Si un fiscal es moroso está por encima de la ley. Es lo que se
desprende de la respuesta que el Juzgado de Primera Instancia de Pozuelo
de Alarcón ha dado a la procuradora
Esther Pérez-Cabezos,
quien ha presentado una demanda contra uno de los fiscales destinados
de la Audiencia Provincial de Madrid, por una factura impagada.
Tanto
la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el
Instituto Nacional de Estadística, el Catastro, el Registro Civil, el
Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal
la Policía como la Dirección General de Tráfico han contestado de la
misma forma al requerimiento del Juzgado de conocer el domicilio del
fiscal: “No se permite realizar consultas sobre otros funcionarios
judiciales”.
La reclamación de la procuradora es por un servicio profesional prestado al fiscal en un asunto privado en el que fue demandado.
La procuradora
Pérez-Cabezos, después
de que la demanda fuera admitida a trámite por el Juzgado de Pozuelo,
presentó ante el citado órgano judicial una petición de averiguación
patrimonial que comprendía la determinación de su dirección y sus
propiedades, así como los depósitos que pudiera tener en cuentas
bancarias.
El objetivo final de esa petición era el de solicitar
el embargo telemático de sus cuentas corrientes o de cualquier otro tipo
de bien a fin de cobrar su deuda.
Este tipo de gestiones es muy
común en España y se realizan a través del Punto Neutro Judicial, que
gestiona el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual conecta
los órganos judiciales con las instituciones citadas y los bancos.
Se hace diariamente en todos los Juzgados de España.
“La
piedra angular de nuestro Estado de derecho es que todos somos iguales
ante la ley, incluyendo al Fiscal que he demandado. Si es moroso sus
datos tienen que aparecer, como los de cualquier ciudadano. No es, en
absoluto, admisible la respuesta que todas esas instituciones han dado
al Juzgado”, explica la procuradora
Pérez-Cabezos.
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