papel que entra", según coinciden los responsables de los órganos judiciales. A esa entrada de asuntos-algunos de ellos complejos-, que se deben revisar, y que lleva buena parte de la jornada, se deben sumar la celebración de juicios, que derivan en las sentencias. Los jueces, según José Luis Conde Pumpido, son conscientes que los ciudadanos necesitan y desean que en un tiempo lo más corto posible se resuelvan sus demandas por impagos, sus despidos o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a las empresas. Sin embargo, la situación actual hace que se retrasen las resoluciones y el servicio público que prestan no es el idóneo.
Según los cálculos de los jueces, Castelló "necesitaría como mínimo 6 ó 7 juzgados nuevos trabajando dada la situación de agobio: en civil, como mínimo tres urgentemente; uno nuevo en instrucción y en social, pese a que desde finales del año pasado hay uno nuevo, haría falta alguno más".
Frente a esas pretensiones, para este año está previsto que el ministerio de Justicia únicamente cree dos nuevos órganos para la capital de la Plana: uno de instrucción y otro de primera instancia. Salvo cambios de última hora, no empezarán a funcionar hasta finales de año, con lo que la situación de ninguna de esas dos jurisdicciones mejorará en 2009.
Con estas particularidades, los jueces de la provincia de Castelló están convocados a una junta el próximo jueves, al igual que ocurrirá en la mayoría de ciudades de España. El objetivo es analizar las conversaciones que mantienen las cuatro asociaciones con el ministerio, que derivaron en una jornada de protesta el pasado 18 de febrero, y mientras sigue vigente el anuncio de huelga para el próximo 26 de junio en demanda de más medios, especialmente nuevos órganos judiciales. En los últimos meses, además del cambio de ministro ha aumentado el número de plazas de jueces que se van a crear, aunque todavía dista bastante del que piden los jueces.
Encuentro en Castelló
Los titulares de los órganos judiciales de Castelló se reunieron el pasado viernes con el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa y la portavoz, Gabriela Bravo. Éstos, durante una larga reunión celebrada en la Ciudad de la Justicia y que se prolongó durante más de una hora y media, explicaron el trabajo que está llevando a cabo el órgano de gobierno de los jueces para mejorar la Justicia. Ante la situación en la que se encuentran los órganos de la capital de la Plana, Fernando de Rosa y Gabriela Bravo, "nos dieron aliento y nos dijeron que tengamos paciencia, que se está trabajando".
Sin embargo, la percepción de los jueces desde sus mesas repletas de expedientes parece ser otra, por lo que no ven cercana la solución a la situación actual.
Fuente: www.levante-emv.com

Elche: Aprueban solicitar la reversión del Palacio de Justicia para centro social

El Ayuntamiento de Elche ha acordado hoy por unanimidad solicitar a la Generalitat la reversión del actual Palacio de Justicia para construir un centro social tras la puesta en funcionamiento de la futura Ciudad de la Justicia.

Este acuerdo se ha tomado en el pleno ordinario, a instancias de una moción presentada por el equipo de gobierno.

Según el concejal de Hacienda, Emilio Martínez, el edificio que actualmente alberga las dependencias de Justicia parece apto, "por su ubicación y características constructivas", para acoger instalaciones administrativas y servicios para los vecinos del barrio del Pla, lugar donde se encuentra el inmueble.

Martínez ha destacado que se trata de un barrio "completamente consolidado desde hace muchos años" y que presenta una deficiencia estructural de dotaciones.

El centro social propuesto, ha subrayado el edil, "beneficiaría a todos los ciudadanos del barrio" y "se proyectaría conjuntamente con el Consell".

También ha recordado que el actual Palacio de Justicia nació de fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Administración General del Estado en 1979, ya el primero cedió el terreno y la segunda construyó la sede judicial en un plazo de cinco años para encargarse del mantenimiento de ésta durante los siguientes 30 años.

La finalización y puesta en servicio del edificio, ha indicado Martínez, tuvo lugar hace menos de 30 años, por lo que, conforme a los términos del contrato de cesión, se procederá la reversión del inmueble al patrimonio de la corporación que lo cedió.

Ese proceso debe ser requerido a la Generalitat, pues las competencias de Justicia fueron asumidas por la Administración autonómica, así como la propiedad de las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.

Fuente: www.adn.es

La Ciudad de la Justicia de Valencia recicla en un año el papel equivalente a más de 2.000 árboles

La Ciudad de la Justicia de Valencia recicló durante el pasado año 155.400 kilos de papel, que equivalen a 2.020 árboles de una edad mínima de diez años, según informó la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, en un comunicado.

La consellera indicó que en 2008 se produjo un incremento del 8,7 por ciento de los kilos de papel reciclado respecto a 2007, por lo que, en su opinión, fue "muy positiva" la campaña de concienciación que llevó a cabo la Conselleria el pasado año entre el personal que trabaja en el edificio con el fin de concienciar sobre las ventajas del reciclaje".

En este sentido, la consellera señaló que "los proyectos de los nuevos edificios judiciales ya incluyen un área de reciclaje para facilitar el depósito y recogida del papel reciclado".

A este respecto, la titular de Justicia y Administraciones Públicas aseguró que, este tipo de medidas, forman parte de la política de la Generalitat "encaminada a favorecer el desarrollo y cuidado del medio ambiente en las distintas áreas administrativas".

Paula Sánchez de León afirmó que los 100 juzgados que forman la Ciudad de la Justicia de Valencia, más la Audiencia Provincial y la Fiscalía, "cuentan con un cubo de reciclaje en sus instalaciones que se recoge semanalmente y se lleva a la compactadora situada en el sótano del edificio, para su posterior retirada en la industria del reciclaje de papel, evitando su fin en vertederos de basura".

Sánchez de León subrayó el hecho de que no existen "depósitos intermedios" entre la Ciudad de la Justicia y la industria de reciclaje, "lo que asegura la destrucción confidencial de la documentación retirada", apostilló.
Fuente: www.europapress.es

Orihuela: Los jueces urgen especializarse para frenar el atasco de asuntos

La junta de magistrados reclama al TSJ la separación de juzgados en civil y penal para que la ciudad deje de ser una plaza "de paso" para los togados

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La junta de jueces de Orihuela ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una petición para especializar los juzgados oriolanos a través de la separación de las jurisdicciones (penal y civil). Esta una de las medidas que podría paliar el colapso de asuntos que arrastra el partido judicial. Las siete salas que alberga el Palacio de Justicia abordan de forma conjunta asuntos civiles y penales. Esta decisión pretende racionalizar el trabajo, según indicaron ayer fuentes judiciales. Los magistrados pondrán así abordar procedimientos sin tener que cambiar a salto de mata el "chip" de la legislación penal a civil y viceversa. La medida, además, puede ayudar a fidelizar a los jueces en su plaza porque Orihuela es un lugar de paso para los magistrados que no suelen permanecer en la ciudad más de dos años.

La propuesta de los jueces oriolanos propone al TSJ dedicar cuatro salas a civil (juzgados de Primera Instancia) y tres a penal (Instrucción). La legislación dispone que el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el informe previo de las comunidades autónomas puede establecer la separación, "en aquellos partidos judiciales en los que el número de juzgados así lo aconseje".

El CGPJ no suele resolver favorablemente estas peticiones si el partido judicial no alcanza las diez salas ordinarias. Algo que no se cumple en Orihuela, que cuenta con siete juzgados mixtos, además de una sala de Violencia Sobre la Mujer y dos juzgados de Lo Penal.

Fuga de titulares

El colapso judicial en la capital histórica de la comarca es conocido y denunciado por los sindicatos, los usuarios y los jueces desde hace años. Ni la puesta en marcha de nuevas dependencias en 2005, ni la creación de nuevas salas, han logrado reducir esa presión.

Sólo a modo de apunte sobre la demora de este servicio público se puede citar que los juzgados están señalando a un año vista, para mayo de 2010, los demandas por asuntos menores -por ejemplo, conflictos entre comunidades de propietarios, con multas que no sobrepasan los 400 euros-. "Si ésto sucede para esos casos, qué no pasará en asuntos complejos", se preguntan las mismas fuentes.

Relevos

A estas limitaciones del Palacio de Justicia se suma el constante cambio de titulares en los juzgados. Orihuela no es una plaza atractiva ni para magistrados ni secretarios. Así en las últimas semanas han dejado la sede judicial de la Plaza de Santa Lucía la hasta ahora decana Natividad Navarro (juzgado 5), que tuvo la valentía de denunciar públicamente las carencias del partido judicial o el juez Fernando Madrid (juzgado 4), que archivó la causa principal del caso Orihuela. Mientras los relevos en las salas 1, 2 y 6 es constante. El número 3 permanece -de momento- la jueza Joaquina de la Peña responsable de la instrucción de sumarios "sonados" como el de la Operación Brugal, el caso Moya, o el video "trampa" de San Fulgencio.

Orihuela registra en cada uno de sus juzgados una acumulación de asuntos espectacular, que provocó durante 2008 la prescripción de 60 asuntos penales al mes. Según fuentes judiciales ese sí es un motivo de peso para que el TSJCV informe favorablemente en la petición oriolana al igual que ya lo fue para adoptar esta decisión en el partido judicial de Torrevieja en 2005.

Fuente: www.diarioinformacion.com

BOE: cuantia incremento pagas extras

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Administración de Justicia. Retribuciones
Orden PRE/1230/2009, de 18 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se determina la cuantía a incluir en las pagas a que se refiere el artículo 32.dos puntos 3.a) y 3.b) de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en relación con los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
PDF (BOE-A-2009-8327 - 4 págs. - 214 KB)

Gestión Procesal y Administrativa, promoción interna

Acuerdo del Tribunal Calificador Único, turno de promoción interna, por el que se acuerda la publicación de la plantilla de respuestas correspondientes al test del 1er ejercicio, realizado el día 9 de mayo de 2009
14 mayo 2009
Documentos asociados
Plantilla de respuestas primer ejercicio (PDF. 259KB) (versión HTML)

BOE: C.G.P.J. Aspectos accesorios y Registro

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Actuaciones judiciales
Acuerdo de 26 de marzo de 2009, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
PDF (BOE-A-2009-8140 - 7 págs. - 256 KB)
Actuaciones judiciales. Registro
Instrucción 1/2009, de 26 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal.
PDF (BOE-A-2009-8141 - 4 págs. - 198 KB)

Los forenses se quedan sin reactivos para pruebas de ADN por falta de dinero

La conselleria se ha quedado sin presupuesto para el Instituto de Medicina Legal.

Los recortes de la crisis llegan a la Administración Pública hasta extremos insospechados. Ahora le ha tocado el turno a la de Justicia, tan denostada. El material para realizar las pruebas y análisis forenses en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia -que depende de la Conselleria de Justicia- hace tiempo que no llega, en concreto, el relativo a las pruebas genéticas. A la conselleria se la ha agotado el presupuesto y sigue con los recortes. Además del recorte en los taxis de la Fiscalía Provincial de Valencia, y del servicio de Notificaciones y Embargos, ahora no hay presupuesto para el material de laboratorio para realizar las pruebas forenses solicitadas por los jueces. Desde hace un mes, han dejado de suministrar al laboratorio de ADN los reactivos necesarios para realizar los análisis solicitados por los informes judiciales.
Esta situación de crisis está provocando un atasco de casos sin resolver, que obliga a derivar los análisis genéticos al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, convirtiendo en obsoleto el laboratorio del IML de Valencia.
Atraso de casos
Ello conlleva además un atraso de casos considerable, que se suma al atasco de los recordatorios de los jueces respecto de los análisis pendientes de realizar. La dirección del IML se encarga en estos momentos de responder a los juzgados, explican fuentes cercanas.
Ello implica que no se puedan realizar análisis de paternidad ni de agresiones sexuales ni siquiera de identificaciones de cadáveres.
En estos momentos, el laboratorio de ADN sólo puede realizar pruebas de diagnóstico genérico de "PCA", es decir, pruebas inmunológicas de antígeno prostático. Se trata de algo tan simple como analizar si el líquido a examinar se trata de semen o no, sin ninguna prueba identificativa o genética, por falta de los reactivos."El buque insignia de la Generalitat, que es el IML, es un barco pirata que se va a pique", explicaban fuentes sindicales tras denunciar la falta de material de laboratorio.
"No mandan reactivos y todo el laboratorio está atascado. Se trata de un problema presupuestario y, cuando comiencen a llegar los reactivos, se acabarán de forma inmediata por el alto número de casos atrasados, con lo que seguirá habiendo carencias", insistieron las mismas fuentes.
Fuente: http://www.levante-emv.com/

Plantilla examen promoción interna a Tramitación

PLANTILLAS PROMOCION INTERNA TRAMITACION PROCESAL

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. Orden Jus/3339/2008, de 10 de noviembrePlantilla de respuestas del primer ejercicio realizado el 9 de mayo de 2009 de Tramitación Promoción Interna13 mayo 2009Documentos asociadosPlantilla respuestas test del primer ejercicio. (PDF. 256KB) (versión HTML)

Plantilla respuestas examen de Auxilio Judicial

Acuerdo del Tribunal Calificador Único, por el que se acuerda la publicación de la plantilla de respuestas correspondientes al test del 1er ejercicio, realizado el día 10 de mayo de 2009.
11 mayo 2009
Documentos asociados
Plantilla de respuestas. (PDF. 173KB) (versión HTML)

Sagunto tendrá el quinto juzgado en diciembre

El edificio aligerará el colapso existente.

El juzgado de primera instancia e instrucción número 5 comenzará a funcionar en Sagunto en diciembre. Así lo anunció ayer la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, tras la decisión del Ministerio, en sustitución del juzgado de lo penal número 18 de Valencia.

Esta solicitud estaba "justificada", pues agruparía "a los partidos judiciales de Sagunto, Massamagrell y Moncada y habría aligerado la carga de trabajo de los penales de Valencia, pero la actual situación económica ha supuesto un incremento considerable de los asuntos civiles". De ahí que fuera "prioritaria la creación de un nuevo juzgado mixto". Sánchez de León recordó que el cambio de un juzgado por otro se solicitó de forma consensuada con los profesionales, dada "la sobrecarga de trabajo que están sufriendo las oficinas judiciales de la Comunitat, particularmente los juzgados que conocen de la actividad mercantil y de primera instancia". En el caso de Sagunto habló de "colapso" de asuntos civiles y criticó que comience a funcionar con fecha del 30 de diciembre, pues "tendrá consecuencias gravísimas en determinados juzgados de nuestra Comunitat.

La consellera anunció, tras reunirse con el alcalde de la ciudad, que el Consell apoyará la conversión de las plazas de juez a magistrado para evitar rotaciones y agilizar la resolución de los asuntos.

Fuente: www.lasprovincias.es

Conato de incendio en la Ciudad de la Justicia de Castellón

La Ciudad de la Justicia, pese a su reciente inauguración, ya presenta algunas deficiencias. Ayer mismo, pasadas las 13.00 horas, se produjo un conato de incendio en el cuadro eléctrico del recinto que obligó a los bomberos a personarse en el lugar.
En un principio, trataron de acceder desde la entrada principal, donde les esperaba el guarda de seguridad del recinto. Sin embargo, finalmente optaron por una entrada lateral, desde donde creían que podrían acceder de forma más directa al cuadro eléctrico, ubicado en el sótano del inmueble. Aunque, según los propios bomberos no llegaron a producirse llamas, debido a la gran cantidad de humo acumulado los efectivos se vieron obligados a aislar tanto el sótano como el piso superior de la Ciudad de la Justicia durante unas dos horas, hasta solucionar el incidente. En cuanto a las causas del siniestro que calcinó el cuadro donde se ubican las conexiones eléctricas, se barajan como posibles opciones el sobrecalentamiento de los cables o un cortocircuito. En los próximos días, se revisarán las dependencias de la Audiencia para determinar las causas.
Fuente: http://www.lasprovincias.es/

Caamaño: ´Los jueces no tienen la obligación legal de conocer más lengua que el castellano´

Como secretario de Estado negoció con los nacionalistas catalanes la reforma del Estatut y ahora, como ministro de Justicia, le toca lidiar con sus compañeros de profesión. Dos negociaciones, asegura, "completamente distintas", pero con una pauta de trabajo común: diálogo y discreción.
Rosa Pietro, Madrid-¿Le satisface el funcionamiento de la Justicia en España?-El funcionamiento de la Justicia en España es mejorable, pero soy razonablemente optimista porque creo que, con el esfuerzo de todos, vamos a ser capaces de cambiar las cosas. Lo podemos conseguir. -La opinión pública, en general, considera que la Justicia es lenta, que está excesivamente burocratizada y que no es justa.-Soy consciente de que los españoles consideran que la Administración de Justicia no es el mejor de los servicios públicos y que, en gran parte, tenemos una legislación del siglo XIX para un país del siglo XXI. Los retos que tenemos por delante son muchos. Sólo mediante un amplio acuerdo seremos capaces de conseguir esa Justicia de calidad que todos queremos.-Desde que entró en vigor el Código Penal de 1995 se acometieron más de una veintena de reformas. Da la sensación de que se legisla a golpe de manifestaciones sociales y de que se endurecen las penas por la repercusión mediática de casos como fue el de Mari Luz. -Una de las grandes presiones que tiene el legislador es la de la opinión pública, que se produce como consecuencia de algunos episodios muy llamativos y muy relevantes, pero excepcionales. En el Código Penal debe imperar siempre el principio de mínima intervención. Corremos el gran riesgo de que como consecuencia de sentimientos y de determinadas presiones mediáticas se olvide ese principio de mínima intervención y pasemos a un derecho penal muy vinculado a la noticia y, por tanto, poco reflexivo. Eso no es bueno en ningún país democrático.-Algunas sentencias recientes ponen de manifiesto el excesivo corporativismo en la Judicatura. ¿Hay errores judiciales que no son castigados son la severidad que merece la falta cometida?-Esa es una competencia que corresponde al Poder Judicial. Soy consciente, porque lo he hablado con su presidente, de la preocupación que existe y me consta que se están adoptando todas las medidas necesarias para impedir que cualquier veleidad corporativa pueda pesar sobre las decisiones que responsablemente tienen que tomar.-¿Es partidario de la creación de juzgados específicos, bien en materia de corrupción, caso, por ejemplo, de Andalucía, o de narcotráfico, caso de Galicia?-Es el diseño de la planta judicial la que nos dirá qué necesidades requerimos. Ello no impide que, excepcionalmente, haya que crear unidades de apoyo en determinados órganos judiciales para atender a supuestos excepcionales o a tipos de delincuencia concentrados en una parte del territorio. -Muchos jueces piden el traslado de comunidades como la gallega al año de tomar posesión de sus juzgados por el tema del idioma. ¿Está previsto ampliar el periodo mínimo para pedir el traslado y evitar tanta movilidad?-Hay lugares donde se produce esa movilidad, pero hay otros donde ocurre lo contrario. No creo que sea bueno que un juez de primera instancia permanezca mucho tiempo en el mismo lugar. No es bueno para él pero, aunque así lo decidiera, tampoco para la Administración de Justicia. Hay países, como Francia, donde se establece la posibilidad de que estén durante un periodo máximo en un sitio. Por la misma razón podríamos establecer la pauta de que tampoco es bueno que los jueces tengan una movilidad permanente. Estamos estudiando este tema y buscando soluciones para lo uno y para lo otro porque los efectos son dobles: jueces que se mueven muy rápido, de un tribunal a otro, pero también jueces que desean quedarse en un lugar. -¿Esa movilidad sería mayor si además se exigiera el conocimiento de las lenguas cooficiales?-No está previsto que se les exija. Otra cosa es la conveniencia de que quien juzga entienda a las personas que son juzgadas. La Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a utilizar su lengua cooficial ante los tribunales de Justicia. Pero los jueces y magistrados pertenecen a un cuerpo estatal y no tienen la obligación legal de conocer más que la lengua oficial del Estado, que es el castellano.-¿Por qué surgen tantos jueces estrella, especialmente en la Audiencia Nacional?-La función de la Audiencia Nacional, donde se plantean algunas dificultades a causa de eso que llama jueces estrella, no es la de juzgar sino la de instruir. Tenemos previsto reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, entre otras cosas, la función del juez instructor se ajuste a lo que ocurre en el resto de países de nuestro entorno: que el peso de la investigación la lleve el Ministerio Fiscal y que el juez actúe en la instrucción como un juez de garantías. No hay jueces estrella sino asuntos que, por su trascendencia, confieren al juez un papel muy relevante ante la opinión pública.-Usted llegó al Ministerio en un momento convulso para la Justicia, ¿Es más complicada su tarea de ahora que la intensa negociación que mantuvo con los nacionalistas catalanes para la reforma del Estatut? -Son negociaciones completamente distintas. Compararlas sería un error. Sí tienen en común una cosa: diálogo permanente, esfuerzo por el trabajo y la búsqueda de objetivos que coincidan con la demanda de la ciudadanía en cada momento. -¿Qué pesa más en sus actuales negociaciones con los distintos sectores de la Justicia: su bagaje como jurista o su perfil de gallego ejerciente?-Lo importante es tener un buen equipo. Sé además que cuento con el apoyo de otras muchas instituciones y personas. Existen elementos en los que ponernos de acuerdo para ofrecer a los ciudadanos un servicio público y una Administración de Justicia de calidad. -¿Qué quiso decir con "poner el marcador a cero" cuando tuvo la primera reunión con las asociaciones de la judicatura? -Que las negociaciones que hubiesen existido entre las asociaciones y el Ministerio, sus dimes y diretes, para mí dejaban de existir. Quiero trabajar con las asociaciones para buscar y encontrar soluciones pensando en el día de mañana.-¿El Ministerio anterior cometió errores?-En la gestión de Gobierno, todos cometemos errores. Pero al final son los ciudadanos quienes, con su voto, valoran la gestión política. Por eso mi mirada no se para en el corto plazo, ni está puesta en intentar evitar un paro pretendido para determinadas fechas. Tengo la mirada puesta en el final de la legislatura y en haber conseguido en este tiempo realidades tangibles para los ciudadanos.-Hay jueces que cobran unos 2.700 euros al mes. ¿Garantiza este sueldo su independencia?-Los jueces son independientes porque se han formado para serlo, más allá del salario que tengan. Es tan independiente un juez de primera instancia en el ejercicio de su función, que gana mucho menos, como un magistrado del Supremo. Es verdad que tienen responsabilidades distintas, pero uno y otro son independientes. -¿Los jueces aupados por los Parlamentos autonómicos pueden instruir o juzgar causar en las que estén implicados políticos?-La independencia de cada juez se predica en el ejercicio de su función. No tengo duda de que quien es juez y ha ejercido durante años esa profesión con absoluta dignidad, vaya a dejar de ser el mismo juez al día siguiente de ser designado por el Poder Judicial, por un Parlamento o por otros órganos políticos. Y, por poner también algún ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos donde el presidente nombra al Tribunal Supremo, probablemente el más importante del mundo, y a nadie, en su sano juicio, en EEUU se le ocurre cuestionar la independencia de ninguno de sus miembros.
Fuente: www.levante-emv.com

Cobraran igual que los Funcionarios: "Indignación de los magistrados de violencia de género por sus salarios"

Los 18 magistrados de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (VIDO) de Madrid, Barcelona y Sevilla expresaron su indignación por las retribuciones económicas establecidas por una orden del Ministerio de la Presidencia para compensar las guardias que hacen. A su protesta también se han sumado los secretarios judiciales de estos juzgados que también están perjudicados por la misma orden.
La magistrada del Juzgado número 2 de Barcelona contra la violencia doméstica, Francisca Verdejo, destacó que el Gobierno incumplió lo acordado por el Consejo General del Poder Judicial sobre como compensar estas guardias, y por eso recurrirán esta orden ministerial delante de un tribunal contencioso administrativo.
La orden establece que las guardias en los juzgados de VIDO de tres días durante 12 horas, se cobre a 285 euros en total. Sí la guardia cae en fin de semana o festivo, el precio es de 55 euros por día. Los magistrados de VIDO destacan que estas cifras son muy similares a lo que cobran los funcionarios durante las guardias, y que además, éstos tienen más días de libranza. Francisca Verdejo destacó la "responsabilidad" de los magistrados para ocupar su cargo. En un informe, el Consejo General del Poder Judicial estableció 450 euros por los tres días de trabajo más un plus en día festivo para los magistrados.
Los magistrados y secretarios presentaron una carta donde lamentan que su trabajo, junto con el de los fiscales, ha sido "infravalorado", sin el más "mínimo respeto" a la responsabilidad que tienen. En este sentido, destacaron que el Gobierno olvidó "que la carga de trabajo y responsabilidad recae en jueces y magistrados que toman decisiones redactando resoluciones que pueden llegar a limitar derechos fundamentales".
Además, lamentan que los jueces de instrucción y de menores reciban más dinero por sus periodos de guardia, cuando los de VIDO reciben "más presión mediática" por el tipo de asuntos que tienen que instruir. Por eso, Verdejo expresó su "indignación, humillación y desprecio" por esta orden que piden que se retire y sean equiparables las retribuciones a las de magistrados de otras jurisdicciones.
Fuente: www.elmundo.es

El Consell aprueba crear tres plazas en el juzgado de paz de Oropesa tras la denuncia del retraso de una boda

El alcalde dice que ha estado en contacto con la Generalitat para informar de la saturación.
La Generalitat ha aprobado la creación de dos plazas de gestor y otra de auxilio judicial para el juzgado de paz de Orpesa después de que ayer Levante de Castelló publicara la denuncia de una pareja de novios cuyo expediente matrimonial llegó a caducar en dos ocasiones por la demora en su tramitación motivada por la falta de personal.Así lo dio a conocer el alcalde de la localidad, Rafael Albert, a través de un comunicado en el que explicaba que ya se había realizado gestiones ante la Generalitat para obtener los recursos humanos necesarios para paliar la situación de saturación que padece el juzgado. Albert afirma en la nota que ha estado en contacto "en todo momento" con representantes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para exponerles la situación de este juzgado y, según el primer edil, las plazas se cubrirán en un plazo "breve" de tiempo.El munícipe explica que el ayuntamiento elaboró el informe correspondiente para que el Consell aprobará la ampliación del personal para reducir el número de expedientes acumulados. Tras presentar la documentación la Generalitat inició los trámites oportunos para informar favorablemente a la ampliación. El escrito de la conselleria dando luz verde a las nuevas plazas llegó al Ayuntamiento de Orpesa el martes pasado, según se detalla en el comunicado.Desorden y extravíosCabe señalar que además de los novios que denunciaron la demora en la tramitación de su expediente matrimonial el colapso del juzgado afectaba a todo tipo gestiones como inscripción de nacimientos y demás servicios. El principal problema era la falta de personal y el desorden del juzgado que provocaba el extravío de la documentación.
Fuente: http://www.levante-emv.com/

Un fallo en la red informática bloquea durante una semana los juzgados de Sueca

Los seis juzgados de Sueca funcionan a medio gas desde que, a principios de esta semana, se produjera un nuevo fallo de la red interna que los conecta. La avería de la antena del juzgado número 5 a consecuencia de las fuertes lluvias registradas el pasado mes de septiembre ha desencadenado una serie de fallos que, esta semana, se han extendido a los otros cinco juzgados de primera instancia e instrucción y que ha impedido la actividad prácticamente durante toda la semana.Las actas de los juicios, las declaraciones, los señalamientos y las notificaciones se han tenido que realizar a mano durante los últimos días. En el juzgado número 6 -que, como el número 5, se encuentra en un edificio diferente al que aglutina a los juzgados 1, 2, 3 y 4- el fallo se prolonga desde hace dos semanas. "Llevamos cinco días enteros sin poder utilizar los ordenadores", explica indignada una de las trabajadoras. El fallo de la intranet -red interna que conecta a los diferentes juzgados- afecta también a la aplicación que estos emplean para trabajar, denominada Cicerone, que a duras penas funciona durante las últimas semanas. Las declaraciones que han tomado esta semana las han transcrito a mano.
Fuente: www.levante-emv.com

Consejo de Ministros 8 de mayo 2009, pagas extras

Presidencia
ACUERDO por el que se determina la cuantía a incluir en las pagas a que se refiere el artículo 32.Dos, puntos 3.a) y 3.b) de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, en relación con los miembros del Cuerpo de Secretarios Judiciales y de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.


CUANTÍA DE LAS PAGAS COMPLEMENTARIAS A SECRETARIOS JUDICIALES Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se determina la cuantía de las pagas complementarias a percibir durante el año 2009 por los miembros del cuerpo de secretarios judiciales y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Este acuerdo, que tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2009, tiene su origen en lo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009, que contempla que la masa salarial de los citados cuerpos experimentará un incremento del 1 por 100, con el fin de lograr una acomodación de las retribuciones complementarias que permita su percepción en catorce pagas.
Esta retribución económica se abonará en un concepto denominado “paga adicional complementaria”, que incluye la paga adicional reconocida para este ejercicio, sumada a las ya reconocidas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2007 y 2008. Se hará efectiva en dos cantidades similares, correspondientes cada una de ellas a la mitad del importe total reconocido para este año, en los meses de junio y diciembre.
En el caso de los secretarios judiciales, las cuantías a percibir por este concepto, en función de cada uno de los cinco grupos de clasificación del cuerpo, oscilan entre los 1.167,33 y los 1.538,76 euros.
A los miembros de los cuerpos de médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses les corresponden, según el puesto que ocupan, unas pagas adicionales que van desde los 1.326,51 euros a los 1.485,72.
Los restantes funcionarios al servicio de la Administración de Justicia recibirán, según su cuerpo de pertenencia, entre 648,51 y 838,38 euros.

BOE: retribuciones servicio de guardia Juzgados de Violencia sobre la Mujer

Administración de Justicia. Retribuciones

• Orden PRE/1118/2009, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1417/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia del personal al servicio de la Administración de Justicia.
  • PDF (BOE-A-2009-7629 - 2 págs. - 171 KB)

Carrera Judicial y Fiscal. Retribuciones

• Orden PRE/1119/2009, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden PRE/1416/2003, de 3 de junio, por la que se regula las retribuciones complementarias por servicios de guardia de las Carreras Judicial y Fiscal.
  • PDF (BOE-A-2009-7630 - 1 pág. - 164 KB)

DOCV. Publicada correccion de errores en el concurso de traslados.

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor, por la que se corrige la Resolución de 10 de marzo, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y de nueva creación, entre funcionarios de los cuerpos y escalas de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial. [2009/4649] (pdf 191KB)		16.644

Suspenden 18 meses al juez de Gandia por demorar las sentencias

El Poder Judicial considera que Sempere incumplió sus competencias .
La sentencia no ha dejado a nadie indiferente, ni funcionarios, ni abogados ni al resto de magistrados. El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer suspender por un año y medio al titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Gandia, Rafael Sempere Domenech, como autor de una infracción muy grave de desatención.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión Disciplinaria, la resolución del pleno considera probado que Sempere incumplió de manera reiterada sus competencias jurisdiccionales, dejando de señalar vistas y celebrar juicios y con una tardanza injustificada en la redacción de sentencias.
Esta actitud, añade la resolución, "provocó un notable perjuicio para los ciudadanos y para el buen funcionamiento del propio Juzgado durante casi tres años, tiempo en el cual el magistrado fue disminuyendo de manera paulatina y notoria su rendimiento profesional, que apenas superó el 39 por ciento del módulo en el primer semestre del año 2008".
Algunas de las personas más perjudicadas eran las relacionadas con temas de extranjería, ya que podían llegar a esperar hasta dos años para poder asistir el juicio.
Durante años, los abogados que acuden diariamente a los juzgados de Gandia se han quejado de esto mismo. Reconocen que la falta de recursos es evidente y en parte, responsable. Recursos tanto humanos como materiales.
Los propios funcionarios se han quejado también en reiteradas ocasiones por esa precariedad en su trabajo, lo cual repercute en un retraso excesivo en la resolución de los temas.
Sin embargo, y pese a ello, no son pocos los letrados que consideran que la actitud de Sempere agravaba todavía más esa situación. "Solía llegar tarde a los juicios, hacía varios descansos a lo largo del día y de bastante duración, y no parecía importarle que en su sala hubiera gente esperando a que regresara", declaró ayer a LAS PROVINCIAS un abogado de Gandia que prefiere mantenerse en el anonimato.
Respecto a la pena impuesta, considera que es "desproporcionada" si se compara con otras faltas de retraso o desatención impuestas a otros jueces, "lo que no sabemos es si hay algo más detrás", añadió. De hecho, no son pocos los abogados que reconocen que llevar un caso con el juez Sempere "era casi darlo por perdido"
La falta muy grave de desatención está prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sempere ya fue relevado de su cargo de juez de los Penal hace varios meses, cuando fue destinado al Registro Civil de Valencia. Ahora, y en cumplimiento de la pena impuesta por el tribunal, deberá dejar el ejercicio durante 18 meses.
Por otra parte, y también de conformidad con la propuesta de la Comisión Disciplinaria, el pleno del CGPJ ha impuesto una sanción de suspensión de tres meses en el ejercicio de sus funciones al Magistrado D. Joaquín Ebile Ensefum por su actuación como Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid.
El expediente disciplinario considera probado que el citado magistrado cometió una falta muy grave en el ejercicio de sus funciones al arrastrar retrasos en dictar sentencias, que en algún caso alcanzó los tres años de dilación.
Fuente: www.lasprovincias.es

La fiscal jefa de Valencia denuncia que la conselleria no les dota de medios materiales

R. L., ValenciaLa fiscal jefa de la Audiencia Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, denunció ayer que la Conselleria de Justicia ha reducido a la mitad el uso de los taxis para los 109 fiscales de plantilla, al pasar de 16 a 10, y con limitación de cuatro horas por día. Junto a ello, criticó que en lugar de aumentar el número de funcionarios de refuerzo, ha rescindido el contrato a tres.Teresa Gisbert hizo estas declaraciones tras la celebración de la Junta de Fiscales, donde se mostró la "indignación" de los fiscales al no poder desarrollar con "normalidad" su trabajo ante las "grandes restricciones de medios" materiales y humanos. La conselleria le comunicó esta decisión telefónicamente hace veinte días sin darle ninguna solución alternativa, excepto el plan de videoconferencias que no llegará a la totalidad de los 54 juzgados de la provincia de Valencia hasta septiembre de 2010. "¿De qué nos sirve el portátil para las videoconferencias si sólo disponen de cámara los juzgados de Llíria, Requena y Sagunt?", se quejó la fiscal jefa. De esta manera, "muchos fiscales se encuentran sin transporte para asistir a las vistas, a las comparecencias de prisión, a las exploraciones de menores, a inspeccionar centros de mayores", añadió Gisbert. Cuando un fiscal termina y el taxi ya no está debe coger el transporte público. Y, si usa su coche, la Generalitat tarda meses en pagar los gastos de kilometraje.
Fuente: www.levante-emv.com

La falta de medios impide la presentación de querellas

Castellón dispone de una fotocopiadora para 25 fiscales.
La denuncia viene de lejos y se repite año a año. La falta de medios en las fiscalías de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio público, y una nueva prueba de que la situación no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.
El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscalías españolas, entre ellas la de Castellón, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una única fotocopiadora y aún siendo la querella el medio más idóneo para ejercitar la acción penal, en la sección [de Castellón] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompañar las oportunas copias".
Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castellón. No hay más, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ya lo avisó en mayo de 2008, cuando calificó la situación de "insostenible" y de "caótica". Y el pasado jueves, se quejó de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tildó de "mísera" la situación tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.
La Fiscalía de Castellón también destaca en su informe a Vercher "lo difícil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especialización en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, más de las deseadas, llega a la desesperación" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el déficit de medios materiales y de personal.
A ello se suma que las relaciones "problemáticas" de las fiscalías de urbanismo y medio ambiente con las administraciones autonómicas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepción. La Fiscalía de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando información de determinados expedientes". También es revelador el resultado de la petición de información a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el año pasado, en enero la Fiscalía sólo había recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no había expedientes sancionadores, por lo que la Fiscalía de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones". De los 58 municipios que sí han abierto expedientes, sólo 15 lo hacen de forma regular y dos (Llíria y Chiva) transmiten regularmente información a la Fiscalía.
La memoria apunta que las fiscalías valencianas incoaron 721 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, ordenación del territorio, flora y fauna, patrimonio histórico, incendios forestales y maltrato a animales. Además, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.
Fuente: www.elpais.com