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jueves, 28 de enero de 2010

Elx: El Contencioso inicia el traslado para prestar servicio en la nueva Ciudad de la Justicia


El juzgado de lo Contencioso número 1 de Elche inició ayer los trabajos de mudanza a las nuevas instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Elche. Trabajadores y operarios se emplearon durante toda la jornada en el embalaje de los expedientes para su envío a las dependencias, que de manera provisional, el equipo de este órgano judicial compartirá con la plantilla del juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad, que abrió sus puertas al público hace unas semanas, inaugurando las nuevas infraestructuras,El cambio de emplazamiento se ha llevado a cabo cumpliendo con el anunció expresado hace unos días durante una visita a la ciudad por la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, quien subrayó la "necesidad" de materializar este traslado con anterioridad a la finalización de las obras del nuevo edificio, dadas las condiciones del solar en el que, hasta la fecha, se encontraba ubicado el Contencioso.
El cambio de emplazamiento se ha hecho efectivo tras años de reivindicaciones motivadas por las condiciones de insalubridad a las que ha hecho frente la plantilla. Situaciones límite que obligaron al personal a abandonar las dependencias en diversas ocasiones ante la imposibilidad de seguir prestando servicio al público por las filtraciones y los malos olores.
De igual manera, los afectaron llegaron a trabajar con mascarillas en señal de protesta por la falta de respuesta de la Conselleria de Justicia, tras el envío de diversas quejas para lograr solucionar el problema.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Castelló: Justicia confirma que se creará otro juzgado en Nules para paliar el atasco

El secretario de Estado, Juan Carlos Campo, confía en el refuerzo pero recuerda que debe pedirlo el Consejo General del Poder Judicial.
El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, afirmó ayer en Castelló que se creará un nuevo juzgado en Nules durante 2010 para "afrontar la sobrecarga que soporta este juzgado".Campo hizo estas declaraciones tras la inauguración del IV Congreso del Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) en la Ciudad de la Justicia de Castelló.El secretario de Estado de Justicia afirmó que la creación de un nuevo órgano judicial en Nules es "competencia del Consejo General del Poder Judicial, que es el que nos propone la creación tanto a la Administración Autonómica como al Ministerio de Justicia".En este sentido ha añadido que el CGPJ "muestra su preocupación constante sobre este particular, por ello se está barajando y valorando la propuesta de la Comunidad Autónoma para crear un nuevo juzgado en la anualidad de 2010 para afrontar la sobrecarga que soporta este juzgado".Por ello, agregó, "atendiendo a los informes del CGPJ se entiende la sobrecarga y desde el ministerio se atenderán todas las peticiones de refuerzo con la celeridad que la ciudadanía reclama y exige".Sobre la creación de nuevos juzgados, Juan Carlos Campo aseguró que se está haciendo un "esfuerzo enorme" para complementar la planta judicial, por ello "el plan estratégico ha abordado un crecimiento en todo el territorio nacional" y ha comparado las dos legislaturas anteriores a la llegada del Partido Socialista, "en las que se crearon 80 unidades judiciales, mientras que en lo que va de esta legislatura se han creado 175". Las mesas redondas continúan hoy con la participación de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, y del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Gabriela Bravo participará en la charla La Administración de Justicia como servicio al ciudadano, a la que se sumará Fernández Bermejo.
Fuente: www.levante-emv.com

Benidorm: Las goteras inundan el Juzgado de Violencia a los dos años de abrir


Los funcionarios se quejan a la conselleria del "penoso" estado de las dependencias, encharcadas en pasillos y salas por las que pasan cables, y exigen un arreglo inmediato.
Las lluvias caídas entre el pasado martes y el día de ayer han llenado de goteras el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm, situado en la quinta planta del Palacio de Justicia y que comenzó su andadura hace tan sólo dos años. Según pudo comprobar durante la mañana de ayer este diario, las dependencias de este juzgado se han visto encharcadas por completo durante los últimos días, lo que ha obligado a las funcionarias a llenar de cubos pasillos, zonas de trabajo y salas de declaraciones para recoger el agua de las goteras y a tener que pasar constantemente la fregona para evitar caídas, tanto de trabajadores como de usuarios.
Fuentes de esta sede judicial indicaron que esta situación se ha comunicado a la Conselleria de Justicia en varias ocasiones, aunque sólo han obtenido el silencio por respuesta. Según un escrito remitido al departamento que dirige la consellera Paula Sánchez de León el pasado martes, y al que ayer tuvo acceso este diario, los trabajadores exponen las "penosas y peligrosas condiciones" en las que trabajan, puesto que este juzgado "se inunda cada vez que llueve". En la lista de deficiencias que detallan recuerdan que, además de pasillos y salas encharcadas, hay numerosos "cables por los suelos, con el consiguiente riesgo eléctrico" que ello provoca. Y además, según estos trabajadores, el agua no sólo entra por los techos debido a las goteras. Cuando las lluvias son fuertes, también hay filtraciones a través de los grandes ventanales que cubren el edificio y en alguna ocasión el agua también cae a través de los conductos del aire acondicionado, lo que días atrás provocó que se empaparan numerosos expedientes archivados en un mueble y el ordenador de una trabajadora, que tuvo que cambiarse de ubicación.
El edificio del Palacio de Justicia de Benidorm fue inaugurado en marzo de 2003, aunque su quinta planta permaneció sin uso hasta el pasado 28 de diciembre de 2007, cuando se puso en marcha el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Trabajadores de esta sede judicial no entienden "cómo es posible que un edificio nuevo presente tantas deficiencias en tan poco tiempo", tanto por la aparición de goteras como por otras cuestiones, entre ellas las numerosas grietas que presentan las paredes, los malos olores de los aseos o el desprendimiento de piezas de metal de la fachada.
Más seguridad, pero a medias
Una de las pocas mejoras que sí ha experimentado el Palacio de Justicia de Benidorm en las últimas semanas ha sido la instalación de un arco de seguridad en el acceso del edificio, cubriendo así una reivindicación que había sido demandada en multitud de ocasiones por trabajadores y sindicatos. De hecho, la de Benidorm era una de las pocas sedes judiciales que aún carecía de este sistema de seguridad en los accesos a la misma. Pese a este avance, fuentes judiciales consideraron que se trata de una mejora "a medias", puesto que este arco de seguridad debería completarse con la instalación de un escáner para pasar por él bolsos, maletines u otras pertenencias de porten los usuarios que acceden al edificio. Por el momento, siguen siendo los guardias civiles que vigilan la entrada los que realizan estos registros de forma manual.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Alcoy: La crisis dispara en más de un 50% los procesos judiciales por impagos

Los cuatro juzgados experimentaron en 2009 un fuerte aumento de los asuntos civiles por causa de las dificultades de la economía, mientras se estabilizaron todos los demás.
Los asuntos de carácter económico, especialmente los impagos, han provocado que los cuatro juzgados de Alcoy hayan registrado un fuerte incremento en los asuntos civiles en 2009, que en algunos apartados han superado el 50%. En total, frente a los 4.744 procesos civiles que registraron las cuatro salas en 2008, se ha pasado a 6.093 en 2009, un 28,4% más, según ha sabido este diario.Mientras en los demás capítulos, según la documentación consultadas, las cifras son similares en ambos ejercicios (por ejemplo, en 2009 hubo 145 divorcios de mutuo acuerdo, frente a los 151 del ejercicio precedente), en los económicos, las cifras registran aumentos más que notorios en 2009.
De forma específica, las ejecuciones de hipotecas por vía judicial han pasado de 132 a 197, lo que supone un aumento del 48%; las ejecuciones de títulos se han disparado de 755 a 1.124, lo que implica un 49% más. En este caso, según las informaciones recabadas, se trata mayoritariamente de procesos por deudas e impagos; en otros apartados de jurisdicción contenciosa se ha pasado también de 75 a 129.
Uno de los capítulos más significativos se corresponde con el de los juicios monitorios, que se han visto incrementados de forma espectacular, al haber pasado de 908 en 2008 a 1.518 en el ejercicio recientemente terminado, lo que implica más del 67% de actividad con respecto al ejercicio anterior.
Las fuentes consultadas han significado que esta mayor actividad es consecuencia de las dificultades económicas, que han acrecentado los impagos y, como consecuencia, las demandas judiciales, con la consiguiente labor añadida para su tramitación en las cuatro salas locales.También se ha detectado un incremento en los procesos por impagos de alquiler, que han pasado de 106 en 2008 a 120 durante 2009.
En otros apartados, sin embargo, mantienen las cifras. Por ejemplo, los juzgados tramitaron el año pasado 1.290 exhortos, por los 1.322 del ejercicio precedente. El año pasado hubo seis demandas de divorcio por violencia de género, mientras que en 2008 habían sido solamente tres.
Fuente: www.diarioinformacion.com

DOCV: Publicación del plan de formación para los empleados públicos al servicio de la Administración de la Generalitat


Revisa't la nómina 2010

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA.(Promción interna) Orden Jus/3339/2008, de 10 de noviembre.



Orden de 26 de enero de 2010, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal Administrativa, Acceso Promoción Interna.
27 de enero de 2010
*El inicio del Curso Selectivo Teórico-práctico tendra lugar el 1 de febrero de 2010.
Documentos asociados
Nombramiento Funcionarios en Prácticas, Tramitación Promoción Interna. (PDF. 872KB) (versión HTML)

Funcionarios del juzgado de Xàtiva llevan sus flexos para poder trabajar

Hace más de un mes que varios tubos no funcionan y la escasa entrada de luz natural no permite la labor diaria del personal.
Funcionarios de la sección civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Xàtiva llevaron ayer flexos a su lugar de trabajo dada la falta de iluminación en las dependencias como consecuencia de la rotura de la mitad de los tubos de luz, que ya se viene prolongando durante más de un mes y que ha sido denunciado reiteradamente, sin que se haya solucionado el problema.
Según denunció ayer la Central Independiente y de Funcionarios, «en la estancia sólo existe una entrada de luz natural, que resulta insuficiente y no coincide en el espacio con la parte que no hay luz». De las tres mamparas que iluminan, en una no funciona ninguno de los dos tubos de que dispone, y en la otra falta uno. Así, las dependencias sólo cuentan con la mitad de la iluminación que necesitan.
La luz natural, que proviene de la calle del Ángel, no llega a algunas mesas, por lo que los flexos de los propios funcionarios amortiguaron ayer el problema.
Además, se ha solicitado a la Dirección General de Justicia la reposición de los tubos fundidos, pero no se ha dado ninguna solución, pese a que se viene arrastrando la anomalía desde antes de Navidad. Funcionarios afectados manifestaron a este periódico que no han tenido más remedio que recurrir a sus propios flexos, «para poder desarrollar nuestra labor diaria, ya que es lamentable esta situación en la que nos encontramos. No tener ni siquiera luz ya rebasa los límites de la paciencia».
Los juzgados de Xàtiva presentan muchas otras deficiencias debido a su uso y el paso de los años. Ayer mismo el ascensor se encontraba más de medio metro hundido y no funcionaba. Decenas de cajas de cartón se amontonaban en los huecos de las escaleras y un cubo recogía el agua de una gotera en una esquina del patio.
Mientras, desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en palabras de su titular Paula Sánchez de León, se anunciaba hace poco más de un mes una futura Ciudad de la Justicia para Xàtiva, que todavía no tiene fecha de inicio, los actuales juzgados se están quedando obsoletos y necesitan reformas urgentes.
Este nuevo edificio tendría el doble de capacidad que el actual, ya que se plantea para acoger ocho juzgados, en lugar de los cuatro actuales. Ocuparía una parcela de 2.028 metros cuadrados que el Ayuntamiento ha facilitado a la Generalitat, junto al nuevo Instituto Lluís Simarro y el Centro Cultural de Xàtiva, en la zona de mayor expansión de la ciudad actualmente.
La superficie total construida superaría los 6.000 metros, espacio más que suficiente para se pudiese trabajar con cierta holgura. De esta forma, la actual sede de los juzgados, ubicados en el Palau d'Alarcó pasarían a ser la sede de la comunidad de jueces de paz
En la sección civil del juzgado número uno trabajan diariamente cuatro funcionarios en un espacio de 30 metros cuadrados. A ellos se les unen cada jornada los abogados, procuradores y usuarios que entran a realizar trámites. Montones de expedientes se amontonan en las sillas y en las mesas. El habitáculo se colapsa.

fuente: www.lasprovincias.es

Calendario Nómina 2010. Nuevo secretario Autonóminco.Proxima convocatoria oposiciones. Últimos dias cambio entidad Médica. Formación NOJ



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viernes, 22 de enero de 2010

El Consell nombra a Jorge Cabré nuevo secretario autonómico de Justicia

Cabré, según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno valenciano y consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, es fiscal desde 1987 y ha desarrollado esta labor en la Fiscalía de la Audiencia de Alicante hasta que en marzo de 2008 fue nombrado por el Consell delegado especial del Observatorio de la Justicia en la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, el pleno ha autorizado la contratación de los servicios de telecomunicaciones y la homologación de servicios TIC (Proyecto Utilities-Cetesi) de la Generalitat y diversos organismos de su sector público, que sale a licitación con un presupuesto para el período 2010-2014 de 223.856.230 euros.

El Consell ha decidido que, por razones de eficacia, eficiencia, ahorro de costes y especialidad de la materia, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que tiene las competencias en materia de servicios corporativos de telecomunicaciones, ostente la condición de Central de Contratación en la Administración del Consell.

Para ello se ha tenido que modificar el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria, atribuyéndole esta competencia.

Con este concurso se unifican las telecomunicaciones y sistemas para racionalizar costes y mejorar la gestión de los servicios. Se ha planteado una estrategia a largo plazo para centralizar servicios TIC, que permita soportar los crecimientos, racionalizar y conseguir mayor ahorros por volumen.

Los cálculos de la Generalitat aventuran un ahorro a la Administración de más de 17,6 millones de euros, pasando de un coste medio de 56.385.490 euros anuales a 51.976.140 euros en el citado período de 2010 a 2014.

El pleno del Consell ha aprobado asimismo la concesión de tres subvenciones por importe de 6,9 millones de euros para la construcción en régimen de alquiler de un total de 192 nuevas viviendas de Promoción Pública (VPP) ubicadas en los municipios de Gandia, Torrent y Torrevieja.

Además, se ha autorizado la creación de una Escuela Oficial de Idiomas en Elda con capacidad de 5.000 plazas escolares, y la implantación en la Universidad Miguel Hernández de Elche de las enseñanzas oficiales de los Másters Universitarios en Investigación Clínica y Quirúrgica; Investigación en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación; Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos; Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, así como en Investigación en Medicina Clínica.

El pleno ha aprobado, también, el decreto por el que se desarrolla el Observatorio Permanente de la Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana, un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación de la Administración de la Generalitat, con funciones de asesoramiento, apoyo y estudio de familia e infancia.

Su objetivo es hacer efectiva la participación de los agentes sociales implicados en las cuestiones que afecten a la familia y a la infancia, aunando en un foro de diálogo a la Administración y a las entidades, organizaciones y asociaciones de familia y de atención al menor.

Fuente: www.abc.es

TORREVIEJA: Justicia anuncia la apertura de dos juzgados más para aligerar la carga

La ciudad de la sal alcanzará los once, cuando hace nueve años no contaba con ninguno

Torrevieja verá crecer este año el número de sus órganos judiciales. Así lo anunció ayer la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien acudió a la ciudad de la sal, para comprobar el funcionamiento, desde el pasado 30 de diciembre, del Juzgado Número Uno Sobre Violencia de la Mujer.
Serán un juzgado de primera instancia, del que dijo que es urgente que se ponga en marcha «dada la conflictividad económica del momento que desborda los otros juzgados existentes de la misma categoría» y que podría abrir sus puertas el próximo abril. «Eso es lo que esperamos - dijo Sánchez de León - aunque con el juzgado de violencia hemos tardado más de un año en conseguir que entre en funcionamiento».
El otro juzgado será de Lo Penal, que aunque pertenecerá al partido judicial de Orihuela, tendrá su sede en Torrevieja. De esta forma el partido judicial torrevejense, dispondrá de once apéndices judiciales en marcha, lo que fue valorado tanto por la consellera como por el alcalde, Pedro Hernández Mateo, como un vertiginoso aumento de los recursos ya que «hace nueve años solamente había un juzgado de paz».
Tanto en el juzgado sobre la mujer, como en los próximos que se pondrán en marcha, la conselleria invierte una media de quinientos mil euros, «más el veinte por ciento de los gastos que asume el ministerio», dijo la titular de Justicia. Sánchez de León aprovechó su visita para reclamar una mayor financiación de la Justicia de la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno. La componente del Consell señaló que «la Justicia es uno de los pilares básicos donde se sostiene el Estado de Derecho « y reclamó «una rápida respuesta por parte del Ejecutivo».
En el nuevo juzgado que ayer visitó la consellera, dirigido por el juez Mariano Carrió, trabajan nueve auxiliares, todas mujeres, además de la secretaria. Desde que entró en vigor el 30 de diciembre ha tramitado alrededor de doscientos casos de violencia machista, además de dar entrada a cuatro demandas civiles.
La consellera, que contó en el acto con la presencia del Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, recordó su visita hace un año «para inaugurar la ampliación del Palacio de Justicia» y dijo que la puesta en marcha del nuevo juzgado supone un alivio «a la precaria situación por la que pasan las víctimas de la violencia de género, que supone una lacra social y que esperamos que poniendo medidas como esta podamos acabar con ella».
En este sentido, se refirió a la reciente puesta en marcha del Centro 24 horas en Dénia, además de otras infraestructuras. También señaló que el crecimiento poblacional de Torrevieja ha sido vertiginoso «donde la reacción de las instituciones, como la Generalitat Valenciana ha sido vital», poniendo como ejemplo el despliegue de la administración de justicia en la ciudad.
Por su parte el alcalde, Pedro Hernández, calificó la puesta en marcha de este juzgado especializado, como «un paso más en la llegada de servicios públicos a la ciudad, que entre sus singularidades de crecimiento, cuenta con una importante llegada de inmigración». El regidor tuvo palabras de felicitación tanto para la consellera, como también para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Aun así, dijo Hernández Mateo «debemos seguir trabajando porque necesitamos más».
Fuente: www.laverdad.es

Todo sobre el plan de pensiones de la Generalitat Valenciana

Mutualidad General Judicial: Publicación en el BOE (22-1-10) del concierto sanitario para el año 2010

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria
Resolución de 12 de enero de 2010, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica el concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional a mutualistas y demás beneficiarios que no opten por recibirla a través del sistema sanitario público para 2010, y la relación de entidades de seguro que han suscrito la misma.
PDF (BOE-A-2010-998 - 58 págs. - 1188 KB)
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BOE: Publicación del nombramiento del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia


  • Orden JUS/44/2010, de 18 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden JUS/1750/2009, de 15 de junio, para el puesto de Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
    PDF (BOE-A-2010-979 - 1 pág. - 158 KB)
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martes, 19 de enero de 2010

BOE: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN PÓLIZA DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO


MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de adjudicación de: Mutualidad General Judicial MUGEJU. Objeto: Contratación de una póliza de asistencia sanitaria en los desplazamientos temporales al extranjero de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial. Expediente: 24/2009.
PDF (BOE-B-2010-1739 - 1 pág. - 159 KB)
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domingo, 17 de enero de 2010

El servicio de cita previa en internet para el Registro Civil recibe 13.066 solicitudes


El servicio de cita previa para el registro civil a través de Internet ha recibido un total de 13.066 solicitudes desde que se puso en marcha, en octubre de 2008, en Valencia, Alicante, Castelló, Torrevieja, Benidorm y Torrent.
Según fuentes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, 8.370 de las solicitudes eran para el registro de Valencia, 2.526 para el de Alicante, 1.741 para el de Castelló, 340 para Torrevieja, 46 para el registro civil de Benidorm y 43 para Torrent. La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, aseguró que esta iniciativa "ha evitado las grandes colas en los juzgados, agilizando trámites y tiempos de espera".
El mayor número de solicitudes de cita previa corresponde a expedientes de nacionalidad, con un total de 4.878 peticiones (el 37%). Además, la mayoría de los expedientes son por motivos de residencia. Por otra parte, las solicitudes relacionadas con los expedientes de matrimonio representan el 32%. Para inscribir a los recién nacidos se han formulado 2.708 en Valencia.
Fuente: www.levante-emv.com

sábado, 16 de enero de 2010

STAS: Mal talante negociador de la Dirección General de Justicia y Menor. Malos "compañeros" de viaje




Consell pondrá marcha el noveno juzgado de primera instancia de Torrent

En un comunicado la consellera ha destacado que la solicitud de creación de este juzgado al Ministerio de Justicia viene dada principalmente por la carga de trabajo que soporta el partido judicial, acentuada por la actual crisis económica.
De hecho, Torrent ocupa habitualmente los primeros puestos en el ranking de asuntos ingresados por juzgado, alcanzando una media de más de 1.000 asuntos en civil y más de 2.500 en penal.
Sánchez de Léon ha realizado estas declaraciones tras visitar el nuevo juzgado de lo penal número 18 de Valencia, con sede en Torrent, acompañada de la alcaldesa del municipio, María José Catalá y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, Juan Luis de la Rúa.
La consellera ha resaltado que la puesta en marcha de este nuevo juzgado "supondrá igualmente una descarga en los juzgados penales de Valencia, además de una agilización en los plazos de señalamiento".
El nuevo juzgado penal en Torrent, con una inversión de más de 700.000 euros, se enmarca en el plan de choque de agilización de la jurisdicción penal llevado a cabo por el Consell.
Este juzgado cuenta con 10 funcionarios y extiende su jurisdicción al partido judicial de Torrent, atendiendo a las localidades de Alaquàs, Aldaia, Paiporta y Picanya.
Además, la consellera ha anunciado durante la visita la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación penal en el partido judicial de Torrent.
"Esta medida es muy importante para la descarga de trabajo, ya que en caso de que la mediación terminara con un acuerdo entre las partes, el señalamiento del juicio sería únicamente para llevar a cabo una ratificación del mismo por parte del juez".
"Se trata de un proyecto innovador de desjudicialización de conflictos motivado por el aumento de necesidades y el volumen de litigiosidad, con el objetivo de conseguir mayor celeridad de cara al ciudadano, en la resolución de sus asuntos, y alcanzar así una Justicia más rápida, ágil y eficaz", ha añadido.
La consellera ha visitado hoy también el nuevo juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Picassent, que entró en funcionamiento el pasado 30 de diciembre, acompañada de su alcaldesa, María Concepción García, y de Juan Luis de la Rúa.
Este juzgado cuenta con una inversión de cerca de 400.000 euros y tiene en plantilla a 7 funcionarios.
"Su creación viene motivada por el incremento de la carga de trabajo que se ha producido fundamentalmente en la jurisdicción civil", ha destacado Sánchez de León.
En este sentido ha hecho hincapié en que este partido judicial, al igual que Torrent, "ocupa uno de los primeros puestos en el ranking de asuntos civiles y penales ingresados dentro de la Comunitat".
El partido judicial de Picassent atiende las localidades de Alcàsser, Alfarp, Beniparrell, Catadua, Llombai, Montroi, Montserrat y Real de Montroi.
Fuente: www.abc.es

Orihuela: La justicia a oscuras

Un fallo en el suministro eléctrico bloqueó ayer durante toda la jornada la actividad de los ocho juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el de Violencia Sobre la Mujer y los de Lo Penal. El centenar de funcionarios que trabaja en estos juzgados no pudo realizar su labor habitual con los ordenadores. También estaba inutilizadas las líneas de fax y de teléfono.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Las goteras ponen en peligro un millón de expedientes de los juzgados de Valencia

El viento y las ratas se suman a las amenazas sobre los miles de documentos judiciales que se archivan en Moncada a la espera del expurgo

Una placa de uralita ha volado con el viento y las lluvias de las últimas semanas obligaron a retirar las cajas de expedientes judiciales para que no se mojaran con las goteras, mientras los parches provisionales se eternizan en el Archivo Provincial de Moncada. La Conselleria de Justicia instaló provisionalmente en 1993 los archivos en una naves propiedad de Paco Roig, a la espera de su traslado a las nuevas instalaciones de Riba-roja, que están terminadas pero con unas deficiencias pendientes de resolver.
Se trata de un edificio que no cuenta con las instalaciones adecuadas, con parte del techo de madera y parte de uralita, ya que no hace mucho eran naves agrícolas destinadas al almacenamiento de productos del campo.
El sindicato CSI·F denunció ayer las "lamentables condiciones" de estas instalaciones, con goteras, sin aire acondicionado y con la presencia de ratas". Ello dificulta la labor de los once trabajadores de estas dependencias y deteriora el estado del alrededor de un millón de expedientes judiciales de toda la provincia que allí se acumulan desde 1993.
Estas fuentes explican que en las naves de Roig se guardan 183.000 cajas de expedientes de todos los juzgados de la provincia de Valencia a la espera del expurgo. En cada una de estas cajas están depositados entre seis y siete expedientes, lo que suma un total de alrededor de un millón. La nave se habilitó como archivo en 1993 y acumula material documental desde los años 60.
El archivo también contiene miles de piezas de convicción de Valencia o pruebas incautadas por la policía, desde bicicletas a machetes, motos o bates de béisbol. Cada juzgado traslada allí cada año sus expedientes y piezas de convicción ya tramitados.
"La instalación se habilitó como algo provisional en 1993, pero han pasado 17 años y los archivos se siguen depositando allí", explican fuentes del sindicato. Se trata de una nave antigua en la que desde hace dos meses no funciona el aire acondicionado. "Al tratarse de un inmueble de grandes dimensiones, los empleados han sufrido temperaturas bajo cero", añaden.
fuente: www.levante-emv.com

jueves, 14 de enero de 2010

Elx: Justicia inaugura el Mercantil y trasladará del Contencioso la próxima semana

El juzgado abre sus puertas al público en las dependencias de la nueva sede judicial de Elche en el barrio de Los Palmerales.
El juzgado de lo Mercantil abrió ayer de manera oficial sus puertas en la ciudad de Elche. Tras años de reivindicaciones, este órgano judicial -el número 3 de Alicante, con sede en la localidad-, inicia así su andadura con un estreno por partida doble ya que, estas dependencias han sido las primeras en dar uso al edificio que albergará la Ciudad de la Justicia localizada en el barrio de Los Palmerales.El testigo del Mercantil lo cogerá el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche. Un órgano que, según las previsiones de la Conselleria de Justicia, se trasladará a las nuevas dependencias a lo largo de la próxima semana.La puesta en marcha de este juzgado especializado contó ayer con la visita de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, así como con diferentes representantes del ámbito judicial y político, como el alcalde de Elche, Alejandro Soler, o los presidentes de la Audiencia de Alicante y de la sección séptima, ubicada en la ciudad, Vicente Magro y José de Madaria, respectivamente. En un escenario marcado todavía por las obras, la comitiva recorrió la zona habilitada para los trabajadores de lo Mercantil. Un equipo formado por diez personas que ya han comenzado a abordar sus primeros asuntos y que, hasta que se completen los trabajos de construcción del edificio, ocuparán un área provisional situada en la planta baja del inmueble asignada en el futuro a las instalaciones del juzgado de guardia.La representante de Justicia insistió en la importancia de la creación de este órgano, que da "respuesta a una reivindicación histórica" y aporta a Elche un instrumento de trabajo "imprescindible". Sánchez de León precisó que este juzgado "descargará hasta en un 40 por ciento a los juzgados de Alicante". Una circunstancia que comenzará a palparse a partir de los próximos meses, cuando "comience a operar a pleno rendimiento".Volumen de casosLa necesidad del Mercantil se tradujo ayer en cifras ya que, según apuntó la titular de Justicia, los juzgados de esta parcela en Alicante han atendido hasta "3.600 casos procedentes de las zonas de Elche, Orihuela y Torrevieja" a lo largo de 2009. Una circunstancia que hace que esta zona "reúna todos los requisitos para contar con este órgano", especialmente en el actual "momento de crisis económica, cuando el número de casos pendientes ha ido en aumento", subrayó.Por su parte, el primer edil de Elche, Alejandro Soler, hizo hincapié en la "excepcionalidad" de este juzgado, al señalar que los órganos especializados en esta materia se han ido situando en las capitales de provincia y, Elche al igual que Vigo, "figuran como las dos únicas ciudades de España que no presentando ese rasgo cuentan con un Mercantil".Soler precisó que las administraciones y el Consejo General del Poder Judicial "han hecho posible la oferta de este servicio, que permitirá ofrecer una mejor atención a los ilicitanos y al resto de ciudadanos de la provincia" dadas las características industriales del partido judicial al que dará cobertura.De igual manera, los trabajadores mostraron ayer su satisfacción por la oportunidad de "estrenar" estas nuevas dependencias. Según destacaron, el juzgado está viviendo su periodo de rodaje "evaluando los primeros trámites y atendiendo a los primeros profesionales, que a partir de ahora podrán realizar sus gestiones de una forma más funcional evitando los desplazamientos, obligatorios hasta este momento a Alicante".
Fuente: www.diarioinformacion.com

Los juzgados de Sagunto soportan el triple de trabajo

La apertura de un quinto órgano judicial no acaba con la saturación y los jueces reclaman una sexta sala.

La inauguración del quinto juzgado de instrucción y primera instancia en Sagunto ha paliado los problemas de saturación pero no los ha eliminado. Cada uno de los cuatro juzgados saguntinos atiende al año una media de unos 1.100 casos civiles, casi el triple de lo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establece 380 asuntos.
La cifra de causas penales alcanzó el año pasado 3.700 «de las 2.500 que marca el CGPJ», según datos facilitados por los jueces. Por ello, desde los órganos judiciales saguntinos se reclama la creación de un sexto juzgado y una adscripción de la Fiscalía, necesidades que fueron transmitidas ayer al director general de Justicia y Menor, Antonio Gastaldi, durante su visita por las dependencias del recién inaugurado quinto juzgado.
La puesta en marcha de esta última dependencia reduce las cifras totales pero se siguen superando las ratios establecidas. De hecho, el juzgado número cuatro, inaugurado apenas unos años, «ya está colapsado» y el partido judicial saguntino «es uno de los que tiene un mayor número de presos preventivos, junto quizá con Villajoyosa, de toda la Comunitat. Se ha llegado a cifras de 40, aunque las habituales son entre 12 y 18». Si bien, lo aconsejado por el Consejo General es de uno a dos, según las mismas fuentes. Gastaldi hizo hincapié en que la puesta en marcha del juzgado número cinco reducirá «la carga de trabajo» y recordó que inicialmente se barajó la opción de poner en marcha un juzgado penal pero finalmente se creyó más necesario crear un órgano mixto «de instrucción y primera instancia, porque los números que tenía Sagunto así lo justificaban». «Creo que los jueces lo han agradecido», resaltó.
El número cinco entró en funcionamiento el mes de diciembre tras una inversión de 484.000 euros repartidos en personal, equipos y mobiliario.
El partido judicial de Sagunto abarca una población de 100.000 personas, cifra que durante el verano se duplica. La crisis tampoco ha ayudado al multiplicar en poco tiempo los asuntos civiles que acaban ante el juez.
Fuente: www.lasprovincias.es

Un juez mediará en delitos en Torrent para evitar juicios

El proyecto pionero pretende aliviar el trabajo de los juzgados, que alcanzan los 2.500 asuntos al año.

Mario ha sido detenido tras una pelea en un bar en Torrent. Está acusado de agresión, y por tanto se enfrentará a un juicio penal. El problema es que en Torrent, como en la mayoría de juzgados, hay saturación de expedientes. El caso de Mario es ficticio, pero en total, más de 2.500 asuntos considerados como delito son atendidos al año por cada uno de los jueces de la localidad. Por este motivo, se va a poner en marcha un proyecto piloto de mediación penal, que pretende descargar el trabajo de los jueces. Así lo anunció la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, en la inauguración del juzgado de lo penal número 18 de Torrent. «En caso de que la mediación terminara con un acuerdo entre las partes, el señalamiento del juicio sería únicamente para llevar a cabo una ratificación del mismo por parte del juez».
Es un proyecto innovador que ya funciona en Estados Unidos, Francia o Italia, que pretende que los conflictos no vayan siempre a juicio y que las penas puedan ser sustituidas por trabajos para la comunidad o reparación de daños. En los últimos años, y también debido a la crisis, el volumen de litigiosidad ha aumentado, y los juzgados están saturados. «El objetivo es conseguir mayor celeridad de cara al ciudadano, en la resolución de sus asuntos, y alcanzar así una justicia más rápida, ágil y eficaz», añadió la consellera. En sus declaraciones, Sánchez de León anunció además la puesta en marcha del juzgado de primera instancia e instrucción número 9 de Torrent, que permitirá reivindicar ante el Ministerio de Justicia este nuevo juzgado. «Además, contribuirá a la petición de jurisdicción separada de penal y civil».
La inauguración del juzgado número 18 de Torrent contribuirá a «descargar los tribunales penales de Valencia, además de una agilización en los plazos de señalamiento». Este juzgado cuenta con 10 funcionarios y extiende su jurisdicción al partido judicial de Torrent, atendiendo a las localidades de Alaquàs, Aldaia, Paiporta y Picanya.
La consellera visitó también un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en Picassent.
Fuente: www.lasprovincias.es

El juzgado de Alzira tirita

La avería del aire acondicionado y la rotura de una puerta hace que dentro del edificio haya nueve grados.
Fiscales y jueces, abogados con abrigos abrochados hasta el cuello, funcionarios con bufandas y plumíferos, catarros y, sobre todo, indignación. Esto es lo que se podía observar ayer en el juzgado de Alzira, ubicado en la calle Santa Teresa, que prácticamente está congelado por la avería del aire acondicionado, que se ha visto agravado por la caída de una puerta que da acceso a una terraza en la tercera planta y por donde entra un gélido vendaval que se suma a la falta de calefacción.
El resultado es que dentro de este edificio se han llegado a alcanzar los cuatro grados el pasado viernes y ayer unos nueve.
Los funcionarios están «hartos», ya que hace dos meses avisaron de que el aire acondicionado no funcionaba, explica una funcionaria. El encargado del mantenimiento pasaba dos veces por semana para intentar arreglarlo, se ponía en funcionamiento pero «duraba cinco minutos».
Pero la guinda llegó el pasado viernes cuando el mantenedor del edificio comunicó que el aparato de climatización no tienen reparación, es decir ya no va a funcionar más y todo en plena ola polar. Los trabajadores, abogados y usuarios han tenido que soportar estas bajas temperaturas en este edificio lo que es «indignante», según denunció ayer el sindicato CSI-F.
Los funcionarios se han intentado poner en contacto con diversas instancias de la Conselleria de Justicia, «si los ordenadores nos dejan, ya que están obsoletos y se quedan colgados cada dos por tres». Nadie les da una solución e incluso ayer el juzgado número 2 que estaba de guardia estuvo a punto de cerrar, pero «por responsabilidad y servicio al ciudadano» continuaron trabajando ataviados con todas las prendas de vestir que tenían.
Y es que el número 2 es el que se encuentra en la última planta y donde más se nota la «ola polar» y además es donde a una funcionaria le cayó una puerta encima que da a un patio.
De esta forma, además de los 27 funcionarios de esta sede que tiene tres juzgados, decenas de usuarios y profesionales pasan cada día por una situación lamentable que sigue cumpliendo episodio tras episodio.
Por su parte, el director general de Justicia y Menor de la Generalitat, Antonio Gastaldi, aseguró ayer que los problemas «puntuales» de la calefacción de los juzgados de Alzira «se están solucionando desde esta mañana (por ayer)», tras la denuncia realizada por el sindicato CSI-F y los propios funcionarios de esta sede.
En este sentido, este responsable aseguró ayer que se trata de problemas «que han aparecido hace nada» y que la Generalitat «ya ha tomado medidas para acabar con ellos», por lo que «no hay que generar alarma».
Además, afirmó que se tardará «muy poco tiempo» en realizar los arreglos «porque la situación es urgente» y la Conselleria de Justicia «siempre se está preocupando por que los problemas sean atendidos inmediatamente».
Fuente: www.lasprovincias.es

lunes, 11 de enero de 2010

BOE: Convocatoria oposiciones a Secretario Judicial, libre y promoción interna


MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales

La Junta de Personal de Valencia en solidaridad con nuestra compañera Alicia y los cooperantes secuestrados

Con todos nuestros deseos que esto acabe ya, con la liberación de Alicia y sus compañeros y nuestra solidaridad y apoyo a todos sus familiares y amigos.

viernes, 8 de enero de 2010

Consejo de ministros: Anteproyecto de ley de Registro Civil

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL NUEVO REGISTRO CIVIL

  • La nueva norma, uno de los objetivos centrales de la política de Justicia para esta Legislatura, supone un cambio profundo del actual modelo, vigente desde 1957.
  • Se crea un registro electrónico único, con una base de datos común para toda España y se sustituye el Registro de hechos por un Registro Civil de personas.
  • Cada ciudadano tendrá una ficha personal única, donde constará todo su historial civil. Con la inscripción de nacimiento se le asignará un Código Personal de Ciudadanía (CPC).
  • Los ciudadanos y las distintas Administraciones tendrán acceso telemático a los datos, y se podrán obtener certificaciones por Internet.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley del Registro Civil, que supone un cambio profundo del actual modelo registral, vigente desde 1957.

La nueva Ley, uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta legislatura, configura un Registro Civil moderno, rápido y accesible, único para toda España, aplicando las nuevas tecnologías y adecuado a las necesidades de la ciudadanía. Sustituye los libros físicos de registro por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá consultarlo por Internet o realizar trámites en cualquiera de las oficinas del país.

El nuevo Registro, además, se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de internet. En todo caso, las Administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral, y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al registro.

Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización, por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial. Con ello, se descarga a los jueces de una función impropia, lo que permitirá que puedan dedicarse en exclusiva a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Además, el Consejo de Ministros ha recibido otro informe del Ministro de Justicia sobre un Anteproyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para revisar el articulado donde se recogen las atribuciones de los juzgados y Tribunales con respecto a sus funciones sobre el Registro Civil, y adaptarlo a la nueva norma.

Las líneas fundamentales en las que se basa el nuevo modelo de Registro Civil son las siguientes:

UN REGISTRO CIVIL CENTRADO EN LAS PERSONAS

  • El ciudadano como eje central. Los libros tradicionales en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etcétera) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía, en el que se inscribirán los hechos y actos que le afecten a lo largo de su vida.
  • Basado en los principios de igualdad y dignidad. El nuevo modelo se basa en el principio de igualdad entre todos los hombres y mujeres, y en la dignidad como valor esencial de la persona.

ÚNICO Y MÁS ACCESIBLE

  • Uno para toda España. Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
  • Electrónico. Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil.
  • Acceso por medios telemáticos. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por Internet.


DE SERVICIOS

  • Pensado para los ciudadanos. Se minimizan las cargas burocráticas y las comparecencias personales. Con el nuevo sistema sólo de forma excepcional será necesario acudir personalmente al Registro Civil.
  • Eficaz. Los centros sanitarios, los Ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etcétera.
  • Acceso directo de las A dministraciones. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro, por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.

UNA ORGANIZACIÓN MÁS MODERNA

  • Desjudicializado. El Registro Civil se configura como órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Los encargados del registro serán funcionarios públicos cualificados. Se descarga a los órganos judiciales de trabajo, permitiendo a los jueces dedicarse a su función constitucional de juzgar y ejecutar lo juzgado.
  • Simplificación. El nuevo Registro Civil se articula en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas:
  • Oficinas Generales. Unidad básica del Registro Civil y encargadas de las funciones ordinarias. En cada Comunidad Autónoma existirá, al menos, una oficina y otra más por cada cincuenta mil habitantes.
  • Oficina Central. Su función será inscribir las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y encargarse de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
  • Oficinas Consulares. Son las dependencias del Registro Civil en el extranjero y no varían sustancialmente con respecto al actual modelo.

ACORDE AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

  • Pluralidad lingüística. Se reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado. Los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
  • Derecho autonómico. Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.


La modernización del Registro Civil es uno de los objetivos centrales en la política de Justicia para esta Legislatura, y así lo estableció el Ministro de Justicia en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2009. Está incluido como una de las prioridades del Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre de 2008, y es una promesa electoral del actual Gobierno del PSOE.

Fuente: www.la-moncloa.es

La secretaria de Justicia gana la plaza de juez y deja el Consell

Cuatro altos cargos dejan el Gobierno valenciano en las áreas de Educación y Justicia y Administraciones Públicas.

El pleno del Consell tramitó ayer el cese de la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagud, quien deja el Ejecutivo valenciano tras lograr una plaza de magistrada del orden jurisdiccional civil en las oposiciones convocadas por el Consejo General del Poder Judicial a las que se presentó. Precisamente, este hecho le acarreó las críticas de la oposición, ya que Montagud era hasta ahora la número dos de Justicia en la Comunitat y accedía a unos puestos en un proceso que debía resolver el CGPJ, con quien debía tratar como autoridad.
Iniciativa criticó además que una de las pruebas le coincidió con la huelga de jueces, con lo que la responsable judicial estuvo ese día en Madrid. El Gobierno valenciano no decidirá hasta el pleno de la semana que viene el sustituto de Montagud.
Además, el director general de Ordenación y Centros Docentes, Francisco Baila, dejó, a petición propia, el cargo, que será ocupado por Rafael Carbonell, actual jefe de Servicio de Ordenación Académica de la Conselleria de Educación. Fuentes del Ejecutivo indicaron que Bailia será recolocado en otro puesto. La nueva directora general de Régimen Económico es María José Vargas (hasta ahora jefa de Área de Infraestructuras de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Educación), que sustituye en el cargo a Alejandro Bañares Vázquez, quien se jubila.
Asimismo, se aprobó el nombramiento de Mar Ibáñez, como directora del Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica, órgano adscrito a la Conselleria de Justicia, en sustitución de Ignacio Gómez-Ferrer, que cesa a petición propia para irse a la actividad privada.
fuente: www.levante-emv.com

jueves, 7 de enero de 2010

Alicante: Justicia implantará este mes el sistema telemático en la Audiencia Provincial


La Generalitat Valenciana culminará a finales de este mes la implantación del sistema de notificaciones telemáticas LexNet en las tres Audiencias Provinciales y en las dos secciones de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, tras haber completado su implantación en los juzgados de primera instancia y en los mercantiles de la Comunitat Valenciana.
En total, durante 2009 los juzgados mercantiles y de primera instancia de la Comunitat Valenciana han realizado un total de 919.581 notificaciones telemáticas a través de este sistema digital.
Desde que la Generalitat comenzó en 2006 la implantación de esta nueva herramienta para agilizar la administración de justicia, en la Comunitat se han efectuado un total de 1.207.023 gestiones telemáticas.
El incremento de actuaciones ha sido progresivo, pero especialmente ha aumentado entre 2008 y 2009, ya que se ha pasado de 172.126 notificaciones digitales el pasado año a las más de 900.000 del presente ejercicio.
Sánchez de León recordó que en estos momentos «las tramitaciones se realizan ya de forma telemática en los juzgados de primera instancia de Elche, que fue pionero en esta iniciativa, en los de Castellón, Valencia, Alicante , Benidorm y Torrevieja, así como en los mercantiles de las tres capitales de provincia, con lo que este año se ha completado la implantación de LexNET en estas dos jurisdicciones».
Fuente: www.lasprovincias.es

La Vila Joiosa:El colapso y la falta de medios del juzgado ralentiza el 'caso Polop'


La magistrada instructora espera la llegada de un juez de apoyo.
La investigación judicial del asesinato del alcalde de Polop, Alenjadro Ponsoda, del PP, se ha atascado en el Juzgado de instrucción número 2 de La Vila Joiosa por diferentes razones. La más importante es la carga de trabajo que soporta la juez titular, María Antonia Raedo Santos, que acumula más de 2.500 asuntos pendientes. A la habitual queja de los jueces por la falta de medios para desarrollar su trabajo se sumó la entrada en este juzgado de la causa por el tiroteo de Alejandro Ponsoda, acaecido el 19 de octubre de 2007. Raedo mantiene la actividad judicial habitual, maneja la instrucción del caso Polop -que arrancó en noviembre de 2007- y sigue haciendo guardias, la última esta misma semana. Pero hay otras causas colaterales, como la falta de personal en el juzgado, de vacaciones durante el periodo navideño.
Esta situación forzó a la magistrada a pedir un juez de refuerzo para su sede al Tribunal Superior de Justicia -que atendió la petición- y así poder dedicarse casi en exclusiva a continuar con la instrucción de Polop. Fuentes próximas al caso consultadas por este periódico han confirmado que está previsto que se le asigne el refuerzo de forma inmediata.
Estas mismas fuentes han apuntado la posibilidad de que a partir de ese momento, la juez que lleva el caso fundamente el levantamiento del secreto del sumario, todavía vigente. El acceso al sumario llevará consigo que al menos tres abogados consultados de otros tantos detenidos por su supuesta participación en el crimen recurran el auto de prisión de sus defendidos, para lo que necesitan conocer tras el levantamiento del secreto de las actuaciones en qué pruebas se sostiene la acusación, lo que generará más actividad judicial.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomó el mando de la investigación policial nada más cometerse el asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda. Los agentes
acumularon a lo largo de dos años prueba tras prueba y a principios del pasado mes de noviembre pusieron en escena el desenlace, aunque también en este caso con suma cautela hasta el punto de semejar un serial por entregas. El tres de noviembre se produjo el primer arresto, el de Raúl Montero un narcotraficante de La Vega Baja. En los días siguientes se sucedieron otras cinco detenciones (un empresario, el dueño y el encargado del prostíbulo donde se planeó el complot y dos pistoleros checos supuestos autores materiales del tiroteo).
El último arresto, el pasado 23 de noviembre fue el de Juan Cano, sustituto de Ponsoda en la alcaldía de Polop. Los siete están encarcelados por el asesinato de Ponsoda, pero de esto hace ya casi un mes y medio. Y el caso sigue abierto. Según ha podido saber este periódico, la policía ha repetido algunos interrogatorios durante las últimas semanas, entre otros a personas vinculadas a clubes de alterne de la zona, buscando nuevos indicios que hubieran podido surgir a raíz de las detenciones practicadas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha trabajado en dos variantes del crimen. Por un lado la llamada unidad de personas de la UCO ha investigado el asesinato, mientras otra unidad se encargaba de la investigación del desarrollo urbanístico de Polop y del patrimonio del ex alcalde Juan Cano y su entorno, ya que desde el principio se sospechó que el móvil que guió a los criminales estuvo asociado a la actividad inmobiliaria.
De hecho, Juan Cano y su mujer constituyeron tres empresas, una de ellas con el objeto de convertirse en agente urbanizador, en el periodo administrativo de 2003 a 2007, cuando el todavía regidor polopino fue apartado por el PP de los puestos de salida en la lista electoral tras haber sido grabado por un empresario. Esa grabación está incorporada al sumario del caso y recoge un supuesto intento de extorsión por parte de Cano. Entre ambos manejaban 25 cuentas bancarias, en algunas de las cuales recibieron ingresos de hasta 220.000 euros de empresas con intereses urbanísticos en el municipio.
Los siete detenidos hasta ahora están vinculados al club Mesalina, en las afueras de Benidorm. Allí es donde se habría fraguado la contratación de dos sicarios checos, acusados de tirotear a Ponsoda, en varias reuniones de las que habrían participado o estarían al corriente uno de los dos propietarios del lupanar, el gerente, un portero, un delincuente habitual procesado por otra causa que habría proporcionado las armas y un empresario del calzado de Polop, cliente habitual del Mesalina. Pero oficialmente nada ha trascendido del móvil concretó del asesinato y quién apoyó crematísticamente la operación.
Otras fuentes de la investigación también han apuntado a la todavía no desvelada implicación de al menos otras dos personas de relevancia social en la comarca de La Marina Baixa, supuestamente implicadas en la financiación de un crimen que, a medida que avanza la investigación, se configura como una novela negra.
Fuente: www.elpais.com

Orihuela: Lorente incluirá en la revisión del PGOU suelo para crear una Ciudad de la Justicia


Anuncia la intención del equipo de gobierno de que el nuevo Plan General asuma las necesidades futuras para este proyecto.
Asimismo se vislumbra la posibilidad de añadir una planta más al actual edificio judicial

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente quiere que haya más Justicia, en concreto más dependencias judiciales en la localidad. La primer edil lanzó la idea en la reciente visita del director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, Antonio Gastaldi, de que el su equipo de gobierno tiene intención de incluir en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana una dotación de suelo para tales menesteres, una idea que fue acogida con buena aceptación por el dirigente autonómico y que vendría a paliar en parte del déficit de infraestructuras de una demarcación judicial que da cobertura a miles de habitantes.
Lorente, que avanzó sus intenciones en la inauguración del Juzgado Número 8 del partido judicial oriolano el pasado día 30, quiere que el documento que regirá las directrices urbanísticas de la ciudad en las próximos años sea consciente de que la jurisdicción que abarca el municipio oriolano y otros circundantes de la Vega Baja, la que mayor número de litigios acumula de todo el panorama de la judicatura nacional, según el propio director general autonómico, requiere de unas instalaciones acordes para que la agilización de los pleitos, trámites judiciales y procesos administrativos se adecúen a la realidad demográfica.
Con ese objetivo la alcaldesa Lorente esbozó que tiene en mente que se contemple la posibilidad de contar con una Ciudad de la Justicia, todavía por determinar en cuanto a su ubicación y que vendría a poner remedio a las carencias actuales.
Pero la alcaldesa de Orihuela no se quedó sólo en esta propuesta. Asimismo ofreció al responsable de la Conselleria de Justicia la colaboración municipal del Ayuntamiento para abordar otro proyecto que puede paliar, en parte y a corto plazo, la carencia que arrastra el edificio del palacio de Justicia ubicado en la Plaza de santa Lucía, abotargado para dar cabida a todos los servicios judiciales del partido y que incluso los funcionarios que en él trabajan reconocen que «nació pequeño para la carga de trabajo que arrastra».
En esta línea también apunta Mónica Lorente que es factible contemplar la posibilidad de que al edificio actual de los Juzgados se le pueda añadir otra planta si los técnicos de Urbanismo lo estiman, debido a las características constructivas del complejo, y que venga a paliar la saturación existente en éste y que conlleva que por ejemplo el octavo juzgado abierto hace una semana se haya instalado en un bajo comercial alquilado, un caso similar al que ocurre con las dependencias judiciales también existentes en la calle del Río, y que presumiblemente será el camino que tome el Juzgado Número Nueve, ya previsto tanto en los planes del Ministerio de Justicia como de la Conselleria para su inauguración en diciembre del 2010.

Alicante: La avalancha de despidos obliga a los juzgados a dejar sin resolver mil casos laborales al trimestre

La demora en los juicios alcanza los seis meses pese al refuerzo de jueces
La crisis ha destruido más de 50.000 puestos de trabajo en el último año en la provincia y los juzgados se han visto desbordados por la avalancha de demandas por despidos improcedentes. La sobrecarga es tal que los magistrados de lo Social tienen que dejar sin resolver un millar de casos cada trimestre que pasan a engrosar la bolsa de causas pendientes. La consecuencia: los juicios terminan celebrándose, pero tardan entre cinco y seis meses en hacerlo, cuando el máximo recomendable son dos meses, según fuentes de estos órganos judiciales.Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan que los juzgados de lo Social reciben cada trimestre alrededor de 4.000 demandas laborales -la mayoría por despidos y reclamaciones de cantidad a los empresarios- pero sólo se resuelven 3.000 por la imposibilidad de hacer frente a la elevada carga de trabajo. De esta forma, mientras el año 2009 comenzó con 4.438 causas sin resolver, en julio la bolsa casos pendientes alcanzaba ya los 6.476, dos mil más. Fuentes judiciales aseguran que el volumen de trabajo durante el último semestre ha sido similar, por lo que, a falta de los datos oficiales, el año podría haber terminado con el doble de causas pendientes que el año anterior.
La sobrecarga de trabajo llevó al CGPJ a reforzar los juzgados sociales de Alicante y Elche con dos jueces itinerantes, que comenzaron a trabajar hace tres meses. Sin embargo, la medida "es una gota de agua en un océano", según fuentes de estos órganos, quienes aseguran que la demora para juzgar los casos ha pasado desde entonces de los siete u ocho meses a los cinco o seis de la actualidad. Estos retrasos salen caros a las arcas públicas pues, según los datos que se barajan en esta jurisdicción, el Estado habrá pagado en 2009 más de 25 millones de euros en concepto de los salarios de tramitación (que se deberían haber percibido desde que se presenta la demanda hasta que sale la sentencia) que se generan a partir de los 60 días de demora.
La Ley de Procedimiento Laboral es clara: en caso de que el trabajador gane el pleito, el empresario tiene la obligación de pagar los salarios del tiempo transcurrido entre la presentación de la demanda y la sentencia. En caso de que se haya tardado más de dos meses, el empresario puede reclamar al Estado los salarios que excedan de dicho plazo. Es decir, si el retraso en la provincia alcanza actualmente los seis meses, el Estado -concretamente el Ministerio de Justicia- tiene que pagar el salario de cuatro meses en cada demanda de despido que gane el trabajador. La magnitud de la cifra a abonar viene dada porque dos de cada tres pleitos laborales los gana el demandante.
En el caso de que el empresario sea insolvente, la totalidad de los salarios deberá pagarlos el Fondo de Garantía Social (Fogasa), un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo cuya finalidad es abonar estas indemnizaciones. La intervención de este ente se produce cuando el juez certifica la insolvencia de la empresa para pagar lo que debe.
"Detrás de cada expediente hay una persona que sufre y hay que ser más rápidos", dicen las fuentes judiciales consultadas, que inciden en que desde hace más de 17 años no se crean nuevos juzgados de lo social en la provincia pese al aumento de población. Por ello, consideran que lo ideal es crear más órganos para aliviar el colapso en los once actuales.
En Alicante, la carga de trabajo ya supera los mil asuntos por juzgado, cifra que excede con creces el tope marcado por el CGPJ de casos que debe llevar cada magistrado (600).
Las demandas aumentan un 80%
Las demandas por despidos presentadas ante los juzgados de lo Social aumentaron un 80% en el último año, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta octubre. De esta forma, durante los tres primeros trimestres del año se contabilizaron 5.644 casos frente a los 3.107 del mismo periodo de 2008. El aumento es significativo y en nueve meses ya se había superado a las 4.713 demandas registradas durante todo el 2008. Las reclamaciones de cantidad también se han incrementado (un 56%) y alcanzan las 4.850 hasta octubre.
Fuente: www.diarioinformacion.com

miércoles, 6 de enero de 2010

La Generalitat rechaza el plan del CGPJ para derivar las faltas a los jueces de paz

Consell y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) coinciden en la necesidad de aliviar la carga de trabajo de los juzgados de instrucción, pero discrepan en la forma de lograrlo. La iniciativa del CGPJ -con el valenciano Fernando de Rosa como vicepresidente- que apuesta por derivar algunas faltas (infracciones menores que no alcanzan la categoría de delito) a los juzgados de paz, cuenta con la oposición frontal de la Conselleria de Justicia porque requeriría un importante desembolso económico.
La titular de este departamento, Paula Sánchez de León, es partidaria de reforzar la figura del fiscal, para que sean los representantes del Ministerio Público los que reciban directamente las denuncias por esas infracciones menores y determinen cuáles remiten al juez y cuáles quedan sin castigo.
El Consell estima que con su propuesta, que requiere la implicación del Gobierno para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llegarían un 50 por ciento menos de faltas a los juzgados de instrucción y con ello se reduciría en un 8% el número de asuntos que éstos tramitan.
Gasto en formación y medios
Dice la Generalitat que la medida defendida por el CGPJ no haría sino trasladar a los juzgados de paz el problema que ahora existe en los juzgados de instrucción, sin olvidar que en las grandes poblaciones no existen jueces de paz, y la disfunción persistiría. Para el ciudadano, según la Conselleria, ofrece más garantías la intervención del fiscal, por tratarse de un «funcionario altamente preparado y cualificado».
La falta de cualificación técnica de los jueces de paz, jueces no profesionales, a quienes competería la función de juzgar y sentenciar esas faltas, obligaría al Consell a invertir importantes recursos personales y materiales en su formación. «Y eso supondría un notable gasto», al que habría que sumar la inversión en ordenadores, impresoras, internet y otros medios con los que habría que dotar a los juzgados de paz.
El mayor protagonismo de los jueces de paz se concretaría en un aumento de recursos contra sus decisiones, y estos recaerían en los juzgados de instrucción, con lo que a la postre el problema persistiría. De León advierte, además, del coste económico que tendría el que los juzgados de paz asumieran esa nueva carga de trabajo, ya que obligaría a dotarles de funcionarios. En la actualidad hay más de 500 juzgados de paz y en la mayoría no existe personal de Justicia.
Según Justicia, la propuesta del CGPJ no sería bien asumida por los fiscales. «Se planterían problemas de disponibilidad para que pudieran asistir a todos los señalamientos», sin olvidar el gasto que supondría el pago de los desplazamientos. «Inasumible».
Fuente: www.abc.es

TSJCV estima Justicia vulneró el derecho a huelga de juzgados violencia mujer

l Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado una resolución y un comunicado de la Conselleria de Justicia que rechazaban la huelga de los juzgados de violencia sobre la mujer de febrero de 2008, al considerar que ambos escritos vulneran el derecho a la huelga y a la libertad sindical.

Según indica una sentencia de Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el 31 de enero de 2008, el sindicato CCOO registró tres escritos dirigidos a la Conselleria, a la Dirección Territorial del Ministerio de Justicia y a la Generalitat, en los que comunicaba una la huelga de trabajadores durante los días 11, 18, 19, 25, 26 y 27 de febrero.

Los escritos contenían un error, ya que señalaban como empresa afectada al Ministerio de Justicia, si bien fue subsanado en otro comunicado remitido el 5 de febrero donde ya figuraba la Conselleria como afectada.

La Conselleria de Justicia emitió una resolución al día siguiente en el rechazaba esta huelga, alegando que había recibido el preaviso con un plazo de antelación inferior al establecido, que según la legislación es de diez días.

Además, difundió un comunicado entre los trabajadores advirtiendo de que había "un proceso negociador" abierto para mejorar sus condiciones, el cual quedaba "en suspenso" hasta que se desconvocara la huelga, porque era una postura que no podía ser "aceptada por la Administración".

Respecto al preaviso de la huelga, el Tribunal estima que la comunicación del 31 de enero era válida, ya que el error que contenía fue subsanado, por lo que cumplía la exigencia de plazo previsto.

Asimismo, en relación al comunicado, afirma que suspender las negociaciones antes de haberlas iniciado y hacerlas depender de las desconvocatoria de una huelga, "presionó a los trabajadores para que no la secundaran y convirtió al sindicato convocante en el responsable de la ruptura de la negociación".

Según la sentencia, la propia Conselleria reconoció que "trataba de impedir la huelga", algo "por sí solo", supone "una vulneración" de este derecho fundamental.

El TSJCV considera por tanto que la Conselleria de Justicia vulneró los derechos fundamentales a la huelga y a la libertad sindical, y anula tanto la resolución como el comunicado por ser contrarios a derecho.

En un comunicado, el sindicato CCOO confía en que, después de esta sentencia, la Administración "se siente a una negociación de buena fe, de la que sin duda saldrán beneficiados los servicios públicos y la ciudadanía"
Fuente:www.adn.es