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jueves, 31 de marzo de 2011

Rectificación oferta plazas del Cuerpo de Gestión Turno Libre


Oposiciones 2008 (Gestión Libre)

El Consell quiere cambiar los quince juzgados nuevos por diez jueces móviles

Si el Gobierno acepta habría titulares pero no las 150 plazas de funcionarios correspondientes.

La Conselleria de Justicia -que ahora es responsabilidad de Rafael Blasco- ha planteado al Gobierno sustituir los quince juzgados de nueva creación que tienen que ponerse en marcha el próximo mes de junio por jueces de adscripción territorial que irían moviéndose de un tribunal a otro en función de las distintas cargas de trabajo que soportan, según informó ayer la Generalitat en un comunicado.
Los sueldos de estos jueces corresponden al Ministerio del Justicia, mientras que los de los del funcionariado son de competencia autonómica. La previsión es que para los 15 juzgados tendrían que crearse hasta 150 plazas de funcionarios.
Los quince juzgados tenían que haber entrado en funcionamiento a finales del pasado diciembre para toda la Comunitat Valenciana, pero la Conselleria de Justicia pidió una moratoria alegando que no disponía de fondos para crear las plazas de funcionarios necesarios para ponerlos en marcha.
Desde el Consell se han reclamado al Ministerio de Justicia diez jueces de adscripción territorial que junto a los cinco ya otorgados a la Comunitat Valenciana "sustituirían a la quincena de juzgados inicialmente pedidos".
El Consell entiende que ese número de jueces sería suficiente para atender las necesidades de aquellos partidos judiciales que más refuerzo requieren. Desde la Conselleria de Justicia se comprometen a poner los medios materiales y personales que se precisen. La nota de prensa incide en que también se reforzarían con la medida el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y las Audiencias Provinciales, "lo que evitaría la innecesaria creación de nuevos juzgados con una estructura ya obsoleta y totalmente inadecuada".

Austeridad presupuestaria
La Generalitat Valenciana enmarca esta decisión en el actual contexto de austeridad presupuestaria y considera "desproporcionado" el coste de la puesta en funcionamiento de estos juzgados, ya que requiere "no solo importantes inversiones en infraestructuras sino también la creación de 150 plazas de funcionarios".
Para el Consell, este gasto "carece de sentido" cuando se encuentra próxima la reforma legal que permitirá la puesta en funcionamiento de los tribunales colegiados de Instancia, que darán paso a una nueva organización que optimizará los recursos materiales y humanos.
La carta remitida al Ministerio de Justicia descarta incrementar el número de juzgados y apuesta por adaptar los actuales a la estructura que supone la llamada nueva oficina judicial, cuya reforma se aprobó hace un año y que está paralizada en la Comunitat Valenciana por la falta de inversión.
En la ciudad de Alicante, su aplicación es inviable hasta que no se construya la sede de la Ciudad de la Justicia, ya que los edificios que albergan los juzgados no reúnen los requisitos necesarios para llevarlos a la práctica. Estas carencias son fundamentalmente grandes salas para albergar los macro servicios comunes de las distintas jurisdicciones. En Valencia, Castelló y Elx no habría -en principio problemas.
El comunicado del Consell recoge declaraciones de altos responsables del Ministerio de Justicia, entre ellos el ministro Francisco Caamaño, planteando que la mera creación de más juzgados no soluciona el problema la lentitud en esta administración.
fuente: www.levante-emv.com

TRAMITACIÓN TURNO LIBRE, RECTIFICACIÓN LISTADO DE APROBADOS

 

 

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. Orden JUS/1655/2010, de 31 de mayo, BOE del 22 de junio.

Acuerdo de 29 de marzo de 2010, del Tribunal Calificador Único, ACCESO LIBRE, por el que se rectifica el Acuerdo de 14 de marzo.

30 de marzo de 2011
Documentos asociados

miércoles, 30 de marzo de 2011

SECRETARIOS JUDICIALES PROMOCIÓN INTERNA, NOTA ACLARATORIA

 

SECRETARIOS JUDICIALES, Orden JUS/3636/2009, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Orden por la que se hace pública la relación de aprobados del turno de promoción interna

30 de marzo de 2011

Ante las dudas planteadas por los aspirantes que han superado las pruebas selectivas de promoción interna, con respecto a  la documentación que deben presentar, se informa que la Certificación del Ministerio u Organismo en el que presten sus servicios no es necesario aportarla, ya que se comprobará de oficio en el Registro Central de Personal del Ministerio de Justicia.
El plazo de los 20 días naturales para presentar la documentación comprende desde los días 18 de marzo a 6 de abril, ambos inclusive.
Documentos asociados
Orden de 10 de marzo de 2011 (PDF. 297 KB)

martes, 29 de marzo de 2011

Nombraniento funcionario en prácticas cuerpo de Auxilio (OPE 2010)

AUXILIO JUDICIAL. Orden JUS/1653/2010, de 31 de mayo, BOE del 22 de junio.

Orden de 22 de marzo de 2011, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial.

29 de marzo de 2011
Documentos asociados
Nombramiento Funcionarios en practicas Auxilio 2010 (PDF. 63 KB)

PLAZAS OFERTADAS APROBADOS GESTIÓN TURNO LIBRE (OPE 2008)





Oposiciones 2008 (Gestión Libre)
  • Resolución, de 22 de marzo de 2011, del Director General de Justicia y Menor, por la que se hace pública la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre.
  • Relación plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Valenciana.

lunes, 28 de marzo de 2011

Justicia incorpora en el Anteproyecto de Agilización Procesal una medida de jueces de Valencia para agilizar desahucios

Magistrados piden que la norma también limite los recursos e incluya una tasa para presentar denuncias y querellas en materia Penal

 El Ministerio de Justicia ha incorporado en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal una medida propuesta por los jueces de Valencia que persigue agilizar los desahucios. El objetivo es extender el esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucios y reducir, así, los tiempos de lanzamiento a la mitad.

   Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en una rueda de prensa en la que ha hecho un repaso de las medidas propuestas por los magistrados de Valencia para reducir la litigiosidad, algunas de las cuales ya incorporó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe de 2009, y otras de ellas se han introducido en el Anteproyecto de Ley de Agilización.
   Una de las que han llegado hasta este anteproyecto es la de la extensión del esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucio. Esto recortará los tiempos y evitará que se celebren vistas en las que sólo acudían los demandantes, lo cual "es completamente inútil", ha apostillado Viguer.
   Con esta medida, el perjudicado podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino, y éste tendrá un plazo de 10 días para oponerse a la reclamación --lo que llevaría el caso a juicio--; pagar --se termina el asunto--; irse de la vivienda; o no decir nada --en este último caso, se dictará el lanzamiento sin pasar por juicio--.
   Viguer ha señalado que en la actualidad, para llegar a juicio, pueden pasar dos o tres meses, y desde que éste se celebra hasta que existe la ejecución, transcurre más tiempo. Con la nueva medida, los tiempos se reducirían a la mitad, ya que no habría que esperar esos dos o tres meses de señalamiento para juicio --a no ser que se opusiera a la reclamación--.
   Esta medida no se recogió en el informe del CGPJ, pero sí lo hace el Anteproyecto, que en su exposición de motivos señala que "se extiende el sistema de juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento.
   Asimismo, el Gobierno ha incorporado en esta normativa otras propuestas de los jueces valencianos. Una de ellas, relativas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, hace referencia a la introducción del criterio objetivo de vencimiento en materia de costas procesales. De esta manera, se dejarán de interponer muchos recursos.
   Otra de ellas ha sido la de elevar el límite cuantitativo de los asuntos no apelables de 18.000 a 30.000 euros, suprimir la posibilidad de recurso en determinadas materias como en el caso del régimen sancionador de los funcionarios públicos y limitar los recursos de apelación en ejecución de sentencia.
   En el orden Civil, el Anteproyecto incluye --a petición de los jueces de Valencia-- que se suprima el límite máximo del proceso monitorio fijado actualmente en 250.000 euros; y que se amplíe el límite cuantitativo mínimo para acceder al recurso de casación, que pasa de 150.000 a 800.000 euros --los magistrados proponían un aumento de 150.000 a 300.000 euros--.
ENMIENDAS DEL CGPJ
   El CGPJ también tiene intención de instar por vía de enmienda que se introduzcan en la normativa algunas propuestas de los jueces decanos en el orden Penal, como por ejemplo la limitación de los recursos durante la instrucción, suprimiendo los recursos de reforma, súplica y queja, y reservando el recurso de apelación para las resoluciones que acuerden medidas cautelares reales o personales, sobreseimiento, transformación o procesamiento, y en los casos previstos en la ley.
   Asimismo, solicitará que se suprima el recurso de apelación de sentencias absolutorias en juicios de faltas; que se incluya la Oficina de Presentaciones en las instancias judiciales --algo en lo que Valencia es pionera--; una regulación más completa del secreto de las actuaciones; y que exista una comparecencia inicial en las ejecutorias que permitan resolver todas las cuestiones penales y civiles, evitando peticiones y resoluciones sucesivas.
MEDIDAS EXCLUIDAS
   Además de estas medidas, los magistrados también han señalado otras que consideran "importantes" para reducir la litigosidad. Una de ellas --en materia Civil-- hace referencia a la tramitación de las separaciones de mutuo acuerdo sin hijos en los Juzgados de Paz; la limitación del número de testigos a tres; limitación del acceso al recurso de apelación por debajo de 3.000 euros y en asuntos que no producen efectos de cosa juzgada; y modificación del régimen de rebeldía procesal, que en supuestos de citación o emplazamiento efectivo debería equivaler a conformidad con los hechos.
   En el orden Penal, reclaman que se implante una tasa generalizada para la formulación de denuncias y querellas o, al menos, respecto de estas últimas las de carácter económico; que se limiten los recursos en las ejecutorias, especialmente los relativos a los plazos para el pago de responsabilidades pecuniarias; y también que se limiten los recursos en materia de suspensión y sustitución de penas.
   Además, solicitan que se regule una comparecencia o audiencia preliminar en los juicios orales penales para analizar las cuestiones previas y dar al acusado la oportunidad de conformase sin necesidad de citar a las partes, testigos y peritos, "evitando miles de citaciones innecesarias", ha puntualizado Viguer; y fomentar la "escasa" colaboración de las entidades públicas en materia de trabajos en beneficio de la comunidad.
   En materia Contencioso-Administrativa, reclaman que se estudie la posibilidad de arbitrar mecanismos que excluyan el acceso a la jurisdicción cuando se trate de sanciones de escasa cuantía, por ejemplo, multas de tráfico o de estacionamiento indebido. "Sería conveniente establecer una cuantía mínima para acceder al recurso, por ejemplo, por encima de 300 euros", ha dicho.
   Con todo, Viguer ha lamentado que el Anteproyecto es "insuficiente" porque recoge tan sólo una mínima parte de las 70 medidas propuestas por los jueces. Ha dirigido su crítica, fundamentalmente, a que la mayoría de las incorporaciones "benefician a la Audiencia y al Tribunal Supremo, cuando el mayor colapso se produce en los juzgados unipersonales". Solicita que se incluyan algunas medidas más de los magistrados.
Fuente: www.europapress.es

Los jueces quieren limitar el número de testigos en los juicios para agilizar las vistas

Los magistrados valencianos proponen eliminar los juicios de faltas como los de peleas de vecinos para acabar con el colapso judicial

Los jueces valencianos quieren limitar el número de testigos en los juicios para agilizar las vistas. La medida forma parte de las setenta propuestas que han elaborado los magistrados para acabar con el colapso judicial. Los responsables judiciales tratan de que el Ministerio de Justicia las incluya en la reforma que está tramitando el Parlamento. El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, explicó que el Consejo General del Poder Judicial ya ha asumido algunas iniciativas.
Pedro Viguer indicó ayer que el problema de fondo del colapso judicial es el incremento de la litigiosidad en los últimos diez años. El decano precisó que el número de asuntos se ha duplicado en los últimos diez años y, sin embargo, la plantilla de jueces sólo ha crecido un veinte por ciento. El magistrado lamentó que la consecuencia es una pérdida de eficacia.
El juez insistió en que la solución pasa por adoptar medidas de largo alcance para reducir la carga de trabajo de los juzgados y agilizar los procedimientos. Viguer subrayó que es absurdo que un asunto de tráfico de 150 euros conlleve un año de trabajo. "El sistema es igual para un caso de 150 euros que para un asunto de tres millones", advirtió. El magistrado incidió en que el sistema es "hipergarantista".
Los jueces valencianos proponen eliminar los juicios de faltas. El colectivo cree que no tiene sentido que un magistrado que instruye grandes asuntos de narcotráfico o de prostitución invierta un día de la semana en juicios de faltas de "casos irrelevantes". "Los magistrados tienen una sensación de pérdida de tiempo. En un juicio de faltas por una disputa vecinal pueden llegar a intervenir un juez, peritos, agentes de la policía, un fiscal, letrados y procuradores. El coste puede rondar los cinco mil euros y el resultado final sólo es una sanción leve". señaló. El decano recordó que las sanciones económicas de la Dirección General de Tráfico son más altas que las que imponen los jueces por lo que considera que es absurdo activar la maquinaria judicial para asuntos menores. "El problema es que son casos que entorpecen y la sensación de lentitud de la Justicia beneficia al infractor", subrayó.
La magistratura también quiere acabar con la posibilidad de interponer recursos por todo -como está haciendo el jefe del Consell en la causa de los trajes- ya que eternizan los procesos. Pedro Viguer -que no se refirió a ningún caso concreto- está convencido de que la opción de recurrir sin límite "es una locura que retrasa en exceso los procedimientos".
Los jueces valencianos creen que es necesario que la policía deje de remitir en papel todas las denuncias cuando no esté identificado el autor del delito. Además, consideran que se debería pagar una tasa para interponer una querella o una denuncia de carácter económico.
Los magistrados apuestan por que la policía se encargue directamente de controlar la presentación de las personas que están en libertad condicional y que hasta ahora deben acudir cada quince días al juzgado. Los jueces tratan de evitar un nuevo caso Mari Luz - que puso al descubierto las deficiencias de un sistema judicial lento y obsoleto- e inciden en que la policía tiene más medios para controlar a las personas que están en busca y captura. Los magistrados valencianos ya han mejorado el sistema con la oficina de presentaciones en la Ciudad de la Justicia que ha permitido localizar a 50 personas en el mes que lleva en marcha, pero reiteran que la responsabilidad debe recaer en la policía.

Plazos de ejecución
Pedro Viguer insistió en que en la jurisdicción civil es esencial acortar los plazos de la ejecución de los desahucios. El Ministerio de Justicia ha incorporado en la reforma que está tramitando una propuesta de los jueces valencianos que permitirá reducir los tiempos de lanzamiento del inquilino moroso a la mitad. Con la medida, el propietario podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino y en el noventa por ciento de los casos se producirá el desalojo en un plazo máximo de tres meses.
El juez decano defendió que es esencial limitar a tres el número de testigos en los juicios civiles para evitar alargar de forma innecesaria las vistas con testimonios que son reiterativos.
En la jurisdicción Contencioso Administrativa, los jueces valencianos reclaman que se estudie la posibilidad de arbitrar mecanismos para evitar que los ciudadanos puedan litigar contra la Administración cuando se trate de sanciones de escasa cuantía como multas de tráfico. Además, apuestan por introducir el copago para que "no sea gratis pleitear" contra la Administración.
Pedro Viguer destacó que los jueces valencianos creen que la reforma judicial "se ha quedado corta" y confió en que el Ministerio de Justicia tenga en cuenta sus propuestas.  

Fuente:http://www.levante-emv.com/

Consell aprueba modificación presupuestaria para pagar 33 millones a Correos

El Gobierno valenciano ha aprobado una modificación presupuestaria de 33,3 millones de euros para hacer frente a la deuda contraída con Correos, a la que abonará 11,1 millones al año hasta 2013, según han informado fuentes de la Conselleria de Justicia.
La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha asegurado en rueda de prensa que este acuerdo de pago plurianual restablece la normalidad del servicio en el reparto de la correspondencia de las sedes judiciales valencianas.
Según ha reconocido la portavoz, que no ha especificado la partida presupuestaria que se verá afectada por esta modificación, esta operación generará un pago de intereses.
Sánchez de León se ha referido por otra parte a la propuesta de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que ha defendido hoy una mayor introducción del copago en sanidad y educación, concretamente en los estudios universitarios, austeridad en las Administraciones Públicas y el pago a los proveedores en los plazos establecidos.
Al respecto ha asegurado que el pago a las empresas es una "prioridad" del Consell, que siempre solventa los "desajustes puntuales" que pueda haber en un contexto de "falta de liquidez" generalizada.
Además, ha recordado que la Generalitat es "pionera" en la reducción del gasto público, y que ha probado un plan que le va a permitir ahorrar "1.000 millones de euros en un dos años".
Fuente: www.adn.es

El decano de los procuradores cree que el Consell debe estudiar devolver las competencias de Justicia

Cerrillo lamenta que el impago a Correos es "un problema más" y reclama a la Generalitat que actúe con responsabilidad

El decano del Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco Cerrillo, cree que ha llegado el momento de que la Generalitat Valenciana se plantee "devolver las competencias de Justicia al Estado o asumirlas con responsabilidad". Cerrillo considera que el colapso de los envíos judiciales -que ayer quedó resuelto- es "un problema más" que demuestra la falta de previsión del Consell. El representante de los procuradores está convencido que "desde hace dos años el Gobierno autonómico actúa mal porque los presupuestos no son realistas". La opinión de los procuradores es un reflejo del estado de ánimo de los profesionales de los tribunales, que han comprobado que ya no queda dinero para poner en marcha nuevos juzgados, pagar a los proveedores o incrementar el gasto del turno de oficio.
Correos reanudó ayer el servicio tras dos días sin recoger los envíos postales de los juzgados por la deuda de la Generalitat, que es de 33 millones de euros. El Consell se ha comprometido con la empresa postal a saldar la deuda en tres años.
El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, admitió ayer que es preocupante que "esto suceda. La Justicia no puede ser la hermana pobre de los presupuestos. A nadie le cabría en la cabeza que esto ocurriera en sanidad". Durán advirtió de que debe mejorar "la gestión y la inversión. Si hay presupuesto para inaugurar nuevos edificios en las Corts también tiene que haber dinero para los juzgados. Los ciudadanos necesitan que la Justicia funcione y sea ágil".
Los sindicatos ya alertaron el lunes del "inminente colapso judicial" por la suspensión de la recogida de los envíos postales. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, tuvo que recordar al conseller Blasco -que ha asumido las competencias de Justicia- que "es un servicio esencial que no puede estar paralizado". Correos recogió a las 12.30 horas de ayer 200 cajas de correspondencia acumulada en el sótano de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El decano de los procuradores incidió en que los procedimientos "no pueden avanzar si no son notificados. Antes hacían la notificación en persona con taxis, pero hace un año los redujeron a la mitad para ahorrar costes. Después, hubo una recomendación para que los juzgados hicieran las comunicaciones a través de envíos postales para reducir el presupuesto. La última es que no pagan a Correos". Francisco Cerrillo subrayó que "los presupuestos de la Conselleria de Justicia son insuficientes. Para el turno de oficio tienen presupuestado el mismo dinero que hace tres años y tardan en pagar. Correos ha aguantado más que nadie". El noventa por ciento de las comunicaciones de los juzgados se hacen ya a través de envíos postales.

"No se puede consentir"
El presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios y de su filial valenciana Avacu, Fernando Móner, señaló que "no se puede consentir que los impagos conlleven retrasos en los juicios. La Administración de Justicia es más lenta de lo aceptable. Si los usuarios ven que se retrasan sus procedimientos pueden denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial para que lo investigue". La secretaria de la Unión de Consumidores de España en la C. Valenciana, Isabel Dolz, coincidió con Móner en que la situación de los juzgados "es preocupante. Hay asuntos urgentes que no pueden esperar".
Fuentes de la Generalitat explicaron que el acuerdo con Correos consiste en abonar cada año once millones de euros de la deuda, aunque el pago se ha fraccionado en mensualidades. Estas fuentes insistieron en que la deuda es de años anteriores.
La Generalitat comenzó a tener problemas con Correos en octubre tras los cortes de suministro eléctrico en algunos servicios por impago y la amenaza de interrupción de las comunicaciones telefónicas a varios departamentos por morosos.

Problema extendido
La dirección territorial de Correos remitió en otoño una circular a todas las oficinas de la provincia de Valencia ordenando la suspensión en conselleries como Presidencia, Economía o Bienestar Social. La circular recalcaba que sólo se prestarían los servicios "mediante el pago previo (al contado)".
El impago mantenía paralizadas en noviembre 4.300 notificaciones sobre minusvalías. En ese momento, el Consell tuvo que recurrir a su personal subalterno y a los coches oficiales y a los coches oficiales del parque móvil de la Generalitat Valenciana para dar salida a sus comunicaciones.
Fuente: www.levante-emv.com

domingo, 27 de marzo de 2011

Intersindical se opone a la propuesta de medidas “armonizadoras” del Régimen de Clases Pasivas del Estado y oposiciones Justicia


Delante de la propuesta del Gobierno español sobre Medidas armonizadoras del régimen de clases pasivas del estado con el Régimen General de la Seguridad Social, que ha dado conocer, Intersindical Valenciana se opone a las medidas propuestas ya que comporta la desaparición del régimen actual de jubilaciones del régimen de clases pasivas.

El documento presentado por el gobierno español supone un nuevo ataque a las personas funcionarias sobre los que se pretende hacer pagar una crisis económica que no hemos generado. En el año pasado se redujeron los salarios. Ahora, en 2011, se pretende alargar la edad de jubilación pasando de los 65 a los 67 que se cobraría al 100% con 37 años de servicios. Además, desaparece la jubilación voluntaria actual que era a los 60 años y 30 de servicios.

El gobierno pretende sustituir la actual jubilación voluntaria (60 años de edad y 30 de servicios) por la jubilación a los 65 años con 38 años y 6 meses de servicio o por otra modalidad que posibilita la jubilación con 63 años acreditando 33 años de servicios a la que se puede acceder con una penalización de un coeficiente reductor del 1,875% por cada trimestre o fracción que la persona funcionaria avance la edad de la jubilación que le corresponda. Esta penalización puede llegar al 30%, aproximadamente.

Eso significa que todo el funcionariado de régimen de clases pasivas que se podría jubilar en 2013 con 60 años y 30 de servicios ya no lo podrá hacer, ya que se establece un período transitorio a partir de 2013 hasta el 2021, que incrementa progresivamente la edad y el tiempo de cotización. A partir de este año todo el funcionariado se deberá jubilar a los 67 años si quiere mantener el 100% de la prestación por jubilación, momento en el que se aplicarán los coeficientes reductores mencionados.

Esta “armonización” que pretende el gobierno español es relativa, ya que en ningún momento se habla de la jubilación parcial a la que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras acogidas al Régimen General de la Seguridad Social (RGSS). Tampoco se menciona la gratuidad de los medicamentos para el funcionariado jubilado, al que también tienen derecho al RGSS.

Esta propuesta del gobierno es una consecuencia más del pacto de la reforma de las pensiones, a la que Intersindical Valenciana se ha opuesto, como también se opone a este nuevo recorte del gobierno español y anuncia que propondrá al resto de sindicatos y al personal afectado por esta nueva agresión la convocatoria de movilizaciones.

INICIO CLASES DE PREPARACIÓN DE OPOSICIONES JUSTICIA

GRUPOS DE GESTIÓN. TRAMITACIÓN Y AUXILIO

Lugar: Escola sindical Melchor Botella, Avd. Burjassot, 167 Valéncia

OPE: Gestión….282 plazas, Tramitación…..441 plazas, Auxilio……383 plazas

Horario: martes 16 a 20 horas Precio: afiliados…..50€, no afiliados……..70€ y 20€ matrícula

En Valenciano:

Intersindical s'oposa a la proposta de mesures “harmonitzadores” del Règim de Classes Passives de l'Estat

Davant la proposta del Govern espanyol sobre Mesures harmonitzadores del règim de classes passives de l’estat amb el Règim General de la Seguretat Social, que ha donat conéixer avui, Intersindical Valenciana s’oposa a les mesures proposades ja que comporta la desaparició del règim actual de jubilacions del règim de classes passives.El document presentat pel govern espanyol suposa un nou atac a les persones funcionàries sobre els quals es pretén fer pagar una crisi econòmica que no hem generat. En l'any passat es van reduir els salaris. Ara, en 2011, es pretén allargar l'edat de jubilació passant dels 65 als 67 que es cobraria al 100% amb 37 anys de serveis. A més, desapareix la jubilació voluntària actual que era als 60 anys i 30 de serveis.

El govern pretén substituir l'actual jubilació voluntària (60 anys d'edat i 30 de serveis) per la jubilació als 65 anys amb 38 anys i 6 mesos de servei o per una altra modalitat que possibilite la jubilació amb 63 anys acreditant 33 anys de serveis a la qual es pot accedir amb una penalització d'un coeficient reductor de l'1,875% per cada trimestre o fracció que la persona funcionària avance l'edat de la jubilació que li corresponga. Aquesta penalització pot arribar al 30%, aproximadament.

Això significa que tot el funcionariat de règim de classes passives que es podria jubilar en 2013 amb 60 anys i 30 de serveis ja no ho podrà fer, ja que s’estableix un període transitori a partir de 2013 fins al 2021, que incrementa progressivament l’edat i el temps de cotització. A partir d’aquest any tot el funcionariat s’haurà de jubilar als 67 anys si volen mantindre el 100% de la prestació per jubilació, moment en el qual s’aplicaran els coeficients reductors esmentats.

Aquesta “harmonització” que pretén el govern espanyol és relativa, ja que en cap moment es parla de la jubilació parcial a la qual tenen dret els treballadors i treballadores acollides al Règim General de la Seguretat Social (RGSS). Tampoc s’esmenta la gratuïtat dels medicaments per al funcionariat jubilat, al qual també tenen dret al RGSS.

Aquesta proposta del govern és una conseqüència més del pacte de la reforma de les pensions, a la qual Intersindical Valenciana s’ha oposat, com també s’oposa a aquesta nova retallada del govern espanyol i anuncia que proposarà a la resta de sindicats i al personal afectat per aquesta nova agressió la convocatòria de mobilitzacions.

INICI CLASSES DE PREPARACIÓ D´OPOSICIONS JUSTÍCIA

GRUPS DE GESTIÓ, TRAMITACIÓ I AUXILI

Lloc: Escola sindical de formació Melchor Botella, Avgda. Burjassot, 167 València

OPE: Gestió….282 plazas, Tramitació…..441 plazas, Auxili……383 plazas

Horari: dimarts 16 a 20 hores Preu: afiliats…..50€, no afiliats……..70€ y 20€ matrícula



Accede a la propuesta del Gobierno reforma de clases pasivas