Llegó
Alberto Ruiz Gallardón hace un año al Ministerio de Justicia -ámbito
sobre el que nada conocía, más allá de una oposición lejanamente aprobada a la
carrera fiscal, que, por lo demás, nunca llegó a ejercer- anunciando grandes
proyectos para mejorar y modernizar la Justicia.
Un día sí, y otro también, se pronunciaba sobre reformas en clara búsqueda
de titulares periodísticos que, a la semana siguiente, él mismo contradecía o
dejaba sin contenido: ¿quién no recuerda cómo manifestaba que el mes de agosto debía
dejar de ser inhábil para las actuaciones judiciales, iniciando
incomprensiblemente sus hostilidades contra el Poder Judicial, al insinuar que
los jueces no rendían suficientemente, porque en algunas jurisdicciones dicho
mes era legalmente inhábil?
"España no está para siestas", llegó a proclamar demostrando una soberana
ignorancia de la verdadera dimensión del esfuerzo que todos los funcionarios de
la Administración de Justicia realizan para paliar el daño que está causando la
crisis económica en nuestra sociedad. Muchos órganos judiciales están
desbordados por el ingente volumen de pleitos suscitado entre los ciudadanos,
las empresas y las administraciones públicas. Jamás se había visto tamaño
impacto en los juzgados en la Historia reciente de España.
