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jueves, 26 de mayo de 2016

El número de opositores de Justicia desborda las previsiones y provoca un retraso en los exámenes

Se han presentado más de 110.000 instancias para 1.128 plazas de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial

La avalancha de aspirantes a las oposiciones que el Ministerio de Justicia ha convocado para trabajar como funcionarios en tribunales de toda España ha provocado un retraso de último minuto en la fecha de las pruebas. Así, más de 45.400 personas que van a competir por 376 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal (los antiguos auxiliares de justicia) se examinarán el próximo 3 de julio en vez del día inicialmente previsto, el 5 de junio; y los 64.400 opositores para 752 plazas de Auxilio Judicial (antiguos agentes judiciales), en lugar del 3 de julio habrán de esperar a la última semana de septiembre, según informa el ministerio, que insiste en que, a pesar de que ya estaban establecidas aquellas fechas de junio y julio, la convocatoria oficial aún no estaba publicada.
Los opositores se quejan de que la convocatoria de 2015, anunciada en el BOE en marzo de ese año, ya se hizo de rogar y no llegó hasta diciembre, a la espera de incluir los cambios que se aprobaron en la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes de enjuiciamiento civil y criminal. “Eso ya fue un trastorno cuando ya teníamos mucho avanzado, porque estas son oposiciones de memoria y, si te cambian un plazo o algo que hacía el juez ahora lo hace el letrado, te lo tienes que volver a estudiar”, se queja Belén Muñoz, de 41 años, que habla de “faena”, de “desmadre” y de “falta de respeto”, pues recuerda que las primeras fechas que se manejaron para los exámenes fueron mayo y junio.
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Valencia reclama un nuevo Juzgado de Familia para agilizar divorcios y custodias

Las demandas han crecido un 26% en cinco años y uno de los juzgados recibió 1.900 asuntos el pasado año
Los jueces de Primera Instancia de Valencia, especializados en asuntos de Familia, han reclamado la creación de un nuevo órgano judicial para agilizar la tramitación y resolución de separaciones, divorcios y custodias, ya que los cuatro juzgados de esta índole con los que en la actualidad cuenta Valencia "se han revelado insuficientes" para dar salida a los asuntos entrantes, en constante progresión en los últimos 10 años.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado en un comunicado que en este periodo se ha registrado un incremento del 26%, pasando de 6.082 demandas en 2010 a las 7.594 contabilizadas en 2015.
Los magistrados de Valencia fundamentan su petición en las "materias especialmente sensibles" que tratan y en las estadísticas del pasado año, según las cuales cada uno de los Juzgados de Familia recibió 1.900 asuntos, una carga de trabajo que duplica la recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha explicado que "la entrada media en los cuatro Juzgado de Familia de Valencia es de 1.899 asuntos al año, cuando debería ser de 998 demandas. Esto supone un 190% de los módulos del CGPJ. Prácticamente --ha manifestado-- duplica la entrada adecuada para este tipo de juzgados especializados".
En este sentido, ha apuntado que "las cifras evidencian que es necesario incrementar la plantilla de jueces de Familia en la ciudad de Valencia", al tiempo que ha recordado que el último Juzgado especializado en esta materia se creó en 2008.
La Sala de Gobierno del TSJCV ha hecho suya la reclamación de los jueces de Familia y apoya la petición del quinto órgano especializado en separaciones, divorcios y custodias. Entretanto, ha abogado por mantener el refuerzo con el que ahora cuentan los cuatro magistrados de Familia, que están siendo ayudados por un Juez de Adscripción Territorial (JAT).
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ALCOI: El traslado del Palacio de Justicia a Mare de Déu se hará en agosto

El Pleno del Consell ratifica el convenio de cesión con el Ayuntamiento y se empezará a negociar un acuerdo 
El gobierno local aprueba renovar la climatización que fue sustraída, con cargo al seguro.


El pleno del Consell aprobó ayer el convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Alcoy cederá a la Generalitat el uso de un inmueble municipal para el nuevo Palacio de Justicia, donde se ubicarán los juzgados y la fiscalía del partido judicial y otros servicios para la Administración de Justicia, según informó la vicepresidenta Mónica Oltra. El inmueble, de 3.197 metros cuadrados, está situado en el número 2 de la Placeta Mare de Déu y en él se instalarán los cuatro juzgados de primera instancia e instrucción con los que cuenta el partido judicial, así como la sección territorial de la Fiscalía, el Decanato y el Servicio de Comunicación de Notificaciones y Embargos. El alcalde Antonio Francés ha expresado su confianza en que el traslado pueda consumarse en agosto.
La nueva sede de la Administración de Justicia también contará con una clínica médico-forense, espacios para los miembros de los Colegios de Abogados y Procuradores, así como una sección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. Las instalaciones se completarán con los calabozos para los detenidos, la entrada de vehículos policiales y las dependencias para los efectivos de la Guardia Civil encargados de la guarda y custodia del edificio.
El nuevo Palacio de Justicia sustituirá a las actuales y desvencijadas dependencias que estaban repartidas entre la plaza de Al-Azraq número 3, donde estaban tres juzgados, y el local alquilado de la calle Gabriel Miró, donde estaba ubicado el juzgado número 4.
En el nuevo edificio, además de los cuatro magistrados y los correspondientes letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), trabajarán cuarenta funcionarios de la Generalitat entre gestores, tramitadores judiciales y personal auxiliar.
El convenio establece que el Ayuntamiento hará efectiva la cesión gratuita del edificio por un año, tiempo durante el cual el Consell y el consistorio alcoyano se comprometen a iniciar las gestiones para acordar la forma jurídica más conveniente para que la Generalitat adquiera el uso del inmueble de manera definitiva.
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viernes, 13 de mayo de 2016

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS 2016

Hoy, 12 de mayo, se ha publicado la Orden JUS/704/2016, de 25 de abril, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

El plazo para la presentación de instancias es de 10 días naturales, entre el 13 y el 23 de Mayo, ambos inclusive.
El número máximo de órganos judiciales que se pueden solicitar entre plazas vacantes y resultas, no podra superar los 200 números de orden, entendiendo que cada número de orden comprende todas las vacantes anunciadas y posibles resultas, en su caso, del órgano judicial de que se trate.
No se admitirá ninguna modificación ni renuncia a participar en el concurso una vez haya terminado el plazo de presentación de solicitudes.
Podrá admitirse la renuncia a la participación en el concurso, teniendo como plazo hasta el último día de presentación de alegaciones a la resolución provisional, en aquellos casos debidamente justificados.
Para los funcionarios que participen en el presente concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, a nivel nacional, existe la posibilidad de rellenar la solicitud por medios telemáticos entrando en la dirección https://ainoa.justicia.es 
Los concursantes que opten por esta modalidad deberán presentar el modelo de instancia en el impreso definitivo generado por el asistente informático, no el borrador, ya que éste no tendría validez. Dicha presentación se realizará por el sistema ordinario, de acuerdo con lo especificado en los puntos 1 al 7 de la presente base

miércoles, 11 de mayo de 2016

El Supremo recuerda al CGPJ que debe cumplir la igualdad en la designación de cargos discrecionales

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un revolcón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sentencia –cuyo fallo ya se conocía- por la que ha anulado el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por no cumplir, entre otras cosas, su propia política de igualdad, al haber nombrado a un hombre en vez de a una mujer.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Mariano del Oro Pulido, establece 9 parámetros de valoración, en 4 de los cuales gana la candidata frente a 1 en el que se impone el elegido; en tres empatan. El noveno es subjetivo y no es de fácil valorarlo ya que se refiere al programa de actuación.
 El Pleno de esta Sala recuerda al CGPJ su propio Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el órgano de gobierno de los jueces el 14 de febrero de 2013.
Y de forma específica, uno de los once ejes de actuación, el de la “promoción de la carrera judicial”.
Este contempla el objetivo de “promover la remoción del déficit de presencia equilibrada de mujeres en los cargos de nombramiento discrecional realizados por el Consejo”.
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martes, 10 de mayo de 2016

El expediente judicial electrónico se implantará en 25 partidos judiciales antes de julio

La secretaria de Estado de Justicia en funciones, Carmen Sánchez-Cortés, ha avanzado que el expediente digital electrónico se implantará en 25 partidos judiciales en el primer semestre del año, entre ellos Segovia, Salamanca y Palencia, y ya funciona en Burgos, además de en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
Así lo ha asegurado Sánchez-Cortés en un encuentro con periodistas con motivo del XIV Congreso Nacional de Procuradores, que se ha celebrado en Bilbao.
Según ha explicado, “el objetivo que tenemos es que en este primer semestre Justicia Digital sea un hecho en 25 partidos judiciales, básicamente en capitales de provincia, y en la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo“.
 Hasta la fecha, el expediente electrónico funciona con total normalidad en varios partidos judiciales como Cáceres, Burgos, Ibiza y pronto lo hará en Segovia, Salamanca y Palencia.
La secretaria de Estado de Justicia ha querido dejar claro que el expediente digital es un mandato legal para todas las comunidades autónomas y “aunque cada uno lleva un ritmo”, el objetivo final es extender su funcionamiento a todas las sedes judiciales a lo largo de este año.
Y ha recordado que la implantación del expediente electrónico se enmarca en el proyecto de Justicia Digital desarrollado por el Ministerio de Justicia, en virtud del mandato que recoge la Ley reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia aprobada en 2011 y que establece como fecha límite el próximo 7 de julio.
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La falta de medios colapsa los juzgados de La Vila Joiosa

Se acumulan retrasos de tres años por el exceso de litigios y el cambio de funcionarios.

La Unidad de Atención Ciudadana del Consejo del Poder Judicial ha tramitado en lo que va de año quince quejas por retrasos ocurridos en los juzgados de La Vila Joiosa, algunos de ellos de más de tres años para resoluciones tan sencillas como el cálculo de los intereses de una deuda hipotecaria debido a un cambio legislativo producido en 2013. Todas las quejas han sido archivadas porque el retraso, según el Poder Judicial, no es imputable al juez —el CGPJ solo tiene competencia disciplinaria sobre jueces y magistrados—. Lo reseñable es que el Consejo admite que las quejas son archivadas “porque el retraso en los juzgados de Vila Joiosa obedece a causas estructurales: se trata de órganos judiciales con un volumen muy alto de entrada de asuntos y con personal a menudo insuficiente”. Esta escasez de personal se ve agravada por la constante movilidad. La enorme carga de trabajo incide en una frecuente solicitud de traslados, por lo que las plazas suelen estar cubiertas por funcionarios interinos.
Otra circunstancia que debe tenerse en cuenta es que los tres juzgados de La Vila Joiosa son mixtos —de Primera Instancia e Instrucción—, es decir, que llevan tanto asuntos penales como civiles. A ello deben añadirse las guardias y las competencias en Registro Civil y en Violencia sobre la Mujer. Según los datos correspondientes a los partidos judiciales de la provincia de Alicante, cerrados a 31 de diciembre de 2015, la media de asuntos ingresados por cada Juzgado en La Vila Joiosa el año pasado fue de 3.146, frente a los 2.791 de Dénia o los 2.614 de Elda. De hecho, en el último informe del servicio de inspección del Ministerio de Justicia sobre órganos judiciales que superaban el 150 % de los indicadores de carga de trabajo, figuran los tres Juzgados mixtos de La Vila.

Greu cas de discriminació lingüística als jutjats valencians

Denúncia d'una lletrada a qui li va ser requerida la traducció d'un escrit de recurs escrit en valencià.

 Els jutjats de Sagunt han sigut l'escenari d'un nou cas de discriminació lingüística patit per voler fer un ús normal de la nostra llengua a l'Administració. Aquest cas és especialment greu pel requeriment de traduir un escrit de recurs per part del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sagunt, que haurien de conèixer quina és la normativa actual al respecte. L'advocada afectada ens fa arribar un escrit en què explica perfectament el cas i fa una repassada exhaustiva a la normativa que regula els drets lingüístics de tots els valencians:
"El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Sagunt va requerir ahir l’advocada Mercè Teodoro, qui actua en nom d’un ciutadà particular en un afer civil, a traduir al castellà un escrit de recurs presentat en valencià, abans de resoldre’l.

"Aquesta petició és inadmissible d’acord amb la legislació internacional, estatal i autonòmica i suposa un nou cas de desconeixement de la llei en matèria lingüística i una vulneració flagrant dels drets lingüístics elementals dels valencians.

"Demanar a una de les parts en un procediment judicial la traducció d’un document que s’ha presentat en una de les llengües oficials del territori és un acte contrari a l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, aplicable a tot l’Estat, el qual estableix que les parts i els seus representants, així com els testimonis i perits podran utilitzar la llengua que siga també oficial en la comunitat autònoma en el territori de la qual tinguen lloc les actuacions judicials, tant en manifestacions orals com escrites i que les actuacions judicials realitzades i els documents presentats en aquesta llengua tindran “sense necessitat de traducció al castellà plena validesa i eficàcia”.

El jutjat pot ordenar, d’ofici la seua traducció només quan els escrits hagen de tenir efecte en òrgans judicials radicats en altres territoris que no compartesquen la llengua cooficial o a instància de part, quan alguna de les personades en el procediment (mai el mateix jutjat) al·legue –i demostre- indefensió. Però en cap cas la traducció ha d’anar per compte de qui ha presentat l’escrit o document, no pot implicar inadmissió del tràmit, cap sobrecost a la part o l’endarreriment en el procediment. En eixe cas, constituiria també un acte de discriminació.

"En el mateix sentit s’expressa l’article 12 de la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià en afirmar que “tots els ciutadans tenen el dret de poder adreçar-se a l'Administració de Justícia en la llengua oficial que creguen convenient d'usar, sense que se'ls puga exigir cap mena de traducció i sense que se'n puga seguir retard o demora en la tramitació de llurs pretensions” i que “Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià davant els Tribunals de Justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa llengua, tenen plena validesa i eficàcia”.

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Valencia, interesada en programa informático de gestión procesal de Canarias

La consejera de Justicia de la Generalitat valenciana, Gabriela Bravo, se ha interesado hoy por el sistema informático de gestión procesal de Canarias Atlante II y sus funcionalidades, ante la posibilidad de adaptar la plataforma a la organización judicial de su comunidad.
Según ha informado hoy la Consejería de Justicia del Gobierno canario en un comunicado, Bravo ha mantenido una reunión con su homólogo canario, Aarón Afonso, con quien abordó también la Nueva Oficina Judicial y Fiscal.
Tanto Afonso como Bravo han coincidido en que la implantación del nuevo modelo organizativo es "un reto imprescindible" para la modernización de la Justicia y la mejora del servicio público que presta.
La consejera valenciana de Justicia se ha interesado también por conocer los diferentes proyectos de modernización tecnológica que está desarrollando la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, especialmente el de grabación de salas de vistas, señala la nota.
La titular del departamento de Justicia de la Generalitat Valenciana ha impartido además una conferencia en el marco del Foro Derechos Humanos e Inmigración, que se ha clausurado hoy en la capital grancanaria, una ponencia titulada "El paradigma de la frontera".
Fuente: www.lavanguardia.com

El TS limita a 25 folios la extensión de los recursos contenciosos ante el aumento de la carga de trabajo prevista

La magistrada Margarita Robles advierte de afectación al derecho de defensa y pide "estar a la altura" tras la reforma de la casación
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado unas normas que limitan a "50.000 caracteres con espacio" -el equivalente a 25 folios- la extensión de los recursos que desde el próximo 22 de julio deberán presentar los abogados que recurran ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano.
Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".
La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.
Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.
NOVEDAD EN EL ORDENAMIENTO
El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.

domingo, 8 de mayo de 2016

Justicia y sindicatos pactan los criterios de implantación de la nueva oficina judicial

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y los sindicatos con representación entre los funcionarios adscritos a los juzgados, tribunales y fiscalías valencianos han firmado este jueves el acuerdo que fija los criterios de implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat.
La consellera Gabriela Bravo ha defendido que “la implantación de la nueva oficina judicial en la Comunitat Valenciana es un reto que tanto la Administración como las organizaciones sindicales asumen como imprescindible para la modernización de la Justicia y la mejora del servicio público que presta, y que también se traducirá en un avance en condiciones laborales del personal al servicio de la administración judicial”.
El acuerdo suscrito este jueves recoge una serie de criterios que se incorporarán a las diferentes órdenes de creación de los servicios comunes y unidades procesales de apoyo directo, que son la base de la nueva reestructuración y reordenación del trabajo en las oficinas judiciales y fiscales. Además de la consellera Bravo, firmaron el documento los representantes de UGT, CCOO, Intersindical Valenciana y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAG). El representante del CSI-F ha declinado rubricar el texto.

lunes, 2 de mayo de 2016

Los fiscales deben revisar 436.000 causas penales antes del 7 de junio

Sólo han podido examinar el 19,13% de los sumarios pese a los refuerzos implantados en enero.

 Los fiscales españoles luchan contra el reloj —y de momento van perdiendo— para evitar el archivo automático de cientos de miles de causas penales tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a cerrar el próximo 7 de junio aquellos sumarios que no sean calificados de complejos, los cuales tendrán una prórroga de 18 meses.
 Desde el mes de enero hasta abril, las fiscalías que recibieron el refuerzo de 80 abogados fiscales —la categoría inferior de la carrera— han revisado 103.188 causas, lo que supone el 19,13% de los 539.543 sumarios que tenían que examinar. En los próximos dos meses, los fiscales deberán revisar 436.355 causas. El 80,9% del trabajo está aún pendiente, y ha transcurrido más de la mitad del plazo.
 El informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, que dirige José Luis Bueren, señala que el 70% de las causas examinadas ha sido calificada como sencilla. Solo tres de cada 10 sumarios, por lo tanto, dispondrá de la prórroga que contempla la nueva norma, y que tiene que ser solicitada por la Fiscalía.
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