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jueves, 20 de noviembre de 2014

Los jueces recriminan a los políticos que se quejen de la lentitud de la justicia cuando éstos no hacen nada para evitarla

Analizar la situación y la forma de combatirla en un momento clave en nuestra sociedad; el futuro papel de los tribunales de Instancia dentro de la próxima reforma anunciada de la LOPJ por el Ministro Catalá; la petición expresa de la vuelta al seguro de responsabilidad civil de los jueces y la solidaridad con los jueces de las últimas promociones, muchos de ellos sin destino, son algunos de los temas que se abordaron este fin de semana en la XXIX Asamblea Anual de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria celebrada en Burgos y que contó como invitados como Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo; José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional y Fernando Grande Marlaska, vocal del CGPJ.  Los más de cuatrocientos jueces que se han reunido en esta ciudad castellana denuncian el peligro de la corrupción que puede poner en peligro nuestro Estado de Derecho y muestran su preocupación porque los políticos denuncien la lentitud de la justicia cuando son ellos “ con las leyes que aprueban los que están provocando estos atascos en nuestros órganos judiciales”:

lunes, 17 de noviembre de 2014

ACTUALIZACIÓN SITUACIÓN BOLSAS DE TRABAJO


Publicidad de las bolsas de trabajo de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa y auxilio judicial de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana.
Listados a fecha 17 de noviembre de 2014.
 

O más fiscales o más colapso (y mas funcionarios/as)

Desde la fiscalía de Valencia advierten que aunque aumente la nómina de jueces si no aumenta igualmente la de fiscales el colapso se mantendrá.

Faltan fiscales. Es una denuncia histórica, tanto como la de los jueces, pero sus plazas no se cubren. La consecuencia es que el fiscal es necesario en todos los casos, sin ellos, aunque aumente la plantilla de jueces el tapón está asegurado. Desde la fiscalía demandan que se consoliden las plazas desacopladas, como las recientemente consolidadas a los jueces, y destacan una paradoja: la fiscalía sí que cuenta con un órgano especializado en corrupción, del que la judicatura carece.
Susana Gisbert, portavoz de la fiscalía en Valencia, explica que "un juez sin fiscal no puede trabajar". No puede entenderse por tanto que cuando se habla de refuerzos la administración olvide a la fiscalía. Ese olvido, que no haya suficientes fiscales, es garantía de que el colapso se mantendrá porque falta una parte fundamental: el ministerio público. Y destaca que el último refuerzo aprobado el gobierno, consolidando plazas de jueces, servirá de poco si no se hace lo mismo con el ministerio fiscal.
No entra en cuántos hacen falta, simplemente subraya que "cada juez necesita un fiscal para trabajar". Y sí que recuerda que existe una Fiscalía Anticorrupción, un órgano específico, en la Comunitat Valenciana "con dos delegados absolutamente sobrepasados" por los acontecimientos y que trabajan con jueces que paradójicamente carecen no ya de suficientes medios, sino de una mínima especialización.
Gisbert afirma que el colapso de la justicia no se resolverá del todo hasta que no haya más fiscales.
Fuente: www.cadenaser.com

La petición de seis juzgados para Castellón lleva 3 años en el olvido

El Gobierno vuelve a olvidar a Castellón y descarta nuevos juzgados en el 2015. El CGPJ reivindicó en 2011 la creación de 6 nuevos órganos en la provincia.

Por mucho que pasen los años, el funcionamiento de la Justicia en Castellón apenas varía ni un ápice. La Justicia sigue siendo lenta y lo es, según jueces, abogados y sindicatos de funcionarios, porque falta medios. Se necesitan más juzgados, más jueces y más funcionarios. Las carencias son unánimes, lo que faltan son unas soluciones que se dilatan en el tiempo y que, año tras año, no hacen sino ahondar la discriminación que sufre Castellón.
En octubre del 2011, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público un informe en el que concluía que Castellón necesitaba urgentemente seis nuevos juzgados para dar salida al grave problema de colapso judicial. El informe, elaborado a partir de los datos manejados por los distintos Tribunales Superiores de Justicia, reflejaba que Castellón requería un juzgado de primera instancia e instrucción, uno de penal, uno de contencioso administrativo, uno de social, uno de vigilancia penitenciaria y otro de mercantil, que deberían ser incluidos, según el CGPJ, en la próxima configuración de la planta judicial.
Desde aquel informe han pasado ya tres años y el mapa de los juzgados de Castellón sigue siendo exactamente mismo. Desde esa fecha no se ha creado ni un solo nuevo juzgado, ni siquiera el tantas veces reivindicado Penal número 5 de Castellón.

Casi la mitad de los juzgados españoles tienen una carga de trabajo superior al 150%

Las quejas del juez Velasco ha sacado a relucir la precariedad judicial en España. En todo el territorio nacional hay 3.894 juzgados y salas que se encargan de hacer justicia. Según el Consejo General del Poder Judicial, más del 43% tiene una sobrecarga de trabajo del 150%. De hecho, sólo en corrupción hay cerca de 1.700 causas abiertas. Sin embargo son los juzgados de lo social, los de primera instancia y los de lo mercantil los más saturados. En el territorio nacional hay 3.894 juzgados y salas que se encargan de hacer Justicia. Según el Consejo General del Poder Judicial, más del 43% tiene una sobrecarga de trabajo del 150%. Sólo en corrupción, hay cerca de 1.700 causas abiertas.
Los más saturados, tal y como reflejan los datos, son sin duda los juzgados de lo social, los de primera instancia y los de lo mercantil. Es decir, los que se encargan de la justicia más cercana al ciudadano. Los que defienden los derechos de los trabajadores, los pequeños empresarios y a las familias víctimas de delitos.
Pero el exceso de trabajo para los jueces españoles es general. Sólo en casos de corrupción hay casi 1.700 causas abiertas.

jueves, 13 de noviembre de 2014

Jueces para la Democracia demandará a Justicia y al CGPJ por la sobrecarga de trabajo en los Juzgados

La asociación de jueces asegura que registrarán una demanda de conflicto colectivo en el ámbito judicial "que no tiene precedentes"

Jueces para la Democracia presentará este jueves en la Audiencia Nacional una demanda contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por "la grave sobrecarga de trabajo que afecta a los Juzgados" y la falta de medios en las causas por delitos relacionados con la corrupción.
Según ha avanzado la asociación de jueces en una nota de prensa, registrará en concreto una demanda de conflicto colectivo en el ámbito judicial "que no tiene precedentes" y que ha decidido presentar "ante la gravedad de la situación actual.
JpD firmó el pasado día 5 junto a otras cuatro asociaciones de jueces y fiscales un comunicado en el que denunciaba "la situación de máxima alarma" por la que atraviesa la sociedad española ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que requieren una reacción de los jueces y fiscales, que, agregan "no pueden permanecer ajenos a esta grave situación".
Entonces demandaron la dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción y el refuerzo especial de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas relacionadas con estas causas, como son las unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado.
"Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho", indicaban en su comunicado. Agregaban que no puede permitirse un "debilitamiento del Poder Judicial", único garante para corregir las desviaciones de poder, "que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española".
Fuente: www.publico.es

 

La privatización del Registro Civil, un ‘pelotazo’ de 5 millones sin aclarar

La decisión del Gobierno de privatizar el Registro Civil ha añadido otra página poco ejemplar a la reciente historia de las corruptelas y el tráfico de influencias. El diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha instado al Ejecutivo a que investigue “las turbias relaciones económicas de la Dirección General del Registro y del Notariado con la empresa Futuver”, beneficiaria del negocio, pero su petición podría tocar de cerca a Enrique Rajoy, hermano del presidente, y no ha surtido efecto. El Ejecutivo se ha abstenido de aclarar las presuntas irregularidades con características de latrocinio y de aplicar sanciones. Mientras, la privatización del Registro sigue su curso entre las protestas de los funcionarios y de los colegios profesionales de Registradores y Secretarios Judiciales.
La operación ideada por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez y continuada por su sucesor Rafael Catalá Polo de entregar al Colegio de Registradores de la Propiedad la gestión de los expedientes de nacionalidad con la excusa de resolver el colapso –la dilación no ha bajado de dos años- supuso la aplicación del software informático que los registradores debían utilizar y que costó al Colegio la apreciable suma de 5,15 millones de euros. La primera sorpresa fue que el jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad y director del equipo nombrado por Gallardón en enero de 2012, el registrador Javier Angulo Rodríguez, era a su vez el administrador de la sociedad de matriz rumana Futuver Consulting que diseñó y vendió el software.
De este modo, Angulo, con el visto bueno de sus superiores en el Ministerio de Justicia, impuso a los registradores la contratación del software de su propia empresa privada. Pero el negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, en principio controlada por personas afines al ministro Gallardón. La extrañeza de gran parte del millar de colegiados era lógica si se tiene en cuenta que el Colegio dispone de un buen servicio informático, con cerca de 300 profesionales que desarrollan la mayor parte de los software que utilizan los registradores.
La sorpresa fue en aumento cuando una auditoría del Colegio reveló que la contratación de Futuver se realizó “por encima de los precios de mercado”. Otra auditoría externa realizada por la consultora Hitachi puso de relieve que Justicia “decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades” y subrayó que el coste “o bien queda claramente por encima de los precios de mercado o bien parece totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado”. La conclusión fue que “el sistema informático de gestión de los expedientes de nacionalidad podía haber costado entre 300.000 y 400.000 euros”, es decir, doce veces menos de lo que se pagó.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

¿Donde estaran?: El ´tasazo´ judicial de Gallardón recauda 34,5 millones en la C. Valenciana

El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, se plantea reformar la ley un año y medio después de su implantación y 512 millones recaudados.
Desde que entrara en vigor el «tasazo» judicial en diciembre de 2012, las arcas del estado español han recibido 34,5 millones de euros de los bolsillos de los valencianos que han tenido que lidiar con asuntos en los tribunales. Esta cifra representa un 6,7 % del total, ya que en año y medio la recaudación tributaria ha ascendido a 512 millones en el conjunto nacional.
Por comunidades autónomas, la madrileña es la que ostenta el primer puesto de esta clasificación. La tributación en esta región es de 139,5 millones desde que entrara en vigor la ley 10/2012 y hasta julio, según una respuesta parlamentaria enviada por el ejecutivo al Congreso a petición del diputado socialista Miguel Ángel Heredia.
Esos datos muestran también que Cataluña es la segunda comunidad con más gasto, con 96,6 millones recaudados, seguida de Andalucía, donde se pagaron alrededor de 54 millones. Por lo tanto, la C. Valenciana no se encuentra entre las tres que más recaudan en este sentido. Tras la comunidad andaluza, los vascos abonaron hasta 40 millones por tasas judiciales. Los siguientes, con 34,5 millones de euros, los valencianos.
En la respuesta parlamentaria no se detalla si estas cifras se adaptan a las expectativas que albergaba el exministro Alberto Ruíz-Gallardón cuando impulsó esta polémica norma, criticada tanto por jueces, como por abogados, procuradores y usuarios. La intención era reducir la litigiosidad dentro del sistema judicial.
Lo cierto es que su sucesor en el ministerio, Rafael Catalá, ha anunciado que revisará «evaluará y analizará» la Ley de Tasas por si hubiera que hacer alguna mejora. Una norma que ha provocado una caída en el número total de casos abiertos Comunitat Valenciana, como ya publicó este periódico. Desde su aplicación y hasta mayo, se han reducido en un 5 % las aperturas de procesos, pasando de 1.011.194 asuntos a 964.405.
Hasta 2013, las tasas afectaban a las personas jurídicas y a las jurisdicciones civil y contencioso administrativo. Con la ley que ahora queda en entredicho, se obliga al pago a todas las personas físicas y se incorpora al pago a la jurisdicción de lo social, la que trata los conflictos laborales, aunque el ministro Gallardón redujo el importe en este caso tras la polémica inicial.
Fuente: www.levante-emv.com

Ya era hora: Justicia destinará 2 millones en 2015 para reformar sedes judiciales, entre ellas, Benalúa y el TSJCV

La Conselleria de Gobernación y Justicia destinará un total de 44,5 millones de euros hasta 2018 para reformar diversas sedes judiciales como el Palacio de Justicia de Benalúa (Alicante), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Ciudad de la Justicia de Valencia y el Palacio de Justicia de la localidad valenciana de Sagunto, entre otras.
Así lo ha anunciado este viernes el conseller de Justicia, Luis Santamaría, durante su intervención en las Corts para explicar el presupuesto de su departamento para el próximo año, cuyo total asciende a 328.134.260 euros, lo que supone un incremento del 3,2 por ciento respecto a 2014. La oposición --PSPV, EUPV y Compromís-- considera estas cifras una "burla" y una "farsa". "Estos presupuestos son una mentira", ha lamentado el portavoz adjunto de EUPV en la cámara valenciana, Lluís Torró.
La mayoría del presupuesto de esta conselleria, es decir, un 75 por ciento, está destinado al Programa de la Administración de Justicia, que cuenta con 241.235.090 euros, un 2,27 por ciento más respecto al ejercicio anterior.
Sobre esta partida, el conseller ha detallado que se continuará con el Plan de Infraestructuras y Edificios Judiciales 2014-2018 (PIEJ), que cuenta con una inversión de 44,5 millones de euros --de los que hay presupuestados unos dos millones para 2015--, y permitirá reformar diversas sedes judiciales como el Palacio de Justicia de Benalúa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Ciudad de la Justicia de Valencia y el Palacio de Justicia de Sagunto, entre otras.

Presidente del Consejo General del Notariado:“No está claro cómo se garantizará la gratuidad del Registro Civil”


Asegura que notarios y registradores proporcionan posiblemente el mejor sistema de seguridad jurídica preventiva del mundo.
José Manuel García Collantes dirige desde hace dos años el Consejo General del Notariado, un período en el que la corporación ha atravesado por alguno de sus momentos más difíciles, incluso internamente, con motivo del polémico anteproyecto de reforma integral de los registros, que trató de sacar adelante el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que finalmente se frenó.
Superadas estas tensiones, el máximo representante de los notarios mira ahora hacia los retos de futuro del colectivo en un escenario en el que se ha producido el relevo en Justicia, con la llegada de Rafael Catalá. En una entrevista concedida a EXPANSIÓN en el ecuador de su mandato, asegura que queda por delante "muchísima tarea por hacer".

OPOSICIONES SECRETARIOS PROMOCIÓN INTERNA Y LIBRE, LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

viernes, 7 de noviembre de 2014

MESA TÉCNICA: OTRAS CUESTIONES PLANTEADAS


Se reclamo la convocatoria de la acción social para el 2015 y el reintegro de las aportaciones a los planes de pensiones, se nos informa que no esta contemplado enel proyecto de presupuestos del próximo año.
Se solicita que la próxima convocatoria de comisiones de servicio se publique lo antes posible, una vez concluyan los plazos de toma de  posesión del concurso de traslados de este año, informando por parte del Director Genera que se intentara.
Se volvio a pedir que los dias de jornada reducida por fiestas locales pudiera acumularse esa reducción como día de asuntos propios, tal como así existe en la Administración General de Estado.
Preguntada la Administración sobre la nueva oferta de empleo público  y la convocatoria de oposiciones para el 2015, dijo que desconocia si habria o no.
Sobre la inversión prevista en la mejora de  edificios judiciales para el próximo ejercicio presupuestario, nos informa que se seguira ejecutando el Plan de Infraestructuras y Edificios Judiciales (PIEJ) acometiendo obras en el Palacio de Justicia de Valencia, Benalua (Alicante), Sagunto, etc. y siguen negociando para habilitar el nuevo palacio de justicia de Alcoi.
Sobre las unidades administrativas, el Director General se comprometio a ofertar el 40% de las plazas (26 plazas aprox.) en concurso de traslados el próximo mes de enero, esperemos que así sea y no incremente el número de compromisos incumplidos

Catalá ofrece lealtad y colaboración a las comunidades autónomas para acometer las reformas de la Justicia esta legislatura

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha ofrecido hoy lealtad y colaboración a los representantes de las comunidades autónomas con competencias transferidas, que han asistido a la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, para abordar esta legislatura las reformas necesarias para mejorar la Administración de Justicia.
El ministro se ha mostrado consciente de los tiempos legislativos y el periodo que queda de legislatura para centrar su intervención en las reformas en las que se está concentrando el trabajo del Ministerio de Justicia: la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y aspectos puntuales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Documentos asociados:
141106 Conferencia Sectorial (PDF. 79 KB)

Catalá implica a los sindicatos en la reforma de la Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy (4/11/14) con los dirigentes de los sindicatos con representación en la Administración de Justicia a los que ha manifestado su convicción de que los 48.000 funcionarios y trabajadores que desarrollan su labor en ella son también Justicia.
Durante la reunión de la primera mesa sindical que preside Catalá como ministro, se ha abordado la necesidad de analizar en profundidad la situación de los diferentes colectivos, como los secretarios judiciales, el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, o el de Auxilio Judicial.
 
Documentos asociados:
141104 Mesa Sindical (PDF. 79 KB)

miércoles, 5 de noviembre de 2014

Mesa de negociación con el Conseller de Justicia



No suele ser habitual que los Consellers bajen a la arena de confrontación con los representantes de los trabajadores, al menos en la administración de justicia, pero el nuevo Conseller ha tenido la deferencia de asistir a la primera reunión de Mesa Técnica convocada desde que fue nombrado el verano pasado. Es un gesto, y como tal lo reconocemos.
Por su parte, la DGJ tenía mucha prisa en dar por negociada la amortización de plazas de Tramitación de los Juzgados de Instrucción de Castellón y Torrevieja y la creación de otras en los Penales de Castellón, Gandía y Orihuela, y de Gestión en diferentes Unidades Administrativas, tal y como habíamos informado. Eso era saltarse el procedimiento y por ese motivo se convocará en breve una Mesa Sectorial en la cual muy probablemente se acordará lo siguiente:

Se constituirá un grupo de trabajo para iniciar la negociación de la futura carrera profesional para el personal de Justicia. Partiendo de la base de que la Ley de Presupuestos para el 2015 no contemplará esta partida, la negociación se convertirá en una farsa para tenernos entretenidos, porque en la Conselleria saben sobradamente que, si se cumplen todas las previsiones, no serán ellos quienes lo paguen. En todo caso, desde Intersindical ya hemos anunciado que nosotros defenderemos un modelo de carrera que no aumente desproporcionadamente las diferencias salariales de los diferentes grupos, que no excluya al personal interino y que no penalice a las personas que promocionen a un cuerpo superior (como sí pasa en Sanidad y en la Administración del Consell).

Propuesta de modificación de plantillas.
La DGJ ha utilizado la estrategia de anunciar primero la amortización de una plaza de Tramitación en los de Instrucción de Castellón, para después ampliar la propuesta a dos plazas y finalmente dejarla en uno, como si de esta manera hubiéramos conseguido algo. Desde Intersindical insistimos en calificar la política de personal de la Conselleria como caótica y errática, nos reafirmamos en que en la Administración de Justicia no sobra nadie y reiteramos la necesidad de crear 80 órganos judiciales en la Comunitat Valenciana tal y como se señala por la Presidenta del TSJ y por el Servicio de Inspección del CGPJ.

martes, 4 de noviembre de 2014

BOE: PUBLICACIÓN DESTINOS CONCURSO DE TRASLADOS

Publicada la resolución por la que se resuelve el concurso de traslados de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio. 
  • Las fechas de cese en horario de 11 a 14 horas son: 
- Tramitación: el 11 de noviembre.
- Gestión y Auxilio: el 17 de noviembre.

Tomas de posesión en horario de 9’00 a 10’00 horas en los plazos contados desde el día siguiente al cese de:
- 3 días naturales cuando se produce dentro de la misma localidad.
- 8 días naturales dentro de la misma Comunidad Autónoma.
- 20 días naturales si implica cambio de Comunidad.
- 1 mes en relación con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo a la Administración de Justicia 
en los Cuerpos o Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa o Auxilio Judicial, procedentes desde las situaciones administrativas de 
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia 
voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar o 
suspensión de funciones, incluyéndose en este punto a los funcionarios que se encuentren 
adscritos provisionales, el plazo posesorio será de veinte días naturales y deberá de 
computarse desde el día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». Este plazo posesorio no será retribuido.
Para la formalización de los documentos de cese y/o toma de posesión, deberán personarse en las sedes de la Conselleria de Gobernación y Justicia que se detallan a continuación y correspondan, en atención a la provincia donde esta destinada la plaza adjudicada:
  • Dirección Territorial de Alicante. Rambla de Méndez Núñez, n.º 41-2.ª planta. 03001 Alicante.
  • Dirección Territorial de Castellón. Calle Mayor, n.º 76. 12001 Castellón.
  • Dirección General de Justicia. Complejo Administrativo Nueve de Octubre. Torre 4, 2.ª planta. Calle Castán Tobeñas, n.º 77. 46018 Valencia
COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

lunes, 3 de noviembre de 2014

BOE: CREACIÓN TRES NUEVOS JUZGADOS DE LO PENAL

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial
  • Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.