Los partidos judiciales de Valencia convocan una huelga de 24 horas para el 18 de febrero
R. Laguna/M. Vilaplana Valencia/Alcoi
La Junta Provincial de Jueces de Valencia, que aprobó por una mayoría aplastante la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero, es sumamente crítica con la gestión de la Conselleria de Justicia, a la que recriminan expresamente las cuestiones de su competencia, como son las deficiencias en las instalaciones judiciales y la escasez de personal en los juzgados. Además de la tabla de reivincaciones frente al Ministerio de Justicia, aprobada a nivel general por todas las Juntas, los jueces valencianos hacen "especial mención (...) a la "Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, con competencias transferidas en materia de Justicia".
Así, en el acta aprobada por la asamblea de jueces reunida el pasado jueves, la Junta Provincial de Valencia, que representa a 188 jueces y magistrados, incluye determinadas exigencias, como "una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia", la "inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular" y "una formación esencial básica para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia con carácter interino".
Refuerzos de personal
Los jueces valencianos consideran "imprescindible, además, una gestión diligente y ágil en la cobertura de las bajas", así como una "gestión ajustada en materia de refuerzos de personal" y un "adecuado mantenimiento de los edificios judiciales ante las deficiencias que presentan algunos juzgados".
Finalmente, añaden, "es necesaria una respuesta rápida y eficiente para garantizar el funcionamiento de numerosos instrumentos materiales, imprescindibles para la adecuada labor de nuestros juzgados".
Estos pronunciamientos, con carácter más general, conciden con las propuestas planteadas por Jueces para la Democracia (JpD), que al final no fueron votadas por la asamblea pero que, como manifestó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, al final han sido incluidas en el acta.
De otro lado, la Junta también eligió el comité de huelga y ayer se formalizó la convocatoria para el 18 de febrero, de 00.00 a 24.00 hroas, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La convocatoria explica que "dicha huelga afectará, sin perjuicio de los servicios mínimos que se establezcan, a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los Jueces y Magistrados de este territorio". El escrito añade que, "ante el estado de deterioro en que se encuentra la Administración de Justicia, ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, explicó ayer en Alcoi que el pasado miércoles se hizo una "interpretación sesgada" de sus declaraciones en la inauguración del Palacio de Justicia de Ibi. Tras reconocer que efectivamente había elogiado al Consell por la calidad de las instalaciones, matizó no obstante que también había exigido a Francisco Camps que "la crisis no sea el detonante para que no se cumpla el plan de infraestructuras judiciales".De la Rúa participó ayer en Alcoi en una reunión que la Junta de Jueces de este partido judicial mantuvo con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, y la portavoz, Gabriela Bravo.
Todos se comprometieron a crear un servicio itinerante de jueces de lo Social para la ciudad, y a respaldar nuevos juzgados de Penal, Instrucción y de Violencia contra la Mujer.
Así, el CGPJ y el presidente De la Rúa se comprometieron con los jueces a trasladar a la Conselleria de Justicia las necesidades de Alcoi, ya que, según De Rosa. "No hay que esperar al futuro Palacio de Justicia, que se está construyendo, para dotar de los medios necesarios: como nuevos ordenadores, servicio de videoconferencia, e impresoras", añadió De Rosa.
Fuente: Levante-emv.com
CONTACTO: justicia@intersindical.org
sábado, 31 de enero de 2009
Colapso en la justicia valenciana
Los jueces denuncian la falta de informatización y los miles de sentencias atascadas .
Los jueces valencianos, un colectivo tradicionalmente silencioso, tomaron la palabra en 2008. La lluvia de críticas tras algunos sonados errores judiciales desató un contraataque de los magistrados. Los togados rompieron su mutismo para denunciar las precariedades materiales y sobrecarga de trabajo que viven en su labor diaria. Su última carta sobre la mesa, una amenaza de huelga.
Decenas de miles de sentencias pendientes de ser aplicadas, falta de conexión informática entre los diferentes juzgados, incapacidad de conocer las órdenes de búsqueda y captura que pesan sobre los sospechosos, ausencia de bases de datos nacionales que coordine la acción con las Fuerzas de Seguridad... Estas fueron algunas de las denuncias que surgidas el amo pasado del colectivo judicial de la Comunitat Valenciana.
Uno tras otro, el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de lo penal, de instrucción, de lo social, de lo contencioso-administrativo..., todas las juntas de magistrados fueron poniendo el grito en el cielo. Tildaron de "urgente" la necesidad de una "reforma estructural" de la justicia ante una plantilla "manifiestamente insuficiente", tal y como denuncian los magistrados.
Los jueces de lo penal valencianos pusieron el dedo en otra de las delicadas llagas: la "imposibilidad" de controlar correctamente las órdenes de búsqueda y captura de presuntos autores de delitos por la inexistencia de conexión informática entre los diferentes juzgados de la Comunitat.
El adecuado control de todos los casos y expedientes judiciales "cada vez es más complicado", confesaron desde los tribunales. Las carencias tecnológicas, de nuevo en el ojo del huracán. "No se dispone de un sistema informático mínimamente adecuado que permita conectar e intercambiar información a todos los juzgados de España y controlar los antecedentes", sentenciaron los jueces de instrucción.
Medio millón de casos
Casi medio millón de casos pendientes de ejecutar o por tramitar quedaron en el tintero judicial de la Comunitat, como se reveló durante 2008. El peligro, como ya subrayaron en reiteradas ocasiones los funcionarios, que los delitos lleguen a prescribir y queden impunes.
El colapso no sólo se produjo en la vertiente penal. "Totalmente sobrecargados" quedaron los juzgados de lo mercantil, según apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, en su memoria anual. La crisis ha desatado un aumento de hasta un 30% de las reclamaciones económicas entre particulares y de un 40% en las suspensiones de pagos de empresas asfixiadas por los acreedores.
"Los jueces trabajan al límite", lamentó Juan Luis De la Rúa. Si usted entabló en 2008 algún contencioso, con la Administración, seguramente pudo comprobar lo que significa armarse de paciencia. En el momento en que su recurso llegue a la justicia valenciana, el tribunal tardará un mínimo de un año en reunirse para debatir su caso.
Entre 60 y 100 juzgados son las necesidades perentorias para la Comunitat Valenciana, según las reivindicaciones lanzadas desde el Tribunal Superior y la Conselleria de Justicia.
Los órganos nacerán ya en un marco de nuevas necesidades. La propia memoria del TSJ ya denunciaba el trato discriminatorio que la Comunitat Valenciana recibe por parte del Gobierno central en cuanto al número de jueces con respecto a otros territorios.
Sólo así puede entenderse que la región sea la tercera con más litigios de toda España y, sin embargo, ocupe el decimoquinto lugar en cuanto al número de jueces por habitante, muy por debajo de la media nacional. En el horizonte futuro de los tribunales valencianos está ya la que puede ser la primera huelga de los jueces de la historia.
Fente: lasprovincias.es
Los jueces valencianos, un colectivo tradicionalmente silencioso, tomaron la palabra en 2008. La lluvia de críticas tras algunos sonados errores judiciales desató un contraataque de los magistrados. Los togados rompieron su mutismo para denunciar las precariedades materiales y sobrecarga de trabajo que viven en su labor diaria. Su última carta sobre la mesa, una amenaza de huelga.
Decenas de miles de sentencias pendientes de ser aplicadas, falta de conexión informática entre los diferentes juzgados, incapacidad de conocer las órdenes de búsqueda y captura que pesan sobre los sospechosos, ausencia de bases de datos nacionales que coordine la acción con las Fuerzas de Seguridad... Estas fueron algunas de las denuncias que surgidas el amo pasado del colectivo judicial de la Comunitat Valenciana.
Uno tras otro, el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de lo penal, de instrucción, de lo social, de lo contencioso-administrativo..., todas las juntas de magistrados fueron poniendo el grito en el cielo. Tildaron de "urgente" la necesidad de una "reforma estructural" de la justicia ante una plantilla "manifiestamente insuficiente", tal y como denuncian los magistrados.
Los jueces de lo penal valencianos pusieron el dedo en otra de las delicadas llagas: la "imposibilidad" de controlar correctamente las órdenes de búsqueda y captura de presuntos autores de delitos por la inexistencia de conexión informática entre los diferentes juzgados de la Comunitat.
El adecuado control de todos los casos y expedientes judiciales "cada vez es más complicado", confesaron desde los tribunales. Las carencias tecnológicas, de nuevo en el ojo del huracán. "No se dispone de un sistema informático mínimamente adecuado que permita conectar e intercambiar información a todos los juzgados de España y controlar los antecedentes", sentenciaron los jueces de instrucción.
Medio millón de casos
Casi medio millón de casos pendientes de ejecutar o por tramitar quedaron en el tintero judicial de la Comunitat, como se reveló durante 2008. El peligro, como ya subrayaron en reiteradas ocasiones los funcionarios, que los delitos lleguen a prescribir y queden impunes.
El colapso no sólo se produjo en la vertiente penal. "Totalmente sobrecargados" quedaron los juzgados de lo mercantil, según apuntó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, en su memoria anual. La crisis ha desatado un aumento de hasta un 30% de las reclamaciones económicas entre particulares y de un 40% en las suspensiones de pagos de empresas asfixiadas por los acreedores.
"Los jueces trabajan al límite", lamentó Juan Luis De la Rúa. Si usted entabló en 2008 algún contencioso, con la Administración, seguramente pudo comprobar lo que significa armarse de paciencia. En el momento en que su recurso llegue a la justicia valenciana, el tribunal tardará un mínimo de un año en reunirse para debatir su caso.
Entre 60 y 100 juzgados son las necesidades perentorias para la Comunitat Valenciana, según las reivindicaciones lanzadas desde el Tribunal Superior y la Conselleria de Justicia.
Los órganos nacerán ya en un marco de nuevas necesidades. La propia memoria del TSJ ya denunciaba el trato discriminatorio que la Comunitat Valenciana recibe por parte del Gobierno central en cuanto al número de jueces con respecto a otros territorios.
Sólo así puede entenderse que la región sea la tercera con más litigios de toda España y, sin embargo, ocupe el decimoquinto lugar en cuanto al número de jueces por habitante, muy por debajo de la media nacional. En el horizonte futuro de los tribunales valencianos está ya la que puede ser la primera huelga de los jueces de la historia.
Fente: lasprovincias.es
viernes, 30 de enero de 2009
BOE 30-1-09 Destinos Medicos Forenses y Cuerpo de Gestión, turno promoción interna
COMUNITAT VALENCIANA
Destinos
- Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se adjudican destinos a los médicos forenses que han superado las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2979/2006, de 15 de septiembre.
- Resolución de 14 de enero de 2009, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre.
jueves, 29 de enero de 2009
Los jueces de Valencia secundarán la huelga
La asamblea de jueces de la provincia de Valencia ha votado a favor de la huelga el próximo 18 de febrero con 92 votos en este sentido, 8 votos en contra y 3 en blanco.
EFE
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Junta Provincial de Jueces de Valencia ha celebrado esta tarde reunión para valorar la respuesta dada por el Ministerio de Justicia a las asociaciones judiciales el pasado lunes, estando representados 149 de los 188 jueces y magistrados de la provincia (98 asistentes y 51 votos delegados).
En la reunión se ha votado a favor de celebrar asamblea del Real Decreto Ley de 1997 (regulador del derecho de huelga), por 134 votos a favor y 15 en contra y en esa asamblea, en la que han podido votar únicamente los asistentes presentes, sin contar los votos delegados, han votado a favor de la huelga 92 jueces, 8 han votado en contra y 3 en blanco.
En esa misma asamblea se ha designado un comité de huelga, que está integrado por Carolina Rius Alarco (Foro Judicial Independiente, Juzgado Instrucción 20 Valencia), José Luis Rubido de la Torre (Francisco de Vitoria, Juzgado Penal 12 Valencia), María Dolores Hernández Rueda (Asociación Profesional de la Magistratura, Juzgado Instrucción 6 Valencia), Francisco de Asís Silla Sanchís (Asociación Profesional de la Magistratura, Juzgado Instrucción 3 Valencia), Manuel Ortiz Romaní (no asociado, Juzgado 1ª Instancia e Instrucción 3 Catarroja) y Francisco Javier García-Miguel Aguirre (Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Quart de Poblet).
Fuente: levante-emv.com
EFE
Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Junta Provincial de Jueces de Valencia ha celebrado esta tarde reunión para valorar la respuesta dada por el Ministerio de Justicia a las asociaciones judiciales el pasado lunes, estando representados 149 de los 188 jueces y magistrados de la provincia (98 asistentes y 51 votos delegados).
En la reunión se ha votado a favor de celebrar asamblea del Real Decreto Ley de 1997 (regulador del derecho de huelga), por 134 votos a favor y 15 en contra y en esa asamblea, en la que han podido votar únicamente los asistentes presentes, sin contar los votos delegados, han votado a favor de la huelga 92 jueces, 8 han votado en contra y 3 en blanco.
En esa misma asamblea se ha designado un comité de huelga, que está integrado por Carolina Rius Alarco (Foro Judicial Independiente, Juzgado Instrucción 20 Valencia), José Luis Rubido de la Torre (Francisco de Vitoria, Juzgado Penal 12 Valencia), María Dolores Hernández Rueda (Asociación Profesional de la Magistratura, Juzgado Instrucción 6 Valencia), Francisco de Asís Silla Sanchís (Asociación Profesional de la Magistratura, Juzgado Instrucción 3 Valencia), Manuel Ortiz Romaní (no asociado, Juzgado 1ª Instancia e Instrucción 3 Catarroja) y Francisco Javier García-Miguel Aguirre (Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Quart de Poblet).
Fuente: levante-emv.com
El apoyo de De la Rúa a Camps molesta a los jueces
Representantes de asociaciones judiciales le recuerdan las deficiencias en instalaciones en los pueblos y en materia de personal.
R. Laguna, Valencia
En un contexto de movilización judicial previa a una huelga general por la falta de medios en la Justicia, las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, apoyando la gestión del Consell durante la inauguración de los juzgados de Ibi, ha causado molestias en algunos jueces. Éstos le han recordado las quejas de los jueces decanos por la falta de personal y las deficientes instalaciones en los partidos judiciales. Otros, como el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entiende su postura en el marco de la inauguración de una nueva sede.
La pasada semana, los magistrados del TSJCV protestaron públicamente sobre las deficientes instalaciones del Palacio de Justicia, donde tiene su despacho Juan Luis de la Rúa.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, ha sido el más contundente al afirmar que "es evidente que el Palacio de Justicia no cumple unas condiciones mínimas de higiene y salud, y los que mejor lo saben son los magistrados que trabajan allí".
Bosch quiso recordar a De la Rúa la reciente reunión de jueces decanos de todos los partidos judiciales, "en la que él estaba presente, y donde constató la realidad incompatible con esas manifestaciones -en referencia a que la Comunitat es la mejor en infraestructuras-". En aquélla reunión se pusieron sobre la mesa, en presencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, los graves problemas de personal, dejación y mantenimiento de edificios judiciales. Bosch recuerda que "hubo un consenso entre el Consejo y el presidente en que ello era inaceptable", por lo que "no es normal que haga unas declaraciones con los decanos y junto a Camps haga otras".
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", José Luis Rubido, coincidió con Bosch. "Se nota que el presidente no baja a la arena del circo y que no visita nuestras instalaciones, ni ve los expedientes que hay, ni la falta de personal...". Y añadió que "no sabemos a qué obedece esa bondad cuando el sentimiento unánime de todos los juzgados es todo lo contrario y nos cansamos de protestar por el deficiente mantenimiento y la falta de personal".
Por su parte, Carolina Rius, de foro Judicial, manifestó su "absoluto respeto, pero nuestra posición respecto a la situación de la justicia en Valencia y en general ya la hemos expresado y los magistrados del TSJCV ya han dado su opinión sobre las instalaciones del Palacio".
Por último, Francisco Silla, portavoz de la APM, opinó que De la Rúa "destaca lo positivo de la inauguración de una sede judicial. Otro tema distinto es que en la Comunitat haya deficiencias, como expuso el pleno del TSJCV". También entiende el "reconocimiento de que estamos en cabeza respecto a otras comunidades, aunque aún hay problemas en materia de personal y de formación de interinos".
Fuente: levante-emv.com
R. Laguna, Valencia
En un contexto de movilización judicial previa a una huelga general por la falta de medios en la Justicia, las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, apoyando la gestión del Consell durante la inauguración de los juzgados de Ibi, ha causado molestias en algunos jueces. Éstos le han recordado las quejas de los jueces decanos por la falta de personal y las deficientes instalaciones en los partidos judiciales. Otros, como el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entiende su postura en el marco de la inauguración de una nueva sede.
La pasada semana, los magistrados del TSJCV protestaron públicamente sobre las deficientes instalaciones del Palacio de Justicia, donde tiene su despacho Juan Luis de la Rúa.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, ha sido el más contundente al afirmar que "es evidente que el Palacio de Justicia no cumple unas condiciones mínimas de higiene y salud, y los que mejor lo saben son los magistrados que trabajan allí".
Bosch quiso recordar a De la Rúa la reciente reunión de jueces decanos de todos los partidos judiciales, "en la que él estaba presente, y donde constató la realidad incompatible con esas manifestaciones -en referencia a que la Comunitat es la mejor en infraestructuras-". En aquélla reunión se pusieron sobre la mesa, en presencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo y Fernando de Rosa, los graves problemas de personal, dejación y mantenimiento de edificios judiciales. Bosch recuerda que "hubo un consenso entre el Consejo y el presidente en que ello era inaceptable", por lo que "no es normal que haga unas declaraciones con los decanos y junto a Camps haga otras".
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", José Luis Rubido, coincidió con Bosch. "Se nota que el presidente no baja a la arena del circo y que no visita nuestras instalaciones, ni ve los expedientes que hay, ni la falta de personal...". Y añadió que "no sabemos a qué obedece esa bondad cuando el sentimiento unánime de todos los juzgados es todo lo contrario y nos cansamos de protestar por el deficiente mantenimiento y la falta de personal".
Por su parte, Carolina Rius, de foro Judicial, manifestó su "absoluto respeto, pero nuestra posición respecto a la situación de la justicia en Valencia y en general ya la hemos expresado y los magistrados del TSJCV ya han dado su opinión sobre las instalaciones del Palacio".
Por último, Francisco Silla, portavoz de la APM, opinó que De la Rúa "destaca lo positivo de la inauguración de una sede judicial. Otro tema distinto es que en la Comunitat haya deficiencias, como expuso el pleno del TSJCV". También entiende el "reconocimiento de que estamos en cabeza respecto a otras comunidades, aunque aún hay problemas en materia de personal y de formación de interinos".
Fuente: levante-emv.com
Reunión de la Junta de Valencia:'Las huelgas no gustan pero no nos dejan otra opción...'
El decano de los jueces de Valencia, Pedro Luis Viguer, ha reconocido antes del inicio de la Junta provincial de Jueces de Valencia, que debatirá si secundan o no la huelga propuesta por las asociaciones judiciales para el próximo 18 de febrero, que la reunión que mantuvieron el pasado día 26 las asociaciones de jueces y el Ministerio de Justicia fue "decepcionante y me quedo corto, indignante".
Viguer ha lamentado que el Ministerio no ofreciese "ninguna respuesta" a las diferentes propuestas presentadas por las asociaciones y ha criticado que el Gobierno no haya marcado un "horizonte para modernizar la administración de Justicia". "Las huelgas no gustan a nadie, pero no nos dejan otra opción, no nos han dejado ningún margen para seguir negociando".
El juez decano de Valencia ha dicho que fue "encomiable" la decisión de aplazar la Junta hasta hablar con el Ministerio pero ha reconocido que el Gobierno no satisfizo la petición de aumentar la planta judicial, -"sólo nos ofreció continuar con las promociones de opositores de 150 al año", ha explicado- y propuso una inversión 20 millones para modernizar la Justicia, "una cifra irrisoria", según Viguer.
"No sabemos si el Ministerio no entiende nada o si nos pretende abocar a una movilización de todos los jueces", ha concluido.
Fuente: elmundo.es
Viguer ha lamentado que el Ministerio no ofreciese "ninguna respuesta" a las diferentes propuestas presentadas por las asociaciones y ha criticado que el Gobierno no haya marcado un "horizonte para modernizar la administración de Justicia". "Las huelgas no gustan a nadie, pero no nos dejan otra opción, no nos han dejado ningún margen para seguir negociando".
El juez decano de Valencia ha dicho que fue "encomiable" la decisión de aplazar la Junta hasta hablar con el Ministerio pero ha reconocido que el Gobierno no satisfizo la petición de aumentar la planta judicial, -"sólo nos ofreció continuar con las promociones de opositores de 150 al año", ha explicado- y propuso una inversión 20 millones para modernizar la Justicia, "una cifra irrisoria", según Viguer.
"No sabemos si el Ministerio no entiende nada o si nos pretende abocar a una movilización de todos los jueces", ha concluido.
Fuente: elmundo.es
miércoles, 28 de enero de 2009
Caos informático en el estreno del Registro de Penados y Rebeldes
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ABC, la aplicación ha dado problemas y ha provocado un aluvión de llamadas al CAU. Entre las quejas más frecuentes figura la imposibilidad de incorporar directamente al expediente digital la información recabada del Registro, lo que obliga a imprimir los datos. Además, carece de un buen sistema de búsqueda, circunstancia que ralentiza el trabajo.
La puesta en marcha de esta aplicación es uno de los objetivos que el ministro se había fijado para la modernización de la Justicia, pues permite a los juzgados disponer de forma inmediata de información sobre los delincuentes reincidentes y los huidos.
Fuente: abc.es
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ABC, la aplicación ha dado problemas y ha provocado un aluvión de llamadas al CAU. Entre las quejas más frecuentes figura la imposibilidad de incorporar directamente al expediente digital la información recabada del Registro, lo que obliga a imprimir los datos. Además, carece de un buen sistema de búsqueda, circunstancia que ralentiza el trabajo.
La puesta en marcha de esta aplicación es uno de los objetivos que el ministro se había fijado para la modernización de la Justicia, pues permite a los juzgados disponer de forma inmediata de información sobre los delincuentes reincidentes y los huidos.
Fuente: abc.es
Los jueces valencianos endurecen sus posturas
R. Laguna, ValenciaLos 188 jueces valencianos volverán a debatir mañana sus posturas respecto a la huelga en un clima de decepción y de rebeldía en el que el sentir general empuja a proponer una huelga para el próximo18 de febrero. Al menos, éste es el sentimiento que se desprende tras la reunión de la Comisión Interasociativa Permanente (CIP), celebrada el lunes con el Ministerio de Justicia, en la que no hubo acuerdo satisfactorio que pudiera detener el movimiento judicial que se ha puesto en marcha sin precedentes en todo el territorio.En este sentido, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", José Luis Rubido, manifestó que "las cosas siguen igual. La reunión no ha servido para avanzar en ningún sentido. Ya es tiempo de que pasemos a la acción. El jueves se votará seguir adelante con paros y protestas de febrero a junio o ir directamente a la huelga. Vamos a proponer que el movimiento se haga extensivo a todos los que trabajan en la justicia como secretarios, fiscales y personal".
También desde Foro Judicial Carolina Rius manifestaba su desánimo ante la reunión con el Ministro. "Me parece todo muy inconcreto, necesitamos plazos más breves y medidas más contundentes. Me preocupa mucho el aumento de planta judicial y no se ha concretado nada".
Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, expresó asimismo su decepción. "Era una ocasión magnífica para que desde el Ministerio se hiciera un esfuerzo de aproximación de posturas y, en cambio, Bermejo se limitó a repetir cuáles eran sus previsiones desde hace tiempo en materia de justicia. Es inaceptable que se ciñera en la inversión en los juzgados a su programa electoral, cuando las circunstancias sobrevenidas y el amplio debate sobre la justicia exigen modificarlo. Es muy grave la situación porque en estos momentos hay convocados actos de protesta y huelgas". Y añadió, por ello, "las cuatro asociaciones han iniciado un proceso de reflexión para decidir si endurecen las medidas de protesta convocadas". Por último, el portavoz en Valencia de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco Silla, explicó que "la reunión con el Ministerio es frustrante porque no es un problema económico, sino de soluciones y de medios. Es conveniente saber que, si lo que pedimos es sobre el 3% de los presupuestos generales y estamos en un 1,09%, ésos 22 millones que nos ofrecieron suponen el 0,0096 %, es decir, 96 diezmilésimas frente a una reivindicación del 2%. Es un momento de crisis económica, pero también de necesidad".
Fuente: levante-emv.com
También desde Foro Judicial Carolina Rius manifestaba su desánimo ante la reunión con el Ministro. "Me parece todo muy inconcreto, necesitamos plazos más breves y medidas más contundentes. Me preocupa mucho el aumento de planta judicial y no se ha concretado nada".
Ximo Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, expresó asimismo su decepción. "Era una ocasión magnífica para que desde el Ministerio se hiciera un esfuerzo de aproximación de posturas y, en cambio, Bermejo se limitó a repetir cuáles eran sus previsiones desde hace tiempo en materia de justicia. Es inaceptable que se ciñera en la inversión en los juzgados a su programa electoral, cuando las circunstancias sobrevenidas y el amplio debate sobre la justicia exigen modificarlo. Es muy grave la situación porque en estos momentos hay convocados actos de protesta y huelgas". Y añadió, por ello, "las cuatro asociaciones han iniciado un proceso de reflexión para decidir si endurecen las medidas de protesta convocadas". Por último, el portavoz en Valencia de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco Silla, explicó que "la reunión con el Ministerio es frustrante porque no es un problema económico, sino de soluciones y de medios. Es conveniente saber que, si lo que pedimos es sobre el 3% de los presupuestos generales y estamos en un 1,09%, ésos 22 millones que nos ofrecieron suponen el 0,0096 %, es decir, 96 diezmilésimas frente a una reivindicación del 2%. Es un momento de crisis económica, pero también de necesidad".
Fuente: levante-emv.com
Los jueces de Vila-real exigen dos juzgados para evitar que se colapse el partido judicial
Denuncian la falta de medios y de formación del personal interino
Levante de Castelló, CastellóLa Junta de Jueces de Vila-real ha exigido la creación urgente de dos juzgados de primera instancia e instrucción para evitar que ese partido judicial se colapse, "situación no deseable por los presentes, ya que supone un grave perjuicio para los ciudadanos", según señala el acta difundida por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Los jueces, en la junta celebrada el pasado viernes, apoyaron su solicitud en la sobrecarga de trabajo a la que tienen que hacer frente los cinco órganos mixtos existentes además del especializado en violencia sobre la mujer, que empezó a funcionar el 30 de diciembre, "son manifiestamente insuficientes para soportar la carga de trabajo". Por ello, exigen al ministerio y a la conselleria que inicien los trámites para adecuar la planta judicial a la carga de trabajo que soportan.
Aunque en el año 2007 los juzgados de Vila-real ya superaban "con creces" los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), en 2008 aumentó todavía más la carga de trabajo, dado que se presentaron 1.716 demandas más. En el año 2008, según la misma fuente, se han superado los 1.000 asuntos civiles por juzgado, pese a que los módulos máximos del CGPJ son de 380. Además, se registraron 1.583 exhortos civiles, lo que supone un aumento de 506 respecto a 2007.
En materia penal también se produjo un aumento de 179 asuntos, que se suman a las 2.500 diligencias previas, módulo máximo.
Asimismo, los jueces argumentan que aunque la población de derecho es de 90.000 personas, hay un incremento de 70.000 ciudadanos de hecho. Si esos datos se ponen en relación con la media europea, que es de 20 jueces por 100.000 habitantes, queda clara que la plantilla de Vila-real es insuficiente.
Igualmente, la junta puso de manifiesto las carencias de medios materiales de dichos juzgados, así como la necesidad de modernizarlos. Afirman que el servidor está "muchas veces colapsado" lo que impide la correcta tramitación de los asuntos; "los equipos informáticos están anticuados, apreciándose numerosos problemas para las consultas de registros públicos, bases de datos y aplicaciones". Además, echan en falta una mejor formación del personal titular y, sobre todo, del interino, dado que en muchas ocasiones carecen de los conocimientos mínimos para desempeñar su trabajo en un órgano judicial.
Juzgado sin secretaría
Tras reiteradas solicitudes para que se creara y pusiera en marcha un juzgado de Violencia sobre la Mujer, el pasado día 30 empezó a funcionar, aunque hasta el 20 de enero estuvo sin juez titular, lo que obligó a los otros cinco jueces a hacerse cargo de dicho órgano. Sin embargo, la plaza de secretario sigue vacante y, al parecer, no está previsto ni siquiera cubrirla de forma provisional, por lo que el trabajo es cubierto por los otros cinco juzgados. Esta situación se agrava dado que el juzgado especializado está fuera del edificio judicial, lo que obliga a continuos desplazamientos.
La junta de jueces dejó claro que dicho órgano sólo ha descargado un 3% del trabajo de todo el partido. Al igual que en el resto padecen la falta de medios.
Fuente: levante-emv.com
Como Dios manda: "De la Rúa alaba la gestión del Consell pese a las críticas"
R. LAGUNA/REDACCIÓN El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, agradeció ayer en Ibi al Consell su "voluntad y actitud política" para dotar a la Justicia de la Comunidad de las infraestructuras necesarias. Estas manifestaciones las realizó en la inauguración de la sede judicial de Ibi, al que asistió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa se desmarca así, públicamente, de las críticas vertidas por sus magistrados a la gestión en materia de Justicia por parte de la Generalitat.
Hay que recordar que los magistrados del TSJCV acordaron en una junta adoptar medidas de presión y celebrar una huelga el 26 de junio. En su acuerdo "exigían" a la Conselleria de Justicia, "con la mayor urgencia", la "reforma integral del Palacio de Justicia", además de personal, instalaciones y medios. Por su parte, De la Rúa obvió las deficiencias del Palacio y alabó ayer en Ibi la nueva sede judicial, diciendo que es un "edificio adecuado a las condiciones del siglo XXI y a la dignidad de la función que está llamada a desempeñar la justicia". No obstante, el presidente del TSJ aprovechó para referirse a la situación que atraviesa la justicia y dijo que "vamos a tratar de terminar una legislatura donde, por fin, todos los partidos judiciales de la Comunidad hayan sido objeto de renovación para tener unas infraestructuras como Dios manda y unos medios como Dios manda para desarrollar nuestra labor".
Fuente: diarioinformacion.com
Hay que recordar que los magistrados del TSJCV acordaron en una junta adoptar medidas de presión y celebrar una huelga el 26 de junio. En su acuerdo "exigían" a la Conselleria de Justicia, "con la mayor urgencia", la "reforma integral del Palacio de Justicia", además de personal, instalaciones y medios. Por su parte, De la Rúa obvió las deficiencias del Palacio y alabó ayer en Ibi la nueva sede judicial, diciendo que es un "edificio adecuado a las condiciones del siglo XXI y a la dignidad de la función que está llamada a desempeñar la justicia". No obstante, el presidente del TSJ aprovechó para referirse a la situación que atraviesa la justicia y dijo que "vamos a tratar de terminar una legislatura donde, por fin, todos los partidos judiciales de la Comunidad hayan sido objeto de renovación para tener unas infraestructuras como Dios manda y unos medios como Dios manda para desarrollar nuestra labor".
Fuente: diarioinformacion.com
El nuevo juzgado de violencia de Vila-real estuvo semanas sin juez y carece de secretario judicial
Los jueces reclaman crear dos salas de instrucción más ante un inminente "colapso"
La Junta de Jueces de Vila-real ha acordado exigir al Ministerio de Justicia y a la Conselleria de Justicia de la Generalitat que se inicien los trámites necesarios para la efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo de este partido judicial, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
Respecto de los medios materiales y personales, la Junta de Jueces considera que es necesario hacer constar que en ese partido judicial "arrastra deficiencias en los sistemas informáticos, con un servidor muchas veces colapsado que impide una correcta tramitación de los asuntos y, además, los equipos informáticos están anticuados, desfasados para lo que se exige de una administración de justicia eficaz, apreciándose numerosos problemas para la consultas de registros públicos, bases de datos, aplicaciones, entre otras cosas".
Según denunciaron, "se sigue sin adoptar las medidas necesarias para la formación de personal titular --faltan cursos actualizados para la utilización de programas y consultas de aplicaciones informáticas--, y, sobre todo, de personal interino, pues éstos en muchas ocasiones carecen absolutamente de los conocimientos mínimos para desempeñar su función en un órgano judicial".
Por último, apuntaron que "se hace necesario poner en conocimiento de los órganos competentes que el juzgado de violencia sobre la mujer, que entró en funcionamiento el día 30 de diciembre de 2008, estuvo hasta el día 20 de enero de 2009 sin juez titular y sin proveerse juez de provisión temporal, lo que conllevó a que los titulares de los otros cinco juzgados tuvieran que asumir, además de las tareas propias de sus juzgados, las propias de un juzgado de tanta responsabilidad y especialidad, cual es el juzgado de violencia sobre la mujer".
"Lo misma situación se produjo, y continúa a fecha de ayer, respecto del secretario judicial, pues ni hubo ni está previsto la provisión, aunque fuera interina, debiendo de ser asumida esa función por los secretarios titulares de los restantes juzgados, con el plus de carga de trabajo que ello supone para éstos", señalaron los jueces.
Planta judicial
Según este organismo, los juzgados actuales --cinco de primero instancia e instrucción y uno de violencia sobre la mujer-- son "manifiestamente insuficientes" para soportar la carga de trabajo que soporta este partido judicial.
Como prueba de ello, adjuntan un certificado del Decanato de Vila -real, que acredita que en el año 2008 se produjo un incremento respecto del año 2.007 de 1.716 demandas, "lo que conlleva colapsar los juzgados existentes, máxime, cuando en el año 2007 ya superaban con creces los módulos del Consejo General del Poder Judicial".
Además, informan que en el año 2008 se superaron los 1.000 asuntos civiles anuales por juzgado, cuando los módulos máximos del Consejo General del Poder Judicial son de 380 anuales. También constan registrados en el año 2008 la cantidad de 1.583 exhortos civiles que supone un incremento de 506 exhortos respecto del año 2007 y, aunque los exhortos no computan "injustamente" para módulos, "sí que suponen incrementar la carga de trabajo de un juzgado, pues se trata de realizar diligencias para otro juzgado".
Respecto de la materia penal, la Junta de Jueces señaló que también siguen incrementándose los asuntos penales en el año 2008 respecto del año 2007, con un aumento relativo de 179 asuntos penales, pero, "teniendo en cuenta que cada juzgado mixto soportó en el año 2007 --y aún más en el año 2008-- la carga de 2.500 diligencias previas, que es el módulo máximo de carga de trabajo fijado por el Consejo General de Poder Judicial".
Los jueces apuntan que la creación en diciembre de 2008 de un juzgado de violencia sobre la mujer "sólo aligerará la carga de trabajo a los cinco juzgados de primera instancia e instrucción aproximadamente en un 3 por ciento, lo que conlleva necesariamente a exigir con urgencia la creación de dos juzgados de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Vila-real , y ello atendiendo al gran volumen de asuntos entrantes".
"Si no se adoptan las medidas necesarias, los juzgados actuales dejaran de poder prestar el servicio público para el cual están destinados, llegándose al colapso en este partido, situación no deseable por los presentes, ya que supone un grave perjuicio para los ciudadanos", aclararon los jueces.
En el partido judicial de Vila-real están empadronados 90.000 personas de derecho, con incrementos de población de hecho, según documentación policial consultada por los jueces , que ascienden a 70.000 personas de hecho.
"Todo ello, es importante ponerlo de manifiesto, ya que la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes es de 20, y en este partido judicial, que tiene 90.000 habitantes de derecho, cuenta con seis juzgados, pero, con el matiz que uno de ellos es especializado en violencia de genero, con la peculiaridad antes mencionada respecto de la carga de trabajo", añadieron.
Fuente: lasprovincias.es
La Junta de Jueces de Vila-real ha acordado exigir al Ministerio de Justicia y a la Conselleria de Justicia de la Generalitat que se inicien los trámites necesarios para la efectiva adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo de este partido judicial, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.
Respecto de los medios materiales y personales, la Junta de Jueces considera que es necesario hacer constar que en ese partido judicial "arrastra deficiencias en los sistemas informáticos, con un servidor muchas veces colapsado que impide una correcta tramitación de los asuntos y, además, los equipos informáticos están anticuados, desfasados para lo que se exige de una administración de justicia eficaz, apreciándose numerosos problemas para la consultas de registros públicos, bases de datos, aplicaciones, entre otras cosas".
Según denunciaron, "se sigue sin adoptar las medidas necesarias para la formación de personal titular --faltan cursos actualizados para la utilización de programas y consultas de aplicaciones informáticas--, y, sobre todo, de personal interino, pues éstos en muchas ocasiones carecen absolutamente de los conocimientos mínimos para desempeñar su función en un órgano judicial".
Por último, apuntaron que "se hace necesario poner en conocimiento de los órganos competentes que el juzgado de violencia sobre la mujer, que entró en funcionamiento el día 30 de diciembre de 2008, estuvo hasta el día 20 de enero de 2009 sin juez titular y sin proveerse juez de provisión temporal, lo que conllevó a que los titulares de los otros cinco juzgados tuvieran que asumir, además de las tareas propias de sus juzgados, las propias de un juzgado de tanta responsabilidad y especialidad, cual es el juzgado de violencia sobre la mujer".
"Lo misma situación se produjo, y continúa a fecha de ayer, respecto del secretario judicial, pues ni hubo ni está previsto la provisión, aunque fuera interina, debiendo de ser asumida esa función por los secretarios titulares de los restantes juzgados, con el plus de carga de trabajo que ello supone para éstos", señalaron los jueces.
Planta judicial
Según este organismo, los juzgados actuales --cinco de primero instancia e instrucción y uno de violencia sobre la mujer-- son "manifiestamente insuficientes" para soportar la carga de trabajo que soporta este partido judicial.
Como prueba de ello, adjuntan un certificado del Decanato de Vila -real, que acredita que en el año 2008 se produjo un incremento respecto del año 2.007 de 1.716 demandas, "lo que conlleva colapsar los juzgados existentes, máxime, cuando en el año 2007 ya superaban con creces los módulos del Consejo General del Poder Judicial".
Además, informan que en el año 2008 se superaron los 1.000 asuntos civiles anuales por juzgado, cuando los módulos máximos del Consejo General del Poder Judicial son de 380 anuales. También constan registrados en el año 2008 la cantidad de 1.583 exhortos civiles que supone un incremento de 506 exhortos respecto del año 2007 y, aunque los exhortos no computan "injustamente" para módulos, "sí que suponen incrementar la carga de trabajo de un juzgado, pues se trata de realizar diligencias para otro juzgado".
Respecto de la materia penal, la Junta de Jueces señaló que también siguen incrementándose los asuntos penales en el año 2008 respecto del año 2007, con un aumento relativo de 179 asuntos penales, pero, "teniendo en cuenta que cada juzgado mixto soportó en el año 2007 --y aún más en el año 2008-- la carga de 2.500 diligencias previas, que es el módulo máximo de carga de trabajo fijado por el Consejo General de Poder Judicial".
Los jueces apuntan que la creación en diciembre de 2008 de un juzgado de violencia sobre la mujer "sólo aligerará la carga de trabajo a los cinco juzgados de primera instancia e instrucción aproximadamente en un 3 por ciento, lo que conlleva necesariamente a exigir con urgencia la creación de dos juzgados de primera instancia e instrucción en el partido judicial de Vila-real , y ello atendiendo al gran volumen de asuntos entrantes".
"Si no se adoptan las medidas necesarias, los juzgados actuales dejaran de poder prestar el servicio público para el cual están destinados, llegándose al colapso en este partido, situación no deseable por los presentes, ya que supone un grave perjuicio para los ciudadanos", aclararon los jueces.
En el partido judicial de Vila-real están empadronados 90.000 personas de derecho, con incrementos de población de hecho, según documentación policial consultada por los jueces , que ascienden a 70.000 personas de hecho.
"Todo ello, es importante ponerlo de manifiesto, ya que la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes es de 20, y en este partido judicial, que tiene 90.000 habitantes de derecho, cuenta con seis juzgados, pero, con el matiz que uno de ellos es especializado en violencia de genero, con la peculiaridad antes mencionada respecto de la carga de trabajo", añadieron.
Fuente: lasprovincias.es
Palacio de Justicia: "El suelo del archivo está combado por el peso de los expedientes"
R. Laguna, Valencia
Estanterías móviles sin fijar a la pared, personal al 50%, pasillos habilitados para archivar expedientes, expedientes por los suelos entre cubos de basura a rebosar, polvo, ascensores que no funcionan y una diferencia de diez grados entre los despachos y los pasillos.
Hay que ponerse el abrigo para salir al pasillo y coger la escalera -uno de los dos ascensores no funciona- para ir de "tournée" por el Palacio de Justicia. Los nuevos despachos de los magistrados, que comparten una de las antiguas salas de vistas del segundo piso, siguen con las alfombras y los sillones sobre las mesas. Es inevitable estornudar al entrar. Son muebles que sobran de otros juzgados. En el tercer piso, la secretaría tiene los expedientes por el suelo y han sacado al pasillo los archivadores que no les caben ya que los deben tener a mano porque son asuntos vivos.
En la planta cuarta se encuentran los archivos, metros y metros de estanterías soportando el peso de toneladas de papel sobre un suelo ya combado que no se sabe cuánto más podrá resistir. Siguen los archivos por los altillos de la planta quinta, donde las dos agentes iban juntas porque si una se perdía por el laberinto, podía quedarse encerrada una semana y nadie la iba a oir. Llegaron a entrar con guantes y mascarilla. Las grietas son lo de menos.
Fuente: levante-emv.com
Estanterías móviles sin fijar a la pared, personal al 50%, pasillos habilitados para archivar expedientes, expedientes por los suelos entre cubos de basura a rebosar, polvo, ascensores que no funcionan y una diferencia de diez grados entre los despachos y los pasillos.
Hay que ponerse el abrigo para salir al pasillo y coger la escalera -uno de los dos ascensores no funciona- para ir de "tournée" por el Palacio de Justicia. Los nuevos despachos de los magistrados, que comparten una de las antiguas salas de vistas del segundo piso, siguen con las alfombras y los sillones sobre las mesas. Es inevitable estornudar al entrar. Son muebles que sobran de otros juzgados. En el tercer piso, la secretaría tiene los expedientes por el suelo y han sacado al pasillo los archivadores que no les caben ya que los deben tener a mano porque son asuntos vivos.
En la planta cuarta se encuentran los archivos, metros y metros de estanterías soportando el peso de toneladas de papel sobre un suelo ya combado que no se sabe cuánto más podrá resistir. Siguen los archivos por los altillos de la planta quinta, donde las dos agentes iban juntas porque si una se perdía por el laberinto, podía quedarse encerrada una semana y nadie la iba a oir. Llegaron a entrar con guantes y mascarilla. Las grietas son lo de menos.
Fuente: levante-emv.com
Juzgados de violencia: "El Poder Judicial reconoce un exceso de trabajo en los juzgados no especializados"
La responsable del Observatorio Contra la Violencia Doméstica señaló ayer cuál es la asignatura pendiente a nivel judicial en materia de atención a las víctimas. "Los juzgados especializados funcionan de manera adecuada. Deciden sobre órdenes de protección en 72 horas y celebran los juicios rápidos, pero en los mixtos o compatibles (aquellos que resuelven asuntos variados, como reclamaciones o deshaucios) se advierten disfunciones", dijo.
En su opinión, estos problemas se refieren, principalmente, "a la agenda del juzgado". "Puede ocurrir frecuentemente que el juez tenga fijadas reclamaciones de cantidad u otros asuntos y ese día se presente un atestado policial y una demanda de orden de protección. En ese caso tiene que suspender la reclamación de cantidad y dedicarse a atender a las demandantes en casos de violencia contra la mujer", detalló.
El observatorio y el Consejo General del Poder Judicial pretenden llevar a cabo una previsión que se encuentra incluida en la Ley Integral Contra La Violencia de Género. El horizonte ante este problema consiste, según detalló Montalbán, "en crear juzgados exclusivos de violencia de género que agrupen otros partidos judiciales que por sí solos no necesitan uno especializado". De este modo, explicó, "localidades sin juzgados específicos de violencia de género podrían aprovecharse de otros establecidos en municipios próximos".
Para que esto redunde en beneficio de las usuarias de la justicia deben darse dos condiciones, como señaló Montalbán. "Debe haber una buena comunicación y poca distancia entre un término judicial y el juzgado exclusivo para que las víctimas puedan acceder con facilidad a él, y además, que se garantice que esos órganos judiciales tienen una carga adecuada de trabajo", argumentó.
Otro objetivo del CGPJ es crear los juzgados penales especializados en violencia doméstica, previstos en la ley integral y que todavía no se han desarrollado. "La especialización ha dado buenos resultados y hace que tengamos una justicia más rápida y más eficaz", sentenció Montalbán.
Fuente: lasprovincias.es
En su opinión, estos problemas se refieren, principalmente, "a la agenda del juzgado". "Puede ocurrir frecuentemente que el juez tenga fijadas reclamaciones de cantidad u otros asuntos y ese día se presente un atestado policial y una demanda de orden de protección. En ese caso tiene que suspender la reclamación de cantidad y dedicarse a atender a las demandantes en casos de violencia contra la mujer", detalló.
El observatorio y el Consejo General del Poder Judicial pretenden llevar a cabo una previsión que se encuentra incluida en la Ley Integral Contra La Violencia de Género. El horizonte ante este problema consiste, según detalló Montalbán, "en crear juzgados exclusivos de violencia de género que agrupen otros partidos judiciales que por sí solos no necesitan uno especializado". De este modo, explicó, "localidades sin juzgados específicos de violencia de género podrían aprovecharse de otros establecidos en municipios próximos".
Para que esto redunde en beneficio de las usuarias de la justicia deben darse dos condiciones, como señaló Montalbán. "Debe haber una buena comunicación y poca distancia entre un término judicial y el juzgado exclusivo para que las víctimas puedan acceder con facilidad a él, y además, que se garantice que esos órganos judiciales tienen una carga adecuada de trabajo", argumentó.
Otro objetivo del CGPJ es crear los juzgados penales especializados en violencia doméstica, previstos en la ley integral y que todavía no se han desarrollado. "La especialización ha dado buenos resultados y hace que tengamos una justicia más rápida y más eficaz", sentenció Montalbán.
Fuente: lasprovincias.es
Dos juzgados del TSJ llevan un mes paralizados por falta de medios
La Generalitat dice a los magistrados que no tiene dinero para las salas de contencioso
Regina Laguna, ValenciaCasi un mes han estado paralizados los dos nuevos juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), las secciones cuarta y quinta de lo contencioso-administrativo, porque desde el 1 de enero de 2009 que debían haber entrado en funcionamiento se han encontrado con que no tenían personal, no había un espacio habilitado, el programa informático se cayó y la impresora no funcionó hasta ayer.
Todas estas deficiencias se podrían haber previsto, ya que desde el 14 de noviembre de 2008 salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la puesta en marcha de estos dos juzgados con las nuevas normas de reparto. No obstante, "la Generalitat no se había enterado", explica el magistrado presidente de una de las nuevas secciones, José Martínez Arenas.
El Ministerio de Justicia adjudicó cinco magistrados a cada sección y un secretario para las dos, pero la Generalitat se ha limitado a traspasar funcionarios de la sección primera, con lo que, en lugar de ocho funcionarios, tienen tan sólo tres. "A la Generalitat se le ha venido diciendo con tiempo que había que habilitar los juzgados antes de enero, pero se negaba a reconocerlo y se ha negado a dotar de medios estas secciones. Y no tienen el más mínimo interés en hacerlo porque ya ha dicho que no piensa poner ni un céntimo", explicaba ayer el magistrado José Martínez Arenas, que preside una de estas secciones. En palabras de este magistrado, "incluso al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, le han dicho que no hay dinero".
Así, hasta el 14 de enero no funcionaba el programa Cicerone de los ordenadores y el pasado viernes comenzó a funcionar la impresora. Mientras tanto, el juzgado no ha podido trabajar ni siquiera haciendo notificaciones, ya que tampoco se podían imprimir los expedientes.
Este panorama tan desolador se multiplica al dar un paseo por las instalaciones de esta sede judicial, que ocupa un edificio del siglo XVIII. Los dos nuevos juzgados han invadido la secretaría de la sección primera, que ha tenido que sacar sus archivadores al pasillo hasta que finalice el traslado de muebles y expedientes.
Todo en la casa está igual, muebles viejos que se van pasando de unos despachos a otros, un lavado de cara con una mano de pintura y archivadores por los pasillos en continuo movimiento.
El traslado de expedientes sigue haciéndose con el tradicional carro de la compra, "hurtado" de algún supermercado vecino del que aún figura el logotipo. Y el altillo tienen peligro de derrumbe por el peso del papel, ya que se hace servir de archivo.
Fuente: levante-emv.com
"La organización de la Justicia está anticuada"
El Secretario de Estado de Justicia advierte: "No puede haber más aumento de sueldo del que ya se ha establecido"
ulio Pérez interrumpe la enésima reunión de la jornada para responder a Público. Son tardes de trabajo intenso en el despacho del Secretario de Estado de Justicia. "Nos vamos un poquito más tarde de lo habitual, pero no crea que el resto de los días cerramos pronto", explica.Los ciudadanos suspenden a la Justicia ¿Cree que tienen razones?
Sin duda. Cuesta darle un aprobado raspado, aunque los alumnos son muchos y la nota media no haría justicia al conjunto. Hay partes en la administración de Justicia que apenas merecen un aprobado y otras que tendrían un sobresaliente; un ejemplo muy visible fue el juicio del 11 M.
¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia?
Tiene un problema cuantitativo: es pequeña en su dimensión y está mal repartida, y un problema cualitativo: su organización y sus métodos son muy antiguos.
¿Cómo se puede desatascar el sistema?
Aumentando los medios y modernizando los sistemas de organización y trabajo. Un elemento decisivo es la introducción de nuevas tecnologías. Además, la Justicia no estaba concebida como un servicio público masivo al que acuden millones de personas. Hay que hacer muchas cosas, deprisa, con mucho convencimiento y entre varios interlocutores: las comunidades autónomas, el Ministerio, el CGPJ y los jueces. Pero no estamos en el puro vacío, hemos hecho ya muchas cosas.
Dada la complejidad del problema, ¿Caben soluciones a corto plazo?
Algunas. Reforzar los juzgados, extender la informática... pero un atraso acumulado durante décadas es imposible resolverlo de manera atropellada si se quiere hacer bien. Aún así, en los últimos cuatro años, hemos aumentado el número de jueces en casi 700, el presupuesto de Justicia ha crecido de 1.000 millones de euros a 1.500 y hemos duplicado el presupuesto de informática. Son sólo algunos ejemplos.
Si los problemas vienen de lejos ¿Por qué se levantan, justo ahora, los jueces?
Se lo pregunta el Gobierno, la opinión pública y nosotros todos los días. No parece que, en el momento en el que más inversión se hace, cuando hay más presencia en los grandes proyectos de modernización, o cuando ha cambiado el CGPJ y el PP y el PSOE han aparcado parte de sus diferencias para alcanzar un pacto, en este momento, se genere un movimiento reivindicativo. ¿Por qué? Es necesario que alguien nos lo explique.
Los jueces esgrimen por primera vez con la palabra huelga...
Una parte importante de sus reivindicaciones están siendo atendidas o lo serán muy pronto. Otras requieren cambios que tendrá que aprobar el Parlamento. Sólo hay dos negativas rotundas: no puede haber más aumento de sueldo del que ya se ha establecido para este año y no nos gusta la huelga, igual que creemos que no les gusta a los ciudadanos.
¿El ministro se reunirá el lunes con los jueces, qué va a ofrecerles?
Le vamos a contar lo que ya hemos comenzado a hacer. Por ejemplo, que hay un proyecto de ley para mejorar la distribución del trabajo entre jueces y secretarios Vamos a decirles también que el Ministerio cree que hay que suprimir el traslado forzoso por ascenso, aunque eso requiere organización para que no queden despoblados lugares a los que nadie quiere ir. La transformación que queremos es enorme, y por tanto necesitamos que todas sus piezas sean explicadas y comprendidas. No es que algunas reivindicaciones de los jueces sean sólo asumibles, sino que ya están en marcha.
Fuente: público.es
lunes, 26 de enero de 2009
Condiciones de trabajo en los juzgados de Paterna y Mislata
STAS denuncia las pésimas condiciones de trabajo en los juzgados de Paterna y Mislata
Espantosas condiciones de un servicio público del siglo XXI
Ratas, cucarachas, olores nauseabundos, etc.
Espantosas condiciones de un servicio público del siglo XXI
Ratas, cucarachas, olores nauseabundos, etc.
domingo, 25 de enero de 2009
¿Donde esta el mio?: "Los funcionarios de Justicia reciben 500 portátiles"
Un total de 500 trabajadores de la Administración de Justicia ya han recibido un nuevo ordenador portátil. La consellera Paula Sánchez de León recordó que la iniciativa se encuadra dentro del plan de movilidad que tiene por objetivo "conseguir una oficina judicial móvil".
En concreto, precisaron que desde el pasado mes de diciembre, la Generalitat ha hecho entrega de 482 portátiles, de los 1.217 que tiene previsto dar antes de final de febrero. El plan contempla que dispongan de esta herramienta de trabajo 481 jueces, 396 secretarios judiciales, 227 fiscales y 94 médicos forenses de toda la Comunitat, mientras que 20 equipos se reservan para otros profesionales.
Fuente: lasprovincias.es
En concreto, precisaron que desde el pasado mes de diciembre, la Generalitat ha hecho entrega de 482 portátiles, de los 1.217 que tiene previsto dar antes de final de febrero. El plan contempla que dispongan de esta herramienta de trabajo 481 jueces, 396 secretarios judiciales, 227 fiscales y 94 médicos forenses de toda la Comunitat, mientras que 20 equipos se reservan para otros profesionales.
Fuente: lasprovincias.es
sábado, 24 de enero de 2009
La Generalitat ha entregado ya 500 portátiles con sistema de cifrado a jueces, fiscales, secretarios judiciales y médicos forenses de la Comunitat
• La Conselleria de Justicia y AAPP recuerda que “el tratamiento de la información sensible requiere de procedimientos de seguridad fiables para evitar que sea extraída del ordenador en caso de robo o extravío”
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se ha mostrado hoy satisfecha con el ritmo de entrega de ordenadores portátiles a los profesionales de la Justicia de la Comunitat, medio millar de los cuales ya han recibido el suyo, y ha recordado que el objetivo último del llamado plan de movilidad es “conseguir una oficina judicial móvil”.
En concreto, y desde el pasado mes de diciembre, la Generalitat ha hecho entrega de 482 portátiles, de los 1.217 que tiene previsto entregar antes de que concluya el próximo mes de febrero. El plan contempla que antes de un mes dispongan de esta herramienta de trabajo 481 jueces, 396 secretarios judiciales, 227 fiscales y 94 médicos forenses de toda la Comunitat, reservando una veintena para otros profesionales. Además, la Generalitat se reserva otras 200 unidades de las 1.400 adquiridas para nuevas incorporaciones.
De ese casi medio millar de portátiles repartidos hasta la fecha entre las tres provincias, 385 han sido entregados en Valencia, 51 en Alicante y 46 en Castellón. El resto se irán entregando los próximos días entre el resto de los partidos judiciales en un despliegue que está previsto que concluya el 23 de febrero.
Sánchez de León explica que la Generalitat, “con el objetivo último de modernizar la Administración de Justicia, pone a disposición de los usuarios los medios informáticos y técnicos adecuados para la realización de sus funciones y seguirá adoptando todas las medidas de modernización necesarias que redunden en beneficio para el ciudadano”.
A su juicio, esta adquisición de portátiles con USB de almacenamiento de datos encriptados es “un paso más a la hora de acercar la Justicia al ciudadano, haciéndola más ágil y dinámica, algo que sin duda alguna sólo se podrá lograr si caminamos de la mano de los avances tecnológicos”. Securización mediante texto cifrado
La consellera recuerda que “el tratamiento de la información sensible requiere de unos procedimientos de seguridad fiables para evitar que, con el extravío ó robo de uno de los ordenadores portátiles, la información pueda ser consultada o extraída de dicho ordenador”. Para evitar riesgos, los cerca de 500 profesionales de la Justicia que han sido incluidos hasta la fecha en este proyecto de despliegue y securización de portátiles han recibido a su vez instrucciones de uso de los mismos. “Sólo el propio usuario, a través de la introducción de su propia contraseña, podrá leer y gestionar los datos que contenga su ordenador, ya que los textos serán sometidos a un proceso de cifrado que los convierte en ilegibles”, explica Sánchez de León.
La conexión periódica de los portátiles a la intranet de la Administración de Justicia garantizará el mantenimiento de los sistemas de seguridad de los equipos y la protección contra el software malicioso (encriptación, antivirus, etc...).
Sánchez de León subraya que este plan se enmarca dentro del proceso de modernización de la Justicia, Moderniza.just, que supone una inversión superior a los 25 millones de euros, e insiste en que “adecuar la Justicia al siglo XXI, alejándola de los esquemas decimonónicos, pasa por entrar de lleno en la era digital”.
De hecho, una de las ventajas que se derivan del software específico de que disponen estos portátiles es que los fiscales y los médicos forenses podrán realizar videoconferencias, conectándose a la red judicial, sin necesidad de desplazarse al lugar de celebración del juicio, “algo que, sin duda reducirá los costes”, agrega la consellera.
La consellera se compromete a que a lo largo de 2009 el sistema de videoconferencia se instalará en todas las salas de vistas de los partidos judiciales de la Comunitat.
Fuente: xornalgalicia.com
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se ha mostrado hoy satisfecha con el ritmo de entrega de ordenadores portátiles a los profesionales de la Justicia de la Comunitat, medio millar de los cuales ya han recibido el suyo, y ha recordado que el objetivo último del llamado plan de movilidad es “conseguir una oficina judicial móvil”.
En concreto, y desde el pasado mes de diciembre, la Generalitat ha hecho entrega de 482 portátiles, de los 1.217 que tiene previsto entregar antes de que concluya el próximo mes de febrero. El plan contempla que antes de un mes dispongan de esta herramienta de trabajo 481 jueces, 396 secretarios judiciales, 227 fiscales y 94 médicos forenses de toda la Comunitat, reservando una veintena para otros profesionales. Además, la Generalitat se reserva otras 200 unidades de las 1.400 adquiridas para nuevas incorporaciones.
De ese casi medio millar de portátiles repartidos hasta la fecha entre las tres provincias, 385 han sido entregados en Valencia, 51 en Alicante y 46 en Castellón. El resto se irán entregando los próximos días entre el resto de los partidos judiciales en un despliegue que está previsto que concluya el 23 de febrero.
Sánchez de León explica que la Generalitat, “con el objetivo último de modernizar la Administración de Justicia, pone a disposición de los usuarios los medios informáticos y técnicos adecuados para la realización de sus funciones y seguirá adoptando todas las medidas de modernización necesarias que redunden en beneficio para el ciudadano”.
A su juicio, esta adquisición de portátiles con USB de almacenamiento de datos encriptados es “un paso más a la hora de acercar la Justicia al ciudadano, haciéndola más ágil y dinámica, algo que sin duda alguna sólo se podrá lograr si caminamos de la mano de los avances tecnológicos”. Securización mediante texto cifrado
La consellera recuerda que “el tratamiento de la información sensible requiere de unos procedimientos de seguridad fiables para evitar que, con el extravío ó robo de uno de los ordenadores portátiles, la información pueda ser consultada o extraída de dicho ordenador”. Para evitar riesgos, los cerca de 500 profesionales de la Justicia que han sido incluidos hasta la fecha en este proyecto de despliegue y securización de portátiles han recibido a su vez instrucciones de uso de los mismos. “Sólo el propio usuario, a través de la introducción de su propia contraseña, podrá leer y gestionar los datos que contenga su ordenador, ya que los textos serán sometidos a un proceso de cifrado que los convierte en ilegibles”, explica Sánchez de León.
La conexión periódica de los portátiles a la intranet de la Administración de Justicia garantizará el mantenimiento de los sistemas de seguridad de los equipos y la protección contra el software malicioso (encriptación, antivirus, etc...).
Sánchez de León subraya que este plan se enmarca dentro del proceso de modernización de la Justicia, Moderniza.just, que supone una inversión superior a los 25 millones de euros, e insiste en que “adecuar la Justicia al siglo XXI, alejándola de los esquemas decimonónicos, pasa por entrar de lleno en la era digital”.
De hecho, una de las ventajas que se derivan del software específico de que disponen estos portátiles es que los fiscales y los médicos forenses podrán realizar videoconferencias, conectándose a la red judicial, sin necesidad de desplazarse al lugar de celebración del juicio, “algo que, sin duda reducirá los costes”, agrega la consellera.
La consellera se compromete a que a lo largo de 2009 el sistema de videoconferencia se instalará en todas las salas de vistas de los partidos judiciales de la Comunitat.
Fuente: xornalgalicia.com
Elche: "Los funcionarios del Contencioso desalojan el juzgado al no soportar el hedor del local"
- Agentes de la Policía Local acudieron a las dependencias donde levantaron acta de la situación sanitaria que sufren los trabajadores
- Los empleados han vuelto a pedir la clausura de la oficina judicial
Ni las mascarillas que los seis funcionarios del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Elche vienen usando a ratos desde el mes de octubre fueron suficiente protección contra el hedor que se respiraba en su interior, ayer por la mañana. Nada más levantar la persiana, un fuerte olor a cloaca golpeo las narices de los funcionarios, el mismo que había invadido el juzgado a última hora de la jornada del jueves.
No era la primera vez y los funcionarios confiaron en que el fuerte olor iría disminuyendo paulatinamente. Se equivocaban. Sobre las diez menos cuarto de la mañana, cansados de empapar pañuelos con agua de colonia al no bastar las mascarillas, optaron por comunicar al secretario judicial su salida de las dependencias y su estancia en la calle hasta que se mitigara el tufo.
Simultáneamente, los funcionarios pidieron a la Policía Local la presencia de una patrulla para que sus agentes levantaran actas de la situación y de la imposibilidad de desempeñar su trabajo en tales condiciones de insalubridad.
Asimismo, uno de los funcionarios remitió un fax al director territorial de Justicia para comunicarle el abandono momentáneo de los locales hasta que se subsanara el problema. Además remitieron otro escrito al juez-decano para avisarle de su salida de la oficina. El secretario judicial puso también los hechos en conocimiento de la titular del juzgado de lo Contencioso, que se encontraba en Valencia ayer, en su labor de refuerzo en el Tribunal Superior de Justicia.
Los funcionarios no pueden ausentarse de su lugar de trabajo sin autorización previa. En caso de hacerlo, los trab ajadores se enfrentan a la apertura de un expediente disciplinario.
Un asunto antiguo
Los problemas del juzgado de lo Contencioso-Administrativo tienen ya cuatro años, es decir, desde el mismo momento que se trasladó su oficina de un local situado en la avenida del País Valenciano a otro, ubicado en frente del Palacio de Justicia. Dichas dependencias son el resultado de la reforma de un antiguo garaje.
Su superficie es escasa; apenas 56 metros cuadrados. El acceso a la calle es directo, por lo que la única ventana que existe permanece siempre cerrada por motivo de seguridad. La falta de espacio es endémica y cientos de expedientes en tramitación se acumulan en cajas y cajones en el suelo de la oficina judicial. Las estanterías están llenas desde hace meses.
Desplazarse por la oficina es prácticamente imposible. Hay que saltar cajas, desplazarlas con el pie para poder hacerse un hueco o cogerlas en peso en el peor de los casos. Las sillas se han convertido en archivos provisionales e, incluso, los asientos de los trabajadores son usados en muchas ocasiones para depositar los expedientes en tramitación.
Es tal la acumulación de papel que el polvo se ha adueñado de la oficina. Junto a los ácaros han ocasionado brotes alérgicos a los funcionarios en los últimos meses. De hecho, a principios de octubre de 2008, en la revisión médica obligatoria, los facultativos aconsejaron a los empleados trabajar con caretas para minimizar los efectos de la alergia. Todos han estado tomando antihistamínicos.
Aseo clausurado
¿De dónde provenía el hedor que se adueñó ayer del juzgado de lo Contencioso-Administrativo? Encontrar la respuesta no fue difícil. Hace más de dos años, tras una primera visita de la Inspección de Trabajo a este local, el aseo tuvo que ser clausurado debido a los fuertes olores que desprendía. Desde entonces, los funcionarios acuden a los bares cercanos cuando necesitan orinar.
La clausura no ha servido de nada porque sólo se impidió la entrada al aseo. No se llegó a tapar debidamente el excusado, ni tampoco las conexiones a la red de alcantarillado.
Procede por tanto una nueva intervención de la Inspección de Trabajo o, en su defecto, de la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Elche. Si la situación persiste el próximo lunes, los trabajadores instarán al Ayuntamiento para que tome cartas en el asunto con carácter de urgencia.
Hay que precisar que el juzgado se encuentra ubicado en los bajos de un edificio donde hay dos plantas superiores, con viviendas habitadas. Ayer, los perjudicadas no fueron solamente los funcionarios. El hedor subió hasta los pisos superiores, con el consiguiente enfado de los moradores.
Los profesionales del Derecho, en su gran mayoría, no pudieron ser atendidos ayer. Si persiste el problema, el próximo lunes, de nuevo se perderá la jornada.
Fuente: laverdad.es
El Consell promete empezar este año las obras del nuevo juzgado de Alzira
La futura sede judicial tendrá una superficie total de 10.430 metros cuadrados y estará lista en 24 meses
Trabajadores y usuarios de los juzgados de Alzira siguen sufriendo las deficiencias de las instalaciones, separadas en dos edificios por lo que respecta a los seis juzgados de Primera Instancia. Pero esta situación podría dar sus primeros pasos para cambiar. En cualquier caso, también cabe advertir que pasarán al menos dos años hasta que el nuevo Palacio de Justicia abra sus puertas.
Y es que la Generalitat prometió que licitará este año las obras para el inicio de la construcción del nuevo edificio judicial de Alzira que cuenta con una inversión de algo más de 12,4 millones de euros, según ha confirmado la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.
La nueva sede judicial, que concluirá en un periodo aproximado de 24 meses una vez iniciadas las obras, tendrá una superficie total construida de 10.429,95 metros cuadrados "que reflejará todas las características que persigue la Generalitat a través del proyecto Justi.seu de renovación de infraestructuras judiciales: transparencia, eficacia, seriedad, arquitectura flexible para introducir las novedades que se deriven de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, innovaciones tecnológicas, carácter sostenible, uso de cerámica, etcétera", ha destacado Sánchez de León.
A este respecto, la consellera ha hecho hincapié en que el plan de innovación de sedes judiciales Justi-seu "posiciona a la Comunitat Valenciana como una autonomía completamente innovadora en cuanto a la arquitectura judicial, apostando claramente por un tipo de infraestructura que humanice el modo de impartir justicia".
Asimismo, Sánchez de León ha remarcado que "la futura sede judicial de Alzira da respuesta a las necesidades de espacio presentes y futuras del partido judicial, de modo que se va a ejecutar dejando en reserva parte de sus espacios para futuros juzgados".
Características técnicas La fachada del edificio, que se construirá en una zona próxima a la avenida Luis Suñer, se plantea con una envolvente continua de cerámica ventilada y placas fotovoltaicas que permiten mejorar la eficiencia energética y muros que facilitan la creación de oficinas ventiladas e iluminadas con luz natural con el máximo respeto al medio ambiente y al control climático del inmueble.
La futura sede dispondrá de un sótano para archivos, dependencias para instalaciones, seguridad, locutorios y local para reconocimiento en rueda y para el grupo contra incendios. La planta baja y la primera albergarán todas las actividades vinculadas a las mayores visitas de los usuarios como el registro civil, estacionamiento del furgón policial y las salas de vistas.
En las plantas segunda y tercera se ubicarán los distintos órganos jurisdiccionales como juzgados, fiscalías, etcétera. La cuarta planta quedará como espacio de reserva.
Cabe destacar también que los volúmenes de papel se separarán de la normal actividad judicial en espacios con una capacidad suficiente y con las condiciones necesarias de seguridad frente a incendios. Además, se establecerán circulaciones diferenciadas entre detenidos y ciudadanos y entre el personal que desempeña su trabajo y los usuarios.
Con el fin de facilitar el reciclaje selectivo de materiales, dentro de la idea de edificio sostenible que persigue Justi-seu, se crearán en cada planta un espacio denominado "punto limpio de reciclaje", con medios para almacenar los residuos ordinarios generados, principalmente papel, la recogida selectiva y su posterior gestión.
Instalaciones actuales
Por otra parte, Sánchez de León ha apuntado que, "a raíz de la creación de la Fiscalía de Área en el partido judicial de Alzira, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas está buscando un nuevo local para trasladar a todos los fiscales de manera que, en breve, se va a liberar espacio en el actual edificio judicial".
Asimismo, dentro del proyecto legal, enmarcado en el plan moderniza.just, para la renovación del parque informático de los juzgados de la Comunitat, la Generalitat cambió a principios de diciembre 12 ordenadores que contaban con más de cuatro años de antigüedad.
Además, a finales de enero "se instalarán 14 equipos multifunción, que funcionan como fotocopiadoras, faxes, impresora y escáner, y nueve impresoras nuevas ubicadas en cada uno de los departamentos".
Finalmente, apuntaron que el próximo "5 de febrero se distribuirán portátiles a siete jueces, siete secretarios judiciales y ocho fiscales del partido judicial de Alzira con el fin de agilizar el trabajo de los profesionales de la justicia ya que el plan de movilidad de la Generalitat persigue generalizar la oficina judicial móvil".
Fuente: lasprovincias.es
Trabajadores y usuarios de los juzgados de Alzira siguen sufriendo las deficiencias de las instalaciones, separadas en dos edificios por lo que respecta a los seis juzgados de Primera Instancia. Pero esta situación podría dar sus primeros pasos para cambiar. En cualquier caso, también cabe advertir que pasarán al menos dos años hasta que el nuevo Palacio de Justicia abra sus puertas.
Y es que la Generalitat prometió que licitará este año las obras para el inicio de la construcción del nuevo edificio judicial de Alzira que cuenta con una inversión de algo más de 12,4 millones de euros, según ha confirmado la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.
La nueva sede judicial, que concluirá en un periodo aproximado de 24 meses una vez iniciadas las obras, tendrá una superficie total construida de 10.429,95 metros cuadrados "que reflejará todas las características que persigue la Generalitat a través del proyecto Justi.seu de renovación de infraestructuras judiciales: transparencia, eficacia, seriedad, arquitectura flexible para introducir las novedades que se deriven de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, innovaciones tecnológicas, carácter sostenible, uso de cerámica, etcétera", ha destacado Sánchez de León.
A este respecto, la consellera ha hecho hincapié en que el plan de innovación de sedes judiciales Justi-seu "posiciona a la Comunitat Valenciana como una autonomía completamente innovadora en cuanto a la arquitectura judicial, apostando claramente por un tipo de infraestructura que humanice el modo de impartir justicia".
Asimismo, Sánchez de León ha remarcado que "la futura sede judicial de Alzira da respuesta a las necesidades de espacio presentes y futuras del partido judicial, de modo que se va a ejecutar dejando en reserva parte de sus espacios para futuros juzgados".
Características técnicas La fachada del edificio, que se construirá en una zona próxima a la avenida Luis Suñer, se plantea con una envolvente continua de cerámica ventilada y placas fotovoltaicas que permiten mejorar la eficiencia energética y muros que facilitan la creación de oficinas ventiladas e iluminadas con luz natural con el máximo respeto al medio ambiente y al control climático del inmueble.
La futura sede dispondrá de un sótano para archivos, dependencias para instalaciones, seguridad, locutorios y local para reconocimiento en rueda y para el grupo contra incendios. La planta baja y la primera albergarán todas las actividades vinculadas a las mayores visitas de los usuarios como el registro civil, estacionamiento del furgón policial y las salas de vistas.
En las plantas segunda y tercera se ubicarán los distintos órganos jurisdiccionales como juzgados, fiscalías, etcétera. La cuarta planta quedará como espacio de reserva.
Cabe destacar también que los volúmenes de papel se separarán de la normal actividad judicial en espacios con una capacidad suficiente y con las condiciones necesarias de seguridad frente a incendios. Además, se establecerán circulaciones diferenciadas entre detenidos y ciudadanos y entre el personal que desempeña su trabajo y los usuarios.
Con el fin de facilitar el reciclaje selectivo de materiales, dentro de la idea de edificio sostenible que persigue Justi-seu, se crearán en cada planta un espacio denominado "punto limpio de reciclaje", con medios para almacenar los residuos ordinarios generados, principalmente papel, la recogida selectiva y su posterior gestión.
Instalaciones actuales
Por otra parte, Sánchez de León ha apuntado que, "a raíz de la creación de la Fiscalía de Área en el partido judicial de Alzira, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas está buscando un nuevo local para trasladar a todos los fiscales de manera que, en breve, se va a liberar espacio en el actual edificio judicial".
Asimismo, dentro del proyecto legal, enmarcado en el plan moderniza.just, para la renovación del parque informático de los juzgados de la Comunitat, la Generalitat cambió a principios de diciembre 12 ordenadores que contaban con más de cuatro años de antigüedad.
Además, a finales de enero "se instalarán 14 equipos multifunción, que funcionan como fotocopiadoras, faxes, impresora y escáner, y nueve impresoras nuevas ubicadas en cada uno de los departamentos".
Finalmente, apuntaron que el próximo "5 de febrero se distribuirán portátiles a siete jueces, siete secretarios judiciales y ocho fiscales del partido judicial de Alzira con el fin de agilizar el trabajo de los profesionales de la justicia ya que el plan de movilidad de la Generalitat persigue generalizar la oficina judicial móvil".
Fuente: lasprovincias.es
Colapso y caos en los juzgados de Nules
Miles de expedientes están amontonados y el aparcamiento tiene que ser usado como archivo.
J. Antequera, CastellóEl papel se come a los funcionarios de los juzgados de Nules, que ayer denunciaron las condiciones tercermundistas en las que trabajan. Ordenadores viejos, hacinamiento, miles de expedientes atrasados, mobiliario antiguo. "Trabajar en este partido judicial es un horror, los archivos tapan ya las ventanas, no tenemos ni luz", explica Luis, un agente judicial.Desde hace años los juzgados de Nules arrastran una situación de colapso técnico. Pero la situación se convirtió en dramática a finales de 2003, cuando a un empresario, Vicente Vilar, se le ocurrió interponer dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Desde entonces se han tramitado 20.000 folios de diligencias previas y los dos juzgados que investigan el asunto han quedado atascados por el atracón de papel. El caso Fabra fue la gota que colmó el vaso. "Es tal la falta de espacio que los funcionarios no podemos ni movernos", explica Luis. Las salas multifuncionales, donde antes se tomaban las declaraciones, se han habilitado como archivos, por lo que ahora los testigos y acusados declaran "donde pueden".
Los expedientes (los hay fechados en el año 91) se acumulan como ladrillos de papel por todo el edificio. Por los pasillos, por debajo de las mesas, por los despachos, hasta en el aparcamiento subterráneo, que se ha convertido en improvisado almacén. "Cualquier día los furgones policiales no van a poder entrar de la cantidad de carpetas que hemos tenido que meter allí", dice el agente judicial.
Riesgo de enfermedades
Bajamos a los archivos, que se encuentran en los sótanos de la sede judicial. En las estanterías ya no cabe ni un papel y las pruebas de los juicios se acumulan por los rincones. Hay ciclomotores desvencijados, ventiladores, hachas, armas de fuego, ropa ensangrentada. Y como no, los huesos de una mano humana que asoman por las bolsas de plástico como pidiendo justicia.
"Bajar a este archivo resulta peligroso. Algunos compañeros han entrado allí para buscar algún expediente atrasado y han tenido que salir con ataques de alergia porque no se limpia nunca. Las larvas crecen en la ropa sucia", indica el funcionario. No hay mujer de la limpieza que sea lo suficientemente osada como para adentrarse en ese sótano. De hecho, ninguna lo ha hecho en los últimos años.
Junto al archivo hay un cuchitril oscuro de paredes desconchadas. En su interior se mueven cuatro sombras verdes. Son los guardias civiles que pasan horas en este "zulo" sin ventanas ni calefacción. "Imagínate si estamos mal que no tenemos ni siquiera una mala silla para sentarnos. Lo tenemos que hacer en los propios archivos", se queja uno de los agentes.
Traslados a Moncada
En los juzgados de Valencia, los legajos anteriores a 2001 se han enviado ya a los archivos centrales de Moncada pero en Nules los funcionarios no han tenido tanta suerte. "El problema es que es tal el desorden y la cantidad de papel que cuando tienes que buscar un expediente atrasado o no lo encuentras o tardas una eternidad en encontrarlo", comenta Luis.
En cierta ocasión una tubería se rompió y la planta subterránea quedó anegada. "Se mojaron cientos de expedientes y muchos no se perdieron de milagro", asegura el agente.Viendo en qué condiciones trabajan los funcionarios de Nules no resulta extraño que el caso Fabra vaya ya por el quinto año de instrucción. Y lo que queda.
Fuente: levante-emv.com
J. Antequera, CastellóEl papel se come a los funcionarios de los juzgados de Nules, que ayer denunciaron las condiciones tercermundistas en las que trabajan. Ordenadores viejos, hacinamiento, miles de expedientes atrasados, mobiliario antiguo. "Trabajar en este partido judicial es un horror, los archivos tapan ya las ventanas, no tenemos ni luz", explica Luis, un agente judicial.Desde hace años los juzgados de Nules arrastran una situación de colapso técnico. Pero la situación se convirtió en dramática a finales de 2003, cuando a un empresario, Vicente Vilar, se le ocurrió interponer dos querellas contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. Desde entonces se han tramitado 20.000 folios de diligencias previas y los dos juzgados que investigan el asunto han quedado atascados por el atracón de papel. El caso Fabra fue la gota que colmó el vaso. "Es tal la falta de espacio que los funcionarios no podemos ni movernos", explica Luis. Las salas multifuncionales, donde antes se tomaban las declaraciones, se han habilitado como archivos, por lo que ahora los testigos y acusados declaran "donde pueden".
Los expedientes (los hay fechados en el año 91) se acumulan como ladrillos de papel por todo el edificio. Por los pasillos, por debajo de las mesas, por los despachos, hasta en el aparcamiento subterráneo, que se ha convertido en improvisado almacén. "Cualquier día los furgones policiales no van a poder entrar de la cantidad de carpetas que hemos tenido que meter allí", dice el agente judicial.
Riesgo de enfermedades
Bajamos a los archivos, que se encuentran en los sótanos de la sede judicial. En las estanterías ya no cabe ni un papel y las pruebas de los juicios se acumulan por los rincones. Hay ciclomotores desvencijados, ventiladores, hachas, armas de fuego, ropa ensangrentada. Y como no, los huesos de una mano humana que asoman por las bolsas de plástico como pidiendo justicia.
"Bajar a este archivo resulta peligroso. Algunos compañeros han entrado allí para buscar algún expediente atrasado y han tenido que salir con ataques de alergia porque no se limpia nunca. Las larvas crecen en la ropa sucia", indica el funcionario. No hay mujer de la limpieza que sea lo suficientemente osada como para adentrarse en ese sótano. De hecho, ninguna lo ha hecho en los últimos años.
Junto al archivo hay un cuchitril oscuro de paredes desconchadas. En su interior se mueven cuatro sombras verdes. Son los guardias civiles que pasan horas en este "zulo" sin ventanas ni calefacción. "Imagínate si estamos mal que no tenemos ni siquiera una mala silla para sentarnos. Lo tenemos que hacer en los propios archivos", se queja uno de los agentes.
Traslados a Moncada
En los juzgados de Valencia, los legajos anteriores a 2001 se han enviado ya a los archivos centrales de Moncada pero en Nules los funcionarios no han tenido tanta suerte. "El problema es que es tal el desorden y la cantidad de papel que cuando tienes que buscar un expediente atrasado o no lo encuentras o tardas una eternidad en encontrarlo", comenta Luis.
En cierta ocasión una tubería se rompió y la planta subterránea quedó anegada. "Se mojaron cientos de expedientes y muchos no se perdieron de milagro", asegura el agente.Viendo en qué condiciones trabajan los funcionarios de Nules no resulta extraño que el caso Fabra vaya ya por el quinto año de instrucción. Y lo que queda.
Fuente: levante-emv.com
Los funcionarios de Justicia se quejan de las prebendas a jueces y fiscales para aparcar
Medio centenar de trabajadores aprovecha el almuerzo para protestar, califica de "atropello" la imposición y pide la intervención del Ayuntamiento.
D. PAMIES Para aparcar a los funcionarios de Justicia de Orihuela ya no les vale madrugar. Desde que el Ayuntamiento dejó de contribuir hace unos meses al pago del aparcamiento subterráneo a jueces y fiscales, son éstos quienes tienen la preferencia en la plaza de Santa Lucía, en el entorno del Palacio de Justicia, en las calles Santa Lucía y Santa Cruz. Y claro, molestos los funcionarios de a pie, protestan. Lo hicieron ayer, casi medio centenar, durante unos minutos fuera del edificio judicial. Estas plazas para dejar el coche son pocas, ni una decena, y parece que "no todos somos iguales" a la hora de estacionar, subrayaron. Los funcionarios explicaron que este "atropello injusto" se produce desde que el Ayuntamiento dejó de abonar a la empresa del aparcamiento subterráneo situado junto al río a los jueces y fiscales hace unos meses.
Las mismas fuentes indicaron que los agentes de la Guardia Civil que realizan labores de vigilancia en el recinto han llegado a localizar a funcionarios dentro del edificio para que retirasen su vehículo y dejar plaza a la juez o jueza que llegaba. También resaltaron estos trabajadores que su reivindicación la realizaban no sólo en su nombre, sino en el de todas las personas, que a diario se acercan a realizar trámites a los siete juzgados mixtos, los dos penales, el de Violencia contra la Mujer y el Registro Civil que albergan estas dependencias. Los funcionarios incidieron además en el hecho de que la vigilancia de la Guardia Civil del Palacio de Justicia, que no dispone de plazas propias a pesar de ser un edificio de nueva planta inaugurado en 2005, permite el aparcamiento indebido en pasos de peatones, al tiempo que estos vehículos impiden el estacionamiento de otros como furgones de traslado y atestados.
Los concentrados, que usaron su horario de almuerzo para expresar la protesta, responsabilizaron al Ayuntamiento de la falta de aparcamiento en la zona, puesto que es la administración local la que tiene las competencias en la gestión del tráfico en la vía pública. Hasta ahora, quien llegaba primero aparcaba, recordaron. Al final parece que todo se reduce a una cuestión de rango, concluyeron.
Fuente: diarioinformacion.com
D. PAMIES Para aparcar a los funcionarios de Justicia de Orihuela ya no les vale madrugar. Desde que el Ayuntamiento dejó de contribuir hace unos meses al pago del aparcamiento subterráneo a jueces y fiscales, son éstos quienes tienen la preferencia en la plaza de Santa Lucía, en el entorno del Palacio de Justicia, en las calles Santa Lucía y Santa Cruz. Y claro, molestos los funcionarios de a pie, protestan. Lo hicieron ayer, casi medio centenar, durante unos minutos fuera del edificio judicial. Estas plazas para dejar el coche son pocas, ni una decena, y parece que "no todos somos iguales" a la hora de estacionar, subrayaron. Los funcionarios explicaron que este "atropello injusto" se produce desde que el Ayuntamiento dejó de abonar a la empresa del aparcamiento subterráneo situado junto al río a los jueces y fiscales hace unos meses.
Las mismas fuentes indicaron que los agentes de la Guardia Civil que realizan labores de vigilancia en el recinto han llegado a localizar a funcionarios dentro del edificio para que retirasen su vehículo y dejar plaza a la juez o jueza que llegaba. También resaltaron estos trabajadores que su reivindicación la realizaban no sólo en su nombre, sino en el de todas las personas, que a diario se acercan a realizar trámites a los siete juzgados mixtos, los dos penales, el de Violencia contra la Mujer y el Registro Civil que albergan estas dependencias. Los funcionarios incidieron además en el hecho de que la vigilancia de la Guardia Civil del Palacio de Justicia, que no dispone de plazas propias a pesar de ser un edificio de nueva planta inaugurado en 2005, permite el aparcamiento indebido en pasos de peatones, al tiempo que estos vehículos impiden el estacionamiento de otros como furgones de traslado y atestados.
Los concentrados, que usaron su horario de almuerzo para expresar la protesta, responsabilizaron al Ayuntamiento de la falta de aparcamiento en la zona, puesto que es la administración local la que tiene las competencias en la gestión del tráfico en la vía pública. Hasta ahora, quien llegaba primero aparcaba, recordaron. Al final parece que todo se reduce a una cuestión de rango, concluyeron.
Fuente: diarioinformacion.com
jueves, 22 de enero de 2009
Juzgado de lo mercantil nº 3 de Valencia entrara en funcionamiento el 1 de abril
A lo largo de 2009 entrarán en funcionamiento 15 nuevos juzgados de lo mercantil
Las nuevas unidades judiciales se situarán en Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, A Coruña, Murcia, Valladolid, Badajoz, Burgos, Elche y Vigo
Las nuevas unidades judiciales se situarán en Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia, A Coruña, Murcia, Valladolid, Badajoz, Burgos, Elche y Vigo
Mislata cederá un solar para iniciar este año las obras de la Ciudad de la Justicia
Las instalaciones acogerán una futura ampliación con un quinto juzgado
El alcalde Manuel Corredera ha manifestado que el objetivo de la Generalitat Valenciana es "potenciar el partido judicial de Mislata", que comprende también a la población vecina de Xirivella. Por ello se ha creado el cuarto Juzgado de Instrucción y, a lo largo de este año, está previsto ceder una parcela en el llamado Plan de Actuación del Quint II para construir una Ciudad de la Justicia.
En la actualidad los cuatro juzgados de instrucción de Mislata se encuentran situados en plantas bajas. Los dos primeros y el cuarto en la calle Antonio Aparisi, y el tercero en la de Mariano Benlliure, por lo cual disponer de unas instalaciones acordes con el volumen de trabajo es esencial para garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
Corredera ha confirmado que "los técnicos municipales y los de la Conselleria ya han visitado el solar en el que se construirá el centro judicial y trabajan en el proyecto". La Ciudad de la Justicia "empezará a construirse en 2009 y las obras tendrán un plazo de ejecución de 12 meses", ha dicho Corredera. Además, sobre la ampliación del partido judicial, ha añadido que las nuevas instalaciones "tendrán el espacio necesario para acoger una futura y previsible ampliación de un quinto juzgado".
El Ayuntamiento piensa ubicar los nuevos servicios judiciales en una parcela ubicada en la zona norte del casco urbano, cuyo proyecto ha entrado en la fase final tras presentar la empresa urbanizadora los documentos relativos a la reparcelación.
La superficie del sector asciende a 193.650 metros cuadrados y se destina a construir 9.680, quedando el resto para crear servicios públicos. Ocho parcelas constan en el citado PAI a la hora de considerar la construcción de viviendas, que abarcan desde los 1.540 metros cuadrados hasta los 950, y para el cómputo de la edificabilidad se tendrá en cuenta el Plan General.
Fuente: lasprovincias.es
El alcalde Manuel Corredera ha manifestado que el objetivo de la Generalitat Valenciana es "potenciar el partido judicial de Mislata", que comprende también a la población vecina de Xirivella. Por ello se ha creado el cuarto Juzgado de Instrucción y, a lo largo de este año, está previsto ceder una parcela en el llamado Plan de Actuación del Quint II para construir una Ciudad de la Justicia.
En la actualidad los cuatro juzgados de instrucción de Mislata se encuentran situados en plantas bajas. Los dos primeros y el cuarto en la calle Antonio Aparisi, y el tercero en la de Mariano Benlliure, por lo cual disponer de unas instalaciones acordes con el volumen de trabajo es esencial para garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
Corredera ha confirmado que "los técnicos municipales y los de la Conselleria ya han visitado el solar en el que se construirá el centro judicial y trabajan en el proyecto". La Ciudad de la Justicia "empezará a construirse en 2009 y las obras tendrán un plazo de ejecución de 12 meses", ha dicho Corredera. Además, sobre la ampliación del partido judicial, ha añadido que las nuevas instalaciones "tendrán el espacio necesario para acoger una futura y previsible ampliación de un quinto juzgado".
El Ayuntamiento piensa ubicar los nuevos servicios judiciales en una parcela ubicada en la zona norte del casco urbano, cuyo proyecto ha entrado en la fase final tras presentar la empresa urbanizadora los documentos relativos a la reparcelación.
La superficie del sector asciende a 193.650 metros cuadrados y se destina a construir 9.680, quedando el resto para crear servicios públicos. Ocho parcelas constan en el citado PAI a la hora de considerar la construcción de viviendas, que abarcan desde los 1.540 metros cuadrados hasta los 950, y para el cómputo de la edificabilidad se tendrá en cuenta el Plan General.
Fuente: lasprovincias.es
Jueces de Valencia posponen su decisión de secundar la huelga a una nueva reunión
La Junta de Jueces de la provincia de Valencia ha decidido hoy posponer su decisión de secundar la huelga de jueces a una nueva reunión, anunciada para el próximo día 29, en la que estudiará el "resultado" del encuentro que habrán mantenido, tres días antes, las asociaciones de jueces con el Ministerio.
Así lo ha manifestado, tras la reunión de la Junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, quien ha explicado que ese organismo ha acordado también por "amplia mayoría" mostrar su "apoyo" a la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) en las negociaciones que está llevando a cabo con el Gobierno.
Viguer ha declarado que, sin conocer el resultado de la reunión entre Justicia y las asociaciones de jueces, la Junta no tiene "un elemento fundamental" para valorar si secunda o no la propuesta, por lo que van a "esperar" para tomar "una decisión con carácter definitivo".
El juez decano ha indicado que la Junta de Valencia ha adoptado una postura "de más prudencia" que la de Castellón, también celebrada hoy, y que ha decidido ir a la huelga propuesta por las asociaciones judiciales para el próximo 18 de febrero para pedir principalmente la creación de juzgados.
En ese sentido, ha recordado que las juntas son autónomas y que "una puede protestar y otra no", y ha afirmado que "cada uno vota según su conciencia".
A la reunión de Valencia , que ha tenido lugar este mediodía en la Ciudad de la Justicia, han acudido 157 jueces y magistrados de los 188 -187 jueces y el decano- convocados a la Junta, aunque algunos de los votos han sido "delegados", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La próxima Junta provincial de Jueces de Valencia se celebrará el próximo jueves a las 16.00 horas.
Fuente: lasprovincias.es
Así lo ha manifestado, tras la reunión de la Junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, quien ha explicado que ese organismo ha acordado también por "amplia mayoría" mostrar su "apoyo" a la Comisión Interasociativa Permanente (CIP) en las negociaciones que está llevando a cabo con el Gobierno.
Viguer ha declarado que, sin conocer el resultado de la reunión entre Justicia y las asociaciones de jueces, la Junta no tiene "un elemento fundamental" para valorar si secunda o no la propuesta, por lo que van a "esperar" para tomar "una decisión con carácter definitivo".
El juez decano ha indicado que la Junta de Valencia ha adoptado una postura "de más prudencia" que la de Castellón, también celebrada hoy, y que ha decidido ir a la huelga propuesta por las asociaciones judiciales para el próximo 18 de febrero para pedir principalmente la creación de juzgados.
En ese sentido, ha recordado que las juntas son autónomas y que "una puede protestar y otra no", y ha afirmado que "cada uno vota según su conciencia".
A la reunión de Valencia , que ha tenido lugar este mediodía en la Ciudad de la Justicia, han acudido 157 jueces y magistrados de los 188 -187 jueces y el decano- convocados a la Junta, aunque algunos de los votos han sido "delegados", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La próxima Junta provincial de Jueces de Valencia se celebrará el próximo jueves a las 16.00 horas.
Fuente: lasprovincias.es
miércoles, 21 de enero de 2009
¿Se habran leido las reivindicaciones?: "el staj apoyará a los jueces si son "honestos" y piden mejoras que beneficien a "la tropa"
MADRID, 13 (SERVIMEDIA) Ramón Rodríguez, en nombre del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) aseguró que apoyarán las protestas de los jueces si son "honestas" y no se quedan en "una subida salarial" para ellos, mientras que "la tropa se queda con las mismas condiciones".
En declaraciones a Servimedia, Rodríguez aseguró que los miembros de la STAJ están "de acuerdo con las reivindicaciones" de los jueces "si realmente son honestas y "no encubren lo que pasa siempre que al final: que las protestas terminan siendo una subida salarial" que no afecta al resto de los funcionarios judiciales.
Las reivindicaciones en las que se plantea la necesidad de crear "más juzgados" y "aumentar el personal" coinciden con las que formulan el resto de los sindicatos y la sociedad en general, afirmó.
"Nosotros valoramos apoyar estas posibles protestas, manifestaciones e incluso una huelga, porque creo que coincidimos en lo que se pide, que es una mejora del servicio público" que ofrece la Administración de Justicia.
Además, Rodríguez lamentó "la desidia de la Administración", ya que han pasado seis años y "aún no se ha aplicado" la ley de reforma de la Justicia y las iniciativas que parece secundar el Gobierno, como el Libro Blanco de la Justicia, "terminan en el cajón siempre".
Fuente: ecodiario.elconomista.es
En declaraciones a Servimedia, Rodríguez aseguró que los miembros de la STAJ están "de acuerdo con las reivindicaciones" de los jueces "si realmente son honestas y "no encubren lo que pasa siempre que al final: que las protestas terminan siendo una subida salarial" que no afecta al resto de los funcionarios judiciales.
Las reivindicaciones en las que se plantea la necesidad de crear "más juzgados" y "aumentar el personal" coinciden con las que formulan el resto de los sindicatos y la sociedad en general, afirmó.
"Nosotros valoramos apoyar estas posibles protestas, manifestaciones e incluso una huelga, porque creo que coincidimos en lo que se pide, que es una mejora del servicio público" que ofrece la Administración de Justicia.
Además, Rodríguez lamentó "la desidia de la Administración", ya que han pasado seis años y "aún no se ha aplicado" la ley de reforma de la Justicia y las iniciativas que parece secundar el Gobierno, como el Libro Blanco de la Justicia, "terminan en el cajón siempre".
Fuente: ecodiario.elconomista.es
martes, 20 de enero de 2009
Otra comisión de servicios: "Justicia admite que el hijo de Font de Mora no concursó y que cobra 43.000 euros al año"
Jordi Ruiz, CastellóLa Generalitat ha confirmado que la contratación de Jaime Font de Mora Rullán, hijo del conseller de Educación Alejandro Font de Mora, en la Ciudad de la Justicia de Castelló se hizo sin que mediara un concurso público abierto a otros aspirantes. Jaime Font de Mora cobra más de 43.000 euros al año, unos emolumentos correspondientes a los de un funcionario de clase A.
En una respuesta parlamentaria por escrito, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, explica los pormenores del polémico fichaje del hijo de Alejandro Font de Mora. Según justifica, la plaza de jefe de sección de gestión interna de la Ciudad de la Justicia de Castelló se creó por resolución de 16 de mayo de 2007, después de la publicación del último concurso de méritos, "por lo que este puesto no pudo ser incluido en el mencionado concurso". De manera que se habilitó un cargo en comisión de servicios que, desde el pasado 20 de mayo, ostenta de forma provisional Jaime Font de Mora Rullán, funcionario de carrera y miembro titular del cuerpo de secretarios judiciales.
Respecto a las retribuciones de la plaza, son las correspondientes a las de un funcionario de clase A, nivel 24 y específico 046, sin ningún complemento retributivo. La ley de presupuestos de la Generalitat de 2009 contempla para este puesto 43.434,84 euros al año.
La consellera no se explaya a la hora de definir las competencias del jefe de sección de gestión interna. Según dice, "son las genéricas atribuidas a los puestos de jefes de sección, relacionadas con la gestión judicial, existentes en la administración". Añade que la entrada en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Castelló "implica necesariamente una mínima estructura administrativa que permita coordinar y gestionar todos los servicios allí establecidos, por lo que fue necesario crear diversos puestos de trabajo", entre ellos el asignado al hijo del conseller de Educación.
Cuando se destapó la polémica por la contratación, la conselleria de Justicia llegó a decir en un comunicado que la elección de Jaime Font de Mora casi fue por obligación, ya que ningún funcionario quiso el puesto. Según señaló, el cargo permaneció vacante durante un año porque no se encontraron otros aspirantes y hubo funcionarios del grupo A que rechazaron el ofrecimiento.
Oltra pide el cese del conseller.
Para la diputada autonómica de Iniciativa Mónica Oltra, la respuesta de la consellera de Justicia "confirma la sospecha de que se creó una plaza ex profeso para el hijo del conseller, saltándose los principios de mérito y capacidad". Y cuestionó que "en una situación de crisis la consellera diga que nadie quería el puesto". "Estoy segura de que si hubiera habido un concurso, habría habido más aspirantes", añadió. La parlamentaria aseguró que esta respuesta "es la gota que colma el vaso" y exigió el cese de Alejandro Font de Mora, "después de los varapalos judiciales a sus experimentos con Educación para la Ciudadanía".
Fuente: levante-emv.com
En una respuesta parlamentaria por escrito, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, explica los pormenores del polémico fichaje del hijo de Alejandro Font de Mora. Según justifica, la plaza de jefe de sección de gestión interna de la Ciudad de la Justicia de Castelló se creó por resolución de 16 de mayo de 2007, después de la publicación del último concurso de méritos, "por lo que este puesto no pudo ser incluido en el mencionado concurso". De manera que se habilitó un cargo en comisión de servicios que, desde el pasado 20 de mayo, ostenta de forma provisional Jaime Font de Mora Rullán, funcionario de carrera y miembro titular del cuerpo de secretarios judiciales.
Respecto a las retribuciones de la plaza, son las correspondientes a las de un funcionario de clase A, nivel 24 y específico 046, sin ningún complemento retributivo. La ley de presupuestos de la Generalitat de 2009 contempla para este puesto 43.434,84 euros al año.
La consellera no se explaya a la hora de definir las competencias del jefe de sección de gestión interna. Según dice, "son las genéricas atribuidas a los puestos de jefes de sección, relacionadas con la gestión judicial, existentes en la administración". Añade que la entrada en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Castelló "implica necesariamente una mínima estructura administrativa que permita coordinar y gestionar todos los servicios allí establecidos, por lo que fue necesario crear diversos puestos de trabajo", entre ellos el asignado al hijo del conseller de Educación.
Cuando se destapó la polémica por la contratación, la conselleria de Justicia llegó a decir en un comunicado que la elección de Jaime Font de Mora casi fue por obligación, ya que ningún funcionario quiso el puesto. Según señaló, el cargo permaneció vacante durante un año porque no se encontraron otros aspirantes y hubo funcionarios del grupo A que rechazaron el ofrecimiento.
Oltra pide el cese del conseller.
Para la diputada autonómica de Iniciativa Mónica Oltra, la respuesta de la consellera de Justicia "confirma la sospecha de que se creó una plaza ex profeso para el hijo del conseller, saltándose los principios de mérito y capacidad". Y cuestionó que "en una situación de crisis la consellera diga que nadie quería el puesto". "Estoy segura de que si hubiera habido un concurso, habría habido más aspirantes", añadió. La parlamentaria aseguró que esta respuesta "es la gota que colma el vaso" y exigió el cese de Alejandro Font de Mora, "después de los varapalos judiciales a sus experimentos con Educación para la Ciudadanía".
Fuente: levante-emv.com
La humedad destruye expedientes judiciales en Mislata y Paterna
Reventones, cucarachas y medios precarios en los dos juzgados.
No es exclusivo de Mislata y Paterna, pero evidencia las pésimas condiciones de trabajo de muchas sedes judiciales de la Comunidad Valenciana. La precariedad de medios ha provocado incluso la destrucción de decenas de expedientes por inundaciones al reventar la fosa séptica de Mislata o una bajante en una sede de Paterna. A eso se suma la convivencia con cucarachas, moscones y ratas. No tienen luz natural, no hay salida de emergencias, cualquier rincón alberga expedientes, las piezas de convicción llegan a amontonarse en el suelo, las sillas lucen quemaduras y restos de suciedad...
Los funcionarios, a través de los sindicatos, llevan al menos desde 2003 denunciando las carencias tanto a la inspección de trabajo como a la dirección general de Justicia. La Consejería de Justicia fía la solución a la construcción de las nuevas sedes judiciales. La de Mislata no estará lista como pronto hasta dentro de 14 meses. La de Paterna, no en menos de dos años.
La consejería afirma que la empresa de desinfección acude periódicamente. Pero no se pinta, no se añaden estanterías suficientes, no se cambia mobiliario. "Recogemos los restos de otros", explica una funcionaria de Mislata. Y, en algunos casos, son los propios trabajadores los que incorporan medios. "La estantería que tengo al lado de mi mesa, la traje de mi casa. Las bandejas colocadas junto a la ventana para documentación, las compramos nosotros en una tienda de los chinos", agrega. En Paterna, a esa situación se añade, por ejemplo, que el único ascensor está sellado con silicona por lo insoportable del nauseabundo olor que desprendía. "Ahí dentro puede haber cualquier cosa, cualquier cosa. Y nunca ha funcionado", explica una funcionaria.
Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, denunció el pasado viernes las "penosas" condiciones en las que se trabaja en Mislata y reclamó medios.
"Si esto se incendiara, moriríamos achicharrados como ratas", afirma una funcionaria de las dependencias judiciales de la calle del Cristo de La Fe, en Paterna, donde están los juzgados números tres y cuatro. El paisaje nada más entrar lo dominan centenares de carpetas ocupando cualquier rincón, detrás de la puerta, en el recorrido de la escalera, debajo de la mesa, contra la pared y sin estanterías. En esa sede, que funciona desde 1992, que se asemeja a un tubo y tiene dos niveles, no hay luz natural, los ventanucos están protegidos por rejas fijas, hay un sólo acceso y no hay salida de emergencia, es imposible encontrar un espacio común libre. Se acumulan incluso fotocopiadoras e impresoras ya desahuciadas que desde hace meses, y algunas años, deberían haber sido trasladadas al ecoparque y allí permanecen. El archivo es prácticamente intransitable, no sólo por la cantidad de carpetas que hay por el suelo, así como piezas de convicción (pruebas de las causas, desde una chaqueta a un casco, un cuchillo o un bolso), sino porque las estanterías desafían a la gravedad de lo cargadas que están y sin contar con protección alguna.
En esa misma sede, viven ratones, cucarachas y moscones. La situación llegó a ser tal sin obtener respuesta que, explican, guardaron en una caja de cartón hasta 60 cucarachas muertas para que la inspección fuera y desinfectara. En el techo del juzgado tres es visible la marca que dejó la rata que quedó muerta tras golpearla. "De primavera a otoño, abres una carpeta y hay cucarachas. No podemos llevar sandalias. Y en mi estantería vive un ratón, no sé dónde crían, pero vive ahí", asegura una funcionaria.
En ese juzgado, salieron con los pantalones por la rodilla porque reventó una bajante. Se mojaron varias carpetas con decenas de expedientes cuya información fue irrecuperable. Al igual que se mojan por humedades en el juzgado número cuatro. Uno de los funcionarios dice que en varias ocasiones ha tenido que extender la documentación de decenas de causas por mesas y suelo para que se seque. Esas dependencias no tienen acceso para minusválidos. Cuando viene uno que va al juzgado cuatro, el que está en la parte elevada, juez, secretaria y funcionario tienen que instalarse en mitad de un reducidísimo despacho que ya ocupan cuatro personas que, además, están haciendo otro trabajo.
En Paterna, como en las dependencias que ocupa el juzgado tres de Mislata, víctima y agresor comparten el mismo espacio, están en pasillos donde coinciden policías, funcionarios, detenidos, denunciantes. "El pasado noviembre nos pusieron un habitáculo para las víctimas de violencia sobre la mujer. Hasta ahora, las teníamos que esconder donde pudiéramos para que no se encontraran", explica la misma funcionaria de Mislata que relata que los teléfonos son de un modelo tan antiguo que el operario no puede sustituirlos. "Por eso están forrados de celo, y en el peor de los casos, encontramos recambios en el rastro", asegura.
Justicia tiene comprometida la construcción de 15 nuevas sedes judiciales, cuya última obra se licitará en 2011 y que tiene un presupuesto global de 225 millones de euros.
Fuente: elpais.com
No es exclusivo de Mislata y Paterna, pero evidencia las pésimas condiciones de trabajo de muchas sedes judiciales de la Comunidad Valenciana. La precariedad de medios ha provocado incluso la destrucción de decenas de expedientes por inundaciones al reventar la fosa séptica de Mislata o una bajante en una sede de Paterna. A eso se suma la convivencia con cucarachas, moscones y ratas. No tienen luz natural, no hay salida de emergencias, cualquier rincón alberga expedientes, las piezas de convicción llegan a amontonarse en el suelo, las sillas lucen quemaduras y restos de suciedad...
Los funcionarios, a través de los sindicatos, llevan al menos desde 2003 denunciando las carencias tanto a la inspección de trabajo como a la dirección general de Justicia. La Consejería de Justicia fía la solución a la construcción de las nuevas sedes judiciales. La de Mislata no estará lista como pronto hasta dentro de 14 meses. La de Paterna, no en menos de dos años.
La consejería afirma que la empresa de desinfección acude periódicamente. Pero no se pinta, no se añaden estanterías suficientes, no se cambia mobiliario. "Recogemos los restos de otros", explica una funcionaria de Mislata. Y, en algunos casos, son los propios trabajadores los que incorporan medios. "La estantería que tengo al lado de mi mesa, la traje de mi casa. Las bandejas colocadas junto a la ventana para documentación, las compramos nosotros en una tienda de los chinos", agrega. En Paterna, a esa situación se añade, por ejemplo, que el único ascensor está sellado con silicona por lo insoportable del nauseabundo olor que desprendía. "Ahí dentro puede haber cualquier cosa, cualquier cosa. Y nunca ha funcionado", explica una funcionaria.
Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, denunció el pasado viernes las "penosas" condiciones en las que se trabaja en Mislata y reclamó medios.
"Si esto se incendiara, moriríamos achicharrados como ratas", afirma una funcionaria de las dependencias judiciales de la calle del Cristo de La Fe, en Paterna, donde están los juzgados números tres y cuatro. El paisaje nada más entrar lo dominan centenares de carpetas ocupando cualquier rincón, detrás de la puerta, en el recorrido de la escalera, debajo de la mesa, contra la pared y sin estanterías. En esa sede, que funciona desde 1992, que se asemeja a un tubo y tiene dos niveles, no hay luz natural, los ventanucos están protegidos por rejas fijas, hay un sólo acceso y no hay salida de emergencia, es imposible encontrar un espacio común libre. Se acumulan incluso fotocopiadoras e impresoras ya desahuciadas que desde hace meses, y algunas años, deberían haber sido trasladadas al ecoparque y allí permanecen. El archivo es prácticamente intransitable, no sólo por la cantidad de carpetas que hay por el suelo, así como piezas de convicción (pruebas de las causas, desde una chaqueta a un casco, un cuchillo o un bolso), sino porque las estanterías desafían a la gravedad de lo cargadas que están y sin contar con protección alguna.
En esa misma sede, viven ratones, cucarachas y moscones. La situación llegó a ser tal sin obtener respuesta que, explican, guardaron en una caja de cartón hasta 60 cucarachas muertas para que la inspección fuera y desinfectara. En el techo del juzgado tres es visible la marca que dejó la rata que quedó muerta tras golpearla. "De primavera a otoño, abres una carpeta y hay cucarachas. No podemos llevar sandalias. Y en mi estantería vive un ratón, no sé dónde crían, pero vive ahí", asegura una funcionaria.
En ese juzgado, salieron con los pantalones por la rodilla porque reventó una bajante. Se mojaron varias carpetas con decenas de expedientes cuya información fue irrecuperable. Al igual que se mojan por humedades en el juzgado número cuatro. Uno de los funcionarios dice que en varias ocasiones ha tenido que extender la documentación de decenas de causas por mesas y suelo para que se seque. Esas dependencias no tienen acceso para minusválidos. Cuando viene uno que va al juzgado cuatro, el que está en la parte elevada, juez, secretaria y funcionario tienen que instalarse en mitad de un reducidísimo despacho que ya ocupan cuatro personas que, además, están haciendo otro trabajo.
En Paterna, como en las dependencias que ocupa el juzgado tres de Mislata, víctima y agresor comparten el mismo espacio, están en pasillos donde coinciden policías, funcionarios, detenidos, denunciantes. "El pasado noviembre nos pusieron un habitáculo para las víctimas de violencia sobre la mujer. Hasta ahora, las teníamos que esconder donde pudiéramos para que no se encontraran", explica la misma funcionaria de Mislata que relata que los teléfonos son de un modelo tan antiguo que el operario no puede sustituirlos. "Por eso están forrados de celo, y en el peor de los casos, encontramos recambios en el rastro", asegura.
Justicia tiene comprometida la construcción de 15 nuevas sedes judiciales, cuya última obra se licitará en 2011 y que tiene un presupuesto global de 225 millones de euros.
Fuente: elpais.com
lunes, 19 de enero de 2009
Pedro Viguer: "Los jueces hemos dicho basta ya. Esto tiene que estallar"
decano de los jueces de valencia
El juez decano de Valencia se caracteriza por su prudencia. Pero esta vez Pedro Viguer ha sido directo al describir el desolador panorama que impregna el día a día de su profesión. Y, además, ha dado cifras que le apoyan en sus reivindicaciones, cifras avaladas por la Unión Europea, que sitúa a España a la cola del presupuesto para Justicia.
Regina Laguna, Valencia-
La pregunta no puede ser más directa e inevitable. ¿Van a ir los jueces a la huelga?-
La inclinación es hacia la celebración de huelga el 18 de febrero. Al menos, es lo que se prevé aprobar en las Juntas de Jueces que se celebrarán el próximo miércoles. Necesitamos una justicia ágil y hemos dicho basta ya. Nos jugamos el futuro de la profesión. Esto tiene que estallar.
-¿Es el momento o es una rabieta contra el Gobierno por su crítica a la sanción impuesta al juez Tirado?-
Lo del juez Tirado nos ha hecho daño. Pero lo peor son las manifestaciones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno como si fuera su sucursal.
-¿Es éste el verdadero motivo?-
También ha incidido la crisis. Este año ha sido especial, porque con la crisis del 93 se notó, pero no con la virulencia del 2008. Además, se ha concentrado en unos meses. En los juzgados civiles, de 1.400 asuntos pasaron a 1.950.
-¿Cuál es la solución inmediata?-
Harían falta 38 juzgados sólo en la Ciudad de la Justicia y este año sólo se inauguran tres. No puede ser que un caso se esté investigando durante tres años en un juzgado de primera instancia o que lleve siete años parado en el Supremo.
-¿Hay que cambiar el modelo?-
La nueva Oficina Judicial es una de las soluciones. Pero requiere dos cosas para que funcione. La primera es un cambio de mentalidad en la Administración de Justicia. Y la segunda, en los responsables políticos.
-¿Cómo debe ser la justicia del siglo XXI?-
Hay que potenciar los servicios comunes con grandes infraestructuras, que dirijan la oficina los secretarios judiciales, que el juez se dedique a juzgar. Este nuevo modelo se aprobó en 2003, pero hasta hoy no se ha hecho nada.
-¿El Gobierno acaba de modificar 15 leyes procesales?-
Estas leyes procesales se han hecho ahora deprisa y corriendo, a consecuencia de las movilizaciones de los jueces. Pero aún no están aprobadas...
-¿Van a salir los jueces a la calle con toga para que se aprueben?-
No sé si saldremos a la calle con toga, aún hay cierta descoordinación en el movimiento judicial, que es muy asambleario. -El correo de la web del Consejo ha ayudado a la unión...
-El correo corporativo ha ayudado a la difusión y coordinación.
No sé si el Consejo lo hubiera puesto de haberlo sabido. Además, fue un movimiento espontáneo, tras la reunión de decanos de octubre en Cádiz. Hubo una explosión en cuestión de horas. De 300 correos electrónicos el primer día, hemos pasado a unos 8.000.
-¿Había ganas de hablar?-
Había una especie de rabia contenida. Ese sentimiento de responsabilidad que tradicionalmente han tenido los jueces y que les ha impedido salir en los medios.
-¿Ha cambiado la mentalidad?-
El juez tiene que seguir siendo prudente, pero tenemos que difundir el problema y hacerlo llegar a la sociedad.
-¿Por qué cree que el ciudadano medio no les entiende?-
Porque se sigue pensando que somos un cuerpo elitista. Pero hoy no es así. Tenemos que llevar a los niños todos los días al colegio y pagamos la hipoteca.
-Les tacharon de corporativistas con la sanción al juez Tirado...-
No quiero vincular al juez Tirado en esto. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a la sociedad.
-Los abogados se quejan de que hay una huelga encubierta y desde noviembre no se mueve un papel-
No es cierto que no se mueve un papel. En la junta del 21 de noviembre se ajustó el trabajo a los módulos de entrada del Consejo. Es como si nos hicieran circular por una carretera a 150 cuando lo permitido es ir a 100. Pero, si hay un accidente, la culpa es nuestra.
-Habla de cambiar la mentalidad.-
Hace falta un cambio de mentalidad en cuanto a la nueva organización de la Oficina Judicial. Hay que diferenciar entre dictar autos y sentencias, y la tarea administrativa . Un juez no puede perder ni un minuto de su tiempo en algo que no sea juzgar y dictar sentencias.
-¿Están preparados los jueces?-
Estamos preparados para hacer la revolución dentro de la Administración de Justicia, aunque los políticos no se hayan dado cuenta de la riqueza que producimos. Reducimos la morosidad, favorecemos los alquileres de las viviendas con los desahucios, evitamos conflictos colectivos... Hay que invertir en Justicia.
-¿No será que los políticos les temen porque son los únicos que pueden meter en prisión a un Presidente de Gobierno?-
Es una idea que subyace. Imagina que no se pudiera funcionar en el Congreso porque el sistema informático fuera incompatible con el del Senado. Esto sería un escándalo. Pero es lo que pasa con el tercer poder del Estado. Por ejemplo, no estamos interconectados y el sistema informático está obsoleto. Y, además, tenemos que denunciar la ilegalidad de la Administración... Tal vez es lo que interesa...
-Un recado para la Generalitat.-
Es un escándalo lo que la Conselleria de Justicia hace en materia de personal. No se cubren las bajas o los sustitutos llegan muy tarde. Y, cuando nos envían a alguien de la bolsa de trabajo, no suele estar cualificado. No puede ser que me envíen a una peluquera para un trabajo de mecanógrafa, con todo el respeto para esa profesión.
Fuente: levante-emv.com
El juez decano de Valencia se caracteriza por su prudencia. Pero esta vez Pedro Viguer ha sido directo al describir el desolador panorama que impregna el día a día de su profesión. Y, además, ha dado cifras que le apoyan en sus reivindicaciones, cifras avaladas por la Unión Europea, que sitúa a España a la cola del presupuesto para Justicia.
Regina Laguna, Valencia-
La pregunta no puede ser más directa e inevitable. ¿Van a ir los jueces a la huelga?-
La inclinación es hacia la celebración de huelga el 18 de febrero. Al menos, es lo que se prevé aprobar en las Juntas de Jueces que se celebrarán el próximo miércoles. Necesitamos una justicia ágil y hemos dicho basta ya. Nos jugamos el futuro de la profesión. Esto tiene que estallar.
-¿Es el momento o es una rabieta contra el Gobierno por su crítica a la sanción impuesta al juez Tirado?-
Lo del juez Tirado nos ha hecho daño. Pero lo peor son las manifestaciones dirigidas al Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno como si fuera su sucursal.
-¿Es éste el verdadero motivo?-
También ha incidido la crisis. Este año ha sido especial, porque con la crisis del 93 se notó, pero no con la virulencia del 2008. Además, se ha concentrado en unos meses. En los juzgados civiles, de 1.400 asuntos pasaron a 1.950.
-¿Cuál es la solución inmediata?-
Harían falta 38 juzgados sólo en la Ciudad de la Justicia y este año sólo se inauguran tres. No puede ser que un caso se esté investigando durante tres años en un juzgado de primera instancia o que lleve siete años parado en el Supremo.
-¿Hay que cambiar el modelo?-
La nueva Oficina Judicial es una de las soluciones. Pero requiere dos cosas para que funcione. La primera es un cambio de mentalidad en la Administración de Justicia. Y la segunda, en los responsables políticos.
-¿Cómo debe ser la justicia del siglo XXI?-
Hay que potenciar los servicios comunes con grandes infraestructuras, que dirijan la oficina los secretarios judiciales, que el juez se dedique a juzgar. Este nuevo modelo se aprobó en 2003, pero hasta hoy no se ha hecho nada.
-¿El Gobierno acaba de modificar 15 leyes procesales?-
Estas leyes procesales se han hecho ahora deprisa y corriendo, a consecuencia de las movilizaciones de los jueces. Pero aún no están aprobadas...
-¿Van a salir los jueces a la calle con toga para que se aprueben?-
No sé si saldremos a la calle con toga, aún hay cierta descoordinación en el movimiento judicial, que es muy asambleario. -El correo de la web del Consejo ha ayudado a la unión...
-El correo corporativo ha ayudado a la difusión y coordinación.
No sé si el Consejo lo hubiera puesto de haberlo sabido. Además, fue un movimiento espontáneo, tras la reunión de decanos de octubre en Cádiz. Hubo una explosión en cuestión de horas. De 300 correos electrónicos el primer día, hemos pasado a unos 8.000.
-¿Había ganas de hablar?-
Había una especie de rabia contenida. Ese sentimiento de responsabilidad que tradicionalmente han tenido los jueces y que les ha impedido salir en los medios.
-¿Ha cambiado la mentalidad?-
El juez tiene que seguir siendo prudente, pero tenemos que difundir el problema y hacerlo llegar a la sociedad.
-¿Por qué cree que el ciudadano medio no les entiende?-
Porque se sigue pensando que somos un cuerpo elitista. Pero hoy no es así. Tenemos que llevar a los niños todos los días al colegio y pagamos la hipoteca.
-Les tacharon de corporativistas con la sanción al juez Tirado...-
No quiero vincular al juez Tirado en esto. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a la sociedad.
-Los abogados se quejan de que hay una huelga encubierta y desde noviembre no se mueve un papel-
No es cierto que no se mueve un papel. En la junta del 21 de noviembre se ajustó el trabajo a los módulos de entrada del Consejo. Es como si nos hicieran circular por una carretera a 150 cuando lo permitido es ir a 100. Pero, si hay un accidente, la culpa es nuestra.
-Habla de cambiar la mentalidad.-
Hace falta un cambio de mentalidad en cuanto a la nueva organización de la Oficina Judicial. Hay que diferenciar entre dictar autos y sentencias, y la tarea administrativa . Un juez no puede perder ni un minuto de su tiempo en algo que no sea juzgar y dictar sentencias.
-¿Están preparados los jueces?-
Estamos preparados para hacer la revolución dentro de la Administración de Justicia, aunque los políticos no se hayan dado cuenta de la riqueza que producimos. Reducimos la morosidad, favorecemos los alquileres de las viviendas con los desahucios, evitamos conflictos colectivos... Hay que invertir en Justicia.
-¿No será que los políticos les temen porque son los únicos que pueden meter en prisión a un Presidente de Gobierno?-
Es una idea que subyace. Imagina que no se pudiera funcionar en el Congreso porque el sistema informático fuera incompatible con el del Senado. Esto sería un escándalo. Pero es lo que pasa con el tercer poder del Estado. Por ejemplo, no estamos interconectados y el sistema informático está obsoleto. Y, además, tenemos que denunciar la ilegalidad de la Administración... Tal vez es lo que interesa...
-Un recado para la Generalitat.-
Es un escándalo lo que la Conselleria de Justicia hace en materia de personal. No se cubren las bajas o los sustitutos llegan muy tarde. Y, cuando nos envían a alguien de la bolsa de trabajo, no suele estar cualificado. No puede ser que me envíen a una peluquera para un trabajo de mecanógrafa, con todo el respeto para esa profesión.
Fuente: levante-emv.com
Huelga Jueces: Documento Reivindicativo
Sin llegar a valorar el fondo de las reivindicaciones, si que merecen mención algunas de ellas en los siguientes puntos:
1.- Con el fin de no restringir la real y efectiva independencia judicial se debe ¿conservar la facultad de señalar juicios y vistas?.
5.- Revisar la planta judicial incrementando el número de jueces en cada demarcación, ¿con el mismo número de funcionarios?
6.- Sustituciones judiciales mediante jueces titulares (¿y los funcionarios?)
8.- La estrella de las reivindicaciones: retribuciones: "se proceda a su adecuación quinquenal"
1.- Con el fin de no restringir la real y efectiva independencia judicial se debe ¿conservar la facultad de señalar juicios y vistas?.
5.- Revisar la planta judicial incrementando el número de jueces en cada demarcación, ¿con el mismo número de funcionarios?
6.- Sustituciones judiciales mediante jueces titulares (¿y los funcionarios?)
8.- La estrella de las reivindicaciones: retribuciones: "se proceda a su adecuación quinquenal"
Fuente: funcionariosjusticia.com
Los sistemas informáticos de la Justicia condenan a los funcionarios a hacer dos veces el mismo trabajo
En los juzgados de la Comunidad Valenciana funciona la aplicación informática «Cicerone», diseñada por la Generalitat. La Fiscalía trabaja con un sistema distinto, el «Fortuny», común a todas las Fiscalías de España. Los dos sistemas son, hasta el momento, incompatibles. De manera que los datos sobre los expedientes que introducen los funcionarios de los juzgados en el ordenador han de ser registrados de nuevo cuando el expediente judicial llega a la Fiscalía.
Desde la Conselleria de Justicia se hace hincapié en la «pérdida de tiempo» que eso supone porque el registro de causas absorbe la mayor parte de la jornada laboral del personal auxiliar de la Administración de Justicia.
Y el tiempo que se malgasta, apuntan, no se invierte en otras tareas esenciales, como la tramitación de las ejecutorias que son las que, en última instancia, hacen cumplir las sentencias dictadas por el juez.
Esta duplicidad de sistemas informáticos explica que todos los medios personales que se ponen a disposición del Ministerio Público resulten «insuficientes». Lo dice la Conselleria, contra la que en los últimos días han arreciado las críticas por no dotar al Ministerio Público de un número de funcionarios superior.
Desde la Generalitat se insiste en que disfunciones como ésta, de la que se culpa al Ministerio de Justicia, favorecen la formación de un «cuello de botella» que ralentiza la tramitación de los casos, alimenta el atasco judicial y deriva «en una infrautilización del personal que redunda de forma negativa en la atención al ciudadano», apuntan.
Según la Conselleria, es el Ministerio de Justicia el que incumple desde el año 2007 el compromiso de hacer compatibles ambas aplicaciones informáticas.
Por correo
Cada día se registran informáticamente todos los procedimientos que se incoan en los distintos órganos judiciales.
De todos los expedientes penales se ha de dar traslado al Ministerio Fiscal. Ante la ausencia de conexión entre ambas aplicaciones informáticas, ha de hacerse mediante impresión en papel de la documentación; luego se envía por valija judicial a las diferentes sedes de la Fiscalía, a través de las oficinas de correos. Después, los funcionarios al servicio del Ministerio Público proceden al registro de todas las actuaciones en la aplicación de gestión de la Fiscalía. Se gasta tiempo, sí, pero también papel, equipos de impresión, tinta, sobres en los que se envía la documentación impresa y la valija judicial. El Ministerio de Justicia hará compatibles ambas amplicaciones informáticas en junio de 2009. La Conselleria replica: «Debían estar conectados desde el principio».
Fuente: abc.es
Desde la Conselleria de Justicia se hace hincapié en la «pérdida de tiempo» que eso supone porque el registro de causas absorbe la mayor parte de la jornada laboral del personal auxiliar de la Administración de Justicia.
Y el tiempo que se malgasta, apuntan, no se invierte en otras tareas esenciales, como la tramitación de las ejecutorias que son las que, en última instancia, hacen cumplir las sentencias dictadas por el juez.
Esta duplicidad de sistemas informáticos explica que todos los medios personales que se ponen a disposición del Ministerio Público resulten «insuficientes». Lo dice la Conselleria, contra la que en los últimos días han arreciado las críticas por no dotar al Ministerio Público de un número de funcionarios superior.
Desde la Generalitat se insiste en que disfunciones como ésta, de la que se culpa al Ministerio de Justicia, favorecen la formación de un «cuello de botella» que ralentiza la tramitación de los casos, alimenta el atasco judicial y deriva «en una infrautilización del personal que redunda de forma negativa en la atención al ciudadano», apuntan.
Según la Conselleria, es el Ministerio de Justicia el que incumple desde el año 2007 el compromiso de hacer compatibles ambas aplicaciones informáticas.
Por correo
Cada día se registran informáticamente todos los procedimientos que se incoan en los distintos órganos judiciales.
De todos los expedientes penales se ha de dar traslado al Ministerio Fiscal. Ante la ausencia de conexión entre ambas aplicaciones informáticas, ha de hacerse mediante impresión en papel de la documentación; luego se envía por valija judicial a las diferentes sedes de la Fiscalía, a través de las oficinas de correos. Después, los funcionarios al servicio del Ministerio Público proceden al registro de todas las actuaciones en la aplicación de gestión de la Fiscalía. Se gasta tiempo, sí, pero también papel, equipos de impresión, tinta, sobres en los que se envía la documentación impresa y la valija judicial. El Ministerio de Justicia hará compatibles ambas amplicaciones informáticas en junio de 2009. La Conselleria replica: «Debían estar conectados desde el principio».
Fuente: abc.es
BOE: Plantilla Orgánica Ministerio Fiscal
MINISTERIO DE JUSTICIA
Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica
Real Decreto 2123/2008, de 26 de diciembre, por el que se despliega la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008.
PDF (BOE-A-2009-762 - 33 págs. - 1495 KB)
Ministerio Fiscal. Plantilla orgánica
Real Decreto 2123/2008, de 26 de diciembre, por el que se despliega la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008.
PDF (BOE-A-2009-762 - 33 págs. - 1495 KB)
- Fiscalia de Area:
- Fiscalía de Área de Alzira: atenderá los partidos judiciales de Alzira, Ontinyent, Xátiva y Carlet.
- Fiscalía de Área de Benidorm-Denia: atenderá los partidos judiciales de Benidorm, Villajoyosa y Denia.
- Incoporación de adscripciones:
- A la Fiscalía de Área de Benidorm-Denia se incorpora la Adscripción de Denia de la Fiscalía Provincial de Alicante.
- Modificaciónde ambito Territorial:
- Fiscalía Provincial de Valencia: atenderá los partidos judiciales de Valencia, Catarroja, Lliria, Massamagrell, Moncada, Mislata, Picassent, Paterna, Quart de Poblet, Requena, Sueca, Sagunto y Torrent.
domingo, 18 de enero de 2009
"Parece un 'zulo', huele a humedad y a moho"
El Poder Judicial comprueba 'in situ' la penosa situación de un juzgado.
"Han tenido problemas con pulgas, cucarachas y hasta ratas"
"Parece un zulo", relató ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, para referirse a los locales en los que se encuentran los juzgados de Mislata (Valencia). "Huele a humedad y a moho. Nos han dicho que han tenido problemas con pulgas, cucarachas y hasta ratas. No tienen calefacción y ha habido ocasiones en que han sido los propios funcionarios quienes han tenido que recoger el agua de las goteras cuando llueve".
Paredes ennegrecidas, locales sin ventilación, aparatos de fax rotos, ordenadores que se tienen que apagar para que otros funcionen. "Penoso y deprimente", exclamaba Gabriela Bravo al explicar la impresión que les causaron las dependencias de los juzgados de Mislata que, como vocal territorial, visitó junto al vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa. Sólo unos meses antes de ocupar ese cargo, De Rosa era el consejero de Justicia de la Generalitat valenciana. Es decir, el responsable de que ese juzgado de Mislata y otros de su comunidad estuvieran en condiciones.
Las decanas de Mislata y Alzira fueron las primeras en responder al compromiso del CGPJ de visitar los partidos judiciales para canalizar sus demandas ante la Generalitat valenciana o el Ministerio de Justicia. La situación es urgente, como comprobaron ayer sus vocales. Bravo adoptó el compromiso, junto a De Rosa, de trabajar por mejorar la justicia con estas visitas a los juzgados para conocer, de primera mano, sus necesidades.
Sin embargo, no pensaba que la primera de esas necesidades sería mostrar el "absoluto abandono" con el que se encontró ayer. El mobiliario del juzgado es el que retiran de otras sedes judiciales. Para cuando llegó a Mislata, debía haber pasado ya por dos o tres juzgados más. "Para que un imputado no se cruce con su víctima lo meten en el servicio, según nos han contado, y, al no haber accesibilidad para minusválidos, la juez o el secretario han de bajar a tomar declaración a la gente a la calle o pedirle a la juez de la primera planta que les preste su puesto para poder trabajar", explicó.
Hace más de seis años que el personal del juzgado trabaja en estas condiciones. Aunque creen que hay un expediente en marcha, el caso es que allí siguen, en una situación en la que no pueden esperar a que se construya un nuevo edificio, sino que precisa de una decisión urgente.
Los medios materiales, técnicos y humanos de los juzgados dependen de la Generalitat valenciana, que tiene las competencias transferidas. Hasta hace cuatro meses el propio Fernando de Rosa era el responsable de estas dependencias. Quizá por eso ayer pudo solucionar in situ otro asunto planteado en el juzgado de Alzira. Según le explicaron a Bravo, existía un problema con la dirección general de Justicia, que les impedía contratar intérpretes, por lo que, en alguna ocasión "han tenido que dejar libre a algún detenido al que no se le podía garantizar sus derechos". Fernando de Rosa, con una llamada, logró solucionar este problema. La situación del juzgado de Alzira tampoco es comparable a la de un país civilizado.
Fuente: elpais.com
"Han tenido problemas con pulgas, cucarachas y hasta ratas"
"Parece un zulo", relató ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, para referirse a los locales en los que se encuentran los juzgados de Mislata (Valencia). "Huele a humedad y a moho. Nos han dicho que han tenido problemas con pulgas, cucarachas y hasta ratas. No tienen calefacción y ha habido ocasiones en que han sido los propios funcionarios quienes han tenido que recoger el agua de las goteras cuando llueve".
Paredes ennegrecidas, locales sin ventilación, aparatos de fax rotos, ordenadores que se tienen que apagar para que otros funcionen. "Penoso y deprimente", exclamaba Gabriela Bravo al explicar la impresión que les causaron las dependencias de los juzgados de Mislata que, como vocal territorial, visitó junto al vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa. Sólo unos meses antes de ocupar ese cargo, De Rosa era el consejero de Justicia de la Generalitat valenciana. Es decir, el responsable de que ese juzgado de Mislata y otros de su comunidad estuvieran en condiciones.
Las decanas de Mislata y Alzira fueron las primeras en responder al compromiso del CGPJ de visitar los partidos judiciales para canalizar sus demandas ante la Generalitat valenciana o el Ministerio de Justicia. La situación es urgente, como comprobaron ayer sus vocales. Bravo adoptó el compromiso, junto a De Rosa, de trabajar por mejorar la justicia con estas visitas a los juzgados para conocer, de primera mano, sus necesidades.
Sin embargo, no pensaba que la primera de esas necesidades sería mostrar el "absoluto abandono" con el que se encontró ayer. El mobiliario del juzgado es el que retiran de otras sedes judiciales. Para cuando llegó a Mislata, debía haber pasado ya por dos o tres juzgados más. "Para que un imputado no se cruce con su víctima lo meten en el servicio, según nos han contado, y, al no haber accesibilidad para minusválidos, la juez o el secretario han de bajar a tomar declaración a la gente a la calle o pedirle a la juez de la primera planta que les preste su puesto para poder trabajar", explicó.
Hace más de seis años que el personal del juzgado trabaja en estas condiciones. Aunque creen que hay un expediente en marcha, el caso es que allí siguen, en una situación en la que no pueden esperar a que se construya un nuevo edificio, sino que precisa de una decisión urgente.
Los medios materiales, técnicos y humanos de los juzgados dependen de la Generalitat valenciana, que tiene las competencias transferidas. Hasta hace cuatro meses el propio Fernando de Rosa era el responsable de estas dependencias. Quizá por eso ayer pudo solucionar in situ otro asunto planteado en el juzgado de Alzira. Según le explicaron a Bravo, existía un problema con la dirección general de Justicia, que les impedía contratar intérpretes, por lo que, en alguna ocasión "han tenido que dejar libre a algún detenido al que no se le podía garantizar sus derechos". Fernando de Rosa, con una llamada, logró solucionar este problema. La situación del juzgado de Alzira tampoco es comparable a la de un país civilizado.
Fuente: elpais.com
De León se reúne con los fiscales de Valencia tras las críticas por falta de funcionarios
VALENCIA. La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, acudirá el próximo lunes a la Fiscalía de Valencia. No es una visita más, porque tras el encuentro con la fiscal jefa, Teresa Gisbert, la consellera se reunirá con todos los fiscales para conocer de primera mano las carencias con las que trabajan. La visita a la Fiscalía estaba prevista con antelación; no así el encuentro con la plantilla del Ministerio Público, que llega después de que los fiscales enseñaran las uñas; después de que el pasado martes denunciaron el riesgo de que se produjeran disfunciones graves como consecuencia de la insuficiente plantilla de funcionarios. Exigieron la incorporación de personal auxiliar de manera inmediata, la adaptación de la plantilla de funcionarios a la realidad y amenazaron con otras «medidas» si se desoían sus peticiones.
Fuente: abc.es
Fuente: abc.es
Pulgas en las togas de los jueces
El Poder Judicial halla numerosas deficiencias en los juzgados de Alzira y Mislata.
T. Albendín/R. Laguna, ValenciaEl vicepresidente y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa y Gabriela Bravo, visitaron ayer los juzgados de Alzira y Mislata para constatar in situ las "muy lamentables" condiciones en que se trabaja y las "graves deficiencias" estructurales de estas instalaciones judiciales. La portavoz manifestó que han comprobado "el estado de abandono en que se encuentran estos juzgados por parte de la Conselleria de Justicia en cuanto a medios materiales y personales". Despachos con moho en las paredes, sillas rotas, pulgas en las togas, excrementos de ratas, calefactores que hacen saltar al red eléctrica y ordenadores que se cuelgan... Este es el panorama con que se han encontrado los vocales territoriales del Poder Judicial en Alzira y Mislata.
Todos los jueces con los que se entrevistaron Bravo y De Rosa, también vocales territoriales para la Comunitat Valenciana, coincidieron en manifestar la "sensación de que nos existen para la conselleria de Justicia". Al parecer, nunca obtienen respuesta ante las múltiples quejas o peticiones para solucionar los problemas cotidianos de la falta de medios.
Un ejemplo es el problema que sufrió esta semana un juzgado de Alzira por falta de intérpretes, al tener que dejar en libertad a dos detenidos por no tener traductor de árabe. La empresa que presta el servicio se ha negado a enviar intérpretes ya que desde hace meses la conselleria no le paga.
Una llamada directa
Este problema fue puesto en conocimiento de la Dirección General de Justicia desde diciembre pasado. Pero ha tenido que venir una comisión del Poder Judicial para que se les prometiera una solución inmediata a través de otra empresa. Bastó con una llamada a la conselleria desde el mismo juzgado por parte de uno de los vocales del Consejo.
La portavoz del CGPJ incidió en las deficiencias de los juzgados de Alzira, que están repartidos en tres edificios diferentes, y que "no reúnen las condiciones mínimas de salubridad para poder trabajar con dignidad". Destacó que no se dispone de salas para tener en condiciones a los detenidos y que los abogados deben atenderles en los furgones policiales a las puertas del juzgado.
El mismo espacio, según Bravo, comparten víctimas y detenidos e incluso las parejas que se vana a casar. El problema estructural se traslada al Decanato. Hace un año que la decana pidió a la conselleria que le permitiera trasladar a sus funcionarios al edificio donde tiene su despacho, ya que se encuentran separados por varias calles.
Sin respuesta.
Sin ventilación, en despachos interiores, también la Fiscalía se encuentra hacinada con seis fiscales en 20 metros cuadrados. Sus funcionarios no lo tienen mejor. Estas condiciones, que no han variado, ya fueron denunciadas por Gabriela Bravo como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales hace un año al entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa.
El panorama en Mislata es igual de desolador. "Es como retrotraerse unos cuantos siglos. cuesta entender cómo, en pleno siglo XXI un grupo de personas se encuentran trabajando en las condiciones de insalubridad quLos juzgados están en unos bajos que tienen un estado de abandono y de falta de seguridad para los propios jueces, ya que ni siquiera hay un arco voltaico. De nuevo, se repite el problema de no mezclar víctimas y acusados. Sin ventilación, sin videoconferencia, los jueces mostraron a los miembros del CGPJ sus despachos, con moho en las paredes y pulgas hasta en las togas.e reúne el edificio", comentó Bravo.
La conselleria para a la Inspección
Existe un malestar generalizado entre los jueces de instrucción ante la falta de respuesta de la Dirección General de Justicia porque no atienden a ninguna de sus reclamaciones. Cuando llaman, les dicen que hagan un informe y lo remitan por escrito. Los jueces manifiestan que tienen que asumir su propio trabajo y, además, hacer de técnicos de riesgos laborales. Aún así, no reciben nunca respuesta.
"Yo apoyo la huelga porque este edificio no tiene las condiciones mínimas. No está sólo en juego la eficacia de la justicia sino también mi salud", declaró una jueza ante la comisión del CGPJ. Respecto a los ordenadores, a Mislata envían el material de segunda mano que retiran de la Ciudad de la Justicia por obsoleto. Y la falta de personal no tiene respuesta. En caso enfermedad, antes se recupera el trabajador que mandan a un sustituto.
Los inspectores de Trabajo levantaron un acta diciendo que estos juzgados no reúnen las condiciones, pero el expediente está parado porque lo ha recurrido la conselleria, según fuentes judiciales.
Fuente: levante-emv.com
T. Albendín/R. Laguna, ValenciaEl vicepresidente y la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa y Gabriela Bravo, visitaron ayer los juzgados de Alzira y Mislata para constatar in situ las "muy lamentables" condiciones en que se trabaja y las "graves deficiencias" estructurales de estas instalaciones judiciales. La portavoz manifestó que han comprobado "el estado de abandono en que se encuentran estos juzgados por parte de la Conselleria de Justicia en cuanto a medios materiales y personales". Despachos con moho en las paredes, sillas rotas, pulgas en las togas, excrementos de ratas, calefactores que hacen saltar al red eléctrica y ordenadores que se cuelgan... Este es el panorama con que se han encontrado los vocales territoriales del Poder Judicial en Alzira y Mislata.
Todos los jueces con los que se entrevistaron Bravo y De Rosa, también vocales territoriales para la Comunitat Valenciana, coincidieron en manifestar la "sensación de que nos existen para la conselleria de Justicia". Al parecer, nunca obtienen respuesta ante las múltiples quejas o peticiones para solucionar los problemas cotidianos de la falta de medios.
Un ejemplo es el problema que sufrió esta semana un juzgado de Alzira por falta de intérpretes, al tener que dejar en libertad a dos detenidos por no tener traductor de árabe. La empresa que presta el servicio se ha negado a enviar intérpretes ya que desde hace meses la conselleria no le paga.
Una llamada directa
Este problema fue puesto en conocimiento de la Dirección General de Justicia desde diciembre pasado. Pero ha tenido que venir una comisión del Poder Judicial para que se les prometiera una solución inmediata a través de otra empresa. Bastó con una llamada a la conselleria desde el mismo juzgado por parte de uno de los vocales del Consejo.
La portavoz del CGPJ incidió en las deficiencias de los juzgados de Alzira, que están repartidos en tres edificios diferentes, y que "no reúnen las condiciones mínimas de salubridad para poder trabajar con dignidad". Destacó que no se dispone de salas para tener en condiciones a los detenidos y que los abogados deben atenderles en los furgones policiales a las puertas del juzgado.
El mismo espacio, según Bravo, comparten víctimas y detenidos e incluso las parejas que se vana a casar. El problema estructural se traslada al Decanato. Hace un año que la decana pidió a la conselleria que le permitiera trasladar a sus funcionarios al edificio donde tiene su despacho, ya que se encuentran separados por varias calles.
Sin respuesta.
Sin ventilación, en despachos interiores, también la Fiscalía se encuentra hacinada con seis fiscales en 20 metros cuadrados. Sus funcionarios no lo tienen mejor. Estas condiciones, que no han variado, ya fueron denunciadas por Gabriela Bravo como presidenta de la Unión Progresista de Fiscales hace un año al entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa.
El panorama en Mislata es igual de desolador. "Es como retrotraerse unos cuantos siglos. cuesta entender cómo, en pleno siglo XXI un grupo de personas se encuentran trabajando en las condiciones de insalubridad quLos juzgados están en unos bajos que tienen un estado de abandono y de falta de seguridad para los propios jueces, ya que ni siquiera hay un arco voltaico. De nuevo, se repite el problema de no mezclar víctimas y acusados. Sin ventilación, sin videoconferencia, los jueces mostraron a los miembros del CGPJ sus despachos, con moho en las paredes y pulgas hasta en las togas.e reúne el edificio", comentó Bravo.
La conselleria para a la Inspección
Existe un malestar generalizado entre los jueces de instrucción ante la falta de respuesta de la Dirección General de Justicia porque no atienden a ninguna de sus reclamaciones. Cuando llaman, les dicen que hagan un informe y lo remitan por escrito. Los jueces manifiestan que tienen que asumir su propio trabajo y, además, hacer de técnicos de riesgos laborales. Aún así, no reciben nunca respuesta.
"Yo apoyo la huelga porque este edificio no tiene las condiciones mínimas. No está sólo en juego la eficacia de la justicia sino también mi salud", declaró una jueza ante la comisión del CGPJ. Respecto a los ordenadores, a Mislata envían el material de segunda mano que retiran de la Ciudad de la Justicia por obsoleto. Y la falta de personal no tiene respuesta. En caso enfermedad, antes se recupera el trabajador que mandan a un sustituto.
Los inspectores de Trabajo levantaron un acta diciendo que estos juzgados no reúnen las condiciones, pero el expediente está parado porque lo ha recurrido la conselleria, según fuentes judiciales.
Fuente: levante-emv.com
jueves, 15 de enero de 2009
La falta de intérpretes obliga al juzgado de Alzira a dejar en libertad a dos detenidos
La empresa adjudicataria no envía traductores al adeudarle la conselleria pagos de 4 meses
Teresa Albendín, Alzira
El Juzgado de lo Penal de Alzira se vio obligado el pasado martes a dejar en libertad a dos personas que estaban detenidas por violación de la Ley de Extranjería, ya que tuvo que suspender las comparecencias judiciales al no disponer de intérprete. Es la situación extrema a la que han llegado los juzgados alcireños después de que en las últimas semanas se produjeran ya algunos problemas porque la empresa adjudicataria del servicio de traductores se ha plantado y no envía intérpretes alegando que la Dirección General de Justicia no le paga desde hace cuatro meses.
Una circunstancia que ha creado inquietud y preocupación entre los jueces y funcionarios, ya que temen que se puedan suspender más causas en las que sea necesario un intérprete, ya que si no se dispone de él no se garantizan los derechos del detenido extranjero que no hable español y, por tanto, se pueden ver obligados a tener que dejarlo en libertad. Ante esta situación, varios juzgados de Alzira ya han comunicado el problema a la Dirección General de Justicia, desde donde se les ha asegurado que el tema está en vías de solución.Habitualmente, el Juzgado de lo Penal es el que requiere más veces de la asistencia de un traductor para tomar declaración a los acusados o la celebración de juicios. El juzgado tenía el martes tres causas contra tres personas de nacionalidad extranjera, acusadas de vulnerar la Ley de Extranjería. Uno de los detenidos era marroquí, otro sudafricano y el tercero chileno. En los dos primeros casos para tomar declaración a los detenidos era necesario la asistencia de un intérprete de árabe. Pero el traductor no apareció y se tuvieron que suspender ambas causas para no vulnerar los derechos fundamentales de los detenidos. Ambos quedaron en libertad. Por el mismo delito, para el detenido chileno (no hacía falta intérprete) el juez resolvió su internamiento en el centro de Zapadores de Valencia mientras se tramita el expediente administrativo de expulsión del país.
Pedir colaboración
La falta de traductores ya causó algunos contratiempos la semana pasada. Un juzgado de instrucción tenía señalada la comparecencia de una persona inmigrante y, al no haber intérprete, para poder entenderse con él un funcionario pidió la colaboración de una de las personas extranjeras que se encontraba en la oficina de Registro Civil, quien finalmente ayudó a los funcionarios para poder conversar con la persona a la que debían tomar declaración.
El juzgado de guardia también necesitaba ayer un intérprete de árabe, pero éste tampoco se personó, aunque al final se pudo celebrar la comparecencia, ya que el detenido aceptó declarar sin traductor y, aunque su castellano no era muy fluido, pudieron entenderse y celebrar la vista.
Fuente: levante-emv.com
Teresa Albendín, Alzira
El Juzgado de lo Penal de Alzira se vio obligado el pasado martes a dejar en libertad a dos personas que estaban detenidas por violación de la Ley de Extranjería, ya que tuvo que suspender las comparecencias judiciales al no disponer de intérprete. Es la situación extrema a la que han llegado los juzgados alcireños después de que en las últimas semanas se produjeran ya algunos problemas porque la empresa adjudicataria del servicio de traductores se ha plantado y no envía intérpretes alegando que la Dirección General de Justicia no le paga desde hace cuatro meses.
Una circunstancia que ha creado inquietud y preocupación entre los jueces y funcionarios, ya que temen que se puedan suspender más causas en las que sea necesario un intérprete, ya que si no se dispone de él no se garantizan los derechos del detenido extranjero que no hable español y, por tanto, se pueden ver obligados a tener que dejarlo en libertad. Ante esta situación, varios juzgados de Alzira ya han comunicado el problema a la Dirección General de Justicia, desde donde se les ha asegurado que el tema está en vías de solución.Habitualmente, el Juzgado de lo Penal es el que requiere más veces de la asistencia de un traductor para tomar declaración a los acusados o la celebración de juicios. El juzgado tenía el martes tres causas contra tres personas de nacionalidad extranjera, acusadas de vulnerar la Ley de Extranjería. Uno de los detenidos era marroquí, otro sudafricano y el tercero chileno. En los dos primeros casos para tomar declaración a los detenidos era necesario la asistencia de un intérprete de árabe. Pero el traductor no apareció y se tuvieron que suspender ambas causas para no vulnerar los derechos fundamentales de los detenidos. Ambos quedaron en libertad. Por el mismo delito, para el detenido chileno (no hacía falta intérprete) el juez resolvió su internamiento en el centro de Zapadores de Valencia mientras se tramita el expediente administrativo de expulsión del país.
Pedir colaboración
La falta de traductores ya causó algunos contratiempos la semana pasada. Un juzgado de instrucción tenía señalada la comparecencia de una persona inmigrante y, al no haber intérprete, para poder entenderse con él un funcionario pidió la colaboración de una de las personas extranjeras que se encontraba en la oficina de Registro Civil, quien finalmente ayudó a los funcionarios para poder conversar con la persona a la que debían tomar declaración.
El juzgado de guardia también necesitaba ayer un intérprete de árabe, pero éste tampoco se personó, aunque al final se pudo celebrar la comparecencia, ya que el detenido aceptó declarar sin traductor y, aunque su castellano no era muy fluido, pudieron entenderse y celebrar la vista.
Fuente: levante-emv.com
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