Castelló: Los juzgados de lo penal señalan los juicios para abril del 2017

La Justicia sigue atascada en Castellón con cerca de 38.000 asuntos sin resolver

Las cifras siguen impresionando. Los 48 órganos judiciales de la provincia apenas logran desatascarse y eso que la carga de trabajo que soportan ahora jueces y funcionarios ha ido menguando con los años. La mejoría económica ha puesto freno a la conflictividad laboral y con ella la cantidad de trabajadores o empresas que acuden a una administración, la de Justicia, que en Castellón arrastra la friolera de 37.750 asuntos pendientes de resolver. Son, y ahí está la única buena noticia, casi 600 menos que el año pasado
Aunque en Castellón no hay prácticamente ningún juzgado que se libre del atasco, la jurisdicción penal se lleva la palma. Los datos que maneja la Fiscalía Provincial revelan que los cuatro juzgados de lo Penal de la ciudad de Castellón tienen pendientes de enjuiciamiento 2.447 procedimientos, de los que 1.264 tienen ya señalamiento, pero el resto, 1.183, no están todavía señalados. “Además, los señalamientos que ya tienen programados estos juzgados llegan a fechas que van desde finales del año 2016, hasta abril de 2017”, apunta José Luis Cuesta, fiscal jefe de Castellón. “Esta carga de trabajo y la necesidad de ser atajada ha sido puesta igualmente de manifiesto, porque su solución no admite ya más demoras”, denuncia Cuesta.
La jurisdicción penal está saturada (desde la Fiscalía se habla incluso de estado de abandono), pero dónde sí han cierto alivio es en los juzgados de lo Social. Un ejemplo. La jurisdicción de lo Social, cuyos juzgados tramitan aquellos asuntos relacionados con el ámbito laboral, ingresaron en el segundo trimestre de este año 1.090 asuntos, 273 menos que hace tres años.
Que haya menos asuntos por resolver no significa que han desaparecido todos los problemas. Las buenas noticias van por barrios y si los juzgados de lo Social están más aliviados, no ocurre lo mismo con la jurisdicción Civil, donde las demandas rompen la tendencia general y siguen al alza, desde los 6.099 asuntos del segundo trimestre del 2014 a los 8.082 del mismo periodo de este año. Hay más demandas porque se han disparado las acciones contra los bancos. Un dato: desde el 2 de enero hasta el 4 de junio se han presentado en Castellón 1.450 demandas por nulidad en la venta de acciones.
Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com

 

Justicia ha ofrecido a las CCAA el sistema “Lexnet” y 6.400 pantallas para la puesta en marcha del procedimiento “sin papel”

A partir del 1 de enero las comunicaciones de abogados y procuradores con los juzgados en los nuevos casos deberán ser electrónicas.
 A partir del 1 de enero, las comunicaciones entre los profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales) y los juzgados, en los casos nuevos, deberán ser electrónicas, según establece la ley de Enjuiciamiento Civil. El ministerio de Justicia ha puesto en marcha medidas para hacer posible ese cambio.

Para facilitar la transición al nuevo modelo “sin papel”, ha puesto a disposición de las comunidades autónomas que así lo deseen sus propias herramientas tecnológicas. El ministerio ha ofrecido de manera gratuita a todas las CCAA con competencias en Justicia y que no tengan su propio sistema de comunicación, la herramienta “Lexnet” que funciona desde hace años.
Además, ha adaptado las aplicaciones que usa la Fiscalía, que también han sido ofrecidas a las CCAA, y se han suministrado 6.400 pantallas y 250 escáner para que todos los funcionarios de Justicia en el territorio ministerio trabajen con doble pantalla a partir del 1 de enero.

Comunicaciones electrónicas

La Ley de Enjuiciamiento Civil recoge la obligatoriedad de que las comunicaciones entre los profesionales del sector (abogados, procuradores o graduados sociales) y los juzgados sean electrónicas para los casos que se inicien a partir del próximo 1 de enero.

El 53 por ciento de los ciudadanos cree que la Justicia funciona mal

Así se desprende del V Barómetro Externo de la Abogacía 2015 que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia. Los ciudadanos demandan una reforma a fondo de la Administración de Justicia y evitar las intromisiones políticas.
Una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y un Pacto de Estado que evite que ésta tenga intromisiones externas. Estas son las principales peticiones que realizan los ciudadanos españoles a los políticos según los datos del citado Barómetro.
Los ciudadanos creen que la Administración de Justicia funciona en conjunto mal: así lo sostiene un 53% de los españoles encuestados, frente a un 32% que considera que actúa bien.
También incide en señalar que el 81% de los españoles cree que todos gobiernos han tenido más interés en controlar Justicia que en dotarla de medios. De ahí, sin duda, una doble petición urgente que de forma prácticamente unánime expresa la ciudadanía:
- Un 94 por ciento insiste en una reforma inmediata y a fondo de la Justicia de modo que asuntos especialmente graves o importantes y que causan gran alarma social no tarden años en tramitarse y resolverse.
- Y para un 90 por ciento es preciso "un inaplazable Pacto de Estado sobre la Justicia que la blinde de forma clara y creíble frente a influencias o intromisiones de carácter político".
El Barómetro asegura que, en general, la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada (80%). Y subraya que con los medios existentes y su actual forma de funcionar nuestra Justicia no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar la corrupción (77%).

Bravo anuncia los diez nuevos órganos judiciales en la Comunitat para 2016

La conselleria se ha marcado la hoja de ruta que contempla que cinco juzgados estén en funcionamiento durante el primer semestre del año 2016 y otros cinco a lo largo del segundo.

La consellera de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, ha informado al Pleno de Les Corts de los diez nuevos órganos judiciales que serán puestos en marcha en 2016 en la Comunitat Valenciana si su creación es finalmente aprobada por el Ministerio de Justicia.
En respuesta a una pregunta formulada por María José Ferrer San-Segundo, del Grupo Parlamentario Popular, la consellera Bravo ha manifestado que uno de sus compromisos en esta legislatura es rebajar la inasumible carga de trabajo que recae sobre los juzgados y tribunales de la comunitat con el impulso a la creación de nuevos órganos judiciales. El proyecto de Ley de Presupuestos que tramita Les Corts incluye ya la dotación de los recursos económicos necesarios para implantarlos.
En este sentido, la conselleria se ha marcado la hoja de ruta que contempla que cinco juzgados estén en funcionamiento durante el primer semestre del año 2016 y otros cinco a lo largo del segundo. Para ello, el pasado lunes, en una reunión preliminar con responsables del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, se cerró ya un preacuerdo para poner en marcha los siguientes diez nuevos órganos judiciales:
1. Juzgado Mixto nº 4 de LA VILA-JOIOSA
2. Juzgado Mixto nº 7 de LLIRIA
3. Juzgado Mixto nº 4 de NOVELDA
4. Juzgado Mercantil nº 4 de VALENCIA
5. Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de ELCHE
6. Creación del Registro Civil Único de ELCHE
7. Juzgado de los Social nº 2 de BENIDORM
8. Juzgado de lo Penal nº 4 de ORIHUELA (con sede en Torrevieja)
9. Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de TORREVIEJA (pero en este caso transformando uno de instrucción)
10. Juzgado de lo Penal nº 5 de CASTELLÓN
11. Juzgado de lo Penal nº 9 de ALICANTE

Justicia comienza a renovar los equipos informáticos de los juzgados

Tres mil nuevos ordenadores de mesa permanecían almacenados desde hace meses en un depósito de la Generalitat
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Paterna prueba desde el pasado lunes el rendimiento de los nuevos ordenadores de mesa que permanecían almacenados desde hace meses en un depósito de la Generalitat. Es una experiencia piloto que pone en marcha el proceso diseñado por la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Tecnologías de la Información para recuperar esa dotación informática e incorporarla a los juzgados, tribunales y fiscalías de la Comunitat Valenciana.
La recuperación de estos 3.200 ordenadores no ha podido realizarse antes porque su sistema operativo, Windows 7, era incompatible con el sistema de gestión procesal Cicerone usado en los juzgados y tribunales. Los técnicos de la DGTI trabajan desde hace semanas para actualizar esta plataforma porque su obsolescencia impedía usar equipos informáticos dotados de sistemas operativos posteriores a Windows XP.
Una vez testados los nuevos ordenadores, la segunda fase del proceso de implantación consistirá en su instalación en los cinco juzgados que tienen su sede en la localidad de Sagunto en los primeros días de diciembre.
Todos estos ordenadores provienen de los 3.200 que adquirió el anterior gobierno de la Generalitat y que estaban abandonados, desde el pasado mes de diciembre, en una nave industrial en Riba-Roja. Es compromiso de la Conselleria de Justicia, Administración Pública y Reformas Democráticas dar uso a estos equipos y modernizar con ellos la dotación informática de juzgados valencianos.
Una vez comprobado el funcionamiento de los nuevos ordenadores en las pruebas-piloto de Paterna y Sagunto, la DGTI comenzará a instalar los restantes a lo largo del primer trimestre de 2016, según una programación que estudia la Dirección General de Justicia.
Fuente: www.alicanteactualidad.com

ABONO PAGA EXTRA 2012

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Direcció General de Justícia, per la qual es reconeix el dret dels funcionaris d'Administració de Justícia dependents de la Generalitat Valenciana a l'abonament de determinada quantia corresponent a la paga extraordinària de 2012. [2015/9416] (pdf 177KB)

ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN BOLSAS DE TRABAJO JUSTICIA

Publicidad de las bolsas de trabajo de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.

Listados a fecha 17 de noviembre de 2015.  Rectificación listado de Gestión Procesal y Administrativa  de Valencia al advertir errores en el mismo.

• Alicante
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses
• Castellón
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses
• Valencia
  • Gestión Procesal y Adminsitrativa
  • Tramitación Procesal y Administrativa
  • Auxilio Judicial
  • Médicos Forenses

"Una justicia que no responde de modo ágil es una injusticia"

Hacienda anuncia la mejora del sistema informático judicial en un debate con 7 miembros de la judicatura valenciana

«Una justicia que no responde en un periodo ágil es una injusticia», reivindicó ayer la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, en el debate a siete voces, organizado por la Universidad Europea de Valencia. A partir del título «El reto de los recursos, cuestión clave para la Justicia» y moderados por el fiscal y profesor, Javier Roda, los primeros espadas de la justicia valenciana diagnosticaron el minuto y resultado en el que se encuentra el sistema judicial y las mejoras necesarias para adaptarlo al siglo XXI.
El diagnóstico es conocido. Faltan medios personales, materiales y tecnológicos para que la justicia sea más ágil y efectiva. «La justicia debería tener un plan tecnológico con el nivel de tecnología con el que cuentan Hacienda o tráfico», defendió el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí. Una reivindicación en la que coincide el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer: «Si se hubiera invertido en justicia como se ha hecho en la Agencia Tributaria...»
De hecho, los programas y sistemas informáticos de la justicia valenciana viven congelados «en el año 1998», admitió la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien recordó, tras el diagnóstico de sus cinco compañeros de mesa y de trabajo en la justicia, que el presupuesto de su departamento aumentará «un 6% el próximo año, lo que nos permitirá arrancar y revertir la situación» tras el «estado de semiabandono de los últimos años» del sistema judicial valenciano.
El titular de Hacienda, Vicent Soler, remachó el anuncio: «En 2016 se van a implantar las versiones actualizadas de Windows, Oracle, la firma electrónica y dos nuevas versiones del programa Cicerone [el que usa en los juzgados]. En los primeros meses de 2016 nos adaptaremos a los estándares del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se podrá actuar con el programa de la Fiscalía (el Fortuny, incompatible hasta ahora con el de los juzgados)».
 Además, Bravo adelantó que se crearán 10 órganos judiciales nuevos, la oficina judicial (mirando hacia la fórmula aplicada con éxito en el País Vasco), incrementará un 24% las retribuciones a los abogados de oficio e impulsará las Oficinas de atención a las víctimas multidisciplinares (con abogados, psicólogos, criminólogos y trabajadores sociales».
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CALENDARIO DÍAS INHÁBILES 2016

Días inhábiles

• Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos.
  
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Europa analiza los aranceles de los procuradores españoles

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que valore si el sistema de retribución de los procuradores es compatible con las normas comunitarias de competencia.
Los honorarios de los abogados no son los únicos que están bajo el escrutinio de las instituciones. En el caso de los procuradores españoles, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decida si sus aranceles se adaptan o no a la normativa comunitaria sobre competencia.
Llueve sobre mojado, porque no es la primera vez que una cuestión semejante se plantea como un asunto prejudicial ante el TJUE, pero en los casos anteriores no se llegó a pronunciar, ya que las partes en conflicto llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el problema de fondo vuelve a resucitar, esta vez a instancias de la Audiencia Provincial de Zaragoza.
El caso se refiere a una compañía que ha sido condenada a pagar las costas del proceso. Mientras que la factura del abogado ascendía a más de 52.000 euros, la del procurador superaba ligeramente los 8.000 euros. Al considerar que los honorarios eran desproporcionados, la empresa recurrió. La Audiencia recortó ambas cifras, dejándolas en 17.558 euros para el abogado y 2.793 euros para el procurador.
Los afectados por la rebaja han recurrido y, ahora, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE, ante de la duda de que puedan existir indicios de que el sistema de aranceles de este colectivo sea incompatible con la normativa europea sobre competencia.
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MUGEJU: ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA REGISTRO CIVIL

Instrucción de la Mutualidad General Judicial para la adaptación a la nueva normativa de inscripción de nacimientos del Registro Civil.
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Intersindical recurre el decreto del Consell de Participación Institucional

El sindicato exige un plan de choque en materia laboral y de prestaciones sociales para afrontar la situación de emergencia social

Intersindical Valenciana ha presentado ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo conjuntamente con los sindicatos CSI·F, USO y Sindicato Independiente, contra el reglamento que desarrolla la ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales.

Intersindical Valenciana ha dicho, desde el primer momento, que esta Ley (última de las aprobadas por el gobierno de Fabra) y el Reglamento sólo pretendían subvencionar a unos “agentes sociales” que atraviesan momentos económicos complicados. No estamos ante una verdadera Ley de Participación si no de la financiación de CCOO, UGT y CIERVAL (5,2 millones de euros directos, anuales y vía presupuestos).

Críticas de STAJ a nuestro recurso

Son sorprendentes las críticas que ha hecho el STAJ porque son las propias de quien habla sin conocimiento ni la información correcta. Efectivamente, el recurso está presentado conjuntamente con otras organizaciones sindicales porque todas entendemos que esta Ley, y el decreto que la desarrolla, vulnera los artículos 7, 14 y 28.1 de la Constitución, que consagran principios y derechos como la igualdad y la libertad sindical.

Quien haya hecho un seguimiento de esta polémica ley, sabrá que desde el primer momento Intersindical se opuso a su aprobación, mientras que reclamaba que todo ese dinero fuera destinado a paliar otras necesidades sociales verdaderamente urgentes, y por eso desde la otra parte también se nos acusó, en este caso, de demagogia. Ahora, de querer chupar del Estado, ¿en qué quedamos?

Pero como el movimiento se demuestra andando, un ejemplo más de la coherencia que Intersindical demuestra día a día, es su decisión de mantener la negativa a firmar ningún acuerdo de liberados mientras no se recuperen en su totalidad los recortes que hemos sufrido en el pasado. Un acuerdo de liberados firmado por UGT, CCOO, CSIF y FSES,  que tuvo lugar en el momento álgido de las movilizaciones contra las políticas del gobierno, y al que STAJ tardó sólo unos pocos días en adherirse.

Por otra parte, nosotros hemos hecho públicas nuestras finanzas en numerosas ocasiones, incluso publicándolas en nuestras revistas, y las cantidades que se ingresan por las subvenciones que la ley establece en función del número de delegados, representan un porcentaje menor que lo que supone la venta de lotería. Es decir, un raquítico 2% de nuestro presupuesto, por lo que es incuestionable, como alguien pretende insinuar, nuestra independencia y autonomía, tanto política como financiera.

EN VALENCIÀ:

INTERSINDICAL RECORRE EL DECRET DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL

El sindicat exigeix un pla de xoc en matèria laboral i de prestacions socials per encarar la situació d'emergència social

Intersindical Valenciana ha presentat davant el TSJ un recurs contenciós-administratiu conjuntament amb als sindicats CSI·F, USO i Sindicat Independent, contra el reglament que desenvolupa la llei de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials.

Intersindical Valenciana ha dit, des del primer moment, que aquesta Llei (última de les aprovades pel govern de Fabra) i el Reglament només pretenien subvencionar a uns “agents socials” que passen per moments econòmics complicats. No estem d'avant d'una veritable Llei de Participació sinó del finançament de CCOO, UGT i CIERVAL (5,2 milions d'euros directes, anuals i via pressupostos).

Crítiques d'STAJ al nostre recurs

Són sorprenents les crítiques que ha fet l'STAJ perquè són les pròpies de qui parla sense coneixement ni la informació correcta. Efectivament, el recurs està presentat conjuntament amb altres organitzacions sindicals perquè totes entenem que aquesta Llei, i el decret que la desenvolupa, vulnera els articles 7, 14 i 28.1 de la Constitució, els quals consagren principis i drets com la igualtat i la llibertat sindical.

Qui haja fet un seguiment d'aquesta pol·lèmica llei, sabrà que des del primer moment Intersindical s'oposà a la seua aprovació, mentre que reclamava que tots eixos diners foren destinats a pal·liar altres necesitats socials vertaderament urgents, i per això des de l'altra banda també se'ns va acusar, en aquest cas, de demagogia. Ara, de voler xuclar de l'Estat, en què quedem?

Però com que el moviment es demostra caminant, un exemple més de la coherència que Intersindical Valenciana demostra dia a dia, és la seua decisió de mantenir la negativa a signar cap acord d'alliberaments mentre no es recuperen en la seua totalitat les retallades que hem sofert en el passat. Un acord d'alliberats signat per UGT, CCOO, CSIF i FSES,  que va tindre lloc en el moment àlgid de les movilitzacions contra les polítiques del govern, i al qual l'STAJ va tardar sols uns pocs dies en adherir-se.

Per una altra banda, nosaltres hem fet públiques les nostres finances en nombroses ocasions, fins i tot publicant-les a les nostres revistes, i les quantitats que s'ingresen per les subvencions que la llei estableix en funció del nombre de delegats, representen un percentatge menor que el que suposa la venda de loteria. És a dir, un raquític 2% del nostre pressupost, amb la qual cosa és inqüestionable, com algú pretén insinuar, la nostra independència i autonomía, tant política com financera.

El CGPJ pide a la Generalitat refuerzos para juzgado Instrucción 1 de Nules

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy, a propuesta de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), dirigirse a la dirección de Justicia de la Generalitat para que adopte medidas de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón).
Esta petición tiene objetivo ayudar a la tramitación "de la manera más eficaz posible" de las diligencias previas 814/2015, en las que se investigan delitos contra la Hacienda Pública -en su modalidad de fraude de subvenciones- y de falsedad documental en relación con las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, el órgano de gobierno de los jueces solicita al Gobierno valenciano que adscriba al juzgado un Gestor o un Tramitador procesal, preferentemente con experiencia en el desarrollo de su labor en los juzgados.
También que dote al órgano judicial de un sistema de videograbación y de una máquina de escaneo de documentos con la suficiente capacidad para digitalizar causas extensas.
El titular del juzgado, Jacobo Pin Godos, solicitó el pasado mes de septiembre el apoyo de la UACC, constituida el 10 de marzo de este año con la finalidad de detectar y evaluar problemas en órganos judiciales que lleven causas por corrupción para la "adecuada y diligente tramitación de las mismas".
Fuente: www.lavanguardia.com

Políticos y juristas insisten en la necesidad de que los fiscales asuman la instrucción

Representantes políticos del PP, el PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos y UPyD, jueces, abogados y fiscales han defendido este martes la necesidad -que algunos han calificado como urgente- de que la Fiscalía asuma la instrucción, como ocurre en todos los países del entorno europeo.
En un 'cara a cara' entre profesionales de la Justicia y políticos organizado por Sociedad Civil por el Debate en el Club Siglo XXI, la gran mayoría de los participantes ha destacado la urgencia de avanzar en una reforma del Estatuto Fiscal que permita al Ministerio Público asumir el impulso de la investigación.
Uno de los más contundentes ha sido el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Manuel Maza que ha destacado que España es de los últimos países del mundo que mantiene la instrucción en manos de los jueces y que ha indicado que su opinión es compartida por una mayoría de jueces del alto tribunal.
 Maza ha dicho que la Sala de lo Penal va a pedir en su carta a los Reyes Magos una reforma para alcanzar este objetivo y ha pedido a los "futuros gobernantes" que asuman esta función "como hombres y mujeres" de Estado. Sin embargo, ha insistido en que los "Pactos de Estado no sirvan para nada", hay que "ser eficaz".
También son partidarios de atribuir a los fiscales la instrucción de las causas judiciales, actualmente competencia de los jueces, los portavoces de Justicia en el Congreso de los Diputados del PP y del PSOE, José Miguel Castillo y Soraya Rodríguez, respectivamente.
Castillo ha dicho que está de acuerdo en ampliar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a los fiscales la instrucción de los procedimientos para que el modelo español se asimile a los de los otros países de la Unión Europea.
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BOE: MUGEJU, PRORROGA CONCIERTO SANITARIO 2016

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria

• Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga para 2016 del Concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.
  
  • PDF (BOE-A-2015-12220 - 3 págs. - 166 KB)
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BOE: TASAS DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española. Tasas

• Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se dictan normas sobre la gestión y el pago de la tasa por la presentación de solicitudes en procedimientos de nacionalidad española por residencia y carta de naturaleza para sefardíes originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la tasa e instrucciones.
  
  • PDF (BOE-A-2015-12207 - 7 págs. - 1.149 KB)
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Los jueces califican de “barbaridad” la idea de suprimir el Poder Judicial

Las asociaciones de magistrados creen que la propuesta no despolitiza la institución 
Rivera propone suprimir el Senado y el Consejo General del Poder Judicial

Las asociaciones de jueces ven un “error mayúsculo” la propuesta presentada por Ciudadanos para suprimir el Consejo General del Poder Judicial y sustituirlo por un juez apoyado por dos adjuntos. La transformación de un órgano colegiado con pluralidad ideológica y 20 miembros en un órgano encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y del poder judicial, que sería elegido por el Congreso (mayoría de dos tercios) para mandatos de seis años, ha despertado duras críticas en la judicatura. "La clave está en la desaparición de la libre designación de los magistrados que ocupan los puestos clave. Ahí les duele", opinó una fuente del Comité de sabios que ha redactado la propuesta de la formación emergente.
“Suprimir el Consejo General del Poder Judicial es un error mayúsculo, una barbaridad y [demuestra] una ignorancia absoluta de lo que es el Consejo General del Poder Judicial, la independencia de los jueces y de las soluciones que son necesarias”, opina Marcelino Sexmero, de la asociación judicial Francisco de Vitoria. “Si lo que se pretende es despolitizar, no se entiende muy bien cómo se propone que al presidente lo nombren las Cortes, acompañado de dos adjuntos nombrados por los jueces, pero no con un sistema proporcional, sino mayoritario, con lo que el gobierno de los jueces sería monocolor”, añade en conversación telefónica. “Si el sistema de elección de los dos adjuntos es mayoritario, vamos hacia un conchabeo político como el de ahora, con un Consejo monocromo en el que la APM [Asociación Profesional de la Magistratura, de ideología conservadora] dominará para siempre”, subraya. “Resulta increíble que proponga esto”, concluye.
Leer noticia completa.

MUGEJU: CAMBIO DESTINO CONCURSO TRASLADOS

Os recordamos que según el Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Mugeju,, en su artículo 19.4 establece que estamos obligados a comunicar a la Mutualidad la variación de datos que se produzca en relación con la mutualidad, dentro del mes siguiente en que se produzca.

Con lo que debereis hacer llegar a la Delegación de la Mutualidad de la provincia de destino el impreso A-1  junto con una copia del nombramiento o certificado.

REGISTRO CIVIL: REGLAMENTO ADQUISICIÓN NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española

• Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
  
  • PDF (BOE-A-2015-12047 - 13 págs. - 252 KB)
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

COMUNITAT VALENCIANA

Destinos

• Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Justicia, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 20 de mayo de 2015.
  
  • PDF (BOE-A-2015-12007 - 28 págs. - 4.978 KB)
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  RESTO TERRITORIOS:
   
  Ámbito Ministerio 
  Euskadi
  Cataluña
  Galicia
  Andalucia
  Asturias
  Cantabria
  La Rioja
  Aragón
  Canarias
  Navarra
  Madrid
  

El Gobierno pone en marcha las subastas judiciales por Internet sin saber todavía cómo las va a hacer

Los ciudadanos pueden, desde el pasado 15 de octubre, pujar a través de la red por cualquier bien embargado por la Justicia. El sistema, sin embargo, presenta aún incógnitas.

 Siempre se ha dicho que la Justicia española es decimonónica, que se ha quedado anclada en el pasado, con juzgados enterrados en montañas de papel y un funcionamiento más propio del "vuelva usted mañana" de Larra que de una institución adaptada al siglo XXI.

Pero ahora el ministerio de Justicia ha puesto el acelerador para culminar una legislatura paralizada en materia judicial y muy activa en cuanto a las limitaciones del poder judicial o las reformas: desde el pasado 15 de octubre la Justicia ha entrado en la modernidad, ya que desde ese día cualquier bien embargado por la administración —casas, coches, joyas, etcétera—, y que un juez haya ordenado que se subaste se venderá al mejor postor a través de Internet. Hasta ahora el anuncio de las subastas se publicaba a través de los edictos que se colgaban en el tablón de anuncios del juzgado y la celebración era presencial, lo que permitía a los subasteros pactar precios o intimidar a espontáneos.

Justicia reclamará al Gobierno los 15 nuevos juzgados aparcados por la crisis

La consellera Gabriela Bravo anuncia la ejecución, esta semana, de un plan de refuerzo para los registros civiles.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, reiteró ayer que la Generalitat solicitará al Gobierno central la recuperación de los juzgados que el anterior gobierno valenciano «dejó de crear» por la crisis.
Bravo indicó que poner en marcha los 15 juzgados que en su día dejaron de crearse es «complicado» debido a la situación económica de la Comunitat Valenciana, pero aseguró que intentarán recuperar «un número considerable» que atienda las prioridades de los ciudadanos. Así lo destacó durante su visita a la Ciudad de la Justicia de Elx, en la que acompañada por el alcalde de la ciudad, Carlos González, y miembros del equipo de gobierno, conoció de primera mano la situación de los juzgados ilicitanos.
La conselleria anunció que una de las peticiones al Ministerio de Justicia de cara a 2016 será la creación en Elx de un nuevo juzgado de Primera Instancia para poder separar las tareas propias del registro civil del resto de la jurisdicción de este ámbito, debido al gran volumen de población que tiene Elx.
Otras mejoras autonómicas
Bravo también adelantó que esta semana se llevará a cabo un plan de refuerzo de personal en diferentes registros civiles de la Comunitat Valenciana, que cuentan desde hace tiempo con deficiencias y carencias de medios. En el caso de Elx se reforzará con tres funcionarios.
Respecto a la falta de medios materiales y en concreto informáticos, Bravo recordó que esta cuestión depende del Ministerio de Justicia.
En este sentido, la consellera de Justicia manifestó que ante la intención de implantar el sistema de citación previa, vía telemática, debe ser el propio Ministerio de Justicia el que haga la inversión necesaria y dote a los registros civiles de la Comunitat Valenciana con unos equipos informáticos modernos:
Fuente: www.levante-emv.com 

JUZGADO PENDIENTES DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESDE 2010

Juzgado de 1ª Instancia nº 4    Torrevieja
      "                     "        nº 4     Benidorm
      "                     "        nº 7     Elx
      "                     "        nº 13  Alicante
      "                     "        nº 6     Denia
     "                      "        n º 6    Gandia

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4  Novelda
        "                     "                  "        nº 4  La Vila-joiosa
        "                     "·                 "        nº 5  Nules
        "                      "                  "       nº 7  Lliria
        "                      "                  "        nº 4 Quart de Poblet
        "                      "                  "        nº 4 Massamagrell
        "                      "                  "        nº 5 Carlet
Juzgado de lo Penal nº 4     Orihuela
Juzgado de lo Social nº 2    Benidorm

OPOSICIONES 2015: CONVOCATORIA GESTIÓN TURNO LIBRE

 La presentación de la solicitud se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá a la Secretaria de Estado de Justicia. La no presentación de la misma en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.

La presentación, previo pago de la correspondiente tasa, se realizará por alguno de los siguientes medios:

• A través del Registro Electrónico del Ministerio de Justicia en la Dirección de Internet www.mjusticia.gob.es, o páginas web de las Comunidades Autónomas que ofertan plazas indicadas en la base 6.7, y de acuerdo con las instrucciones que en ellas se indican.La presentación de instancias por este sistema conlleva necesariamente el pago telemático de la tasa de examen.Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en la base novena de la Orden JUS/2170/2015, de 14 de octubre (BOE de 19 octubre) por la que se establecen las bases comunes, estén exentos del pago de la tasa o tengan derecho a la reducción de ésta, no podrán hacer uso de este sistema y deberán necesariamente presentar la instancia en soporte papel, acompañando la documentación acreditativa del derecho a la exención o reducción en alguno de los registros indicados a continuación.

• En el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Bolsa, n.º 8, 28071 Madrid, o en los registros de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno de la Administración General del Estado, o en cualquiera de los órganos u oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 22.42 euros (11.21 en caso de derecho a reducción del 50%) y se abonará según se indica en la base novena de las bases comunes

Ámbito Territorial	Sistema General	Reserva  Discapacidad
Andalucía	5	-
Canarias	11	1
Cataluña	33	2
Valencia	12	-
Madrid	21	1
Navarra	4	-
País Vasco	16	1
Ministerio de Justicia	31	2
TOTAL	133	7

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

• Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
  
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El Consejo General del Poder Judicial galardona la eficacia y celeridad de Primera Instancia nº 1 de Valencia

Premian al juzgado que ha condenado a Bankia a devolver 7 millones en acciones 

A pesar de su mala fama, la justicia no siempre es lenta e ineficaz. La «prueba del algodón» que demuestra que, si se quiere, se puede ser rápido y eficaz, está en el segundo piso de la escalera azul de la Ciutat de la Justicia de Valencia y en el Juzgado de Primera Instancia nº 1. El Consejo de General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de premiar al equipo humano que compone este juzgado, en la modalidad de Justicia Eficaz, por el proyecto «Celeridad en la tramitación y resolución de procesos».
Entre sus logros, a pesar de la avalancha de ejecuciones hipotecarias, demandas por acciones de Bankia o de preferentes registradas en los últimos años, está su capacidad de respuesta. Y su resolución: desde 2013 hasta ahora ha dictado 339 sentencias en las que ha obligado a Bankia a devolver 7,2 millones de euros en acciones a los accionistas defraudados. Y son rápidos hasta para pagar a los afectados.
Más datos que avalan haber recibido este premio: Primera Instancia número 1 incoa las demandas verbales el mismo día que se reciben, o al día siguiente como muy tarde, y señala juicio en mes y medio o 35 días hábiles.
En el caso de los juicios ordinarios, «las audiencias previas se señalan dentro del mes siguiente a la recepción de la contestación de la demanda y el juicio ordinario, entre uno y dos meses desde la celebración de la audiencia previa. Y la sentencia se dicta en uno o dos días siguientes a la celebración del juicio», según consta en la memoria que presentaron al CGPJ.

Una ley que obliga a revisar 51.000 casos

Jueces y fiscales critican las prisas del Gobierno del PP en aplicar la nueva norma y alertan de que la «ley de punto final» puede dar carpetazo a los actuales casos de corrupción

En diciembre entrará en vigor una modificación legislativa que limita la duración de la instrucción solo a seis o 18 meses y obliga a revisar todas las causas abiertas. La normativa prohíbe el incremento de medios personales y económicos. En los juzgados ya prevén «caos» y «paralización».

  En pleno 2015, una de las leyes que persigue y castiga a los delincuentes en España es de 1882. Parece una broma, pero no lo es. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que está en vigor en la actualidad, se aprobó en un Real Decreto del 14 de septiembre de 1882, y se empezó a aplicar el 3 de octubre de 1883.
El próximo 6 de diciembre entrarán en vigor las novedades de esta ley, que cambia 13 artículos, añade dos títulos y disposiciones adicionales, y suprime un artículo. Así, por primera vez existe una normativa que regula las escuchas telefónicas y el acceso a los mensajes de WhatsApp; también da instrucciones para el decomiso; sustituye la palabra «imputado» por «investigado» o «encausado», y especifica el respeto por el derecho a la imagen y honor de los detenidos. Pero la medida más criticada es la de limitar la investigación de los procedimientos: solo a seis meses si la causa es tildada de «sencilla» desde el principio; o 18 meses si se califica de «compleja».
Jueces y fiscales ya se han mostrado en contra porque, como se puede leer en la modificación, «las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal».