jueves, 29 de enero de 2015

Otro varapalo judicial a la Conselleria de Justicia



El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso presentado por nuestro sindicato y condena a la Conselleria a la inclusión de los puestos vacantes en las Unidades Administrativas en la próxima convocatoria de concurso de traslado.

Ha sido una batalla legal larga, y a veces frustrante, pero la razón ha acabado por imponerse. Ésta es la secuencia de unos hechos que suponen el principio del fin de una política de personal llevado a cabo por la Dirección General de Justicia donde todo valía, y todo estaba justificado, para hacer valer sus intereses, al margen de la legalidad y del interés general.

El 31 de marzo de 2010 Intersindical solicitó a la Dirección General de Justicia la inclusión en el siguiente concurso de traslado de todas las plazas vacantes en las Unidades Administrativas existentes en aquel momento (en Castellón, Valencia y Alicante) y que llevaban más de dos años cubiertas por el sistema de comisión de servicios.

Intersindical presentó recurso contra la resolución de 28 de abril de 2011, que convocaba el concurso de traslado, ante el Juzgado de lo Contencioso nº 7 de Valencia, que dictó sentencia el 2 de noviembre de 2012 desestimando la demanda con la justificación de las “amplias potestades de autoorganización de la Administración para decidir sobre las plazas que han de incluirse en los concursos u otros sistemas de provisión”.

Convencidos de que esta argumentación era contraria a la ley, Intersindical recurrió la sentencia ante el TSJ. Ahora, este tribunal acaba de revocar el pronunciamiento dictado en primera instancia y ha dado la razón a los trabajadores en base a que:

miércoles, 28 de enero de 2015

Con el radiador de casa al juzgado

Parte del Decanato y la Fiscalía del Palacio de Justicia de Alicante llevan desde noviembre sin calefacción.

Existen lugares dentro del Palacio de Justicia de Alicante que ponen los pelos verdaderamente de punta. Si bien es cierto que por sus dependencias pasan a diario personas acusadas por delitos de toda índole, en este caso la sensación es literal y sucede como consecuencia del frío.
Concretamente, las inclemencias del invierno las padecen los trabajadores del ala del Decanato, desde donde se reparten los asuntos a los juzgados entre otras tareas, y de la Fiscalía de guardia, desde el pasado mes de noviembre, ya que no tienen calefacción.
Según parece, la situación podría resolverse, pero una vez la estación invernal ya nos haya abandonado. Actualmente, los funcionarios del Decanato, así como la plantilla de Fiscalía y el representante del ministerio público de turno, puesto que le corresponde a un miembro de la carrera fiscal cada día, lo llevan como buenamente pueden.

Las instalaciones afectadas se ubican en la planta baja del imponente inmueble. En el área responsable del reparto de asuntos se ha optado por una solución que no termina de cuajar. Las trabajadoras han decidido llevarse los radiadores de casa ante lo que parece una fuga de gas del sistema de calefacción.
Sin embargo, es imposible poner en marcha demasiados aparatos de calor, pues la instalación eléctrica del Palacio de Justicia de la capital alicantina no lo soporta y de vez en cuando se desploma por saturación. Por ello, las propietarias de los radiadores los encienden a medio gas. En una de las oficinas han colocado incluso un brasero eléctrico como medida para evitar constipados. Porque el principal problema de la falta de grados radica en el aumento de posibilidades para enfermar, como lamentan algunos de los empleados de la planta, indignados con la situación.

Supresión de faltas, control de indultos y mayores penas

La supresión de las faltas es otra de las novedades del Código Penal. Estas conductas pasarán a ser delitos menos graves o sanciones administrativas en la ley de seguridad ciudadana sin intervención judicial más que en caso de recurso. Los incidentes de tráfico pasan en muchos casos al ámbito civil y, por tanto, con pago de tasas judiciales.
El proyecto de ley de Código Penal modifica también los capítulos referidos a delitos vinculados a corrupción. Se aumentan las penas, se elevan los plazos de prescripción y, por primera vez, se tipifica el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, con penas de cárcel solo para los políticos que acepten donaciones ilegales superiores a 500.000 euros. También se aplica ahora la responsabilidad de las personas jurídicas a partidos y sindicatos y se crea la Oficina de Gestión de Activos para los bienes decomisados.
No obstante, algunos portavoces como Rosa Díez (UPyD) entienden que, al no aceptar sus enmiendas, el texto se queda a medio camino y no ataja todos los supuestos de corrupción. Por ejemplo, al no tipificar el enriquecimiento ilícito.
El proyecto aprobado incluye una disposición que, por primera vez, obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Parlamento de los indultos concedidos y denegados.
También se eleva a 16 años la edad de consentimiento para las relaciones sexuales y se tipifican nuevas conductas como la zoofilia, el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes íntimas y la manipulación de los dispositivos de control usados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares en violencia de género. Quien preste ayuda humanitaria a un inmigrante ilegal ya no irá a la cárcel, y se reduce la pena para los piquetes de las huelgas.
Fuente: www.elpais.com

lunes, 26 de enero de 2015

CONCURSO ESPECIFICO NOJ CATALUÑA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
  • Resolución de 19 de enero de 2015, del Departamento de Justicia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, como consecuencia de la implantación de la oficina judicial en El Vendrell.

Gestión turno libre, publicación de nombramiento y destinos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

lunes, 19 de enero de 2015

REUNIÓN PAGA EXTRA 2012



¡¡ Estamos más que hartos de este gobierno, de los recortes, de los incumplimientos y las mentiras !!
El pasado día 16 de enero la Conselleria convocó a todos los sindicatos a una reunión para explicar los motivos por los cuales no van a pagar en enero la totalidad de la extra de 2012 al personal de justicia.
El Conseller de Justicia intentó explicar el motivo de no pagar lo que los tribunales han reconocido, en base a un informe de la abogacía de la Generalitat que hace referencia a la ley de presupuestos. Excusas y mas excusas de malos pagadores (dicen que tienen el dinero pero que no poden pagarlo). A continuación el Conseller le cedió la palabra a Intersindical porque en la reunión que habían tenido previamente con CSIF, CCOO y UGT ya le habían dicho lo que tenían que decir pero claro, nosotros no tuvimos la oportunidad de escuchar. Allí estaban ellos, mudos, sin abrir la boca. Solo CCOO le pidió al Conseller que nos de traslado del informe de la abogacía.

Al inicio de nuestra intervención protestamos por estas formas. Éste no es un asunto que afecte al incumplimiento o no de acuerdos, y por tanto sólo a sus firmantes, sino que afecta al pago de un dinero que el gobierno valenciano nos ha sustraído a todo el personal de justicia, y que ahora pone excusas para no devolver. Dicen que se basan en la legalidad, pero ¿qué legalidad permite a un empresario no pagarle el sueldo a sus trabajadores? ¿Es que no se han leído las sentencias que reconocen el derecho del personal de justicia al cobro íntegro de la paga de 2012? ¿Es que pretenden hundir los contenciosos con miles de reclamaciones? ¿O simplemente retrasar lo inevitable para no ser ellos quienes paguen lo que nos deben, si no que lo hagan quienes vengan detrás?

miércoles, 14 de enero de 2015

La crisis desborda los juzgados de paz que urgen de medios y personal

En Benicàssim, Onda, Burriana, Almassora y Orpesa la situación de estos órganos es especialmente delicada. Jueces y funcionarios reclaman al Estado una inversión mayor para descongestionar el atasco de trabajo diario

Papeles, papeles y más papeles. No hay más que ir a uno de los muchos juzgados de paz que hay repartidos por toda la provincia para comprobar el grado de trabajo diario que pasa por las manos del equipo de personas que trabajan en cada municipio.
El montante de trabajo empieza a desbordar a algunos de estos juzgados, especialmente en los municipios de mayor número de habitantes. Secretarios, funcionarios y jueces de paz consultados por este diario coinciden en una cosa: urge una inyección de dinero por parte de la administración de Justicia para contratar a más personal y mejorar el material y las condiciones de trabajo.
Los municipios en los que están prácticamente al borde del colapso son Benicàssim, Almassora, Orpesa y Burriana. Hay otras localidades donde sacar adelante la tarea tampoco es nada sencillo por “faltarle horas a la jornada laboral”, como es el caso de la Vall d’Uixó o Benicarló. También hay casos, como en l’Alcora o Sant Mateu, donde el montante de trámites a realizar no es tan elevado, aunque como explican desde los consistorios de dichos municipios, “no paramos nunca”.

La saturación judicial de Vinaròs, un escollo para la denuncia por el Castor

Los alcaldes de Vinaròs y Benicarló temen que “la falta de personal” pueda “demorar” la tramitación en exceso. El fiscal jefe de Castellón, dispuesto a “facilitar lo que sea” ante la “gran carga de trabajo” de estos juzgados.

Los 14 meses de trámites transcurridos hasta conocerse la decisión de la Fiscalía de denunciar la gestión del proyecto Castor aún tienen mucho recorrido por delante. Y es que el hecho de que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, vaya a remitir el caso a los juzgados de Vinaròs despierta recelo entre los alcaldes, al poder convertirse en un nuevo escollo para “depurar responsabilidades”, que es lo que anhelan.
La clave está en la situación de saturación judicial que se vive en la capital del Baix Maestrat y de la que Cuesta es plenamente consciente. “Son juzgados mixtos con una gran carga de trabajo y este caso supondrá un añadido, por lo que puede costarles sacarlo adelante”, asegura a Mediterráneo.
Con todo, garantiza que “la fiscal dedicada a la instrucción va a estar muy encima de ello”. Y añade que, desde Castellón, facilitarán “lo que sea necesario”. También matiza que la decisión de llevarlo al juzgado decano vinarocense se debe, principalmente, a que el fallido almacén de gas se ubica en este término .
El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, reconoce que este “juzgado está algo más colapsado que el resto y la falta de personal y medios puede demorar el procedimiento”. Lo mismo opina su homólogo en Benicarló, Marcelino Domingo, para quien “el elegido no es el mejor lugar para juzgar esta causa”. Con todo, resalta que “lo más importante es que ya se ha dado el primer paso” y estarán “muy pendientes de cómo se desarrolla todo”, puntualiza.
Fuente: www.elperiodicomediterraneo.com

martes, 13 de enero de 2015

El CGPJ propone que sea posible reabrir las actuaciones si aparecen nuevos elementos una vez transcurridos los plazos de instrucción

El informe del CGPJ sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pide que se establezca con claridad las consecuencias del incumplimiento de los plazos de instrucción para no crear inseguridad jurídica.
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe al Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) (LECrim) para la agilización de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica tras incluir las aportaciones de varios vocales al texto presentado por los ponentes Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo.
Las vocales Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Concepción Sáez han anunciado la formulación de votos particulares concurrentes en relación con determinados artículos del Anteproyecto.
El texto aprobado en pleno extraordinario propone el establecimiento de la posibilidad de reapertura de los procedimientos una vez transcurridos los plazos que marca la ley para la instrucción –seis meses para las causas ordinarias y dieciocho meses para las complejas, prorrogables- “cuando aparezcan nuevos elementos determinantes de la comisión del delito y de su participación”.

lunes, 12 de enero de 2015

Los juzgados penales de Alicante rebasan la barrera del colapso

Los secretarios judiciales denuncian la situación ante el TSJCV, el Defensor del Pueblo y el Poder Judicial, que en su última inspección propuso crear cuatro juzgados más.

Los juzgados de lo penal de la ciudad de Alicante no pueden soportar más el «caos» derivado de la falta de personal, como denuncian los ocho secretarios judiciales de la jurisdicción en la capital. Los asuntos que reciben cada año superan de largo lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomienda en sus módulos de entrada de causas. De hecho, la última inspección del órgano de gobierno judicial, efectuada en marzo de 2014, concluyó que son necesarios cuatro juzgados más para canalizar los casos que llegan a juicio en la capital alicantina, según el informe del Servicio de Inspección al que ha tenido acceso este diario.
Pese a la urgencia puesta de manifiesto por el CGPJ al Ministerio de Justicia, la situación, lejos de revertirse, parece haber empeorado. Así lo denuncian los secretarios judiciales de lo penal de la ciudad de Alicante en un contundente escrito fechado el pasado 2 de diciembre del pasado año y que ha sido remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Defensor del Pueblo. «La situación es caótica, resultando imposible atender las necesidades básicas del servicio», sostienen.