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martes, 30 de junio de 2009

Gestón Procesal y Administrativa, promoción interna, convocatoria de lectura 2º ejercicio


Convocatoria para la lectura del 2º ejercicio de Gestión, promocion interna, realizado el día 20 de junio de 2009.
26 de junio de 2009
Documentos asociados
Convocatoria para la lectura del 2º ejercicio semana del 29 de junio al 4 de julio de 2009 (PDF. 74KB) (versión HTML)

Valencia: Se iniciara en septiembre, semana del 14 al 19

El juzgado de Familia de Elche contará en septiembre con un servicio de mediación

El órgano ilicitano asumirá este proyecto en fase piloto que se ofertará de manera gratuita a través del turno de oficio
El juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche, especializado en asuntos de Familia, ofrecerá a partir de septiembre un servicio de mediación para intentar resolver los conflictos que se plantean en este área y evitar la judicialización de aquellos casos que pueden zanjarse a través de un acuerdo entre las partes.La iniciativa, que arrancará de forma piloto en la ciudad con el objetivo de evaluar su efectividad y resultados, se ofrecerá gratuitamente por medio del turno de oficio del Colegio de Abogados de Elche. La puesta en marcha de este proyecto la anunció ayer la presidenta del colectivo, Mari Carmen Pérez, en la clausura del primer curso de mediadores familiares realizado en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un programa formativo en el que han participado un total de 31 alumnos de diferentes ramas profesionales, que serán los encargados de llevar el proyecto de la teoría a la práctica.La clausura del curso universitario contó con la presencia del director general de Justicia y Menor, Antonio Gastaldi, quien resaltó el valor de esta iniciativa que ayudará a combatir la gran entrada en los juzgados de asuntos que podrían "evitar la vía judicial, reduciendo así el gran colapso que padecen" los tribunales.Gastaldi subrayó, además, que se trata de una oferta que aporta mejoras cualitativas al ciudadano, en la que están trabajando desde la Conselleria de Justicia para que se despliegue a partir del mes de septiembre. De igual manera, destacó la "importancia de contar con profesionales especializados en esta rama" y en otras susceptibles de "contribuir a mejorar la resolución de los conflictos" sin tener que ser judicializados.En el acto de entrega de distinciones a los participantes en el programa de formación también estuvo presente el vicerrector de Ordenación Académica de la UMH, José Vicente Segura, quien subrayó la "constante colaboración entre la institución y el Colegio de Abogados para mejorar la formación de los profesionales". Un objetivo que les llevará el próximo año a volver a ofrecer este título de experto.Por su parte, la presidenta del Colegio de Abogados detalló que el servicio se desarrollará en un máximo de seis sesiones en las que participarán las partes en conflicto con el objetivo de evaluar las posibilidades de alcanzar un acuerdo. Unas jornadas de trabajo en las que tomarán parte abogados y profesionales de la mediación para obtener una solución que evite llegar a juicio.

Jueces, fiscales y forenses reclaman juzgados de salud mental comarcales

Los ocho órganos pedidos al Gobierno pretenden tramitar los ingresos por orden judicial de unos 3.500 enfermos al año y evitar que dejen la medicación.
No pueden gobernarse a sí mismos o no son conscientes de que están enfermos y se niegan a recibir el tratamiento médico que precisan, lo que les pone en riesgo a ellos y a quienes les rodean. Hay momentos en los que los jueces no tienen más remedio que mediar en los casos de salud mental, bien para decretar una incapacidad o para autorizar el internamiento del paciente en un hospital o residencia cuando el enfermo se niega. En la actualidad, estos asuntos se reparten entre los juzgados de Primera Instancia, lo que supone una dispersión que dificulta el seguimiento y control personalizado de cada caso. Para evitarlo y mejorar la atención a este colectivo, tanto jueces, como fiscales y forenses han elevado una petición al Gobierno para que se dote a la provincia de ocho juzgados especializados en la materia repartidos por las comarcas. La finalidad es centralizar la atención a las personas con enfermedad mental en coordinación con la red sanitaria. También poder aplicar el protocolo elaborado por la Audiencia para obligar a tomar la medicación a quienes se oponen y evitar las consecuencias que el abandono de los fármacos tiene para los enfermos y sus familias, pues esta situación desemboca en ocasiones en episodios de violencia o intentos de suicidio. La falta de órganos especializados impide aplicar los tratamientos ambulatorios involuntarios, pues "no es lo mismo que ocho jueces se coordinen con las unidades de salud mental de los centros de salud a que lo tengan que hacer ochenta", explica el presidente de la Audiencia, Vicente Magro. Y es que sólo en la ciudad de Alicante hay diez juzgados que se ocupan de estos asuntos. Por ello, tanto el presidente de la Audiencia, como el fiscal jefe de Alicante, Juan Carlos López Coig, y el director del Instituto de Medicina Legal, Rafael Bañón, abogan por agrupar los casos en juzgados especializados ubicados en ocho localidades. La propuesta vuelve a recoger la reivindicación de que uno de ellos se ubique en Alicante y asuma exclusivamente la materia de salud mental, pues sólo en este partido se tramitan anualmente 1.200 solicitudes de internamiento involuntario en centros sanitarios o residencias. Además solicitan otros siete: uno para San Vicente y Novelda, otro para Elda y Villena, uno para Ibi y Alcoy, otro para Elche, uno más para Orihuela y Torrevieja, otro para Dénia y uno para Benidorm y La Vila. Estos juzgados tramitarían al año en la provincia alrededor de 3.500 internamientos involuntarios en centros psiquiátricos para enfermos mentales descompensados o en residencias para ancianos con demencias o alzheimer, además de las incapacidades dictadas para personas con discapacidades psíquicas profundas, grandes demencias o enfermedades mentales muy graves.Lo ideal es que fueran de nueva creación, pero el presidente de la Audiencia reconoce los límites presupuestarios, por lo que explica que en algunos casos lo que se pretende es que la materia de salud mental se concentre en un único órgano, aunque ya exista. Para que sea rentable la cifra propuesta de órganos en relación a los asuntos que tramitarían, en la petición solicitan que sean mixtos y asuman también los casos de Familia (como divorcios o separaciones). Argumentan que se trata de dos materias "de marcado carácter social" que precisan de una atención judicial "ágil y especial". Esta concentración permite "que el juez conozca los historiales de estos pacientes y pueda dar mejor respuesta".El Consejo General del Poder Judicial estudia la viabilidad de esta propuesta para poder aplicar el modelo de juzgados de salud mental comarcales en la provincia y extenderlo también a la Comunidad Valenciana y el resto de España, como informó Vicente Magro, quien considera que por fin existe una conciencia sobre la necesidad de proteger a las personas con enfermedad mental después de durante muchos años se haya descuidado a este colectivo. "Hay mucha gente que sufre alrededor de un enfermo", dice Magro, quien incide en que necesitan de una atención rápida y personal. Por su parte, los enfermos y familiares apoyan la creación de juzgados especializados en salud mental, pero su gran caballo de batalla sigue siendo la falta de recursos sociosanitarios para dar un tratamiento integral.
Fuente: www.diarioinformacion.com

Protección de Datos no multará a un juzgado de Alzira tras hallar expedientes en la calle

Los funcionarios de Carlet piden otro tribunal debido a la saturación de trabajo y la alcaldesa propone el refuerzo con los estudiantes becados
Una buena noticia, esto es lo que deben pensar los empleados de uno de los juzgados de Alzira, así como la Conselleria de Justicia de Valencia.
Y es que después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abriera una investigación, hace una semana, a un juzgado de la capital de la Ribera Alta tras encontrar expedientes policiales y documentos de menores en la calle, este organismo ha asegurado que no multará a este tribunal por la presunta vulneración del deber del secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ni a la Conselleria de Justicia por incumplir presuntamente las medidas de seguridad.
«La AEPD no impone sanciones económicas a las administraciones públicas, sino que da órdenes para que se reparen los daños, dado que su objetivo es que se subsanen los errores que han provocado las deficiencias», explicó Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos en declaraciones a Europa Press.
Cabe recordar que los hechos ocurrieron hace un año, cuando se descubrieron en Alzira informes policiales y datos de menores en la basura que, según la AEPD, «ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública».
Por su parte, la Conselleria de Justicia afirmó a LAS PROVINCIAS la semana pasada que la «aparición de escasos documentos en la vía pública se debe, con toda probabilidad, a que alguien, de manera particular, lo haya dejado allí».
Con esta resolución este incidente ya es un caso cerrado, pero cuando se trata de la problemática de los juzgados de Alzira aún no se puede pasar página.
Montones de papeles por todas partes, la lentitud del sistema informático e incluso los fallos en los ordenadores, que en más de una ocasión han dejado a los funcionarios sin trabajar, entre otras deficiencias como el inicio de la construcción del anhelado Palacio de Justicia ponen en jaque cada día a la justicia alcireña.
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León no quiso hacer, por el momento, ninguna declaración, durante su visita al tribunal de Carlet, sobre la situación judicial alcireña.
«La semana que viene me reuniré en Alzira para conocer los problemas de los tribunales de la ciudad y adoptar las medidas necesarias», manifestó Paula Sánchez de León.
Por otra parte, la consellera conoció ayer de primera mano la situación en la que se encuentran los juzgados de Carlet.
Del mismo modo que Alzira, la saturación de trabajo es el problema más importante al que tienen que hacer frente los funcionarios de este tribunal, que han visto cómo en el último año se han triplicado los casos civiles debido a la crisis económica.
Ante el desbordamiento de los casos, los funcionarios de esta localidad piden la creación de un juzgado nuevo. «Hay bastante atasco, el juzgado número 4 que es de nueva creación ya está saturado por lo que necesitamos un número 5, ya que uno de los cuatro que tenemos se dedica exclusivamente a los temas relacionados con la familia y la violencia de género, que va aumentando», afirmó Mercedes Real, juez decana del Juzgado número 4 de Carlet.
Otro de los problemas de este partido judicial, ya que según Mercedes Real «queremos que no queden vacantes las plazas de los funcionarios que están de baja, sino que sean cubiertas por interinos». Y añadió las «guardias son muy duras, en este tribunal hay muchos detenidos y las guardias son todo el fin de semana y sin descanso y el lunes vuelta a empezar».
Fuente: www. lasprovincias.es

MUGEJU: Procedimiento para aplicar las deducciones de medicamentos a las mutualidades.


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medicamentos
Resolución de 24 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial, y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para el seguimiento del Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre.
PDF (BOE-A-2009-10572 - 2 págs. - 174 KB)

Justicia cree que locales deshabitados limítrofes con los juzgados de Ontinyent pudieron causar la aparición de ratas

Justicia cree que locales deshabitados limítrofes con los juzgados de Ontinyent pudieron causar la aparición de ratas.
La Conselleria de Justicia considera que locales y viviendas deshabitadas limítrofes con los juzgados de Ontinyent (Valencia) pudieron causar la aparición de roedores y de palomas a principios de año en estas sedes, según consta en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Josefa Andrés, consultada por Europa Press.
Andrés preguntó por la situación de insalubridad de los juzgados de Ontinyent, y la conselleria le respondió que la Dirección General de Justicia, una vez conocidos los hechos, instó a la empresa adjudicataria de la limpieza a efectuar las actuaciones necesarias para solucionar el problema "de forma inmediata".
Seguidamente, según consta en el escrito, trabajadores de esta empresa de limpieza procedieron a la desinfección, desratización y desinsectación del local, lo que permitió su saneamiento.
No obstante, la conselleria expuso que en caso en el que el problema continuase existiendo por cualquier otra causa, se adoptarían las actuaciones materiales necesarias, cuyo coste se determinaría en su momento, y se realizarían los oportunos requerimientos al Ayuntamiento de Ontinyent. Con todo, considera la existencia de locales y viviendas deshabitados limítrofes con la sede judicial como el foco del problema.
Fuente: www.adn.es

De Rosa considera «puntual» el cierre de un juzgado por falta de funcionarios

El vocal territorial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Comunitat Valenciana, Fernando de Rosa, consideró ayer un tema «absolutamente puntual» el cierre durante un día del juzgado de lo Penal número 7 de Valencia por la falta de funcionarios, y resaltó que la Conselleria de Justicia reaccionó «enseguida».
De Rosa se pronunció en estos términos tras reunirse, junto a su compañera y también vocal territorial, Gabriela Bravo , con la Junta de Jueces de Valencia, al ser preguntado por su opinión acerca del cierre, el pasado lunes, de este juzga por la ausencia de funcionarios.
Al respecto, subrayó que es un tema «absolutamente puntual» en la «realidad» de la Ciudad de la Justicia de Valencia y de los juzgados de la Comunitat, y destacó que su obligación, como miembro del CGPJ, es velar para que esto no vuelva a ocurrir porque «se perjudica al ciudadano y a la imagen de la Justicia».
De Rosa y Bravo reclamaron que la Administración haga «el esfuerzo necesario» para eliminar las «graves deficiencias que sufren los jueces en el ejercicio de su función».
Bravo explicó que en las visitas que realizan en los últimos meses, a partidos judiciales de la autonomía, se ha percatado de que faltan órganos y medios. Así, concretó que hay juzgados en los que no sólo existen graves deficiencias en los propios edificios, sino que tampoco reúnen las condiciones de salubridad. Ante esta situación, indicó que el CGPJ está intentando instar a la Conselleria de Justicia para que aborde estas «graves problemáticas».
Hay jueces que se quejan de falta de personal y de la interinidad «poco preparada», cuando, en realidad, «se tendría que tener una bolsa de personas especializadas, con cursos que les preparen, ya que van a desempeñar un trabajo importante».
Fuente: www.lasprovincias.es

Bétera reclama ante el Senado un partido judicial propio y separarse de Llíria

La histórica petición de Bétera de convertirse en partido judicial ha llegado al Senado. La Cámara Alta debatirá el lunes la propuesta del representante del PP José María Chiquillo de que el municipio albergue un juzgado de primera instancia que atienda los casos de la localidad, además de Serra, Náquera y San Antonio de Benagéber.
En el caso de aprobarse la petición, el Senado, donde el PP tiene mayoría, se la trasladaría al Ministerio de Justicia, de quien depende la decisión final. «La medida es buena para todos», indica José Manuel Aloy, alcalde de Bétera.
Los cuatro municipios dependen de la demarcación de Llíria. En la petición se argumenta que los Planes Generales prevén pasar de 31.000 a 150.000 habitantes. Además, Aloy recuerda que Bétera acoge la base de la OTAN, que alberga a 2.000 personas.
El Ayuntamiento lleva años tratando de escindirse de Llíria, bien creando un partido judicial propio o adheriéndose al de Moncada. Pese a que el escrito se centre en el desarrollo demográfico, la principal razón es la accesibilidad. «Si no tienen vehículo propio, nuestros vecinos han de ir en metro. Deben realizar un transbordo y luego caminar cuatro kilómetros hasta el juzgado».
Entre Bétera y Moncada hay apenas cuatro paradas. La nueva demarcación contaría con dos juzgados para posibilitar que siempre haya uno de guardia. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Conselleria de Justicia, que llegó a realizar una presentación del proyecto en el castillo cuando Fernando de Rosa era su responsable.
Fuente: www.lasprovincias.es

Alzira: El solar del Palacio de Justicia alcireño está ocupado por materiales de obra

El PSPV pide un aparcamiento en este terreno y el PP afirma que las obras del edificio se harán en esta legislatura.
Máquinas, tubos para la conducción del agua y otros enseres dedicados a la construcción en vez del anhelado Palacio de Justicia.
Éste es el estado en el que se encuentra el solar, situado al final de la avenida de Luis Suñer, que acogerá el futuro edificio judicial de la ciudad. Y es que la maquinaria y diversos materiales de la obra ocupan este terreno.
«Mientras la construcción del Palacio de Justicia brilla por su ausencia, el solar contiene diverso material, maquinaria y otros enseres destinados a la obra», aseguró Enrique Alborch, portavoz del PSPV de Alzira.
Ante esta situación, los socialistas han pedido explicaciones a la alcaldesa, Elena Bastidas.
De esta forma, quieren conocer qué empresa «está utilizando los terrenos, quién ha autorizado la ocupación de esa parcela y cuánto tiempo continuará esta situación, que convierte esta parcela en un almacén de materiales para la construcción».
Por su parte, el concejal de Actividades Urbanísticas, Eliseo Candela, explicó a LAS PROVINCIAS que una «zona del terreno está ocupado por el material necesario para las obras de mejora de la Vila, que está llevando a cabo la empresa Eifage».
Candela manifestó que una vez finalizada la mejora del casco antiguo «el Ayuntamiento obligará a la firma constructora a desalojar este solar».
El PSPV también ha solicitado al equipo de gobierno (PP) que mientras se construye el Palacio de Justicia, unas obras que los alcireños llevan esperando 14 años, se adecue esta parcela como aparcamiento.
Por otra parte, Eliseo Candela señaló que esperan «empezar la construcción del Palacio cuando termine la mejora de la Vila. El nuevo edificio se realizará dentro de esta legislatura». Respecto a la escasez de zonas para aparcar, Eliseo Candela destacó que el Consistorio «tiene proyectado un aparcamiento subterráneo en la zona, porque hace mucha falta. Mientras los vecinos pueden estacionar en la parte del solar sin ocupar».
Y es que la falta de aparcamiento en la avenida Luis Suñer supone un quebradero de cabeza para los vecinos de la zona.
Por este motivo, Alborch apuesta por el «acondicionamiento de estos terrenos como aparcamiento, ya que las obras del Palacio de Justicia siguen sin vislumbrar un futuro próximo», manifestó.
Fuente: www.lasprovincias.es

Colapso judicial en Moncada

La consellera admite, tras las protestas de los jueces del partido judicial de l'Horta Nord, que el trabajo de los juzgados de lo Civil se ha duplicado.
La juez decana del Palacio de Justicia de Moncada recibió ayer a la consellera Paula Sánchez de León en uno de los momentos más críticos de saturación de trabajo en los juzgados de toda la Comunitat Valenciana.
El edificio del Palacio de Justicia de este municipio de l'Horta es nuevo, se inauguró hace siete años, pero ya ha tenido que ampliarse con un juzgado más, que ya se ha quedado pequeño.
Ahora los jueces y funcionarios de justicia de Moncada aseguran que están desbordados, y así lo reconoció la consellera. Paula Sánchez explicó que las demandas de la juez decana se centraban sobre todo en la saturación de los juzgados de lo civil, donde se ha duplicado el trabajo.
Los jueces le pidieron a la consellera que habilite otro juzgado más para que se pueda asumir la acumulación de trabajo. Sánchez de León recorrió además las instalaciones, mientras los funcionarios trabajaban completamente rodeados de montañas de papeles y expedientes.
El alcalde de Moncada, el popular Juan José Medina, explicó por su parte que los jueces ya estuvieron en el ayuntamiento para presentarle sus reivindicaciones, que les obligan a trabajar a destajo y así y todo acumulan retrasos importantes. Medina lamentó también que no hubiera sido informado de la visita de la consellera.
El inmueble cuenta con cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que dan servicio a alrededor de cien mil ciudadanos de los municipios de l'Horta Nord.
La titular de Justicia señaló que hay muchos cambios en los juzgados que han coincidido con una situación complicada de acumulación de trabajo. «En Moncada se está llevando a cabo el despliegue de servidores para el acceso a Internet, se han renovado todos los pecés y se han instalado siete equipos multifunción".
Además, el pasado mes de febrero la Conselleria hizo entrega también de ocho ordenadores portátiles para jueces y secretarios, una medida que será completada con la instalación de la videoconferencia, prevista dentro del plan 2009/2010. Asimismo, las dos salas de vistas disponen de equipos de grabación y este registro civil está preparado para recibir solicitudes telemáticas de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción.
La consellera recordó que todas estas actuaciones están contempladas en el plan de modernización de la Justicia de la Generalitat, moderniza.just, que conlleva una inversión superior a los 25 millones de euros.
Oficina de víctimas
La consellera de Justicia también confirmó ayer que la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito del partido judicial de Moncada, prevista ya hace varios meses, estará puesta en marcha este mismo verano.
Para Sánchez de León es «fundamental el esfuerzo que está haciendo la Generalitat, a través de la Fundación Favide, para acercar este servicio de carácter gratuito a todos los rincones de la Comunitat».
Para la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que estará atendida con un letrado, la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha acondicionado ya un espacio en la sede judicial, así como también se ha llevado a cabo la dotación de mobiliario.
Hace ya más de un año que la Conselleria de Justicia prometió esta oficina, que atiende a todo tipo de víctimas de delitos, y que está funcionando de forma satisfactoria en muchos partidos judiciales. En Moncada, sin embargo, se había retrasado su apertura.
Fuente: www.lasprovincias.es

lunes, 22 de junio de 2009

Valencia:El juzgado de lo Penal 7, cerrado por falta de funcionarios

Justicia cubrirá mañana la baja médica de un funcionario y esperará a recibir la de otro para suplirla.

La Conselleria de Justicia cubrirá mañana la baja médica de un funcionario en el juzgado de lo Penal número 7 de Valencia, y esperará a recibir la de otro para suplirla, puesto que todavía no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto, según informaron a Europa Press fuentes de este departamento.
Justicia se manifestó así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) informara de que la ausencia de tres funcionarios había provocado hoy el cierre del juzgado, puesto que tan sólo se encontraban presentes el juez, la secretaria y un agente judicial. No obstante, sí se estaban celebrando juicios en la Sala 32.
Tras conocerse la situación, Justicia concretó que mañana mismo se cubrirá la baja de uno de los tres funcionarios. A este respecto, informó de que mañana estaba prevista una reunión por el procedimiento de adjudicación de bajas, en la que se iba a nombrar a un funcionario sustituto, que se incorporaría al juzgado el miércoles. No obstante, al conocer la noticia del cierre, Justicia ha acelerado el proceso, y éste se incorporará mañana mismo.
Por otro lado, está a la espera de recibir la baja médica de otro de los funcionarios, puesto que hasta que no tenga constancia de la misma no puede designar a otra persona para cubrir su puesto. Reiteró que esta persona no tiene baja oficial, y que ingresó en el hospital ayer u hoy.
Respecto al tercer funcionario, que se encuentra de vacaciones tras aprobárselo la secretaria judicial, según concretaron las mismas fuentes, se han intentado poner en contacto con él para ver si se podía incorporar a su puesto de trabajo antes de lo previsto, pero ha sido imposible localizarle.
Sobre la decisión de cerrar el juzgado, Justicia se mostró sorprendida por la medida, puesto que, según manifestaron estas fuentes, la secretaria judicial debería haberse puesto en contacto antes con la Dirección General de Justicia, y, sin embargo, tan sólo avisó esta mañana al Servicio de la Bolsa de Interinos. Incidió en que nada más conocer una baja, se había previsto cubrirla, y que de tener constancia de la otra, también se hubiera actuado.
Además, Justicia lamentó que, tras enterarse del cierre del juzgado, se puso en contacto con el secretario de gobierno del TSJ y aseveró que éste no sabía nada al respecto.
Fuente: www.levante-emv.com


viernes, 19 de junio de 2009

STAS-Intersindical Valenciana, Hoja informativa sobre la negociación de la Acción social 2009

Lo único claro es la congelación en los planes y cantidad presupuestada para acción social.
A pesar del compromiso de la Administración de llevar a cabo una verdadera negociación, parece ser que este año tampoco va a ser.


Mas información: STAS JUSTICIA
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jueves, 18 de junio de 2009

Jueces y fiscales advierten del riesgo de la red en delitos contra menores


Jueces y fiscales de menores advierten del riesgo de Internet como espacio para cometer delitos contra menores y por menores. No hay un único análisis y distintas posiciones se debaten desde ayer y hasta mañana en unas jornadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Que la Red entraña un peligro aún por dimensionar quedó claro en las intervenciones de Emilio Calatayud, juez de Menores de Granada; de Salvador Canet, fiscal de Menores de Valencia; o de Juan Salom, comandante jefe de la Guardia Civil. Calatayud pidió un cambio en la legislación que permita pedir responsabilidades a las empresas que controlan las redes sociales, como Youtube o Facebook. Canet reclamó "algo tan sencillo como educar, y que los padres limiten el horario y contenidos a los que sus hijos acceden a través de Internet, así como supervisar las actividades que desarrollan en el ordenador". Y Salom explicó como una de las consecuencias perniciosas del uso descontrolado de Internet por parte de menores el hecho de haya proliferado el número de menores que se convierten en "auténticos pedófilos al acceder sin control a contenidos altamente pornográficos en una edad en la que se produce el despertar sexual y en la que prima la curiosidad".

En la primera mesa de debate que ayer se celebró en la Ciudad de la Justicia, quedó claro que la investigación de delitos cibernéticos tiene dificultades específicas que se ven aumentadas por el hecho de que los dueños de las páginas están en el extranjero, mayoritariamente en EE UU, y eso complica que se les pida información sobre la actividad en una determinada cuenta. Salvador Canet, que sí reconoce la colaboración de Microsoft a través de una delegación que funciona en Europa y en España, advierte de la conveniencia de una legislación que permita guardar durante más tiempo la información sobre la actividad del usuario.

Canet, que trabaja en la Fiscalía de Valencia junto al fiscal Felipe Bermejo en esta modalidad de delitos que afectan y cometen menores, afirmó que el menor tiene una cierta sensación de "impunidad" cuando actúa a través de la Red. Y aseguró que los padres "piensan que es una travesura porque generalmente son menores que no han cometido ningún otro hecho".

Las jornadas están dedicadas a la experiencia de jueces en materia de menores y se prolongarán hasta mañana. Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue la encargada de inaugurarlas. En su intervención, Bravo reclamó un mayor compromiso de las administraciones con el desarrollo de la Ley Penal del Menor. Y pidió un mayor esfuerzo en dotación de medios para poder practicar la ley en su totalidad.

Fuente: www.elpais.com

Congreso aprueba por unanimidad la reforma para implantar la Oficina Judicial


La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad la reforma de quince leyes procesales necesaria para la implantación de la nueva Oficina Judicial con la incorporación de más de doscientas enmiendas al texto, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

La Comisión también ha aprobado el informe de la ponencia del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria, que incluye los artículos que implican una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial -por ejemplo en lo que se refiere a la limitación de la jurisdicción universal- y que se tramita de forma separada, de modo que será aprobada en el pleno del Congreso el próximo jueves.

Entre las reformas aprobadas hoy por unanimidad está la nueva regulación del señalamiento de las vistas, que se atribuye a los secretarios judiciales, teniendo en cuenta siempre los criterios que marque el presidente de la sala o sección o el titular del órgano judicial correspondiente.

Las nuevas leyes procesales establecen asimismo la grabación de las vistas de modo general en cualquier orden jurisdiccional y no sólo en el civil como sucedía hasta ahora.

Otras reformas aprobadas son la que hace incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de procurador y abogado o la que permite a los graduados sociales interponer recursos de súplica ante el Tribunal Supremo sin la intervención obligatoria de un letrado en ese trámite.

Para el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, el texto aprobado hoy por la Comisión con competencia legislativa plena -de ahí que pase directamente al Senado- es "una reforma imprescindible y un punto de partida para empezar a recorrer el camino de la modernización del servicio público de la Justicia".

Según informa en una nota de prensa el grupo parlamentario socialista, Villarrubia considera que "de esta manera se hará posible la transformación de las actuales estructuras judiciales tributarias del siglo XIX en una Administración moderna y ágil en su funcionamiento en pleno siglo XXI, mediante una redistribución de funciones y de recursos propios más racional".

Fuente: www.adn.es

El Gobierno rechaza crear una oficina judicial piloto en Castellón

El Ministerio de Justicia rechazó ayer la petición formulada por el Consell para crear una oficina judicial piloto en Castellón con la que evaluar los problemas de implantación de la nueva estructura en la Comunitat.
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, elevó la petición ayer durante la celebración de la Conferencia Sectorial convocada por el Ministerio en Madrid. Desde la Conselleria se justificó la petición en la necesidad de experimentar el nuevo sistema de administración judicial antes de que entre en vigor.
Por otro lado, la Conferencia Sectorial aprobó la petición de la Conselleria de crear una comisión técnica que se reúna varias veces al año para atender a las nuevas necesidades que vayan surgiendo sin tener que esperar a la reunión del ministro con los responsables autonómicos.
La propuesta fue bien recibida y se acordó la creación de varias comisiones divididas en áreas de trabajo para que empiecen a trabajar de inmediato.
Fuente: www.lasprovincias.es

Las comunidades autónomas con competencias asumen el Acuerdo Social para modernizar la Justicia


El Ministerio se compromete a estudiar las propuestas de las comunidades autónomas, que piden mayores competencias en materia de personal al servicio de la Administración y provisión de puestos de trabajo



Fuente: Nota prensa Ministerio

lunes, 15 de junio de 2009

La Agencia Española de Protección de Datos, abre procedimiento a un juzgado de Alzira y a Conselleria por la aparición de documentos en la calle


La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un procedimiento a un juzgado de Alzira (Valencia) y a la Conselleria de Justicia de la Generalitat por la aparición de documentos en la calle, tras las actuaciones de investigación llevadas a cabo en los últimos meses a raíz de una información emitida en un medio de comunicación, según informó la entidad en un comunicado.
La AEPD ha podido acreditar que la información hallada "ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública". Los documentos incluían nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones, fotocopias de sus documentos de identidad o sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento, entre otros.
Por este motivo, se han iniciado procedimientos de declaración de infracción contra un juzgado de Alzira por una presunta vulneración del deber de secreto de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), al haberse acreditado que los documentos "se encontraban al alcance de terceros en la vía pública", y contra la Conselleria de Justicia de la Generalitat valenciana por presunta vulneración de medidas de seguridad, al ser la administración competente en la dotación de los medios materiales y técnicos y responsables de implementar las medidas de seguridad en los juzgados.
La AEPD también ha abierto procedimientos de declaración de infracción a otros tres juzgados, en Barcelona (Igualada), Madrid y Sevilla y a la Audiencia Provincial de A Coruña. Además, han sido objeto de apertura de procedimientos de declaración de infracción las Consejerías de Justicia de Andalucía y Galicia, por presunta vulneración de las medidas de seguridad.
Tanto juzgados como las administraciones cuentan ahora con un plazo para formular alegaciones o presentar pruebas, antes de que recaiga una resolución de declaración de infracción de las administraciones públicas.

Justicia reclama a Orpesa un local para poder ampliar el Juzgado de Paz


Las nuevas dependencias serán atendidas por 3 funcionarios. El juzgado actual atiende a una población que supera los 11.000 vecinos.
El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, tendrá que poner a disposición de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas un local y los medios materiales para constituir el Juzgado de Paz de la localidad, que ya debería llevar años funcionando, dado que la localidad superó hace tiempo los 7.000 habitantes. Además, el actual juzgado, que sólo cuenta con un funcionario para atenderlo, se ve colapsado incapaz de despachar la carga de trabajo que genera una localidad que supera los 11.000 vecinos que padecen los efectos de la crisis de la construcción y el turismo.El edil del Bloc, Josep Lluís Romero, que denunció la situación irregular hace unos meses -lo que propició una interpelación parlamentaria- conmina al grupo de gobierno a "ponerse a trabajar y ofrecer a la conselleria un local en condiciones, más amplio que el actual, para acoger a los nuevos operarios".La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, confirmó el pasado 1 de junio al diputado del Bloc, Josep Maria Pañella, lo que ya denunció esta formación, que Orpesa debía acondicionar el juzgado y dotarlo con los medios para acoger a los 2 gestores, uno de ellos que hará funciones de secretario, y un funcionario auxiliar judicial. Respuesta que ya tenía el consistorio el pasado 3 de mayo.La crisis da trabajo al juzgadoRomero recuerda la alta tasa de desempleo que afecta al municipio, lo que en ocasiones desemboca en desahucios y embargos, que el juzgado debe notificar. "Sin embargo, con un funcionario sólo para coger el teléfono, atender a los usuarios y proceder a las notificaciones, sumado al retraso que acumulan los envíos por correo, todo desemboca en un colapso, del que los vecinos son los más perjudicados, dado que en el juzgado se tramitan asuntos que afectan a la gente de a pie".La creación del juzgado de Paz viene tipificado en la Ley de Demarcación y Planta Judicial al haber superado el municipio los 7.000 habitantes de derecho.Un ejemplo de lo "ingobernable" de la situación del juzgado de paz actual fue la denuncia de una pareja de novios en mayo, recogida por Levante de Castelló, que tuvieron problemas para casarse porque el expediente matrimonial llegó a caducar en dos ocasiones, por la demora en su tramitación, motivada por la falta de personal para atender todos los frentes.

La actividad en los juzgados de paz de la Comunitat aumentó un 10% en 2008


En cualquier lugar del mundo hacen falta los hombres buenos, sobre todo cuando los intereses personales y colectivos son cada vez más complicados y numerosos. Es por esto que el juez de paz, figura que remite a novelas románticas, siga vigente en el siglo XXI y, además, cuenta con todos los números para que su relevancia no decaiga ni un ápice.
A pesar de que sus atribuciones judiciales son menores, la burocracia los convierte en imprescindibles.
Durante 2008, los asuntos que pasaron por los juzgados de paz de la Comunitat se incrementaron en un 10% respecto al año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de que el INE ya no computa las actuaciones relacionadas con las competencias del Registro Civil, los asuntos ingresados y resueltos por los juzgados continúan contándose por cientos de miles.
El año pasado ingresaron 346.589 asuntos civiles y penales en estas oficinas judiciales de los pueblos valencianos, mientras que en 2007 fueron 316.832 los temas tratados por los jueces de paz en el medio millar de instalaciones repartidas por toda la Comunitat.
La maldición pide que el enemigo pleitos tenga, aunque los gane. Entrar en la espiral burocrática de la Justicia no se desea a un amigo, e incluso los propios letrados aconsejan evitar el juicio dentro de lo posible. Es por todo ello que el juez de paz es muy útil. Es el caso reciente de un vecino de Turís, que fue testigo casual de un accidente en Madrid, y que recientemente se vio citado a comparecer en los tribunales por aquel suceso. Afortunadamente para el vecino, pudo recurrir al juez de paz de su localidad y así evitó un desplazamiento obligado de no ser por este tipo de servicio, uno más dentro de unas competencias muy variadas.
No es de extrañar, por tanto, que el Consell destine más de siete millones de euros a pagar a los funcionarios de los juzgados de paz que dependen de la Generalitat. De los 506 juzgados de paz que hay en la Comunitat, 86 están servidos por una red de funcionarios compuesta por 243 personas.
«Son oficinas muy útiles, pero les pagan bastante mal por tratarse de un servicio muy discreto, a veces ocasional», advierte un abogado de la ciudad de Valencia, una apreciación no compartida por los vecinos, como es el caso de Ximo, que recientemente se casó en una localidad de L'Horta Nord y se vio obligado a pagar 400 euros para que el juez de paz le casase.

El Decanato de Valencia unifica los criterios en procesos civiles


El objetivo es homogeneizar las respuestas que ofrecen los juzgados a los ciudadanos.
El Decanato de Valencia ha puesto en marcha la unificación de criterios procesales en la jurisdicción civil con el fin de homogeneizar las respuestas que ofrecen los juzgados a los ciudadanos y evitar actuaciones discordantes, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En un comunicado, aseguran que esta iniciativa de la Junta de Jueces de Primera Instancia ha sido acogida muy favorablemente por los colegios profesionales de procuradores y abogados ya que facilita el trabajo de los distintos operadores jurídicos y aporta seguridad durante el proceso.El objetivo de esta medida es evitar, respetando plenamente la independencia judicial, las posibles diferencias en la interpretación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil dependiendo del órgano judicial que tramite el caso.La mayor parte de dichos criterios se refieren, hasta el momento, a la proposición y práctica de la prueba pericial, al juicio verbal, al procedimiento monitorio, al juicio cambiario, a los procesos de ejecución, a los recursos y a las costas procesales, indica la nota.

Ciudad de la Justicia de Castellón: Secretarios judiciales y procuradores analizan aspectos clave de la Justicia

La Ciudad de la Justicia de Castellón acogió ayer la clausura del II Encuentro de secretarios judiciales y procuradores de los tribunales de la Comunitat con el que, durante dos días, los profesionales participantes han debatido en torno a cuestiones como la unificación de criterios y de prácticas procesales existentes en los diferentes juzgados en asuntos como las costas y gastos de procedimientos, los intereses judiciales, los mandamientos de devolución de las cantidades ingresadas en las cuentas judiciales, los actos de comunicación y ejecución, etcétera.
Las jornadas también han posibilitado una reflexión sobre las grandes cuestiones de actualidad que atañen a la Justicia, como la aplicación de las nuevas tecnologías o la definitiva implantación de la Nueva Oficina Judicial. Entre otras cuestiones se ha abordado el sistema Lexnet, que permite la notificación de las resoluciones judiciales a los procuradores a través de medios telemáticas evitando así el uso de papel.
Fuente: www.levante-emv.com

Un exhibicionista se pasea por el juzgado de guardia de Valencia


Un hombre de unos 30 años de edad acudió el miércoles a presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Valencia. Como nadie le hacía caso, no tuvo otra ocurrencia que desnudarse completamente delante de letrados y funcionarios. El hombre, que se quedó como su madre lo trajo al mundo, fue reducido por los agentes de la Policía Nacional que custodian las instalaciones judiciales y fue posteriormente conducido a los calabozos acusado de, lógicamente, exhibicionismo.

jueves, 11 de junio de 2009

Caamaño propondrá el día 19 a las comunidades autónomas un plan informático común para que todos los juzgados trabajen en red

El ministro ha destacado que en España se han hecho grandes inversiones en sistemas informáticos que posteriormente no son compatibles entre ellos, como ocurre con los modelos de la Fiscalía y el Ministerio.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció hoy que durante la Conferencia Sectorial del próximo día 19 de junio propondrá a los responsables de las distintas Comunidades Autónomas un plan informático mediante el cual todos los juzgados de España puedan trabajar y comunicarse en red.
Caamaño realizó este anuncio durante su intervención en una jornada sobre la modernización de la Justicia organizada por Unidad Editorial en la que el ministro hizo especial hincapié en la importancia de las nuevas tecnologías.
En este punto concreto, se refirió a la "paradoja" de que en España se hayan hecho "muchísimas inversiones en los sistemas informáticos, pero cada uno ha trabajado en direcciones que luego no son complementarias entre sí". "Nuestros sistemas hoy nos son compatibles y la culpa es un poco de todos", dijo el ministro, quien añadió que "además el modelo de la Fiscalía tampoco es compatible con el del Ministerio".
"Había dos opciones, empezar de cero, es decir, tirar muchas horas de trabajo, o ponernos a trabajar todos por un programa que nos permita adaptar todos los lenguajes, y ésta ha sido la opción en la que hemos trabajado y espero proponerlo el próximo día 19 en conferencia sectorial a todos los responsables de las CCAA. Se trata de que todos podamos hablarnos a través de expedientes digitales y que la Justicia española trabaje en red", explicó. Informó Europa Press.
Fuente: http://diariodenoticias.laley.es

miércoles, 10 de junio de 2009

Justicia atribuye las «averías» informáticas en el juzgado de Alzira a cambios en el sistema


La Conselleria de Justicia ha salido al paso de las criticas vertidas por los trabajadores del juzgado de Alzira quienes aseguran que, en este año, han estado «20 días son trabajar por averías informáticas».
Según Justicia, dichas «averías» se deben a un «cambio en el sistema de trabajo». Tal como afirman desde la Conselleria, la Dirección General de Justicia tuvo constancia de incidencias con el servidor «la tercera semana del mes de mayo, por lo que se planificó su cambio».
La migración de datos al servidor nuevo «se produjo el 1 de junio», sin embargo, apuntan las mismas fuentes, «también se realizó un cambio de dominio, ya que se está instalando un dominio único para todas las sedes judiciales».
Según Justicia, este proceso «es más lento y se tuvo que repasar ordenador por ordenador». El jueves 4 «finalizó todo el proceso y desde el pasado viernes, la Dirección General no ha recibido ninguna queja de ningún funcionario por mal funcionamiento del sistema informático», concluyen.
Cabe recordar que los funcionarios de los juzgados de la capital den la Ribera Alta denunciaron haber estado, en lo que va de año, «entre 15 y 20 días sin poder trabajar porque no funcionaban los ordenadores. Eran días sueltos en los que acudíamos al juzgado a pasar el rato».
Pero este no es el único problema que denuncian los trabajadores del juzgado. La falta de ascensor, la lentitud del sistema informático y los expedientes amontonados en los despachos son sólo una muestra de la «caótica» situación que atraviesa los edificios judiciales de Alzira.
Además, los propios funcionarios también aseguran que falta «personal y medios, ya que en los últimos dos años se ha duplicado el volumen de trabajo».
Fuente: http://www.lasprovincias.es/

Las limpiadoras de los juzgados de Valencia no cobran por el impago de la conselleria


La empresa les adeuda las nóminas de abril y mayo y negocia con Justicia para agilizar los pagos.
En plena crisis, trabajando y sin cobrar. En esta situación se encuentran las trabajadoras de la limpieza de los juzgados de la provincia de Valencia, según denunciaron ayer las del partido judicial de Ontinyent, debido a que la empresa adjudicataria del servicio les adeuda dos meses de nómina, ya que la Conselleria de Justicia no paga a la empresa. Las limpiadoras de los juzgados de Ontinyent destacaron que en su misma situación se encuentran las de las salas de Xàtiva, Gandia, Alzira, Sagunt y Picassent. Fuentes de la empresa confirmaron que se encargan de "todos los juzgados de la provincia de Valencia", y que todas las empleadas "están en la misma situación".Las encargadas de la limpieza de las cuatro salas de Ontinyent denunciaron ayer que no han cobrado los meses de abril y mayo, y que "en marzo ya comenzaron los problemas y la nómina de ese mes la cobramos en mayo". Las limpiadoras han explicado que desde la empresa -Soldene SA, ubicada en Valencia- les dijeron que el mes de abril lo percibirían el 20 de mayo, pero "no fue así y ahora estamos en junio y nos deben abril y mayo". Las empleadas afirmaron que "estamos trabajando y queremos cobrar por nuestro trabajo". Declararon estar "cansadas de esta situación". Fuentes de la empresa Soldene aseguraron ayer que las limpiadoras "cobrarán la paga de abril este miércoles [hoy]" y añadieron que "intentaremos que la nómina de mayo les sea ingresada en este mes de junio".

MUGEJU: Regulación de prestación social de subsidio de jubilación


Mutualidad General Judicial. Prestaciones

martes, 9 de junio de 2009

Valencia: La avería de un cromatógrafo bloquea la aplicación de la ley de seguridad vial


La Conselleria de Justicia aún no ha respuesto el equipo de 60.000 euros del instituto forense.
Se llama cromatógrafo de gases y es el culpable de que ya no se realicen las pruebas de alcoholemia en el laboratorio de referencia de la Comunitat Valenciana, que es el Instituto de Medicina Legal (IML), lo que bloquea la aplicación de la Ley de Seguridad Vial. Aunque la responsabilidad más bien debería pedírsele a la Conselleria de Justicia, que hasta el momento sigue sin destinar una partida de 60.000 euros necesaria para la compra de este aparato, que es lo que cuesta, y ello pese a las insistentes peticiones del director del IML de Valencia, Matías Vicente.
Así, desde hace una semana, las pruebas de alcoholemia que remite la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia, Castelló y Alicante, además de las de todos los juzgados de la Comunitat Valenciana, deben remitirse al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona para su análisis. Así rezaba la carta suscrita por el director del IML, Matías Vicente: "Por la presente, te comunico que las determinaciones de alcoholemia se remiten al Instituto de Toxicología de Barcelona. A la hora de la petición debes tener en cuenta este hecho porque, siempre que solicites alcoholemia junto con otras sustancias, si no hay muestra suficiente se remitirán todas a Barcelona".
Retraso en los juicios
Según esta carta, enviada a las tres Jefaturas Provinciales de Tráfico, ya no es posible realizar análisis toxicológicos en Valencia, con lo que los juicios y resoluciones judiciales se retrasarán considerablemente, así como la aplicación de la nueva ley sobre seguridad vial. En la comunicación realizada por el IML, el director pedía a la policía que no se les remitieran más pruebas y que las enviaran directamente al instituto de Barcelona.
Laboratorio de referencia
El IML de Valencia depende de la Conselleria de Justicia y, hasta ahora, era el laboratorio de referencia para Tráfico en la Comunitat Valenciana. Hay que señalar, que los únicos análisis que se hacen en el Laboratorio de Toxicología del IMLV son las alcoholemias, y las de tóxicos y otras drogas.
En cuanto a los análisis de alcoholemia eran los únicos fiables, ya que cumplen con las condiciones técnicas de ser análisis cualitativos y cuantitativos del todo fiables.
Por el contrario, se siguen realizando en el IML unos análisis de tóxicos y otras drogas que sólo son de orientación clínica y no sirven para nada porque deben reenviarlos a Barcelona. Allí los realiza un aparato que se llama AxSYM, que hace un tipo de análisis inmunológico.

sábado, 6 de junio de 2009

Los jueces alertan de la venta por internet de certificados gratuitos del Registro Civil

Varias empresas cobran hasta 25 euros por los documentospese a que tardan incluso más en enviarlos que el juzgado.

En épocas de crisis se dispara la picaresca. Aunque completamente legal, pues no supone un engaño o estafa para el ciudadano, la práctica de algunas empresas que operan en internet se antoja, cuanto menos, poco ética. Y la posibilidad existente en los registros civiles de solicitar certificados a través de internet no ha pasado desapercibida para muchas firmas como medio de lograr un beneficio económico.
Si usted teclea en cualquier buscador las palabras registro civil, los primeros resultados que le aparecerán no corresponden a la web de la Generalitat Valenciana a través de la cual se pueden tramitar de manera totalmente gratuita estos certificados (de nacimiento, defunción o matrimonio). Aunque alguna de estas páginas indican expresamente «esto no es el Registro Civil», lo cierto es que piden datos confidenciales al usuario, como la tarjeta de crédito, y cobran hasta 25 euros.
Según el Tribunal Superior de Justicia, al Registro Civil de Valencia han acudido ya varios ciudadanos para denunciar estas prácticas abusivas. Para evitar caer en la trampa, basta con comprobar que la web en la que nos encontramos corresponde a la verdadera del servicio judicial: www.registrocivil.gva.es.
Los inconvenientes de estas oportunistas empresas son incluso mayores. El ciudadano no sólo tiene que soportar que le cobren por un certificado que es totalmente gratuito. Si lo solicita a través de estas webs tendrá que esperar más tiempo para contar con el documento en casa. Y es que, mientras el Registro Civil garantiza su envío en un máximo de cuatro días, estas firmas, con sede fuera de la Comunitat, tienen que esperar a recibir el certificado para remitirlo ellos luego al interesado. Ello supone una tardanza de hasta dos semanas, como denuncian los propios jueces.
Las empresas consiguen salen en las primeras posiciones de los buscadores, antes incluso que el enlace oficial, al ser enlaces patrocinados. Es decir, que pagan por ellos. Según comprobó LAS PROVINCIAS, tras la alerta ayer del Tribunal Superior el número de empresas que aparecían en un buscador por la tarde se redujo con respecto a la cifra de la mañana.
Fuente: www.lasprovincias.es

Aprobados primer ejercicio AUXILIO JUDICIAL



Acuerdo del Tribunal Calificador por el que se hacen públicas las relaciónes de aprobados del primer ejercicio de la fase de oposición y se les convoca a la realización del segundo.
5 de junio de 2009

El segundo ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar en llamamiento único el 27 de junio de 2009 a las 10.00 horas (9.00 horas en Canarias), en los lugares que se indican en el Anexo I.




BOE: 7ª modificación del concurso de traslados

Las esperanzas de una resolución ágil del concurso de traslados se van esfumando a base de publicación de rectificaciones.


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Resolución de 27 de mayo de 2009, del Departamento de Justicia, de corrección de errores de la de 13 de mayo 2009, por la que se modifica la de 7 de abril de 2009, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.
PDF (BOE-A-2009-9436 - 1 pág. - 156 KB)
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia
Resolución de 25 de mayo de 2009, del Departamento de Justicia, por la que se modifica la Resolución JUS/815/2009, de 10 de marzo, por la que se convocó concurso de traslado de plazas vacantes y de nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
PDF (BOE-A-2009-9435 - 1 pág. - 159 KB)

BOE: Médicos Forenses listas definitivas oposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses
Orden JUS/1470/2009, de 29 de mayo, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y se convoca a realizar el primer ejercicio.
PDF (BOE-A-2009-9429 - 2 págs. - 190 KB)

jueves, 4 de junio de 2009

Alcoi: Los abogados reiteran la reclamación de cinco nuevos juzgados para Alcoy

La demanda de las nuevas sedes que ahora excluye el TSJ se ha realizado este año a partir de los informes hechos por los jueces locales.

El Colegio de Abogados considera plenamente válida la reivindicación de cinco nuevos juzgados para Alcoy, que se ha formulado este mismo año en base a los informes elaborados por los jueces locales. Esta institución, no obstante, efectuará un pronunciamiento oficial una vez analizada la memoria de 2008 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que excluye a Alcoy de sus reivindicaciones de nuevas intraestructuras judiciales.
El TSJ, como se ha venido informando, había planteado hace un año la creación de un nuevo juzgado mixto -de instrucción y primera instancia- para el Partido Judicial de Alcoy. Posteriormente, una visita del presidente Juan Luis de la Rúa y de Fernando de Rosa, ya vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, sirvió para conocer de forma exhaustiva la situación y efectuar nuevas reivindicaciones, entre otras la itinerancia de magistrados de lo Social.
La sorpresa ha llegado ahora, cuando la memoria de 2008 omite cualquier reivindicación para Alcoy, algo que "extraña mucho", según han indicado fuentes del Colegio de Abogados, que no dudan en reiterar las reivindicaciones formuladas en los últimos tiempos.
En concreto, en un escrito entregado a la secretaria autonómica de Justicia, Patricia Montagut, se plasmaron las peticiones, concretadas en un Juzgado de lo Penal, dos juzgados mixtos -el quinto y el sexto-, otro de lo Social y uno de Violencia de Género. Las mismas fuentes subrayaron que los tres primeros son los más necesarios, por orden de prioridades, y que el Social se ha incorporado porque se trata de una demanda permanente de la sociedad alcoyana, e incluso comarcal, desde hace más de una década.
Además, desde la institución se subraya que esta reivindicación se ha materializado en base a los informes elaborados por los jueces locales, que revelan una carga de trabajo que hace necesaria la creación de los nuevos juzgados. En el caso del apartado Penal, esta infraestructura se viene reclamando tanto porque los índices de criminalidad lo justificarían como por la necesidad de evitar los permanentes traslados a Alicante, para la celebración de las vistas.

Permanentes contradicciones de la Administración

Lo ocurrido con el informe anual del TSJ no implica novedad alguna, pues las contracciones de la Administración con las infraestructuras judiciales para el Partido Judicial de Alcoy son permanentes. Ha ocurrido más de una vez que un alto cargo de la Conselleria de Justicia ha anunciado la petición de un juzgado para Alcoy, y luego la relación oficial remitida a Madrid no la contemplaba. Esta cuestión, además, se ha convertido en una "perita en dulce" para el gobierno de la Generalitat Valenciana, pues la aprobación de las nuevas sedes judiciales depende, en última instancia, del Gobierno central y como lo gestiona otro partido, es objeto de batalla política. La última concesión para Alcoy se produjo, tras más de 17 años de reivindicación, en 2004 e implicó la aprobación y puesta en marcha del cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.
Fuente: www.diarioinformacion.com

El Gobierno culpa a Camps del retraso en la apertura del quinto juzgado de Ontinyent

El ministro de Justicia recuerda que Zapatero ya dotó a la ciudad de la cuarta sala porque tenía carácter de urgencia.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, responsabilizó ayer al Consell del retraso en la apertura del quinto juzgado de Ontinyent, y recordó que Zapatero dotó a la ciudad de una cuarta sala debido a las acusadas carencias que tanto usuarios como trabajadores padecían.
Caamaño aseguró que la apertura de un nuevo juzgado en la población «no es competencia del Ministerio de Justicia sino del gobierno de la comunidad autónoma en la que se requiera de ese servicio, así que mientras la Generalitat no dote a Ontinyent de las infraestructuras necesarias así como de la intención de querer llevar a cabo ese trabajo, desde el Ministerio no podremos comenzar a trabajar por unos mejores servicios judiciales para esta ciudad».
El ministro realizó estas declaraciones durante un acto electoral que el PSPV ontinyentí celebró en el Hotel Kazar.
Caamaño afirmó que existe un acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas con Justicia «para llevar a cabo todas aquellas propuestas que los gobiernos de cada una emitan, pero si no recibimos esas peticiones nunca podremos empezar a construir ese quinto juzgado, que me consta es fundamental para sostener la actividad judicial en esta localidad».
El portavoz local del PSPV, Jorge Rodríguez, recordó que fue «el gobierno de Zapatero el que dotó a nuestra ciudad de un cuarto juzgado mientras Camps dio la espalda a la Ontinyent y a una alcaldesa de su mismo partido».
Por otro lado, Caamaño consideró que ahora no existen motivos para que acontezca una guerra de jueces y aseguró que desde el Ministerio trabajan «cada día para mejorar el servicio público de los jueces de España, por lo que creo que actualmente no existen motivos para que se desencadene una huelga».
Recordó que desde el PSOE «se ha trabajado para conciliar la vida laboral de los jueces o el ascenso forzoso, así como el acuerdo que se firmó con el Consejo General del Poder Judicial».
Así, añadió, la línea de trabajo es «y seguirá siendo la de mejorar el sistema judicial español a todos los niveles, y en eso se incluye la calidad en la atención a los usuarios de la comarca que utilizan los servicios del juzgado de Ontinyent».
Fuente: www.lasprovincias.es