La destrucción de los documentos procesales debía haber comenzado en noviembre, pero se aplaza hasta el próximo año
Los planes de la Conselleria de Justicia de haber iniciado ya la mayor destrucción de expedientes judiciales en la historia de España no se han cumplido. El retraso se debe a que los secretarios judiciales siguen enviando más "relaciones documentales" para su destrucción, según la secretaria autonómica, Patricia Montagud.
Los responsables judiciales se han percatado de que en los juzgados había todavía bastantes expedientes que se podían destruir porque las causas habían prescrito y "además se acogían al criterio que había marcado la Junta de Expurgo".
Desde la Conselleria prefieren ahora no acotar las fechas en las que se destruirán los documentos. Quizás sea mediados de enero. "Pero la realidad es que si un juzgado nos llama para enviarnos más documentación, pues esperaremos algunas semana más".
Cuanto más "voluminoso" sea el expediente, "mejor", justificó Montagud. Además, de esta forma también se aligeran de espacio los juzgados de la Comunitat.Las mismas fuentes desconocen que cantidad de nuevos documentos están llegando hasta el Archivo Provincial, "porque se están recibiendo poco a poco".
En principio, el proceso de expurgo iba a afectar a unos 10 millones de expedientes repartidos en unas 234.000 cajas.
Evidentemente, no todas contienen el mismo número de documentos. La destrucción afectará a dos millones de litigios fechados hasta en 1942.
Desde procedimientos de habeas corpus a expedientes de contrabando, juicios verbales, diligencias, actos de conciliación o rollos de apelación, entre otros. Se salvan, no obstante, los documentos pertenecientes a la riada de 1957 o a la pantanada de Tous por su valor histórico. También ocurre lo mismo con todo el material disponible de las elecciones o referéndums.
Los expedientes se suelen acumular hasta los cinco años en la secretaría del juzgado. Posteriormente pasan al Archivo Intermedio, donde permanecen hasta los 15 años. Por último, terminan en el Archivo Provincial de Valencia, lugar en el que se conservan desde los 16 a los 30 años. De todos modos, estos intervalos son muy variables y se pueden producir saltos de uno a otro sin agotar el periodo, según explicaron en su día fuentes de la Junta de Expurgo.
No está claro cuándo empezará el proceso de destrucción, pero sí el método que se empleará. Una empresa de reciclaje de Náquera trasladará un contenedor a las dependencias del archivo, ubicadas en el camino de Moncada.Allí, los trabajadores llenarán el depósito, tarea que les llevará al menos una semana.
Hay que tener en cuenta que el contenedor no se puede desplazar y, además, que la distancia entre las estanterías y el contenedor es considerable. Los cálculos de los responsables cifran en unas 3.000 las cajas que puede almacenar el contenedor.Con esas previsiones, desde la Junta de Expurgo calcularon en aproximadamente unos cuatro meses el tiempo en que llenarán todos los contenedores que necesitan.Además, cada vez que un depósito se traslade a las instalaciones de la empresa de reciclaje, un responsable de la Junta inspeccionará todo el proceso de destrucción y certificará que los documentos han sido eliminados. Para ello tomará fotografías antes y después del paso del papel por la máquina. Estas imágenes se conservarán en un cedé.Los responsables explicaron en su día que consiguieron un ventajoso acuerdo económico, ya que la destrucción del papel no costará dinero. La empresa obtendrá el beneficio del papel reciclado.
Fuente: lasprovincias.es
CONTACTO: justicia@intersindical.org
miércoles, 31 de diciembre de 2008
Castellón: Justicia inaugura cuatro nuevos juzgados y anuncia para el día 2 los refuerzos de Nules
La llegada de nuevos funcionarios dará "celeridad" al 'caso Fabra', según Domínguez
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha reclamado al Gobierno que transfiera a las autonomías las competencias para decidir dónde y cuándo se han de construir nuevos juzgados, por ser las administraciones que mejor conocen las necesidades judiciales y las que costean la mayor parte de los gastos.
Sánchez de León hizo estas declaraciones el martes en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón, en donde inauguró el Juzgado número 4 de lo Penal y el número 4 de lo Social, que entraron en funcionamiento el mismo martes, al igual que uno de Primera Instancia en Vila-real y otro en Vinaròs.
La consellera se mostró "satisfecha" por el inicio de la actividad en 16 unidades judiciales en la Comunitat, pero apuntilló que se podrían haber inaugurado antes y por eso aprovechó para reclamar para las administraciones autonómicas las competencias para la creación de nuevos juzgados, puesto que financian el 80% del coste de su puesta en funcionamiento.
El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, apoyó la reivindicación de la consellera: "No puede ser que tengamos pendiente la modificación de la demarcación territorial del partido judicial de Nules y de Vila-real solicitada hace cuatro años porque es necesario que el Ministerio de Justicia lo resuelva a través de una ley orgánica".
"Las soluciones deben estar lo más cerca posible de quienes tienen la posibilidad de encontrarlas, y, por lo tanto, me parece muy oportuno que la Comunitat busque el poder decidir estas cuestiones domésticas pero tan trascendentes como son la modificación de las demarcaciones territoriales o la creación de nuevas unidades judiciales", declaró Domínguez.
Sánchez de León también defendió que el inicio de la actividad en los nuevos juzgados "redundará en una mayor celeridad, rapidez, agilidad, eficacia y calidad en la prestación de la justicia a los ciudadanos".
Además, explicó que la Generalitat Valenciana ha invertido en el año 2008 cerca de nueve millones de euros para la creación de 20 nuevos juzgados y tres plazas de magistrado, de los que dos millones se han destinado a la provincia de Castellón.
Por otro lado, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, manifestó que "los funcionarios de refuerzo se incorporarán al juzgado de Nules el próximo día 2 de enero, porque el 1 es festivo". Estos funcionarios servirán de apoyo a los dos nuevos jueces de refuerzo destinados por el Ministerio de Justicia, el pasado mes de septiembre, para el juzgado de Nules, donde se investiga el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra.
El propio Domínguez señaló que los nuevos funcionarios darán celeridad a una causa que calificó de "particularmente llamativa".
Dudas sobre Font de Mora hijo
Finalmente, durante su visita a Castellón, la consellera confirmó que el hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, mantiene su plaza en comisión de servicios en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde desempeña un trabajo "magnífico, excelente" y del que en la Conselleria están "encantados".Sánchez de León hizo estas declaraciones al ser preguntada por los periodistas en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
La consellera especificó que el hijo del conseller, Jaime Font de Mora, es funcionario y secretario judicial y que ha solicitado una comisión de servicios para ocupar la plaza de gestor de la Ciudad de la Justicia, una ocupación que Paula Sánchez de León espera que siga desempeñando "todo el tiempo que él quiera, desde luego".
Fuente: lasprovincias.es
La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, ha reclamado al Gobierno que transfiera a las autonomías las competencias para decidir dónde y cuándo se han de construir nuevos juzgados, por ser las administraciones que mejor conocen las necesidades judiciales y las que costean la mayor parte de los gastos.
Sánchez de León hizo estas declaraciones el martes en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón, en donde inauguró el Juzgado número 4 de lo Penal y el número 4 de lo Social, que entraron en funcionamiento el mismo martes, al igual que uno de Primera Instancia en Vila-real y otro en Vinaròs.
La consellera se mostró "satisfecha" por el inicio de la actividad en 16 unidades judiciales en la Comunitat, pero apuntilló que se podrían haber inaugurado antes y por eso aprovechó para reclamar para las administraciones autonómicas las competencias para la creación de nuevos juzgados, puesto que financian el 80% del coste de su puesta en funcionamiento.
El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, apoyó la reivindicación de la consellera: "No puede ser que tengamos pendiente la modificación de la demarcación territorial del partido judicial de Nules y de Vila-real solicitada hace cuatro años porque es necesario que el Ministerio de Justicia lo resuelva a través de una ley orgánica".
"Las soluciones deben estar lo más cerca posible de quienes tienen la posibilidad de encontrarlas, y, por lo tanto, me parece muy oportuno que la Comunitat busque el poder decidir estas cuestiones domésticas pero tan trascendentes como son la modificación de las demarcaciones territoriales o la creación de nuevas unidades judiciales", declaró Domínguez.
Sánchez de León también defendió que el inicio de la actividad en los nuevos juzgados "redundará en una mayor celeridad, rapidez, agilidad, eficacia y calidad en la prestación de la justicia a los ciudadanos".
Además, explicó que la Generalitat Valenciana ha invertido en el año 2008 cerca de nueve millones de euros para la creación de 20 nuevos juzgados y tres plazas de magistrado, de los que dos millones se han destinado a la provincia de Castellón.
Por otro lado, la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, manifestó que "los funcionarios de refuerzo se incorporarán al juzgado de Nules el próximo día 2 de enero, porque el 1 es festivo". Estos funcionarios servirán de apoyo a los dos nuevos jueces de refuerzo destinados por el Ministerio de Justicia, el pasado mes de septiembre, para el juzgado de Nules, donde se investiga el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra.
El propio Domínguez señaló que los nuevos funcionarios darán celeridad a una causa que calificó de "particularmente llamativa".
Dudas sobre Font de Mora hijo
Finalmente, durante su visita a Castellón, la consellera confirmó que el hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, mantiene su plaza en comisión de servicios en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde desempeña un trabajo "magnífico, excelente" y del que en la Conselleria están "encantados".Sánchez de León hizo estas declaraciones al ser preguntada por los periodistas en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
La consellera especificó que el hijo del conseller, Jaime Font de Mora, es funcionario y secretario judicial y que ha solicitado una comisión de servicios para ocupar la plaza de gestor de la Ciudad de la Justicia, una ocupación que Paula Sánchez de León espera que siga desempeñando "todo el tiempo que él quiera, desde luego".
Fuente: lasprovincias.es
Alicante: Ni tanto ni tan......"Flamante salón para las bodas"
Este es el aspecto que presenta el salón de bodas en las nuevas instalaciones del Registro Civil. Las desvencijadas sillas de plástico del anterior edificio son ahora sustituídas por sofás de color blanco. El salón no podrá ser estrenado hasta la semana que viene, ya que el viernes es el día señalado para hacer las bodas y para estos días no hay previsto celebrar ninguna.
Fuente: diarioinformacion.com
Nunca es tarde si......."El Consell envía el personal a los juzgados de refuerzo del caso Fabra con 4 meses de retraso"
Domínguez subraya que los dos nuevos órganos judiciales estarán totalmente operativos en 15 días.
Joan Mestre, CastellóLos dos juzgados de refuerzo creados en Nules para impulsar el caso Fabra entrarán en servicio finalmente a partir del 2 de enero. La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, confirmó ayer que este viernes se incorporarán los cuatro funcionarios necesarios. Llegarán con cuatro meses de retraso. El Ministerio de Justicia, a instancias del Consejo General del Poder Judicial, autorizó en septiembre la creación de estas dos plazas judiciales(Bis 1 y Bis 2) y desde entonces no han podido ponerse en marcha al no enviar el Consell el personal pertinente. El presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, añadió que ese mismo día tomarán posesión los dos jueces en cuestión, nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, y apuntó que en quince días las dos unidades de refuerzo de Nules estarán totalmente operativas.
La consellera y el presidente de la Audiencia Provincial confirmaron este hecho durante la inauguración ayer de dos nuevos juzgados en la Ciudad de la Justicia de Castelló (uno de lo Social y otro de Lo Penal). Domínguez afirmó que ya se han hecho "las obras necesarias" para que cada juzgado "pueda desarrollar su trabajo", subrayó que ya ha mantenido una reunión con los nuevos titulares para "dividir la carga de trabajo", y aseguró que "a falta de un acuerdo de la Sala de Gobierno, en la primera quincena de enero cada uno de los jueces sabrá de lo que tiene que ocuparse". El recientemente reelegido presidencia de la Audiencia de Castelló confió en que estos refuerzos ayuden a solucionar "el retraso endémico" que sufren unos juzgados de Nules "tradicionalmente atascados" y que, según apuntó, instruyen "alguna causa particularmente llamativa", refiriéndose sin nombrarlo al proceso abierto contra el presidente de la diputación y del PP de Castelló, Carlos Fabra, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas.
Los juzgados 1 Bis y 2 Bis de Nules arrancarán el viernes con una importante demora. Fueron aprobados en septiembre por el CGPJ y no entrarán en funcionamiento hasta este 2 de enero. El Consell ha obviado hasta ahora los requerimientos del TSJ y se ha negado a adelantar el envío de los funcionarios pertinentes. El Gobierno central recriminó por ello al Ejecutivo de Francisco Camps Camps.
Más competencias
La consellera de Justicia criticó que los 4 nuevos juzgados aprobados para Castelló en 2008 hayan entrado en funcionamiento el último día del año, y reclamó a la administración central que transfiera a la Generalitat Valenciana las competencias para "decidir cuándo y dónde se construyen juzgados en la Comunitat".Por otra parte, defendió la contratación del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como gerente de la Ciudad de la Justicia de Castelló, y aseveró que mantiene su plaza en comisión de servicios(provisional hasta que se apruebe de forma definitiva la plaza que ahora ocupa). Sánchez de León agregó que el hijo del conseller desempeña un trabajo "magnífico, excelente", del que la conselleria, dijo, están "encantados".
Fuente: levante-emv.com
Joan Mestre, CastellóLos dos juzgados de refuerzo creados en Nules para impulsar el caso Fabra entrarán en servicio finalmente a partir del 2 de enero. La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, confirmó ayer que este viernes se incorporarán los cuatro funcionarios necesarios. Llegarán con cuatro meses de retraso. El Ministerio de Justicia, a instancias del Consejo General del Poder Judicial, autorizó en septiembre la creación de estas dos plazas judiciales(Bis 1 y Bis 2) y desde entonces no han podido ponerse en marcha al no enviar el Consell el personal pertinente. El presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, añadió que ese mismo día tomarán posesión los dos jueces en cuestión, nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, y apuntó que en quince días las dos unidades de refuerzo de Nules estarán totalmente operativas.
La consellera y el presidente de la Audiencia Provincial confirmaron este hecho durante la inauguración ayer de dos nuevos juzgados en la Ciudad de la Justicia de Castelló (uno de lo Social y otro de Lo Penal). Domínguez afirmó que ya se han hecho "las obras necesarias" para que cada juzgado "pueda desarrollar su trabajo", subrayó que ya ha mantenido una reunión con los nuevos titulares para "dividir la carga de trabajo", y aseguró que "a falta de un acuerdo de la Sala de Gobierno, en la primera quincena de enero cada uno de los jueces sabrá de lo que tiene que ocuparse". El recientemente reelegido presidencia de la Audiencia de Castelló confió en que estos refuerzos ayuden a solucionar "el retraso endémico" que sufren unos juzgados de Nules "tradicionalmente atascados" y que, según apuntó, instruyen "alguna causa particularmente llamativa", refiriéndose sin nombrarlo al proceso abierto contra el presidente de la diputación y del PP de Castelló, Carlos Fabra, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas.
Los juzgados 1 Bis y 2 Bis de Nules arrancarán el viernes con una importante demora. Fueron aprobados en septiembre por el CGPJ y no entrarán en funcionamiento hasta este 2 de enero. El Consell ha obviado hasta ahora los requerimientos del TSJ y se ha negado a adelantar el envío de los funcionarios pertinentes. El Gobierno central recriminó por ello al Ejecutivo de Francisco Camps Camps.
Más competencias
La consellera de Justicia criticó que los 4 nuevos juzgados aprobados para Castelló en 2008 hayan entrado en funcionamiento el último día del año, y reclamó a la administración central que transfiera a la Generalitat Valenciana las competencias para "decidir cuándo y dónde se construyen juzgados en la Comunitat".Por otra parte, defendió la contratación del hijo del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, como gerente de la Ciudad de la Justicia de Castelló, y aseveró que mantiene su plaza en comisión de servicios(provisional hasta que se apruebe de forma definitiva la plaza que ahora ocupa). Sánchez de León agregó que el hijo del conseller desempeña un trabajo "magnífico, excelente", del que la conselleria, dijo, están "encantados".
Fuente: levante-emv.com
Sánchez de León reclama que sean las autonomías las que creen nuevos juzgados
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha reclamado hoy que sean los gobiernos autonómicos, y no el Ministerio de Justicia, los que decidan los juzgados que se deben crear cada año y la fecha de su puesta en funcionamiento.
EFE Así lo ha expuesto durante la inauguración del Registro Civil número 3 y el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Valencia, órganos que comienzan a funcionar hoy junto a otros catorce de diferentes partidos judiciales y que, a su juicio, podrían haberse puesto en marcha antes.
La consellera se ha mostrado "satisfecha" por la inauguración de estos nuevos juzgados que "contribuyen" a mejorar el servicio al ciudadano, pero entiende que la Generalitat debe continuar "reclamando al Ministerio" que sean las administraciones autonómicas las que decidan al respecto, ya que se hacen cargo del "80 por ciento del coste".
"La inversión principal es nuestra. Aportamos los medios materiales y humanos, y entendemos que si tuviésemos la capacidad de decidir el momento y el lugar donde se pone en marcha un juzgado podríamos ofrecer una respuesta mucho más eficaz a las necesidades de los ciudadanos", ha manifestado.
Además de los citados órganos de Valencia, hoy han entrado en funcionamiento el Juzgado de lo Penal y el de lo Social número 4 de Castellón; el Registro Civil número 2 y el número 4 de lo Contencioso de Alicante y juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Mislata, Catarroja, Paterna y Torrent, en la provincia de Valencia, Torrevieja, Orihuela y Villena, en la provincia de Alicante, y Vinaròs (Castellón).
También se han puesto en marcha los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Gandia (Valencia) y Vila-real (Castellón).
La Generalitat ha invertido un total de 7,6 millones de euros en la dotación de estos dieciséis juzgados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, se ha mostrado "enormemente satisfecho", ya que, con estos nuevos juzgados, se cubren "necesidades muy esenciales para los ciudadanos".
De la Rúa ha apoyado a la consellera en su reclamación sobre la "posibilidad de elegir el número de juzgados y el momento idóneo para su puesta en funcionamiento".
Fuente: levante-emv.com
EFE Así lo ha expuesto durante la inauguración del Registro Civil número 3 y el Juzgado de Primera Instancia número 28 de Valencia, órganos que comienzan a funcionar hoy junto a otros catorce de diferentes partidos judiciales y que, a su juicio, podrían haberse puesto en marcha antes.
La consellera se ha mostrado "satisfecha" por la inauguración de estos nuevos juzgados que "contribuyen" a mejorar el servicio al ciudadano, pero entiende que la Generalitat debe continuar "reclamando al Ministerio" que sean las administraciones autonómicas las que decidan al respecto, ya que se hacen cargo del "80 por ciento del coste".
"La inversión principal es nuestra. Aportamos los medios materiales y humanos, y entendemos que si tuviésemos la capacidad de decidir el momento y el lugar donde se pone en marcha un juzgado podríamos ofrecer una respuesta mucho más eficaz a las necesidades de los ciudadanos", ha manifestado.
Además de los citados órganos de Valencia, hoy han entrado en funcionamiento el Juzgado de lo Penal y el de lo Social número 4 de Castellón; el Registro Civil número 2 y el número 4 de lo Contencioso de Alicante y juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Mislata, Catarroja, Paterna y Torrent, en la provincia de Valencia, Torrevieja, Orihuela y Villena, en la provincia de Alicante, y Vinaròs (Castellón).
También se han puesto en marcha los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Gandia (Valencia) y Vila-real (Castellón).
La Generalitat ha invertido un total de 7,6 millones de euros en la dotación de estos dieciséis juzgados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, se ha mostrado "enormemente satisfecho", ya que, con estos nuevos juzgados, se cubren "necesidades muy esenciales para los ciudadanos".
De la Rúa ha apoyado a la consellera en su reclamación sobre la "posibilidad de elegir el número de juzgados y el momento idóneo para su puesta en funcionamiento".
Fuente: levante-emv.com
¿Premio o castigo?: "Trasladada la juez de Dénia que impedía bodas gays"
Alabau pasa a un juzgado contenciososin competencias sobre matrimonio
La juez Laura Alabau no podrá impedir ningún matrimonio entre personas del mismo sexo. Al menos de momento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado su traslado desde el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia (Alicante) -el que tiene atribuidas las competencias del Registro Civil y por tanto la de inscribir los matrimonios en ese municipio- a otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el que no podrá obstaculizar estas uniones.
La juez alicantina ha frenado los matrimonios homosexuales desde su aprobación, en julio de 2005, dilatando los procesos. Después de que dos mujeres le solicitaran casarse, presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que reguló estas bodas que ni siquiera fue admitida a trámite al considerar el Constitucional que los jueces de Registro Civil no pueden recurrir al alto tribunal. Después se negó a dar validez a las bodas al no inscribirlas en el Registro Civil, pero sus decisiones fueron revocadas repetidamente por la Dirección General de Registros y del Notariado, el organismo perteneciente al Ministerio de Justicia que resuelve los recursos contra las decisiones del Registro Civil.
Tras conocer que ese organismo rechazó una decisión suya de no inscribir un matrimonio entre dos hombres británicos, Alabau escribió una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que calificaba la decisión de ese órgano de "ilegal" y basada sólo en "intereses políticos y propagandísticos". También acusaba al fiscal de convertirse "vergonzosamente" en un "apéndice del Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado". Esa carta fue enviada también a los medios de comunicación.
Pero el anterior Consejo General del Poder Judicial, dominado por los vocales propuestos por el PP, consideró en su última reunión antes de ser renovado que sus palabras sólo eran "valoraciones personales (...) sobre criterios jurídicos asumidos por un concreto centro directivo del Estado". Esas manifestaciones no sólo no eran insultos para estos consejeros, sino que se incardinaban "dentro del derecho a la libertad de expresión de la señora Alabau", a la que se levantó la multa de 305 euros que le había impuesto la comisión disciplinaria de ese mismo organismo.
Tres meses después de esa polémica decisión, y a una semana de que el juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita fuera inhabilitado por dos años al retrasar la adopción de una niña por una pareja de lesbianas, el Consejo acuerda el traslado de Alabau a un órgano de lo Contencioso-Administrativo (los que se encargan de resolver los conflictos de los ciudadanos o las empresas con las Administraciones). El cambio de destino se produce a petición de la juez.
El pasado agosto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya propuso al CGPJ que Alabau pasara a ocupar una plaza vacante en los juzgados de lo Contencioso de Valencia. La iniciativa se produjo después de que la juez siguiera negándose a casar homosexuales tras haber sido sancionada.
Fuente: elpais.com
La juez Laura Alabau no podrá impedir ningún matrimonio entre personas del mismo sexo. Al menos de momento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado su traslado desde el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia (Alicante) -el que tiene atribuidas las competencias del Registro Civil y por tanto la de inscribir los matrimonios en ese municipio- a otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el que no podrá obstaculizar estas uniones.
La juez alicantina ha frenado los matrimonios homosexuales desde su aprobación, en julio de 2005, dilatando los procesos. Después de que dos mujeres le solicitaran casarse, presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que reguló estas bodas que ni siquiera fue admitida a trámite al considerar el Constitucional que los jueces de Registro Civil no pueden recurrir al alto tribunal. Después se negó a dar validez a las bodas al no inscribirlas en el Registro Civil, pero sus decisiones fueron revocadas repetidamente por la Dirección General de Registros y del Notariado, el organismo perteneciente al Ministerio de Justicia que resuelve los recursos contra las decisiones del Registro Civil.
Tras conocer que ese organismo rechazó una decisión suya de no inscribir un matrimonio entre dos hombres británicos, Alabau escribió una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que calificaba la decisión de ese órgano de "ilegal" y basada sólo en "intereses políticos y propagandísticos". También acusaba al fiscal de convertirse "vergonzosamente" en un "apéndice del Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado". Esa carta fue enviada también a los medios de comunicación.
Pero el anterior Consejo General del Poder Judicial, dominado por los vocales propuestos por el PP, consideró en su última reunión antes de ser renovado que sus palabras sólo eran "valoraciones personales (...) sobre criterios jurídicos asumidos por un concreto centro directivo del Estado". Esas manifestaciones no sólo no eran insultos para estos consejeros, sino que se incardinaban "dentro del derecho a la libertad de expresión de la señora Alabau", a la que se levantó la multa de 305 euros que le había impuesto la comisión disciplinaria de ese mismo organismo.
Tres meses después de esa polémica decisión, y a una semana de que el juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita fuera inhabilitado por dos años al retrasar la adopción de una niña por una pareja de lesbianas, el Consejo acuerda el traslado de Alabau a un órgano de lo Contencioso-Administrativo (los que se encargan de resolver los conflictos de los ciudadanos o las empresas con las Administraciones). El cambio de destino se produce a petición de la juez.
El pasado agosto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya propuso al CGPJ que Alabau pasara a ocupar una plaza vacante en los juzgados de lo Contencioso de Valencia. La iniciativa se produjo después de que la juez siguiera negándose a casar homosexuales tras haber sido sancionada.
Fuente: elpais.com
La Generalitat reivindica la competencia estatal para crear nuevos juzgados
Abiertas 19 oficinas judiciales puestas en marcha por el Ministerio de Justicia
La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, reclamó ayer al Gobierno la competencia para decidir sobre la creación de nuevos juzgados. Según Sánchez de León, la Administración autonómica es la que mejor conoce las necesidades judiciales. Para la consejera, no se sostiene que el Gobierno autonómico sea el que costee los medios humanos y materiales (funcionarios, equipación y ubicación) y no tenga ninguna capacidad para incidir en la creación de oficinas judiciales.
Sánchez de León inauguró ayer, en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón, el Juzgado de Lo Penal número 4 y el número 4 de Lo Social, el Registro Civil número 3, y, en Valencia, el Juzgado de Primera Instancia número 28. En total, el Ministerio de Justicia incorporó ayer a la Comunidad Valenciana 19 nuevas oficinas judiciales, incluidas tres plazas de magistrado para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sánchez de León contó ayer, en su reivindicación de competencias, con el respaldo del presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, quien afirmó: "No puede ser que tengamos pendiente la modificación de la demarcación territorial del partido judicial de Nules y de Vila-real solicitada hace cuatro años porque es necesario que el Ministerio de Justicia lo resuelva a través de una ley orgánica". Domínguez agregó: "Las soluciones deben estar lo más cerca posible de quienes tienen la posibilidad de encontrarlas"
También Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ, expresó su apoyo a la petición de competencias para los gobiernos autónomicos sobre la creación de nuevos juzgados. Y dijo, además, que los juzgados inaugurados ayer cubren "necesidades muy esenciales para los ciudadanos".Ha costado cuatro meses que la Consejería de Justicia cumpliera con lo que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le pedían. El próximo 2 de enero se incorporarán a los juzgados de Nules los funcionarios de refuerzo para las dos nuevas plazas de juez que el CGPJ acordó crear en septiembre. Es en el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules donde se investiga la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra.
Pese a que el Ministerio de Justicia autorizó en septiembre la creación de las dos plazas de juez de refuerzo en los juzgados de Nules, la consejera Sánchez de León anunció que no cubriría las plazas de funcionarios -tres por cada nuevo juez- hasta 2009. Entendió que no estaba obligada a hacerlo hasta que se adjudicaran los refuerzos para todos los juzgados.
Precisamente, en referencia a la causa contra Carlos Fabra, el recién reelegido presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, defendió que se ha prestado la atención que esos juzgados merecían "para que, efectivamente, ese retraso endémico que les acompaña se pueda resolver con la mayor celeridad".
La inauguración de los juzgados no está exenta de polémica. La falta de medios es la crítica más extendida. En Valencia, por ejemplo, la consejería ha decidido restar dos funcionarios al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, con diferencia el más saturado de la capital y sin la plantilla completa. Esa decisión sigue a la retirada de la juez de refuerzo.
No es el único caso. Las precarias condiciones de salubridad y de higiene del único juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Elche se han agudizado desde que en febrero de este año los trabajadores denunciaran el "lamentable" entorno laboral en el que desempeñan sus funciones: una oficina de unos 55 metros cuadrados ubicada en los bajos de un inmueble de viviendas.
El extraordinario volumen de expedientes amontonados en este local, con la consiguiente documentación adjunta por cada asunto, ha disparado las plagas de parásitos e insectos que pican a los trabajadores. Además, la nula ventilación y la suciedad acumulada obligan a la plantilla (seis funcionarios, un secretario y un juez) a usar mascarillas y abandonar de vez en cuando las instalaciones a lo largo de la jornada. "Cuesta respirar, tenemos muchos dolores de cabeza, y comienza a haber mucha tensión", comenta un funcionario. El sórdido contexto laboral ha acabado por afectar las relaciones laborales. Aún así, continúa, "nadie ha solicitado la baja", apostilla el trabajador.
Hasta el momento, la única respuesta de la Consejería de Justicia ha sido la colocación de 15 estanterías, apunta el trabajador. Paralelamente a difundirse las condiciones de trabajo de este órgano judicial, el TSJ prohibió la entrada de cualquier medio de comunicación e, incluso, contrató a un guardia de seguridad, denuncian los trabajadores. Según estos, la media de atraso en la resolución de los expedientes es de medio año. Los trabajadores reclaman un urgente traslado de las oficinas, informa Rebeca Llorente
Fuente: elpais.com
La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, reclamó ayer al Gobierno la competencia para decidir sobre la creación de nuevos juzgados. Según Sánchez de León, la Administración autonómica es la que mejor conoce las necesidades judiciales. Para la consejera, no se sostiene que el Gobierno autonómico sea el que costee los medios humanos y materiales (funcionarios, equipación y ubicación) y no tenga ninguna capacidad para incidir en la creación de oficinas judiciales.
Sánchez de León inauguró ayer, en la sede de la Ciudad de la Justicia de Castellón, el Juzgado de Lo Penal número 4 y el número 4 de Lo Social, el Registro Civil número 3, y, en Valencia, el Juzgado de Primera Instancia número 28. En total, el Ministerio de Justicia incorporó ayer a la Comunidad Valenciana 19 nuevas oficinas judiciales, incluidas tres plazas de magistrado para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Sánchez de León contó ayer, en su reivindicación de competencias, con el respaldo del presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, quien afirmó: "No puede ser que tengamos pendiente la modificación de la demarcación territorial del partido judicial de Nules y de Vila-real solicitada hace cuatro años porque es necesario que el Ministerio de Justicia lo resuelva a través de una ley orgánica". Domínguez agregó: "Las soluciones deben estar lo más cerca posible de quienes tienen la posibilidad de encontrarlas"
También Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJ, expresó su apoyo a la petición de competencias para los gobiernos autónomicos sobre la creación de nuevos juzgados. Y dijo, además, que los juzgados inaugurados ayer cubren "necesidades muy esenciales para los ciudadanos".Ha costado cuatro meses que la Consejería de Justicia cumpliera con lo que el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le pedían. El próximo 2 de enero se incorporarán a los juzgados de Nules los funcionarios de refuerzo para las dos nuevas plazas de juez que el CGPJ acordó crear en septiembre. Es en el Juzgado de Instrucción número 1 de Nules donde se investiga la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra.
Pese a que el Ministerio de Justicia autorizó en septiembre la creación de las dos plazas de juez de refuerzo en los juzgados de Nules, la consejera Sánchez de León anunció que no cubriría las plazas de funcionarios -tres por cada nuevo juez- hasta 2009. Entendió que no estaba obligada a hacerlo hasta que se adjudicaran los refuerzos para todos los juzgados.
Precisamente, en referencia a la causa contra Carlos Fabra, el recién reelegido presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, defendió que se ha prestado la atención que esos juzgados merecían "para que, efectivamente, ese retraso endémico que les acompaña se pueda resolver con la mayor celeridad".
La inauguración de los juzgados no está exenta de polémica. La falta de medios es la crítica más extendida. En Valencia, por ejemplo, la consejería ha decidido restar dos funcionarios al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, con diferencia el más saturado de la capital y sin la plantilla completa. Esa decisión sigue a la retirada de la juez de refuerzo.
No es el único caso. Las precarias condiciones de salubridad y de higiene del único juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Elche se han agudizado desde que en febrero de este año los trabajadores denunciaran el "lamentable" entorno laboral en el que desempeñan sus funciones: una oficina de unos 55 metros cuadrados ubicada en los bajos de un inmueble de viviendas.
El extraordinario volumen de expedientes amontonados en este local, con la consiguiente documentación adjunta por cada asunto, ha disparado las plagas de parásitos e insectos que pican a los trabajadores. Además, la nula ventilación y la suciedad acumulada obligan a la plantilla (seis funcionarios, un secretario y un juez) a usar mascarillas y abandonar de vez en cuando las instalaciones a lo largo de la jornada. "Cuesta respirar, tenemos muchos dolores de cabeza, y comienza a haber mucha tensión", comenta un funcionario. El sórdido contexto laboral ha acabado por afectar las relaciones laborales. Aún así, continúa, "nadie ha solicitado la baja", apostilla el trabajador.
Hasta el momento, la única respuesta de la Consejería de Justicia ha sido la colocación de 15 estanterías, apunta el trabajador. Paralelamente a difundirse las condiciones de trabajo de este órgano judicial, el TSJ prohibió la entrada de cualquier medio de comunicación e, incluso, contrató a un guardia de seguridad, denuncian los trabajadores. Según estos, la media de atraso en la resolución de los expedientes es de medio año. Los trabajadores reclaman un urgente traslado de las oficinas, informa Rebeca Llorente
Fuente: elpais.com
Las nevas medidas de mejora: "Las dificultades de trabajar en un garaje convertido en juzgado"
Hace varios meses los trabajadores de un juzgado de Elche denunciaron ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana la precaria situación en la que trabajaban y a día de hoy a punto de cerrarse el 2008 siguen igual. El insecticida encima de la mesa, las mascarillas en su rostro para protegerse de los ácaros y con movilidad cero. Los archivos y las cajas les impiden moverse más allá de sus mesas. La solución que les han dado son unas estanterías para compilar sus archivos. Ellos denuncian de nuevo que tanto el Gobierno como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia hacen caso omiso a su situación.
Fuente: abc.es
viernes, 26 de diciembre de 2008
Nuevas plazas de aparcamiento en la Ciudad de la Justicia
Como sabéis, dada la dificultas de encontrar nuevas localizaciones de aparcamiento en la Ciudad de la Justicia de Valencia, la dirección de gestión ha echado mano a la imaginación para poder dar solución a este grave problema.
Como muestra, en la imagen podemos observar una de las posibles alternativas, un dechado de imaginación e ingeniería arquitectónica.
miércoles, 24 de diciembre de 2008
La C. Valenciana estrenará 19 juzgados en el plazo de una semana para desatascar causas pendientes
Valencia tendrá un tercer Registro Civil ante el colapso de asuntos
Un total de 19 nuevas unidades judiciales comenzarán a funcionar en la Comunitat Valenciana el próximo 30 de diciembre, según fuentes del Ministerio de Justicia. Estos órganos se suman a los cuatro puestos en marcha a lo largo de 2008, mientras que en 2009 está previsto instaurar otras 23 unidades judiciales en la región.Las nuevas unidades judiciales que comienzan a funcionar este mes se distribuyen entre tres plazas de magistrado en órganos colegiados; tres plazas de magistrado para la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia; y 16 Juzgados.Estos juzgados serán el Juzgado de primera instancia número 28 de Valencia, para incapacidades; el Juzgado de instrucción número 5 de Torrevieja; el Registro civil exclusivo número 2 de Alicante; el Registro civil exclusivo número 3 de Valencia; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Orihuela; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Villena ; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Vinaròs; y el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Mislata.A estos se añaden el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Paterna; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Torrent; el Juzgado de lo penal número 4 de Castelló; el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante; el Juzgado de lo social número 4 de Castelló; el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vila-real; y el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gandía.En total, el Ministerio de Justicia ha creado este año 160 nuevas unidades judiciales -entre juzgados y plazas en órganos colegiados-, de las que 133 comenzarán a funcionar el 30 de diciembre. Para el año que viene, está prevista la constitución de otras 150, de las cuales 23 irán destinadas a la Comunitat Valenciana.En concreto, a lo largo de 2008 ya entraron en funcionamiento cuatro órganos judiciales en la Comunitat, como son, el Juzgado de Primera Instancia número 27 en Valencia; dos de lo Penal en Orihuela y Benidorm; y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia.Con estos órganos, el Ministerio de Justicia "ajusta la planta judicial a las necesidades existentes y quiere dar una adecuada respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y eficaz" y evitar el colapso judicial en numerosas sedes.
Fuente: levante-emv.com
Un total de 19 nuevas unidades judiciales comenzarán a funcionar en la Comunitat Valenciana el próximo 30 de diciembre, según fuentes del Ministerio de Justicia. Estos órganos se suman a los cuatro puestos en marcha a lo largo de 2008, mientras que en 2009 está previsto instaurar otras 23 unidades judiciales en la región.Las nuevas unidades judiciales que comienzan a funcionar este mes se distribuyen entre tres plazas de magistrado en órganos colegiados; tres plazas de magistrado para la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia; y 16 Juzgados.Estos juzgados serán el Juzgado de primera instancia número 28 de Valencia, para incapacidades; el Juzgado de instrucción número 5 de Torrevieja; el Registro civil exclusivo número 2 de Alicante; el Registro civil exclusivo número 3 de Valencia; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 7 de Orihuela; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Villena ; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Vinaròs; y el Juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Mislata.A estos se añaden el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Catarroja; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Paterna; el Juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Torrent; el Juzgado de lo penal número 4 de Castelló; el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante; el Juzgado de lo social número 4 de Castelló; el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Vila-real; y el Juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Gandía.En total, el Ministerio de Justicia ha creado este año 160 nuevas unidades judiciales -entre juzgados y plazas en órganos colegiados-, de las que 133 comenzarán a funcionar el 30 de diciembre. Para el año que viene, está prevista la constitución de otras 150, de las cuales 23 irán destinadas a la Comunitat Valenciana.En concreto, a lo largo de 2008 ya entraron en funcionamiento cuatro órganos judiciales en la Comunitat, como son, el Juzgado de Primera Instancia número 27 en Valencia; dos de lo Penal en Orihuela y Benidorm; y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Valencia.Con estos órganos, el Ministerio de Justicia "ajusta la planta judicial a las necesidades existentes y quiere dar una adecuada respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y eficaz" y evitar el colapso judicial en numerosas sedes.
Fuente: levante-emv.com
"La Justicia se ahoga en islotes"
Los sistemas informáticos autonómicos no están conectados, pero el delito y el caos sí es global
Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compañero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. Allí, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas informáticos de comunidades autónomas o de distintos órganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. Sólo el delincuente sale ganando. Y el caos.
Si quiere ser un delincuente eficiente, ponga su domicilio en Andalucía, robe en el País Vasco, Navarra y Cataluña; en Valencia entréguese, y contrate su abogado en Canarias. O tampoco se complique. Haga lo mismo por ciudades y pueblos de su provincia. Y confíe en la diversidad de programas informáticos incompatibles que pululan por los juzgados.
El sistema de notificación digital Lexnet todavía no se usa en toda España, pese a sus cinco años de vida. Esta estafeta de correo electrónico es la solución ministerial para que juzgados y profesionales (abogados, procuradores) compartan la información con eficacia. Empezó a desplegarse en 2003, pero va lento.
"Está casi en toda la Audiencia Nacional. En el 61% de Castilla y León y en el 38% de Extremadura. Se hacen 14.000 al día", dice Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Dado que al día se presentan 23.000 asuntos, la cifra de notificaciones es ridícula. Además, Canarias y el País Vasco no lo usan porque quieren incorporar las notificaciones directamente en sus aplicaciones de gestión procesal. Lexnet sí funciona en zonas de Cataluña, está en pruebas en la Comunidad Valenciana y planean incorporarlo en Andalucía, Cantabria y Galicia.
El problema no es sólo que Lexnet no se extienda. Ojalá. Tampoco que Fortuny, la aplicación para los fiscales, siga sin implantarse en todo el país. Cada autonomía ha tirado por su lado, como si denuncias, querellas, homicidios o atracos tuvieran fronteras. El País Vasco implanta Justizia Bat. En Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante; en Andalucía, Adriano, y en Navarra, Avantius. En Cataluña la aplicación en desarrollo se llama Justicia.cat, que sustituirá a Temis en 2010. Y la ciudad de Murcia, capital de una de las seis autonomías sin competencias transferidas, es la única que prueba la versión más moderna de la aplicación ministerial Minerva.
El problema no es que haya versiones distintas. El lío es que ni se comunican ni se entienden. Son incompatibles. Algunas están preparadas para el expediente electrónico. Otras no. "Una urgencia es unificar versiones, sustituyendo el producto más antiguo por el más moderno. De Libra [la más vieja] hay 217 instalaciones. De Minerva, 86", dice el secretario general del ministerio.
"Hay un grave problema en el diseño de la red judicial, que debe interconectar sus datos", dice Pere Huguet, del Consejo General de la Abogacía. "Si cada Administración desarrolla sus herramientas, luego se tienen que entender entre sí. El modelo es el expediente electrónico. El resto son parches".
"Se trata de poner el mínimo común denominador para trabajar juntos. No hay que hablar de uniformidad de aplicaciones, sino de datos y formatos comunes", opina Inmaculada de Miguel, directora para la modernización de la justicia vasca.
El ministerio prepara ahora SIRAJ, un sistema unificado para acceder a los registros de información procesal. Luego, el objetivo es que las autonomías lo integren, convirtiendo al ministerio en un prestador de servicios de información a las comunidades autónomas. En enero empezarán a implantarlo. Antes, deberán garantizar la privacidad de unos datos muy sensibles, estableciendo mecanismos para determinar quién accede al sistema judicial español y quién lo autoriza.
El movimiento de papeles y de coches descrito en Reus, de personal duplicando tareas, se reproduce diariamente en todos los juzgados y comisarías de España. "El papeleo nos devora. Si esto fuera una empresa habría quebrado hace años, pero como todos cobramos a final de mes...", asegura un funcionario. El despilfarro de medios económicos y humanos caracteriza a la Administración de justicia, que, sin embargo, se ahoga bajo montañas de papel.
La nueva oficina judicial, que se empezó a gestar en los ochenta, aún no se ha implantado. Jueces y secretarios desconocen cuál será su nueva función; tampoco saben si una persona tiene causas pendientes en otros juzgados, salvo que haya sido condenada. Cada juzgado permanece ajeno a las actuaciones de otros tribunales. El expediente electrónico, el sueño de la oficina sin papeles, es ciencia-ficción.
El Gobierno dice que quiere resolver la saturación de un servicio público con cerca de 50.000 empleados. Como en 2001. El Gobierno de Aznar y los socialistas firmaron un pacto de Estado que desembocó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. La norma aspiraba a que el juez fuera responsable de dictar sentencia, pero no de la burocracia. Se marcaron múltiples tareas en ocho años: legislativas, organizativas y de infraestructura.
El Pacto de Estado se rompió. Y ocho años después este idílico escenario no existe. La reforma legal, paralizada durante años en el Congreso, se está discutiendo actualmente, y no entrará en vigor hasta 2010. Cierto es que han llegado los juicios rápidos o implantado las videoconferencias, aunque no la tengan todavía todos los órganos. O que acaban de estrenar las subastas judiciales por la red. Sin embargo, juzgados, tribunales y fiscalías siguen sin estar interconectados. Lexnet, el sistema de notificaciones seguras entre las partes no es de uso generalizado. Tampoco lo es Fortuny, la aplicación de la fiscalía. Con este panorama, el expediente judicial electrónico queda lejos. Tan lejano como que un ciudadano acceda por Internet a su sentencia. Si ha sido absuelto, ni siquiera le borrarán de la lista de personas con antecedentes policiales. En 2010 las gestiones administrativas digitales serán un derecho, aunque la ley no se refiere a la justicia, un servicio tan público como Hacienda o la Seguridad Social.
"La ley de 2003 sentó las bases, pero se ha incumplido. No ha habido reforma estructural ni procesal y la tecnología es deficiente. Un juzgado sabe lo suyo, pero desconoce lo que se trata en el contiguo. ¡Qué va a saber de lo que ocurre en el resto!", dice Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
"Acumulamos un retraso organizativo y de modelo", reconoce Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia. "Tenemos que acelerar para invertir la tendencia y evitar que las malas inercias se conviertan en una rémora. No es cuestión de hacer propaganda, pero me niego a retratar un panorama dantesco. Somos críticos, pero no fatalistas. Esto tiene arreglo". El secretario de Estado insiste en que hay ejemplos que demuestran "que la maldición del pergamino se puede conjurar". Como el juicio del 11-M, "que incorporó todos los elementos de modernidad"; los de tráfico, "hasta ahora más rápidos que el procedimiento administrativo para poner una multa", o "el sistema de cuentas de consignación". "Mueve 3.000 millones de euros al año y ha sacado el dinero del juzgado".
Después de cuatro años de parálisis, el 27 de noviembre se reunió la comisión encargada de coordinar a todos los responsables de la justicia que convoca el Consejo General del Poder Judicial. Porque la situación es de por sí compleja. De la gestión de la justicia se encargan cuatro partes: el juez, el propio Consejo del Poder Judicial, el ministerio y 11 autonomías con competencias transferidas.
Sólo en Madrid hay tantos litigios como en el territorio que gestiona el ministerio. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado 74 millones de euros a modernización desde 2003, y el próximo año prevé 340 millones más. El ministerio, de 2005 a 2009, gastará 545 millones.
El gobierno de los jueces acaba de aprobar un "plan de choque de tecnología y de reforma procesal", dice Fernando de Rosa Torner, vicepresidente a propuesta del PP desde septiembre. El primero consiste en dotar de certificado y firma electrónica a jueces y magistrados, como emplean desde hace años notarios, registradores y abogados.
Tampoco es la primera vez que el Poder Judicial se propone modernizar la justicia. En 2003 activó el Punto Neutro Judicial. A través de este nodo de comunicaciones los jueces acceden a los datos de Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil Central, así como a los registros de información procesal. El problema, explica Lara, "es que la consulta no es automática porque no está integrada en los sistemas de gestión procesal. Es decir, que tenemos que buscar esos datos entre los diferentes registros, entrando y saliendo de una aplicación a la otra, lo que requiere cada vez una contraseña diferente, en vez de recibir automáticamente la información en el expediente mediante alertas".
Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, asegura que todos aceptan el cambio, "pero siempre que sea neutral, que no afecte a sus funciones. La modernización no es un problema de informática sino de mentalidad". Una nueva forma de organizarse (donde el juez dicta sentencia, pero los asuntos no estrictamente jurídicos los suministran servicios comunes) y la generalización de la tecnología son el maná para conjurar la maldición del pergamino.
El primer eje requiere modificar la legislación procesal. Paralizada durante años, ha sido reactivada en esta legislatura. El anteproyecto varía más de 1.000 artículos. Debería entrar en vigor en 2010, si no se frena de nuevo en el Congreso.
Algunas modificaciones de la ley generan polémica entre jueces y secretarios por los límites que delimitan sus funciones. Tampoco hay consenso sobre el uso de la tecnología. Desde 2003, las vistas orales de los juicios civiles y algunos penales se graban en vídeo por ley. En el resto de juicios, el secretario toma notas para dar fe. El ministerio proyecta extender esta obligación a todos los juicios, lo que permitiría al secretario ocuparse de otras cuestiones. Lara comparte la idea de conseguir una documentación electrónica, "pero sin eliminar garantías de los ciudadanos y del tribunal". El portavoz no considera necesario sacar "al secretario para agilizar la justicia". Lo importante, dice, es "el nuevo reparto de tareas, implantar la oficina judicial con servicios comunes y que nos otorguen responsabilidad en ejecución de sentencias, ordenación del proceso...". Servicios comunes para optimizar recursos y evitar que, cuando se comunica a la cárcel que un preso debe declarar, cada juzgado envíe a su propio funcionario a prisión a entregar el papel.
Sólo cuando se implante el expediente judicial electrónico en todos los órganos, incluida la fiscalía, será posible la tramitación del procedimiento, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Pero la realidad es tozuda y los expedientes "no son electrónicos en origen". "Tendríamos que escanear y digitalizar todos los papeles que entrasen y sería materialmente imposible", explica Martínez.
Además, como la validez legal aún la da el papel, cuando un juez toma posesión, sobre todo los de instrucción, pasan de tres a seis meses hasta que sabe el trabajo que hay pendiente. "Es difícil saber cuántos asuntos tienes guardados en el armario. En muchas ocasiones no hay ni índice. Lo mejor es empezar de cero porque ni los registros de entrada son fiables", dice la magistrada María Sanahuja. Con el agravante de que el 80% del papeleo no sirve de prueba en el juicio. Es burocracia, como la comunicación entre jueces para tomar declaración a testigos o las notificaciones a procuradores.
Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que el problema es la ausencia de modelo. "La nueva oficina es básica, pero también saber cómo queremos organizarnos. Si me llenan de programas, pero no sé para qué los quiero, de poco me sirven. La informática debe ser una herramienta de auxilio al trámite judicial para que el juzgado obtenga la información a través de una red distribuida de información judicial, a la vez que se comunica electrónicamente con las partes".
Gimeno incide en las dos patas tecnológicas de la modernización de la justicia que eliminarán el papeleo, sin duda, pero sobre todo harán más eficaz el servicio. Se trata de que los órganos judiciales se relacionen electrónicamente con abogados y procuradores, pero también con peritos, registradores, médicos, policías o funcionarios de prisiones, que colaboran con la justicia a diario. Además, se deben interconectar a los tribunales para que sepan si la persona juzgada tiene causas pendientes y por qué hechos en otros órganos. Se evitarían situaciones kafkianas como cuando un magistrado informa a los testigos de que retrasa el juicio porque el acusado, al que ha puesto en busca y captura, no se ha presentando. Uno de los testigos, policía, le apunta: "Pues lo acaban de traer de la cárcel, lo juzgan aquí al lado".
Fuente: elpais.com
Un mosso d'esquadra de Cambrils redacta el atestado en su ordenador. Cuando termina, lo imprime en papel, lo mete en un sobre y se lo da a un compañero para que lo lleve en coche al juzgado de Reus. Allí, el funcionario abre el sobre, coge el atestado y lo vuelve a escribir en su ordenador. Los sistemas informáticos de comunidades autónomas o de distintos órganos judiciales en la misma ciudad siguen mayoritariamente sin estar interconectados. Sólo el delincuente sale ganando. Y el caos.
Si quiere ser un delincuente eficiente, ponga su domicilio en Andalucía, robe en el País Vasco, Navarra y Cataluña; en Valencia entréguese, y contrate su abogado en Canarias. O tampoco se complique. Haga lo mismo por ciudades y pueblos de su provincia. Y confíe en la diversidad de programas informáticos incompatibles que pululan por los juzgados.
El sistema de notificación digital Lexnet todavía no se usa en toda España, pese a sus cinco años de vida. Esta estafeta de correo electrónico es la solución ministerial para que juzgados y profesionales (abogados, procuradores) compartan la información con eficacia. Empezó a desplegarse en 2003, pero va lento.
"Está casi en toda la Audiencia Nacional. En el 61% de Castilla y León y en el 38% de Extremadura. Se hacen 14.000 al día", dice Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Dado que al día se presentan 23.000 asuntos, la cifra de notificaciones es ridícula. Además, Canarias y el País Vasco no lo usan porque quieren incorporar las notificaciones directamente en sus aplicaciones de gestión procesal. Lexnet sí funciona en zonas de Cataluña, está en pruebas en la Comunidad Valenciana y planean incorporarlo en Andalucía, Cantabria y Galicia.
El problema no es sólo que Lexnet no se extienda. Ojalá. Tampoco que Fortuny, la aplicación para los fiscales, siga sin implantarse en todo el país. Cada autonomía ha tirado por su lado, como si denuncias, querellas, homicidios o atracos tuvieran fronteras. El País Vasco implanta Justizia Bat. En Valencia se llama Cicerone. En Canarias, Atlante; en Andalucía, Adriano, y en Navarra, Avantius. En Cataluña la aplicación en desarrollo se llama Justicia.cat, que sustituirá a Temis en 2010. Y la ciudad de Murcia, capital de una de las seis autonomías sin competencias transferidas, es la única que prueba la versión más moderna de la aplicación ministerial Minerva.
El problema no es que haya versiones distintas. El lío es que ni se comunican ni se entienden. Son incompatibles. Algunas están preparadas para el expediente electrónico. Otras no. "Una urgencia es unificar versiones, sustituyendo el producto más antiguo por el más moderno. De Libra [la más vieja] hay 217 instalaciones. De Minerva, 86", dice el secretario general del ministerio.
"Hay un grave problema en el diseño de la red judicial, que debe interconectar sus datos", dice Pere Huguet, del Consejo General de la Abogacía. "Si cada Administración desarrolla sus herramientas, luego se tienen que entender entre sí. El modelo es el expediente electrónico. El resto son parches".
"Se trata de poner el mínimo común denominador para trabajar juntos. No hay que hablar de uniformidad de aplicaciones, sino de datos y formatos comunes", opina Inmaculada de Miguel, directora para la modernización de la justicia vasca.
El ministerio prepara ahora SIRAJ, un sistema unificado para acceder a los registros de información procesal. Luego, el objetivo es que las autonomías lo integren, convirtiendo al ministerio en un prestador de servicios de información a las comunidades autónomas. En enero empezarán a implantarlo. Antes, deberán garantizar la privacidad de unos datos muy sensibles, estableciendo mecanismos para determinar quién accede al sistema judicial español y quién lo autoriza.
El movimiento de papeles y de coches descrito en Reus, de personal duplicando tareas, se reproduce diariamente en todos los juzgados y comisarías de España. "El papeleo nos devora. Si esto fuera una empresa habría quebrado hace años, pero como todos cobramos a final de mes...", asegura un funcionario. El despilfarro de medios económicos y humanos caracteriza a la Administración de justicia, que, sin embargo, se ahoga bajo montañas de papel.
La nueva oficina judicial, que se empezó a gestar en los ochenta, aún no se ha implantado. Jueces y secretarios desconocen cuál será su nueva función; tampoco saben si una persona tiene causas pendientes en otros juzgados, salvo que haya sido condenada. Cada juzgado permanece ajeno a las actuaciones de otros tribunales. El expediente electrónico, el sueño de la oficina sin papeles, es ciencia-ficción.
El Gobierno dice que quiere resolver la saturación de un servicio público con cerca de 50.000 empleados. Como en 2001. El Gobierno de Aznar y los socialistas firmaron un pacto de Estado que desembocó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2003. La norma aspiraba a que el juez fuera responsable de dictar sentencia, pero no de la burocracia. Se marcaron múltiples tareas en ocho años: legislativas, organizativas y de infraestructura.
El Pacto de Estado se rompió. Y ocho años después este idílico escenario no existe. La reforma legal, paralizada durante años en el Congreso, se está discutiendo actualmente, y no entrará en vigor hasta 2010. Cierto es que han llegado los juicios rápidos o implantado las videoconferencias, aunque no la tengan todavía todos los órganos. O que acaban de estrenar las subastas judiciales por la red. Sin embargo, juzgados, tribunales y fiscalías siguen sin estar interconectados. Lexnet, el sistema de notificaciones seguras entre las partes no es de uso generalizado. Tampoco lo es Fortuny, la aplicación de la fiscalía. Con este panorama, el expediente judicial electrónico queda lejos. Tan lejano como que un ciudadano acceda por Internet a su sentencia. Si ha sido absuelto, ni siquiera le borrarán de la lista de personas con antecedentes policiales. En 2010 las gestiones administrativas digitales serán un derecho, aunque la ley no se refiere a la justicia, un servicio tan público como Hacienda o la Seguridad Social.
"La ley de 2003 sentó las bases, pero se ha incumplido. No ha habido reforma estructural ni procesal y la tecnología es deficiente. Un juzgado sabe lo suyo, pero desconoce lo que se trata en el contiguo. ¡Qué va a saber de lo que ocurre en el resto!", dice Rafael Lara, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
"Acumulamos un retraso organizativo y de modelo", reconoce Julio Pérez, secretario de Estado de Justicia. "Tenemos que acelerar para invertir la tendencia y evitar que las malas inercias se conviertan en una rémora. No es cuestión de hacer propaganda, pero me niego a retratar un panorama dantesco. Somos críticos, pero no fatalistas. Esto tiene arreglo". El secretario de Estado insiste en que hay ejemplos que demuestran "que la maldición del pergamino se puede conjurar". Como el juicio del 11-M, "que incorporó todos los elementos de modernidad"; los de tráfico, "hasta ahora más rápidos que el procedimiento administrativo para poner una multa", o "el sistema de cuentas de consignación". "Mueve 3.000 millones de euros al año y ha sacado el dinero del juzgado".
Después de cuatro años de parálisis, el 27 de noviembre se reunió la comisión encargada de coordinar a todos los responsables de la justicia que convoca el Consejo General del Poder Judicial. Porque la situación es de por sí compleja. De la gestión de la justicia se encargan cuatro partes: el juez, el propio Consejo del Poder Judicial, el ministerio y 11 autonomías con competencias transferidas.
Sólo en Madrid hay tantos litigios como en el territorio que gestiona el ministerio. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha destinado 74 millones de euros a modernización desde 2003, y el próximo año prevé 340 millones más. El ministerio, de 2005 a 2009, gastará 545 millones.
El gobierno de los jueces acaba de aprobar un "plan de choque de tecnología y de reforma procesal", dice Fernando de Rosa Torner, vicepresidente a propuesta del PP desde septiembre. El primero consiste en dotar de certificado y firma electrónica a jueces y magistrados, como emplean desde hace años notarios, registradores y abogados.
Tampoco es la primera vez que el Poder Judicial se propone modernizar la justicia. En 2003 activó el Punto Neutro Judicial. A través de este nodo de comunicaciones los jueces acceden a los datos de Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil Central, así como a los registros de información procesal. El problema, explica Lara, "es que la consulta no es automática porque no está integrada en los sistemas de gestión procesal. Es decir, que tenemos que buscar esos datos entre los diferentes registros, entrando y saliendo de una aplicación a la otra, lo que requiere cada vez una contraseña diferente, en vez de recibir automáticamente la información en el expediente mediante alertas".
Julio Martínez Meroño, secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, asegura que todos aceptan el cambio, "pero siempre que sea neutral, que no afecte a sus funciones. La modernización no es un problema de informática sino de mentalidad". Una nueva forma de organizarse (donde el juez dicta sentencia, pero los asuntos no estrictamente jurídicos los suministran servicios comunes) y la generalización de la tecnología son el maná para conjurar la maldición del pergamino.
El primer eje requiere modificar la legislación procesal. Paralizada durante años, ha sido reactivada en esta legislatura. El anteproyecto varía más de 1.000 artículos. Debería entrar en vigor en 2010, si no se frena de nuevo en el Congreso.
Algunas modificaciones de la ley generan polémica entre jueces y secretarios por los límites que delimitan sus funciones. Tampoco hay consenso sobre el uso de la tecnología. Desde 2003, las vistas orales de los juicios civiles y algunos penales se graban en vídeo por ley. En el resto de juicios, el secretario toma notas para dar fe. El ministerio proyecta extender esta obligación a todos los juicios, lo que permitiría al secretario ocuparse de otras cuestiones. Lara comparte la idea de conseguir una documentación electrónica, "pero sin eliminar garantías de los ciudadanos y del tribunal". El portavoz no considera necesario sacar "al secretario para agilizar la justicia". Lo importante, dice, es "el nuevo reparto de tareas, implantar la oficina judicial con servicios comunes y que nos otorguen responsabilidad en ejecución de sentencias, ordenación del proceso...". Servicios comunes para optimizar recursos y evitar que, cuando se comunica a la cárcel que un preso debe declarar, cada juzgado envíe a su propio funcionario a prisión a entregar el papel.
Sólo cuando se implante el expediente judicial electrónico en todos los órganos, incluida la fiscalía, será posible la tramitación del procedimiento, desde su inicio hasta su archivo, en formato digital. Pero la realidad es tozuda y los expedientes "no son electrónicos en origen". "Tendríamos que escanear y digitalizar todos los papeles que entrasen y sería materialmente imposible", explica Martínez.
Además, como la validez legal aún la da el papel, cuando un juez toma posesión, sobre todo los de instrucción, pasan de tres a seis meses hasta que sabe el trabajo que hay pendiente. "Es difícil saber cuántos asuntos tienes guardados en el armario. En muchas ocasiones no hay ni índice. Lo mejor es empezar de cero porque ni los registros de entrada son fiables", dice la magistrada María Sanahuja. Con el agravante de que el 80% del papeleo no sirve de prueba en el juicio. Es burocracia, como la comunicación entre jueces para tomar declaración a testigos o las notificaciones a procuradores.
Miguel Ángel Gimeno, portavoz de Jueces para la Democracia, considera que el problema es la ausencia de modelo. "La nueva oficina es básica, pero también saber cómo queremos organizarnos. Si me llenan de programas, pero no sé para qué los quiero, de poco me sirven. La informática debe ser una herramienta de auxilio al trámite judicial para que el juzgado obtenga la información a través de una red distribuida de información judicial, a la vez que se comunica electrónicamente con las partes".
Gimeno incide en las dos patas tecnológicas de la modernización de la justicia que eliminarán el papeleo, sin duda, pero sobre todo harán más eficaz el servicio. Se trata de que los órganos judiciales se relacionen electrónicamente con abogados y procuradores, pero también con peritos, registradores, médicos, policías o funcionarios de prisiones, que colaboran con la justicia a diario. Además, se deben interconectar a los tribunales para que sepan si la persona juzgada tiene causas pendientes y por qué hechos en otros órganos. Se evitarían situaciones kafkianas como cuando un magistrado informa a los testigos de que retrasa el juicio porque el acusado, al que ha puesto en busca y captura, no se ha presentando. Uno de los testigos, policía, le apunta: "Pues lo acaban de traer de la cárcel, lo juzgan aquí al lado".
Fuente: elpais.com
domingo, 21 de diciembre de 2008
Otro plan, y van...."Justicia y el CGPJ presentan el plan para descongestionar los juzgados"
LA COMUNITAT CONTARÁ CON DOS NUEVOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL, 14 DE PRIMERA INSTANCIA Y SERVICIO DE INFORMACIÓN CONCURSAL PARA ACREEDORES, PIONERO EN ESPAÑA
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha elaborado un plan que prevé la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil y 14 de primera instancia e instrucción, así como un servicio de información concursal para acreedores, pionero en España, con el fin de descongestionar los juzgados de la Comunitat Valenciana y hacer frente a los 537 concursos de acreedores que se prevén en la autonomía en 2009. Los juzgados autonómicos han registrado un 30,7 por ciento más de suspensiones de pagos en el primer semestre de 2008, respecto al mismo periodo del año anterior. La medida tiene un presupuesto de más de seis millones de euros.
Así lo explicaron la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en la rueda de prensa que ofrecieron para presentar este plan.
Sánchez especificó las tres líneas de actuación del plan, que serán, por un lado, la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil -el tercero de Valencia y el primero de Elche- que ya autorizó el Ministerio de Justicia. Al respecto, recordó que la puesta en funcionamiento del que se ubicará en la capital se ha adelantado al 1 de abril del próximo año, mientras que el de Elche todavía no tiene fecha. Por ello, reclamó que se incluya en el plan de abril porque prevé atender una "situación coyuntural que precisa de soluciones rápidas".
Como segunda actuación, se crearán 14 nuevos juzgados de primera instancia en instrucción dada su "importancia para afrontar la situación de crisis", porque está relacionados con los derechos de crédito de las personas físicas o jurídicas. En concreto, en 2008 entrarán en funcionamiento ocho de ellos, que se ubicarán en las localidades de Valencia, Mislata, Catarroja, Paterna, Torrent, Orihuela, Villena y Vinaròs, y supondrán un coste de 3,5 millones de euros.
Para 2009, está confirmada la apertura de seis más en los municipios de Orihuela, Denia, Albocasser, Castellón, Picassent y Chiva. Además, Sánchez señaló que han solicitado al Ministerio un aumento de los recursos humanos en las Audiencias Provinciales, que concretó en la creación de dos nuevas plazas de magistrados en Alicante, dos en Castellón y cuatro en Valencia. Según dijo, cada nuevo órgano judicial tendrá un coste para la Generalitat de 500.000 euros.
Por último, el plan contempla la creación, pionera en España, de un servicio de información concursal para informar a los ciudadanos implicados en un proceso el punto en que se encuentra su procedimiento puesto que, según dijo, los funcionarios emplean mucho tiempo en esta tarea.
Por ello, cuatro funcionarios se harán cargo de esta labor para que el resto se centre en la tramitación. Este servicio, que tendrá un coste semestral de 60.000 euros, se implantará en un principio en el decanato de Valencia y, posteriormente, se integrará en el servicio común de tramitación general que la Conselleria está desarrollando.
Justicia abierta al ciudadano
Fernando de Rosa indicó que el nuevo servicio es "importante porque la justicia tiene que abrirse al ciudadano" y "no quedar sólo en el ámbito jurisdiccional" porque es "un servicio público". Ademas, lo consideró como "el germen de la nueva oficina judicial".
"No queremos que la justicia sea un obstáculo a la salida de la crisis económica por la falta de rapidez en los procesos que perjudican al sector productivo", manifestó el vicepresidente del CGPJ, quien aseveró que "la agilización de la justicia pasa por nuevos juzgados".
Por ello, destacó que se adelante a abril la apertura de órganos judiciales de lo mercantil en toda España que estaba prevista para junio y solicitó que la puesta en funcionamiento del juzgado de Elche se incluya en ese paquete.
Esta reclamación la atribuyó al aumento de procesos concursales que se presentan en la Comunitat Valenciana que se sitúa la tercera autonomía en la que más nuevos casos se prevén en 2009. En concreto, se refirió a los datos ofrecidos por el CGPJ en el pleno del pasado 12 de noviembre donde se concluyó una previsión de 810 nuevos procesos concursales en Cataluña, 694 en Madrid y 537 en la Comunitat Valenciana.
Para De Rosa, estas cifras "hacen necesaria la creación de nuevos juzgados", aunque manifestó que "no puede entenderse una reforma judicial sin que el CGPJ tenga en cuenta a las comunidades autónomas" porque, adujo, estas "son, en definitiva, quienes tienen que pagar si tienen las competencias transferidas".
Fuente: panorama-actual.es
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha elaborado un plan que prevé la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil y 14 de primera instancia e instrucción, así como un servicio de información concursal para acreedores, pionero en España, con el fin de descongestionar los juzgados de la Comunitat Valenciana y hacer frente a los 537 concursos de acreedores que se prevén en la autonomía en 2009. Los juzgados autonómicos han registrado un 30,7 por ciento más de suspensiones de pagos en el primer semestre de 2008, respecto al mismo periodo del año anterior. La medida tiene un presupuesto de más de seis millones de euros.
Así lo explicaron la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en la rueda de prensa que ofrecieron para presentar este plan.
Sánchez especificó las tres líneas de actuación del plan, que serán, por un lado, la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil -el tercero de Valencia y el primero de Elche- que ya autorizó el Ministerio de Justicia. Al respecto, recordó que la puesta en funcionamiento del que se ubicará en la capital se ha adelantado al 1 de abril del próximo año, mientras que el de Elche todavía no tiene fecha. Por ello, reclamó que se incluya en el plan de abril porque prevé atender una "situación coyuntural que precisa de soluciones rápidas".
Como segunda actuación, se crearán 14 nuevos juzgados de primera instancia en instrucción dada su "importancia para afrontar la situación de crisis", porque está relacionados con los derechos de crédito de las personas físicas o jurídicas. En concreto, en 2008 entrarán en funcionamiento ocho de ellos, que se ubicarán en las localidades de Valencia, Mislata, Catarroja, Paterna, Torrent, Orihuela, Villena y Vinaròs, y supondrán un coste de 3,5 millones de euros.
Para 2009, está confirmada la apertura de seis más en los municipios de Orihuela, Denia, Albocasser, Castellón, Picassent y Chiva. Además, Sánchez señaló que han solicitado al Ministerio un aumento de los recursos humanos en las Audiencias Provinciales, que concretó en la creación de dos nuevas plazas de magistrados en Alicante, dos en Castellón y cuatro en Valencia. Según dijo, cada nuevo órgano judicial tendrá un coste para la Generalitat de 500.000 euros.
Por último, el plan contempla la creación, pionera en España, de un servicio de información concursal para informar a los ciudadanos implicados en un proceso el punto en que se encuentra su procedimiento puesto que, según dijo, los funcionarios emplean mucho tiempo en esta tarea.
Por ello, cuatro funcionarios se harán cargo de esta labor para que el resto se centre en la tramitación. Este servicio, que tendrá un coste semestral de 60.000 euros, se implantará en un principio en el decanato de Valencia y, posteriormente, se integrará en el servicio común de tramitación general que la Conselleria está desarrollando.
Justicia abierta al ciudadano
Fernando de Rosa indicó que el nuevo servicio es "importante porque la justicia tiene que abrirse al ciudadano" y "no quedar sólo en el ámbito jurisdiccional" porque es "un servicio público". Ademas, lo consideró como "el germen de la nueva oficina judicial".
"No queremos que la justicia sea un obstáculo a la salida de la crisis económica por la falta de rapidez en los procesos que perjudican al sector productivo", manifestó el vicepresidente del CGPJ, quien aseveró que "la agilización de la justicia pasa por nuevos juzgados".
Por ello, destacó que se adelante a abril la apertura de órganos judiciales de lo mercantil en toda España que estaba prevista para junio y solicitó que la puesta en funcionamiento del juzgado de Elche se incluya en ese paquete.
Esta reclamación la atribuyó al aumento de procesos concursales que se presentan en la Comunitat Valenciana que se sitúa la tercera autonomía en la que más nuevos casos se prevén en 2009. En concreto, se refirió a los datos ofrecidos por el CGPJ en el pleno del pasado 12 de noviembre donde se concluyó una previsión de 810 nuevos procesos concursales en Cataluña, 694 en Madrid y 537 en la Comunitat Valenciana.
Para De Rosa, estas cifras "hacen necesaria la creación de nuevos juzgados", aunque manifestó que "no puede entenderse una reforma judicial sin que el CGPJ tenga en cuenta a las comunidades autónomas" porque, adujo, estas "son, en definitiva, quienes tienen que pagar si tienen las competencias transferidas".
Fuente: panorama-actual.es
La crisis económica satura la Justicia
La conselleria presenta un plan de choque con la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil, 14 salas de primera instancia y un servicio de información concursal.
La crisis económica también tiene su repercusión en los tribunales, donde el aumento de la carga de trabajo "ha desbordado" los juzgados de lo mercantil. Las tramitaciones de asuntos exceden en Alicante un 50% el módulo de trabajo previsto. En Valencia la cifra se ha triplicado y se han tramitado de 1.100 asuntos -el módulo de trabajo son 300 asuntos al año-. Y las cifras seguirán en aumento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que en 2009 se presenten 537 nuevos concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, el Consell presentó ayer un "plan de choque" que implica la creación de nuevos juzgados de lo mercantil, de primera instancia y un servicio de información concursal.La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, acompañada de su predecesor y ahora vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, presentó el plan de choque. La consellera informó de que el ministerio ha concedido la creación del juzgado de Valencia y que su puesta en funcionamiento se adelanta al mes de abril. También se ha autorizado crear el juzgado de lo mercantil de Elx pero "no se ha previsto fecha de entrada en funcionamiento", indicó para añadir que "reclamamos que pongan fecha, y que entre en vigor en abril" porque "ante una situación coyuntural hace falta una actuación rápida".Pasos cualitativosLa segunda línea de actuación afectará a los juzgados de instrucción y primera instancia, que atienen procedimientos de desahucios y juicios hipotecarios. El 30 de diciembre se pondrán en marcha ocho nuevos juzgados en Valencia, Mislata; Catarroja, Villena; Vinaròs, Orihuela; Paterna y Torrent. La conselleria tiene otra petición "confirmada pero a la espera de fecha" para crear en 2009 juzgados en Orihuela, Denia; Castellò, Picassent; Chiva y Albocàsser. También se han solicitado dos plazas de magistrados para la audiencia de Castelló y Alicante y cuatro para la Audiencia Provincial de Valencia. La consellera afirmó que, además de crear más juzgados es necesario "dar pasos cualitativos" y anunció la creación de un "servicio de información concursal". Este servicio, pionero en España, permitirá "ofrecer información a los acreedores sobre la situación de los procedimientos, el modo de presentar sus créditos", entre otros. Este servicio permitiría liberar a los funcionarios de estas tareas por lo que "solamente se dedicarían a tramitar los procedimientos", explicó la consellera. El servicio comenzará a funcionar en enero y tendrá una plantilla de cuatro tramitadores. El Consell invertirá 8,1 millones para desarrollar estas tres estrategias.
Fuente: levante-emv.com
La crisis económica también tiene su repercusión en los tribunales, donde el aumento de la carga de trabajo "ha desbordado" los juzgados de lo mercantil. Las tramitaciones de asuntos exceden en Alicante un 50% el módulo de trabajo previsto. En Valencia la cifra se ha triplicado y se han tramitado de 1.100 asuntos -el módulo de trabajo son 300 asuntos al año-. Y las cifras seguirán en aumento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que en 2009 se presenten 537 nuevos concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, el Consell presentó ayer un "plan de choque" que implica la creación de nuevos juzgados de lo mercantil, de primera instancia y un servicio de información concursal.La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, acompañada de su predecesor y ahora vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, presentó el plan de choque. La consellera informó de que el ministerio ha concedido la creación del juzgado de Valencia y que su puesta en funcionamiento se adelanta al mes de abril. También se ha autorizado crear el juzgado de lo mercantil de Elx pero "no se ha previsto fecha de entrada en funcionamiento", indicó para añadir que "reclamamos que pongan fecha, y que entre en vigor en abril" porque "ante una situación coyuntural hace falta una actuación rápida".Pasos cualitativosLa segunda línea de actuación afectará a los juzgados de instrucción y primera instancia, que atienen procedimientos de desahucios y juicios hipotecarios. El 30 de diciembre se pondrán en marcha ocho nuevos juzgados en Valencia, Mislata; Catarroja, Villena; Vinaròs, Orihuela; Paterna y Torrent. La conselleria tiene otra petición "confirmada pero a la espera de fecha" para crear en 2009 juzgados en Orihuela, Denia; Castellò, Picassent; Chiva y Albocàsser. También se han solicitado dos plazas de magistrados para la audiencia de Castelló y Alicante y cuatro para la Audiencia Provincial de Valencia. La consellera afirmó que, además de crear más juzgados es necesario "dar pasos cualitativos" y anunció la creación de un "servicio de información concursal". Este servicio, pionero en España, permitirá "ofrecer información a los acreedores sobre la situación de los procedimientos, el modo de presentar sus créditos", entre otros. Este servicio permitiría liberar a los funcionarios de estas tareas por lo que "solamente se dedicarían a tramitar los procedimientos", explicó la consellera. El servicio comenzará a funcionar en enero y tendrá una plantilla de cuatro tramitadores. El Consell invertirá 8,1 millones para desarrollar estas tres estrategias.
Fuente: levante-emv.com
La crisis económica satura la Justicia
La conselleria presenta un plan de choque con la creación de dos nuevos juzgados de lo mercantil, 14 salas de primera instancia y un servicio de información concursal.
La crisis económica también tiene su repercusión en los tribunales, donde el aumento de la carga de trabajo "ha desbordado" los juzgados de lo mercantil. Las tramitaciones de asuntos exceden en Alicante un 50% el módulo de trabajo previsto. En Valencia la cifra se ha triplicado y se han tramitado de 1.100 asuntos -el módulo de trabajo son 300 asuntos al año-. Y las cifras seguirán en aumento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que en 2009 se presenten 537 nuevos concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, el Consell presentó ayer un "plan de choque" que implica la creación de nuevos juzgados de lo mercantil, de primera instancia y un servicio de información concursal.La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, acompañada de su predecesor y ahora vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, presentó el plan de choque. La consellera informó de que el ministerio ha concedido la creación del juzgado de Valencia y que su puesta en funcionamiento se adelanta al mes de abril. También se ha autorizado crear el juzgado de lo mercantil de Elx pero "no se ha previsto fecha de entrada en funcionamiento", indicó para añadir que "reclamamos que pongan fecha, y que entre en vigor en abril" porque "ante una situación coyuntural hace falta una actuación rápida".Pasos cualitativosLa segunda línea de actuación afectará a los juzgados de instrucción y primera instancia, que atienen procedimientos de desahucios y juicios hipotecarios. El 30 de diciembre se pondrán en marcha ocho nuevos juzgados en Valencia, Mislata; Catarroja, Villena; Vinaròs, Orihuela; Paterna y Torrent. La conselleria tiene otra petición "confirmada pero a la espera de fecha" para crear en 2009 juzgados en Orihuela, Denia; Castellò, Picassent; Chiva y Albocàsser. También se han solicitado dos plazas de magistrados para la audiencia de Castelló y Alicante y cuatro para la Audiencia Provincial de Valencia. La consellera afirmó que, además de crear más juzgados es necesario "dar pasos cualitativos" y anunció la creación de un "servicio de información concursal". Este servicio, pionero en España, permitirá "ofrecer información a los acreedores sobre la situación de los procedimientos, el modo de presentar sus créditos", entre otros. Este servicio permitiría liberar a los funcionarios de estas tareas por lo que "solamente se dedicarían a tramitar los procedimientos", explicó la consellera. El servicio comenzará a funcionar en enero y tendrá una plantilla de cuatro tramitadores. El Consell invertirá 8,1 millones para desarrollar estas tres estrategias.
Fuente: levante-emv.com
La crisis económica también tiene su repercusión en los tribunales, donde el aumento de la carga de trabajo "ha desbordado" los juzgados de lo mercantil. Las tramitaciones de asuntos exceden en Alicante un 50% el módulo de trabajo previsto. En Valencia la cifra se ha triplicado y se han tramitado de 1.100 asuntos -el módulo de trabajo son 300 asuntos al año-. Y las cifras seguirán en aumento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que en 2009 se presenten 537 nuevos concursos de acreedores en la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, el Consell presentó ayer un "plan de choque" que implica la creación de nuevos juzgados de lo mercantil, de primera instancia y un servicio de información concursal.La consellera de Justicia, Paula Sánchez de León, acompañada de su predecesor y ahora vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, presentó el plan de choque. La consellera informó de que el ministerio ha concedido la creación del juzgado de Valencia y que su puesta en funcionamiento se adelanta al mes de abril. También se ha autorizado crear el juzgado de lo mercantil de Elx pero "no se ha previsto fecha de entrada en funcionamiento", indicó para añadir que "reclamamos que pongan fecha, y que entre en vigor en abril" porque "ante una situación coyuntural hace falta una actuación rápida".Pasos cualitativosLa segunda línea de actuación afectará a los juzgados de instrucción y primera instancia, que atienen procedimientos de desahucios y juicios hipotecarios. El 30 de diciembre se pondrán en marcha ocho nuevos juzgados en Valencia, Mislata; Catarroja, Villena; Vinaròs, Orihuela; Paterna y Torrent. La conselleria tiene otra petición "confirmada pero a la espera de fecha" para crear en 2009 juzgados en Orihuela, Denia; Castellò, Picassent; Chiva y Albocàsser. También se han solicitado dos plazas de magistrados para la audiencia de Castelló y Alicante y cuatro para la Audiencia Provincial de Valencia. La consellera afirmó que, además de crear más juzgados es necesario "dar pasos cualitativos" y anunció la creación de un "servicio de información concursal". Este servicio, pionero en España, permitirá "ofrecer información a los acreedores sobre la situación de los procedimientos, el modo de presentar sus créditos", entre otros. Este servicio permitiría liberar a los funcionarios de estas tareas por lo que "solamente se dedicarían a tramitar los procedimientos", explicó la consellera. El servicio comenzará a funcionar en enero y tendrá una plantilla de cuatro tramitadores. El Consell invertirá 8,1 millones para desarrollar estas tres estrategias.
Fuente: levante-emv.com
¿Y cada funcionario?: "Cada magistrado mercantil de Valencia asume 1.100 casos cuando el Poder Judicial aconseja 300"
"Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia". La repetida frase tan empleada en películas y telefilmes puede ser perfectamente empleada a la hora de comparar la carga de trabajo que sufren los juzgados valencianos y el baremo óptimo que establece el Consejo General del Poder Judicial.Basta con observar las estadísticas de los juzgados mercantiles para hacerse una idea de ello. El CGPJ establece como cifra idónea alrededor de 300 casos por cada juez. El llamado "módulo de trabajo" se respeta en el juzgado mercantil de Castellón, según la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León. Pero al echar la vista sobre los cuatro órganos de Valencia y Alicante, los datos se desbordan.En la capital alicantina, cada uno de los dos magistrados soportan aproximadamente 150 casos más de los que deberían afrontar. Y el calificativo alarmante es poco para definir el nivel de colapso que existe en los dos órganos judiciales de Valencia.Los dos jueces de esta provincia asumen el triple de casos frente al recomendado por el Consejo General del Poder Judicial, 1.100 asuntos cada uno de ellos, según los datos ofrecidos ayer por la responsable autonómica de Justicia y Administraciones Públicas.Junto a la creación de un servicio común de información para liberar de trabajo a los juzgados mercantiles, Sánchez de León anunció la puesta en marcha de otros similar dedicado a la tramitación de asuntos. Constará igualmente con un número sin determinar de funcionarios que se ocuparán de cursar los expedientes de todos los órganos.Servicio común de tramitación "Se trata de que a los secretarios judiciales y jueces les lleguen ya los casos sobre los que haya que resolver. Es un servicio de una tremenda importancia", destacó el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa. El servicio común de información estará inicialmente integrado en el Decanato de los juzgados de Valencia. Luego pasará a formar parte de la unidad de tramitación general proyectada por la Conselleria de Justicia.El propio responsable del Consejo del Poder Judicial calificó de "necesaria" la creación de nuevos juzgados ante la incidencia de la crisis. Fernando de Rosa quiso igualmente destacar la importancia del papel de las comunidades autónomas en la reforma de la justicia. "Las autonomías son, en definitiva, las que al final tienen que pagar si tienen las competencias transferidas", subrayó.
Fuente: lasprovincias.es
Fuente: lasprovincias.es
jueves, 18 de diciembre de 2008
BOE: Destinos Tramitacion procesal, turno libre
COMUNITAT VALENCIANA
Destinos.— Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.
Más... (2008/20499)
PDF (2008/20499; 2 págs. - 50 KB.)
Destinos.— Resolución de 4 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno libre, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2978/2006, de 15 de septiembre.
Más... (2008/20499)
PDF (2008/20499; 2 págs. - 50 KB.)
DOCV: Plan de formación 2009
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convocan los cursos del Plan de Formación de los Empleados Públicos al Servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana. [2008/14534] (pdf 16.205KB)
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y
Administrativa, y Auxilio Judicial de todos los órganos jurisdiccionales
182 Cuestiones prácticas sobre la ejecución civil
670 La ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil
681 Avanzado de CICERONE
682 Avanzado PLUS de CICERONE
683 FORTUNY
824 La violencia de género y la calidad del servicio
825 Procesos sobre incapacitación e internamiento. Procesos de
división de patrimonio
826 La violencia de género y sus procesos
827 Archivo, depósito y expurgo
828 El proceso laboral
829 Curso práctico de ejecución hipotecaria
830 El desarrollo tecnológico de la nueva oficina judicial
831 Violencia sobre la mujer
832 Los delitos contra la integridad e indemnidad sexual. Protocolo
de actuación judicial, médico forense y policial
833 Intervención pedagógica I: Modelos, programas y técnicas eficaces
en delincuencia juvenil
834 Intervención pedagógica II: La gestión de la información y la
congruencia de las agencias intervinientes
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Administración Autonómica, por la que se convocan los cursos del Plan de Formación de los Empleados Públicos al Servicio de la Administración de la Generalitat Valenciana. [2008/14534] (pdf 16.205KB)
DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal y
Administrativa, y Auxilio Judicial de todos los órganos jurisdiccionales
182 Cuestiones prácticas sobre la ejecución civil
670 La ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil
681 Avanzado de CICERONE
682 Avanzado PLUS de CICERONE
683 FORTUNY
824 La violencia de género y la calidad del servicio
825 Procesos sobre incapacitación e internamiento. Procesos de
división de patrimonio
826 La violencia de género y sus procesos
827 Archivo, depósito y expurgo
828 El proceso laboral
829 Curso práctico de ejecución hipotecaria
830 El desarrollo tecnológico de la nueva oficina judicial
831 Violencia sobre la mujer
832 Los delitos contra la integridad e indemnidad sexual. Protocolo
de actuación judicial, médico forense y policial
833 Intervención pedagógica I: Modelos, programas y técnicas eficaces
en delincuencia juvenil
834 Intervención pedagógica II: La gestión de la información y la
congruencia de las agencias intervinientes
martes, 16 de diciembre de 2008
Reforma Judicial, nota prensa Ministerio
La reforma contempla la introducción de nuevos y modernos medios tecnológicos para facilitar la labor diaria de las oficinas judiciales
Aprobado el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial
Aprobado el proyecto de ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial
lunes, 15 de diciembre de 2008
¿Pretendera bajar salarios?: "Justicia estudia las diferencias salariales de los funcionarios en cada CCAA"
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas (CCAA) han decidido elaborar un estudio sobre las diferencias en las retribuciones salariales de los funcionarios en las distintas comunidades para extraer las consecuencias que esas desigualdades provocan en la Administración de Justicia.
Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial en la que durante unas cuatro horas ha debatido con representantes de diez CCAA asuntos como la unificación de los sistemas informáticos, la implantación de la nueva oficina judicial o mejoras en los registros civiles.
En esta reunión, a la que han asistido representantes de las comunidades de Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia, Cantabria, Aragón, Asturias, Canarias, Madrid y Valencia, se ha decidido estudiar las políticas retributivas en las distintas comunidades y analizar las diferencias entre ellas y con respecto al Ministerio de Justicia.Según advirtió Bermejo, esto no debe ser interpretado como que se pretenda homogeneizar los sueldos, ya que eso también depende de las competencias de las CCAA, sino que se trata de 'un primer paso' en la valoración de los efectos que esas diferencias salariales crean en la Administración de Justicia porque se ha detectado que puede generar distorsiones en las demandas de plaza de los funcionarios.
Otro de los acuerdos adoptados hoy ha sido la creación de 25 nuevos juzgados especializados en violencia machista que surgen de la agrupación de demarcaciones judiciales que por número de habitantes no pueden crear un juzgado de carácter exclusivo.Respecto a la unificación de los sistemas informáticos, Bermejo ha propuesto la creación de un consorcio para integrar a todas las administraciones en un plan de esfuerzos para el desarrollo de sistemas de información comunes.En este sentido ha anunciado que habrá distintos niveles y tiempo de integración en el consorcio para que de forma paulatina, las comunidades que decidan adherirse a este plan, puedan trabajar con sistemas integrados y compatibles con los de otras comunidades o el Ministerio de Justicia y evitar así, que como en el caso de la niña Mari Luz, un juez no conozca la condena impuesta a un acusado que se encuentra a su disposición.
La conferencia sectorial también ha acordado mejorar el funcionamiento de los registros civiles al haberse detectado 'un aumento exponencial' en las demandas de nacionalidad que han provocado la toma de medidas para agilizar la gestión y tramitación.Estas mejoras, ha dicho el ministro, son necesarias a corto plazo mientras se elabora 'la nueva ley del Registro Civil del siglo XXI' y que se pretende que sea 'una gran base de datos' que ayude a reducir la presencia física del ciudadano para la obtención de documentos.Bermejo ha aprovechado también la reunión para trasladar a las CCAA un amplio informe sobre la nueva oficina judicial, aprobada en el consejo de Ministros del pasado viernes, y que establece las nuevas funciones del juez, que se limitará a 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado', y de los secretarios judiciales, a los que se encomienda la dirección técnico-jurídica de la oficina judicial.En la reunión, las Comunidades Autónomas han planteado varias demandas para mejorar la Administración de Justicia en su territorio, y así Madrid ha solicitado la creación de cinco nuevos Juzgados de violencia de género para 2009 y ha abogado por la 'comarcalización' de estos órganos para que extiendan su jurisdicción más allá de sus respectivos partidos judiciales.Por su parte, la consejera de Justicia valenciana, Paula Sánchez de León, ha reclamado un escenario 'objetivo, transparente y estable' de financiación de la Justicia, igual para todos los ciudadanos y sin diferencias según el lugar en el que residan.Según Sánchez de León, Bermejo le ha remitido al vicepresidente económico, Pedro Solbes, para abordar este asunto, lo que la consejera valenciana ha criticado porque considera que las necesidades de financiación deben ser fijadas por los responsables de Justicia, con independencia de quién haga la aportación económica.
Fuente: Actualidad.terra.es
Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en una rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial en la que durante unas cuatro horas ha debatido con representantes de diez CCAA asuntos como la unificación de los sistemas informáticos, la implantación de la nueva oficina judicial o mejoras en los registros civiles.
En esta reunión, a la que han asistido representantes de las comunidades de Andalucía, Cataluña, Navarra, Galicia, Cantabria, Aragón, Asturias, Canarias, Madrid y Valencia, se ha decidido estudiar las políticas retributivas en las distintas comunidades y analizar las diferencias entre ellas y con respecto al Ministerio de Justicia.Según advirtió Bermejo, esto no debe ser interpretado como que se pretenda homogeneizar los sueldos, ya que eso también depende de las competencias de las CCAA, sino que se trata de 'un primer paso' en la valoración de los efectos que esas diferencias salariales crean en la Administración de Justicia porque se ha detectado que puede generar distorsiones en las demandas de plaza de los funcionarios.
Otro de los acuerdos adoptados hoy ha sido la creación de 25 nuevos juzgados especializados en violencia machista que surgen de la agrupación de demarcaciones judiciales que por número de habitantes no pueden crear un juzgado de carácter exclusivo.Respecto a la unificación de los sistemas informáticos, Bermejo ha propuesto la creación de un consorcio para integrar a todas las administraciones en un plan de esfuerzos para el desarrollo de sistemas de información comunes.En este sentido ha anunciado que habrá distintos niveles y tiempo de integración en el consorcio para que de forma paulatina, las comunidades que decidan adherirse a este plan, puedan trabajar con sistemas integrados y compatibles con los de otras comunidades o el Ministerio de Justicia y evitar así, que como en el caso de la niña Mari Luz, un juez no conozca la condena impuesta a un acusado que se encuentra a su disposición.
La conferencia sectorial también ha acordado mejorar el funcionamiento de los registros civiles al haberse detectado 'un aumento exponencial' en las demandas de nacionalidad que han provocado la toma de medidas para agilizar la gestión y tramitación.Estas mejoras, ha dicho el ministro, son necesarias a corto plazo mientras se elabora 'la nueva ley del Registro Civil del siglo XXI' y que se pretende que sea 'una gran base de datos' que ayude a reducir la presencia física del ciudadano para la obtención de documentos.Bermejo ha aprovechado también la reunión para trasladar a las CCAA un amplio informe sobre la nueva oficina judicial, aprobada en el consejo de Ministros del pasado viernes, y que establece las nuevas funciones del juez, que se limitará a 'juzgar y hacer ejecutar lo juzgado', y de los secretarios judiciales, a los que se encomienda la dirección técnico-jurídica de la oficina judicial.En la reunión, las Comunidades Autónomas han planteado varias demandas para mejorar la Administración de Justicia en su territorio, y así Madrid ha solicitado la creación de cinco nuevos Juzgados de violencia de género para 2009 y ha abogado por la 'comarcalización' de estos órganos para que extiendan su jurisdicción más allá de sus respectivos partidos judiciales.Por su parte, la consejera de Justicia valenciana, Paula Sánchez de León, ha reclamado un escenario 'objetivo, transparente y estable' de financiación de la Justicia, igual para todos los ciudadanos y sin diferencias según el lugar en el que residan.Según Sánchez de León, Bermejo le ha remitido al vicepresidente económico, Pedro Solbes, para abordar este asunto, lo que la consejera valenciana ha criticado porque considera que las necesidades de financiación deben ser fijadas por los responsables de Justicia, con independencia de quién haga la aportación económica.
Fuente: Actualidad.terra.es
BOE 15-12-08: MUGEJU, prorroga asistencia sanitaria
MINISTERIO DE JUSTICIA
- Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria.— Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga del concierto para la prestación de asistencia sanitaria de beneficiarios de Mugeju para 2009.
Adeslas, Sociedad Anónima.
ASISA, Sociedad Anónima.
CASER, Sociedad Anónima.
DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española, (Sociedad Unipersonal).
MAPFRE Caja-Salud de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.
Nueva Equitativa Compañía de Seguros, Sociedad Anónima.
Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros.
BOE: Gestión turno libre relación definitiva de aprobados
- Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.— Orden JUS/3586/2008, de 1 de diciembre, por la que se publica la relación definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
sábado, 13 de diciembre de 2008
¿Ya se han olvidado de los de Ejecutorias?: "La crisis desborda los juzgados mercantiles de la Comunitat"
El colapso se agrava también en los juzgados civiles y contencioso-administrativo
Reunión en la cumbre de la justicia de la Comunitat. No sólo por los asistentes sino por el escenario de la reunión. Las paredes de la quinta y última planta de la Ciudad de la Justicia de Valencia fueron ayer mudos testigos de la enésima reivindicación que los representantes de los 36 partidos judiciales de la Comunitat plantearon a los vocales territoriales del Poder Judicial.
Los rostros eran sonrientes al acabar la reunión. El compromiso de los dos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -su vicepresidente, Fernando de Rosa, y su portavoz, Gabriela Bravo- de capear el temporal dio esperanzas a los togados. Pero la señal de socorro de los magistrados valencianos fue especialmente acuciante durante una reunión que se prolongó durante tres horas.
Colapso es una palabra que se queda incluso corta a la hora de definir la sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados mercantiles. La crisis ha disparado los concursos de acreedores (suspensiones de pagos de empresas), principal labor de la que se ocupan estos órganos.
"Estos magistrados soportan un trabajo que supera casi en un 500% el módulo recomendado por el CGPJ". Es decir, los jueces de la Comunitat asumen cinco veces más del trabajo que pueden asumir.
El propio vicepresidente del órgano del gobierno de los jueces así lo reconoció. Fernando de Rosa destacó que la situación solamente la salva el hecho de que los jueces valencianos se sitúen por encima de la media nacional de resolución de asuntos. "Son grandes profesionales que hacen un trabajo impresionante".
Dos nuevos órganos
"La avalancha de suspensiones de pagos está a punto de colapsar los juzgados", fue el titular con el que LAS PROVINCIAS adelantó los problemas que se auguraban en la justicia valenciana ya el pasado mes de septiembre. Algo que desde el propio Tribunal Superior de la Comunitat y el Decanato de los Juzgados de Valencia se viene augurando desde hace años.Y hoy en día se puede afirmar que ya ha sucedido. El Consejo General del Poder Judicial establece un módulo de trabajo por cada juez mercantil de un máximo de 300 asuntos. Cada uno de los magistrados valencianos de esta materia se enfrenta a 1.500, según los datos ofrecidos por el CGPJ.De Rosa recordó que el colapso puede aliviarse a partir de abril. Ese es el momento en el que el Gobierno parece tener intención de poner en marcha dos nuevos juzgados mercantiles en Valencia y Alicante. Además, el CGPJ trabaja en un plan de choque para paliar el exceso de asuntos en estos órganos, como recordó el vicepresidente.
La situación más crítica se vive, sin duda, en los juzgados mercantiles. Pero no es la única. Los órganos civiles y los de lo contencioso-administrativo igualmente han visto doblada su carga de trabajo. Ambos órganos son también un termómetro de la situación económica.
"Van a surgir problemas"
"Hay que afrontar ya la llegada de nuevos juzgados". Gabriela Bravo reconoció que de no hacerse un inmediato esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia, "van a surgir problemas". No sólo a nivel de disfunciones en la administración de justicia, con graves ejemplos como el ya tristemente famoso caso Mari Luz, sino también "problemas personales" para los jueces, secretarios y funcionarios que sufren esta sobrecarga de trabajo.
El próximo mes de mayo es la fecha tope que la portavoz del CGPJ recordó como momento para tener confeccionado un estudio sobre la carga de trabajo exacta que soporta cada juzgado en España.A partir de ahí se establecerán unos nuevos módulos de trabajo acordes al número de asuntos que se registran en la actualidad y desde el Consejo del Poder Judicial se reclamará un mayor número de juzgados.
Juzgados mixtos
No sólo los juzgados especializados quitan el sueño a sus titulares y al Consejo General del Poder Judicial. Los 36 representantes de los partidos judiciales de la Comunitat pusieron el acento en los enormes problemas que sufren los llamados juzgados mixtos, aquellos que en los municipios más pequeños tienen que asumir a su vez los asuntos penales y civiles.
"Eso son los que, sobre todo, nos preocupan", resaltó De Rosa. El vocal del CGPJ instó al Ministerio y a la Conselleria a sacar adelante un plan para aliviar el colapso en estos territorios.
El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces recordó algunas de las que ya fueron sus máximas durante su reciente etapa como conseller de Justicia de la Comunitat Valenciana. Así, insistió una vez más en la necesidad de profundizar en la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Trabajo conjunto
Fernando de Rosa hizo un llamamiento al trabajo conjunto del Ministerio y la Conselleria de Justicia para que los colapsadísimos juzgados de ejecutorias de la Comunitat Valenciana puedan tener nuevos órganos a partir del próximo mes de abril.
En la reunión estuvo también presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque Juan Luis de la Rúa no hizo comentarios durante la rueda de prensa ofrecida tras el encuentro, como sostiene el dicho, una imagen puede llegar a valer más que 1.000 palabras.
Ante la pregunta de una periodista a los miembros del CGPJ sobre cuáles son los órdenes más colapsados, el presidente del TSJ acompañó la espera de la respuesta con un significativo resoplido. De la Rúa escenificaba así la difícil respuesta, tanto como el empinado panorama que aún espera a los sufridos jueces de la Comunitat.
Reunión en la cumbre de la justicia de la Comunitat. No sólo por los asistentes sino por el escenario de la reunión. Las paredes de la quinta y última planta de la Ciudad de la Justicia de Valencia fueron ayer mudos testigos de la enésima reivindicación que los representantes de los 36 partidos judiciales de la Comunitat plantearon a los vocales territoriales del Poder Judicial.
Los rostros eran sonrientes al acabar la reunión. El compromiso de los dos miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -su vicepresidente, Fernando de Rosa, y su portavoz, Gabriela Bravo- de capear el temporal dio esperanzas a los togados. Pero la señal de socorro de los magistrados valencianos fue especialmente acuciante durante una reunión que se prolongó durante tres horas.
Colapso es una palabra que se queda incluso corta a la hora de definir la sobrecarga de trabajo que soportan los juzgados mercantiles. La crisis ha disparado los concursos de acreedores (suspensiones de pagos de empresas), principal labor de la que se ocupan estos órganos.
"Estos magistrados soportan un trabajo que supera casi en un 500% el módulo recomendado por el CGPJ". Es decir, los jueces de la Comunitat asumen cinco veces más del trabajo que pueden asumir.
El propio vicepresidente del órgano del gobierno de los jueces así lo reconoció. Fernando de Rosa destacó que la situación solamente la salva el hecho de que los jueces valencianos se sitúen por encima de la media nacional de resolución de asuntos. "Son grandes profesionales que hacen un trabajo impresionante".
Dos nuevos órganos
"La avalancha de suspensiones de pagos está a punto de colapsar los juzgados", fue el titular con el que LAS PROVINCIAS adelantó los problemas que se auguraban en la justicia valenciana ya el pasado mes de septiembre. Algo que desde el propio Tribunal Superior de la Comunitat y el Decanato de los Juzgados de Valencia se viene augurando desde hace años.Y hoy en día se puede afirmar que ya ha sucedido. El Consejo General del Poder Judicial establece un módulo de trabajo por cada juez mercantil de un máximo de 300 asuntos. Cada uno de los magistrados valencianos de esta materia se enfrenta a 1.500, según los datos ofrecidos por el CGPJ.De Rosa recordó que el colapso puede aliviarse a partir de abril. Ese es el momento en el que el Gobierno parece tener intención de poner en marcha dos nuevos juzgados mercantiles en Valencia y Alicante. Además, el CGPJ trabaja en un plan de choque para paliar el exceso de asuntos en estos órganos, como recordó el vicepresidente.
La situación más crítica se vive, sin duda, en los juzgados mercantiles. Pero no es la única. Los órganos civiles y los de lo contencioso-administrativo igualmente han visto doblada su carga de trabajo. Ambos órganos son también un termómetro de la situación económica.
"Van a surgir problemas"
"Hay que afrontar ya la llegada de nuevos juzgados". Gabriela Bravo reconoció que de no hacerse un inmediato esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia, "van a surgir problemas". No sólo a nivel de disfunciones en la administración de justicia, con graves ejemplos como el ya tristemente famoso caso Mari Luz, sino también "problemas personales" para los jueces, secretarios y funcionarios que sufren esta sobrecarga de trabajo.
El próximo mes de mayo es la fecha tope que la portavoz del CGPJ recordó como momento para tener confeccionado un estudio sobre la carga de trabajo exacta que soporta cada juzgado en España.A partir de ahí se establecerán unos nuevos módulos de trabajo acordes al número de asuntos que se registran en la actualidad y desde el Consejo del Poder Judicial se reclamará un mayor número de juzgados.
Juzgados mixtos
No sólo los juzgados especializados quitan el sueño a sus titulares y al Consejo General del Poder Judicial. Los 36 representantes de los partidos judiciales de la Comunitat pusieron el acento en los enormes problemas que sufren los llamados juzgados mixtos, aquellos que en los municipios más pequeños tienen que asumir a su vez los asuntos penales y civiles.
"Eso son los que, sobre todo, nos preocupan", resaltó De Rosa. El vocal del CGPJ instó al Ministerio y a la Conselleria a sacar adelante un plan para aliviar el colapso en estos territorios.
El vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces recordó algunas de las que ya fueron sus máximas durante su reciente etapa como conseller de Justicia de la Comunitat Valenciana. Así, insistió una vez más en la necesidad de profundizar en la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Trabajo conjunto
Fernando de Rosa hizo un llamamiento al trabajo conjunto del Ministerio y la Conselleria de Justicia para que los colapsadísimos juzgados de ejecutorias de la Comunitat Valenciana puedan tener nuevos órganos a partir del próximo mes de abril.
En la reunión estuvo también presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aunque Juan Luis de la Rúa no hizo comentarios durante la rueda de prensa ofrecida tras el encuentro, como sostiene el dicho, una imagen puede llegar a valer más que 1.000 palabras.
Ante la pregunta de una periodista a los miembros del CGPJ sobre cuáles son los órdenes más colapsados, el presidente del TSJ acompañó la espera de la respuesta con un significativo resoplido. De la Rúa escenificaba así la difícil respuesta, tanto como el empinado panorama que aún espera a los sufridos jueces de la Comunitat.
Con la que esta cayendo y no se le ocurre otro simil:"De la Rúa: «Los juicios son como los melones» "
Sábado, 13-12-08
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, se mostró ayer muy crítico con el estudio elaborado por el Colegio de Abogados de Valencia en el que atribuye a los retrasos en el comienzo de los juicios una pérdida de tiempo equivalente a 8.553 horas. De la Rúa lamentó que el informe de los abogados no sea más preciso a la hora de abordar las causas de esos retraso, de los que también culpó a los abogados porque dijo son ellos quienes muchas veces piden tiempo al juez para negociar con las otras partes antes de que comience el juicio. Si se estudiaran las causas «nos llevaríamos una sorpresa». El presidente del TSJ insistió en que los jueces tienen instrucciones precisas de empezar con puntualidad el primer juicio de la mañana, pero explicó que la duración es imprevisible y por ello es difícil repetar los horarios. «Los juicios son como los melones, no sabes cómo te van a salir hasta que no los empiezas», apuntó el presidente del Alto Tribunal valenciano.
Fuente: abc.es
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa, se mostró ayer muy crítico con el estudio elaborado por el Colegio de Abogados de Valencia en el que atribuye a los retrasos en el comienzo de los juicios una pérdida de tiempo equivalente a 8.553 horas. De la Rúa lamentó que el informe de los abogados no sea más preciso a la hora de abordar las causas de esos retraso, de los que también culpó a los abogados porque dijo son ellos quienes muchas veces piden tiempo al juez para negociar con las otras partes antes de que comience el juicio. Si se estudiaran las causas «nos llevaríamos una sorpresa». El presidente del TSJ insistió en que los jueces tienen instrucciones precisas de empezar con puntualidad el primer juicio de la mañana, pero explicó que la duración es imprevisible y por ello es difícil repetar los horarios. «Los juicios son como los melones, no sabes cómo te van a salir hasta que no los empiezas», apuntó el presidente del Alto Tribunal valenciano.
Fuente: abc.es
ELCHE: "La junta de jueces apuesta por otro juzgado de Primera Instancia y no por el Mercantil"
Las seis oficinas civiles terminarán el año con 2.400 asuntos registrados cada una, 700 más que en 2007 Justicia deberá buscar un local para la nueva sede.
El visto bueno del Ministerio de Justicia a la creación de un juzgado de lo Mercantil en Elche no ha satisfecho a todos o, por lo menos, no de la misma forma. Mientras abogados y procuradores se muestran contentos (de hecho han sido los que más han trabajado en su posible puesta en marcha), los jueces se muestran más prudentes.
En las dos últimas reuniones de la junta de jueces, en octubre y noviembre pasados, los magistrados solicitaron, tanto a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como al Consejo General del Poder Judicial, la creación urgente en Elche de un nuevo juzgado de Primera Instancia, el número siete, para la ciudad. En segunda lugar apuntaron la gran necesidad de un segundo Contencioso-Administrativo y sólo en tercer lugar el juzgado de lo Mercantil.
En sus informes, los jueces justificaron y justifican actualmente sus preferencias. Según recalcaba ayer el juez-decano, Agustín Valero Maciá, «el séptimo juzgadio de Primera Instancia para Elche es imprescindible ya».
La crisis económica ha multiplicado en lo que va de año los asuntos civiles, en particular los asuntos de desahucios, hipotecarios y las reclamaciones de cantidades. De hecho, a finales de septiembre, las ejecuciones de hipotecas habían aumentado más de un 220% respecto a los últimos dos años.
Según los datos facilitados por el Decanato, cada juzgado de Primera Instancia va a terminar el año con una media de 2.400 asuntos registrados. En 2007, después de un crecimiento ya notable, el año se cerró con 1.700 expedientes registrados.
El Consejo General del Poder Judicial tiene fijado el módulo de trabajo en 1.100 asuntos anuales. Esta cifra evidencia que los juzgados de Primera Instancia de Elche duplican el trabajo fijado.
Las previsiones económicas para el 2009, nada halagüeñas según el mismo Gobierno de España, hacen presagiar un importante crecimiento de los litigios civiles. Todo apunta que el aumento de 700 expedientes registrado este año en cada juzgado civil se quede pequeño al lado de la avalancha de asuntos del primer semestre de 2009.
El juez decano hizo especial hincapié ayer en la necesidad de un segundo juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo para Elche por el alto volumen de trabajo que está soportando el actual. Dicha oficina judicial atiende el partido judicial de Elche y los de Orihuela y Torrevieja. Estos dos últimos generan numerosos asuntos urbanísticos por la vía contenciosa-adminsitativa.
En la lista de necesidades elaborada por los jueces, el Mercantil sólo va en tercer lugar aunque, insistía ayer el decano, se trate de una petición muy entendible por parte de abogados y procuradores.
Reunión en Valencia
Según una nota informativa emitida ayer por la tarde por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el ex conseller de Justicia de la Generalitat y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, junta a la portavoz de dicho órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, mantendrá una reunión con los decanos de los 36 partidos judiciales que existen en la Comunidad Valenciana.
El encuentro, en el que estará presente el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, los jueces y magistrados podrán trasladar a los representantes del CGPJ sus necesidades así como las condiciones en las que se da servicio a los ciudadanos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
En el caso de Elche, la situación es penosa en casi todos los juzgados, en particular a los que se encuentran ubicados en locales alquilados.
Fuente: laverdad.es
El visto bueno del Ministerio de Justicia a la creación de un juzgado de lo Mercantil en Elche no ha satisfecho a todos o, por lo menos, no de la misma forma. Mientras abogados y procuradores se muestran contentos (de hecho han sido los que más han trabajado en su posible puesta en marcha), los jueces se muestran más prudentes.
En las dos últimas reuniones de la junta de jueces, en octubre y noviembre pasados, los magistrados solicitaron, tanto a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana como al Consejo General del Poder Judicial, la creación urgente en Elche de un nuevo juzgado de Primera Instancia, el número siete, para la ciudad. En segunda lugar apuntaron la gran necesidad de un segundo Contencioso-Administrativo y sólo en tercer lugar el juzgado de lo Mercantil.
En sus informes, los jueces justificaron y justifican actualmente sus preferencias. Según recalcaba ayer el juez-decano, Agustín Valero Maciá, «el séptimo juzgadio de Primera Instancia para Elche es imprescindible ya».
La crisis económica ha multiplicado en lo que va de año los asuntos civiles, en particular los asuntos de desahucios, hipotecarios y las reclamaciones de cantidades. De hecho, a finales de septiembre, las ejecuciones de hipotecas habían aumentado más de un 220% respecto a los últimos dos años.
Según los datos facilitados por el Decanato, cada juzgado de Primera Instancia va a terminar el año con una media de 2.400 asuntos registrados. En 2007, después de un crecimiento ya notable, el año se cerró con 1.700 expedientes registrados.
El Consejo General del Poder Judicial tiene fijado el módulo de trabajo en 1.100 asuntos anuales. Esta cifra evidencia que los juzgados de Primera Instancia de Elche duplican el trabajo fijado.
Las previsiones económicas para el 2009, nada halagüeñas según el mismo Gobierno de España, hacen presagiar un importante crecimiento de los litigios civiles. Todo apunta que el aumento de 700 expedientes registrado este año en cada juzgado civil se quede pequeño al lado de la avalancha de asuntos del primer semestre de 2009.
El juez decano hizo especial hincapié ayer en la necesidad de un segundo juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo para Elche por el alto volumen de trabajo que está soportando el actual. Dicha oficina judicial atiende el partido judicial de Elche y los de Orihuela y Torrevieja. Estos dos últimos generan numerosos asuntos urbanísticos por la vía contenciosa-adminsitativa.
En la lista de necesidades elaborada por los jueces, el Mercantil sólo va en tercer lugar aunque, insistía ayer el decano, se trate de una petición muy entendible por parte de abogados y procuradores.
Reunión en Valencia
Según una nota informativa emitida ayer por la tarde por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el ex conseller de Justicia de la Generalitat y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, junta a la portavoz de dicho órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, mantendrá una reunión con los decanos de los 36 partidos judiciales que existen en la Comunidad Valenciana.
El encuentro, en el que estará presente el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, los jueces y magistrados podrán trasladar a los representantes del CGPJ sus necesidades así como las condiciones en las que se da servicio a los ciudadanos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
En el caso de Elche, la situación es penosa en casi todos los juzgados, en particular a los que se encuentran ubicados en locales alquilados.
Fuente: laverdad.es
El Gobierno asegura que la Generalitat "sigue retrasando" la provisión de medios en los juzgados del 'caso Fabra'
VALENCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno central considera que la Generalitat valenciana "sigue retrasando" la provisión de los medios materiales y personales en los juzgados de Nules (Castellón), afectados por las investigaciones abiertas sobre el presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", e insta a que "de manera urgente" la administración autonómica los dote de los medios necesarios para "agilizar" su funcionamiento.
Así lo indica en una respuesta con fecha 3 de noviembre a la pregunta presentada por el diputado de IU-ICV en el Congreso Joan Herrera sobre si piensa adoptar el Gobierno alguna medida para "agilizar" el denominado 'caso Fabra' y por si piensa instar a la Conselleria de Justicia a que "colabore para desbloquear los juzgados de Nules".
Según expresa el Gobierno en la respuesta, el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, "ha adoptado todas las medidas necesarias para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia", también en el supuesto señalado y añade que la petición a la administración central de un juez y un secretario de refuerzo para cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación, efectuada por parte del Consejo General del Poder Judicial, "fue resuelta en sentido favorable el mismo día que tuvo entrada, accediéndose a los nombramientos".
No obstante, precisa que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia "están pendientes de que la Administración autonómica provea los medios materiales y personales necesarios, pues la Comunidad Valenciana tiene transferidas las competencias en estas materias".
Sin embargo, subraya que el Gobierno "considera, como lo ha expresado ya públicamente el Ministro de Justicia, que la lógica autonomía con la que el Gobierno de la Comunidad ejerce sus competencias en el ámbito de la Administración de Justicia no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados" y en este sentido sostiene que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
Herrera explica en la pregunta que el llamado 'caso Fabra', que se instruye en los juzgados de Nules contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, "por la presunta comisión de múltiples delitos, se viene eternizando desde hace años, además de por los recursos judiciales del imputado, por los continuos relevos (excedencias y sustituciones) de jueces y fiscales de este juzgado".
El parlamentario sostiene que la situación "erosiona gravemente la imagen de la justicia, haciendo dudar a la ciudadanía de la normalidad de los hechos" y añade que "los continuos cambios en los principales responsables de las investigaciones, el volumen de la documentación acumulada y la necesidad de estudiarla íntegramente antes de proceder a nuevas diligencias comportan claramente una mayor lentitud en el proceso que dificulta claramente la rapidez y queda mermada, con ello, la eficacia de la justicia".
"EXIGIBLE IGUALDAD"
"Los cargos que ocupa Fabra dentro de la Administración y dentro de su partido político, a los que no ha renunciado pese a las imputaciones judiciales que pesan sobre él, pueden afectar a la exigible igualdad de cada ciudadano o ciudadana ante la ley", señala Herrera, que agrega que esta "permanencia" y "el hecho de no asumir ninguna responsabilidad política a pesar de las imputaciones, le sitúa en una posición de privilegio que hace posible que se pudieran dar condiciones de presión ante las personas implicadas en este caso, incluidos los miembros de la judicatura".
En esta línea, mantiene que casi cinco años después de requerimientos, "el Ministerio de Justicia ha autorizado la creación de dos plazas de juez de refuerzo para los juzgados de Nules, a petición del Consejo General del Poder Judicial" y "a pesar de ello, la Conselleria de Justicia valenciana, ha anunciado que no enviará estos funcionarios, como mínimo, hasta el próximo enero".
A la vista de la respuesta del Gobierno, el representante de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, indicó en un comunciado que la contestación "dice lo que ya sabíamos, que toda la responsabilidad recae en el Consell, que tiene transferida la Justicia, y está interesadamente retrasando la dotación de personal de refuerzo para los juzgados de Nules a pesar de la polémica que suscita el caso".
Según dijo, "el Consell se dedica a dar balones de oxígeno a Carlos Fabra que mañana será aclamado de nuevo como cacique provincial de este partido, y, posiblemente, si el Consell no hubiera bloqueado los juzgados de Nules por inanición, mañana Fabra no podría repetir como presidente provincial del PP y se avanzaría la crisis del PP en Castellón para buscar a una persona para dirigirlo".
Fuente: Europapress.es
El Gobierno central considera que la Generalitat valenciana "sigue retrasando" la provisión de los medios materiales y personales en los juzgados de Nules (Castellón), afectados por las investigaciones abiertas sobre el presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", e insta a que "de manera urgente" la administración autonómica los dote de los medios necesarios para "agilizar" su funcionamiento.
Así lo indica en una respuesta con fecha 3 de noviembre a la pregunta presentada por el diputado de IU-ICV en el Congreso Joan Herrera sobre si piensa adoptar el Gobierno alguna medida para "agilizar" el denominado 'caso Fabra' y por si piensa instar a la Conselleria de Justicia a que "colabore para desbloquear los juzgados de Nules".
Según expresa el Gobierno en la respuesta, el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, "ha adoptado todas las medidas necesarias para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia", también en el supuesto señalado y añade que la petición a la administración central de un juez y un secretario de refuerzo para cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación, efectuada por parte del Consejo General del Poder Judicial, "fue resuelta en sentido favorable el mismo día que tuvo entrada, accediéndose a los nombramientos".
No obstante, precisa que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia "están pendientes de que la Administración autonómica provea los medios materiales y personales necesarios, pues la Comunidad Valenciana tiene transferidas las competencias en estas materias".
Sin embargo, subraya que el Gobierno "considera, como lo ha expresado ya públicamente el Ministro de Justicia, que la lógica autonomía con la que el Gobierno de la Comunidad ejerce sus competencias en el ámbito de la Administración de Justicia no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados" y en este sentido sostiene que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
Herrera explica en la pregunta que el llamado 'caso Fabra', que se instruye en los juzgados de Nules contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón, Carlos Fabra, "por la presunta comisión de múltiples delitos, se viene eternizando desde hace años, además de por los recursos judiciales del imputado, por los continuos relevos (excedencias y sustituciones) de jueces y fiscales de este juzgado".
El parlamentario sostiene que la situación "erosiona gravemente la imagen de la justicia, haciendo dudar a la ciudadanía de la normalidad de los hechos" y añade que "los continuos cambios en los principales responsables de las investigaciones, el volumen de la documentación acumulada y la necesidad de estudiarla íntegramente antes de proceder a nuevas diligencias comportan claramente una mayor lentitud en el proceso que dificulta claramente la rapidez y queda mermada, con ello, la eficacia de la justicia".
"EXIGIBLE IGUALDAD"
"Los cargos que ocupa Fabra dentro de la Administración y dentro de su partido político, a los que no ha renunciado pese a las imputaciones judiciales que pesan sobre él, pueden afectar a la exigible igualdad de cada ciudadano o ciudadana ante la ley", señala Herrera, que agrega que esta "permanencia" y "el hecho de no asumir ninguna responsabilidad política a pesar de las imputaciones, le sitúa en una posición de privilegio que hace posible que se pudieran dar condiciones de presión ante las personas implicadas en este caso, incluidos los miembros de la judicatura".
En esta línea, mantiene que casi cinco años después de requerimientos, "el Ministerio de Justicia ha autorizado la creación de dos plazas de juez de refuerzo para los juzgados de Nules, a petición del Consejo General del Poder Judicial" y "a pesar de ello, la Conselleria de Justicia valenciana, ha anunciado que no enviará estos funcionarios, como mínimo, hasta el próximo enero".
A la vista de la respuesta del Gobierno, el representante de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, indicó en un comunciado que la contestación "dice lo que ya sabíamos, que toda la responsabilidad recae en el Consell, que tiene transferida la Justicia, y está interesadamente retrasando la dotación de personal de refuerzo para los juzgados de Nules a pesar de la polémica que suscita el caso".
Según dijo, "el Consell se dedica a dar balones de oxígeno a Carlos Fabra que mañana será aclamado de nuevo como cacique provincial de este partido, y, posiblemente, si el Consell no hubiera bloqueado los juzgados de Nules por inanición, mañana Fabra no podría repetir como presidente provincial del PP y se avanzaría la crisis del PP en Castellón para buscar a una persona para dirigirlo".
Fuente: Europapress.es
El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'
El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
Fuente: elpais.com
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
Fuente: elpais.com
miércoles, 10 de diciembre de 2008
Por fin: La Generalitat pone en marcha dos juzgados de lo Mercantil en Valencia y Elche
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció este miércoles que la Generalitat pondrá en marcha el juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia y el número 1 de Elche en 2009.
Sánchez de León mostró su satisfacción tras la autorización por parte del Ministerio de Justicia de estos dos juzgados para la Comunitat, que fue remitida a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
La consellera destacó así el "logro por parte de la Generalitat de estos dos juzgados, justificados por la gran carga de trabajo existente en la actualidad y con el fin de mejorar la jurisdicción mercantil".
No obstante, lamentó que "aunque la solicitud que la Generalitat realizó por escrito el pasado mes de octubre incluía la petición de que estos dos juzgados pudieran ponerse en marcha en el mes de marzo para poder dar respuesta al desbordamiento judicial que provoca la crisis económica", el Ministerio "ha fijado la creación del tercer mercantil de Valencia para el 1 de abril y aún no ha determinado la fecha del juzgado de Elche".
A este respecto, la consellera reclamó que sea la administración autonómica quien decida la fecha de creación de los juzgados, ya que "somos nosotros quienes conocemos de primera mano las necesidades de la Justicia en la Comunitat y quienes asumimos más del 80% del coste", dijo.
La titular de Justicia y Administraciones Públicas precisó que estos dos nuevos órganos judiciales están incluidos en los 23 que el Ministerio ha autorizado para 2009, de los 35 solicitados por la Generalitat inicialmente.
Por último, Sánchez de León incidió en "la apuesta del Consell por una Justicia de calidad y con los máximos recursos", prueba de ello es los 19 juzgados que entrarán en funcionamiento entre las 3 provincias el próximo 30 de diciembre.
En concreto, estos órganos judiciales son: en la provincia de Valencia, el juzgado de primera instancia número 28 y el registro civil número 3, del partido judicial de la capital; el mixto número 4 de Mislata; el mixto número 5 de Catarroja; el mixto número 6 de Paterna; el mixto número 8 de Torrent y el de violencia sobre la mujer número 1 de Gandia.
En la provincia de Alicante, el registro civil número 2 y el contencioso-administrativo número 4, del partido judicial de la capital; el instrucción número 5 de Torrevieja; el mixto número 7 de Orihuela y el mixto número 3 de Villena.
En la provincia de Castellón, el penal número 4 y el social número 4, de la capital de La Plana; el mixto número 5 de Vinaròs y el de violencia sobre la mujer número 1 de Vila-real. Y por último, tres plazas de magistrado para la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, con jurisdicción en las tres provincias.
Fuente: panorma-actual.es
Sánchez de León mostró su satisfacción tras la autorización por parte del Ministerio de Justicia de estos dos juzgados para la Comunitat, que fue remitida a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
La consellera destacó así el "logro por parte de la Generalitat de estos dos juzgados, justificados por la gran carga de trabajo existente en la actualidad y con el fin de mejorar la jurisdicción mercantil".
No obstante, lamentó que "aunque la solicitud que la Generalitat realizó por escrito el pasado mes de octubre incluía la petición de que estos dos juzgados pudieran ponerse en marcha en el mes de marzo para poder dar respuesta al desbordamiento judicial que provoca la crisis económica", el Ministerio "ha fijado la creación del tercer mercantil de Valencia para el 1 de abril y aún no ha determinado la fecha del juzgado de Elche".
A este respecto, la consellera reclamó que sea la administración autonómica quien decida la fecha de creación de los juzgados, ya que "somos nosotros quienes conocemos de primera mano las necesidades de la Justicia en la Comunitat y quienes asumimos más del 80% del coste", dijo.
La titular de Justicia y Administraciones Públicas precisó que estos dos nuevos órganos judiciales están incluidos en los 23 que el Ministerio ha autorizado para 2009, de los 35 solicitados por la Generalitat inicialmente.
Por último, Sánchez de León incidió en "la apuesta del Consell por una Justicia de calidad y con los máximos recursos", prueba de ello es los 19 juzgados que entrarán en funcionamiento entre las 3 provincias el próximo 30 de diciembre.
En concreto, estos órganos judiciales son: en la provincia de Valencia, el juzgado de primera instancia número 28 y el registro civil número 3, del partido judicial de la capital; el mixto número 4 de Mislata; el mixto número 5 de Catarroja; el mixto número 6 de Paterna; el mixto número 8 de Torrent y el de violencia sobre la mujer número 1 de Gandia.
En la provincia de Alicante, el registro civil número 2 y el contencioso-administrativo número 4, del partido judicial de la capital; el instrucción número 5 de Torrevieja; el mixto número 7 de Orihuela y el mixto número 3 de Villena.
En la provincia de Castellón, el penal número 4 y el social número 4, de la capital de La Plana; el mixto número 5 de Vinaròs y el de violencia sobre la mujer número 1 de Vila-real. Y por último, tres plazas de magistrado para la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, con jurisdicción en las tres provincias.
Fuente: panorma-actual.es
martes, 9 de diciembre de 2008
Los compañeros de CCOO, desengañados abandonan....
Desde esta bitácora agradecemos el trabajo llevado a cabo por los compañeros/as de CCOO durante estos años, aunque muchas decisiones no las hayamos compartido, ni entendido. El paso dado por ellos/as les honra, al no querer renunciar a unos principios que hoy en día es difícil ver antepuestos a intereses de otro tipo.Animo compañeros.
lunes, 8 de diciembre de 2008
"En Valencia, que sólo cuenta con dos juzgados, los procesos concursales han aumentado más de un 500%".
La Justicia no tiene remedio: ya hay más de 750.000 sentencias penales sin ejecutar.
La conmoción provocada por el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dado a conocer el pasado abril, en el que se ponía al descubierto que había más de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar, fue mayúscula. Pero esa desorbitada cifra se ha quedado en pañales. Según el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que este miércoles pedirá explicaciones al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el "retraso crónico de las ejecutorias penales" ha alcanzado ya unos niveles escandalosos: más de 750.000 casos en toda España.
Nada más hacerse público aquel informe del CGPJ, Fernández Bermejo admitió que había un "retraso" en los juzgados de ejecutorias penales, pero negó que pudiera calificarse de "caos". El titular de Justicia justificó ese "retraso" en que el proceso de ejecución es "el más lento por excelencia", y recordó que en 2007 entraron casi 350.000 sentencias en esos juzgados y se resolvieron unas 425.000, aunque más de 400.000 quedaron en trámite de ejecución. "Lo que debe alarmarnos es que exista un retraso injustificado", añadió Fernández Bermejo.
¿Y cómo puede justificarse un atasco que ya supera los 750.000 casos, tanto en los juzgados especializados de ejecutorias penales como en los juzgados ordinarios de lo penal? Eso es lo que el diputado del PNV Emilio Olabarria le preguntará este miércoles al ministro de Justicia en la sesión de control al Gobierno. Olabarria aseguró a El Confidencial que sólo en los juzgados de Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián se superan las 300.000 sentencias pendientes de ejecución.
Algunas de esas sentencias no ejecutadas provocaron una gran alarma social. Casos como el del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés a manos de un pederasta con una condena anterior que no llegó a ejecutarse; o el doble crimen de la localidad alcarreña de Alovera, en el que un sargento del Ejército sobre el que pesaba una orden de alejamiento y al que se le había retirado el permiso de armas, disparó contra su ex esposa y su actual compañero sentimental.
Jurisdicción civil
Pero el atasco en los juzgados penales es sólo la punta del iceberg del colapso que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, y que provoca que la misión de «juzgar y hacer cumplir lo juzgado», que la Constitución impone a los tribunales, no pase de ser, en esos cientos de miles de casos, una mera declaración de intenciones. Es en la jurisdicción civil, que dirime las disputas entre particulares por hechos no delictivos, como los conflictos mercantiles o de familia -pareja, menores, herencias...-, donde el caos alcanza cotas difíciles de superar. Los juzgados civiles de primera instancia acumulaban el pasado 31 de diciembre un millón de sentencias aún sin ejecutar, cifra que, según las asociaciones judiciales consultadas por El Confidencial, podría haberse incrementado en más de un 30% a lo largo de este año.
En los 68 juzgados de lo Mercantil existentes en España la situación es, si cabe, aún peor, como consecuencia de la avalancha de concursos de acreedores provocada por la crisis económica. Los siete abiertos en Madrid -y dos más de refuerzo que tramitan en exclusiva los concursos de acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa, las dos empresas intervenidas por la Audiencia Nacional en 2006 por estafa- soportan un volumen de trabajo superior al 1000%, porcentaje muy similar al de los seis juzgados de Barcelona. En Valencia, que sólo cuenta con dos juzgados, los procesos concursales han aumentado más de un 500%.
Si a esa saturación se añade que los juzgados mercantiles cerraron 2007 -cuando la actual crisis económica apenas empezaba a balbucear- con más de 18.000 casos pendientes de resolver, y que el desplome de la construcción y el mercado inmobiliario se traducirá, con toda seguridad, en un mayor aumento de los litigios, la alarma parece más que justificada.
Fuente: elconfidencial.com
La conmoción provocada por el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dado a conocer el pasado abril, en el que se ponía al descubierto que había más de 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar, fue mayúscula. Pero esa desorbitada cifra se ha quedado en pañales. Según el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que este miércoles pedirá explicaciones al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, el "retraso crónico de las ejecutorias penales" ha alcanzado ya unos niveles escandalosos: más de 750.000 casos en toda España.
Nada más hacerse público aquel informe del CGPJ, Fernández Bermejo admitió que había un "retraso" en los juzgados de ejecutorias penales, pero negó que pudiera calificarse de "caos". El titular de Justicia justificó ese "retraso" en que el proceso de ejecución es "el más lento por excelencia", y recordó que en 2007 entraron casi 350.000 sentencias en esos juzgados y se resolvieron unas 425.000, aunque más de 400.000 quedaron en trámite de ejecución. "Lo que debe alarmarnos es que exista un retraso injustificado", añadió Fernández Bermejo.
¿Y cómo puede justificarse un atasco que ya supera los 750.000 casos, tanto en los juzgados especializados de ejecutorias penales como en los juzgados ordinarios de lo penal? Eso es lo que el diputado del PNV Emilio Olabarria le preguntará este miércoles al ministro de Justicia en la sesión de control al Gobierno. Olabarria aseguró a El Confidencial que sólo en los juzgados de Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián se superan las 300.000 sentencias pendientes de ejecución.
Algunas de esas sentencias no ejecutadas provocaron una gran alarma social. Casos como el del asesinato de la niña onubense Mari Luz Cortés a manos de un pederasta con una condena anterior que no llegó a ejecutarse; o el doble crimen de la localidad alcarreña de Alovera, en el que un sargento del Ejército sobre el que pesaba una orden de alejamiento y al que se le había retirado el permiso de armas, disparó contra su ex esposa y su actual compañero sentimental.
Jurisdicción civil
Pero el atasco en los juzgados penales es sólo la punta del iceberg del colapso que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales, y que provoca que la misión de «juzgar y hacer cumplir lo juzgado», que la Constitución impone a los tribunales, no pase de ser, en esos cientos de miles de casos, una mera declaración de intenciones. Es en la jurisdicción civil, que dirime las disputas entre particulares por hechos no delictivos, como los conflictos mercantiles o de familia -pareja, menores, herencias...-, donde el caos alcanza cotas difíciles de superar. Los juzgados civiles de primera instancia acumulaban el pasado 31 de diciembre un millón de sentencias aún sin ejecutar, cifra que, según las asociaciones judiciales consultadas por El Confidencial, podría haberse incrementado en más de un 30% a lo largo de este año.
En los 68 juzgados de lo Mercantil existentes en España la situación es, si cabe, aún peor, como consecuencia de la avalancha de concursos de acreedores provocada por la crisis económica. Los siete abiertos en Madrid -y dos más de refuerzo que tramitan en exclusiva los concursos de acreedores de Fórum Filatélico y Afinsa, las dos empresas intervenidas por la Audiencia Nacional en 2006 por estafa- soportan un volumen de trabajo superior al 1000%, porcentaje muy similar al de los seis juzgados de Barcelona. En Valencia, que sólo cuenta con dos juzgados, los procesos concursales han aumentado más de un 500%.
Si a esa saturación se añade que los juzgados mercantiles cerraron 2007 -cuando la actual crisis económica apenas empezaba a balbucear- con más de 18.000 casos pendientes de resolver, y que el desplome de la construcción y el mercado inmobiliario se traducirá, con toda seguridad, en un mayor aumento de los litigios, la alarma parece más que justificada.
Fuente: elconfidencial.com
¿Pretenden volver ahora?: "El Gobierno dice que no quiere irse del todo de la Justicia en las CCAA"
El Gobierno hace un balance 'claramente favorable' del traspaso de la Justicia a las comunidades, aunque asegura que no se irá del todo, 'ni quiere', de las autonomías en este ámbito, que ya ha sido transferido a once gobiernos regionales.
En una entrevista con EFE, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha comentado el funcionamiento de la Justicia en las autonomías que ya la tienen transferida y el estado de las negociaciones en la seis restantes: La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y las dos Castillas.
Para Pérez, los traspasos han supuesto ventajas, 'pero también inconvenientes, aunque el saldo es claramente favorable', si bien la transferencia 'dificulta' la puesta en marcha de 'grandes planes nacionales'.
Entre las ventajas, ha apuntado el hecho de que los usuarios tengan más cerca al responsable político en esta materia, que, a su vez, tiene 'un conocimiento más completo' de las necesidades, aunque ha reconocido que en la Justicia 'se han producido algunos daños colaterales que no conviene minimizar'.
A su juicio, el más importante es 'la consolidación de diferencias en procedimientos organizativos, informáticos y estadísticos', lo que ocurre también en otros servicios públicos, 'que se resienten de estas diferencias'.
Esta situación obliga a un mayor esfuerzo de coordinación y de lealtad institucional, según Pérez, quien deja claro que el Gobierno de España 'no se va del todo' a pesar de las transferencias, porque mantiene las competencias en 'lo estructural'.
Una vez que se transfiera la Justicia a todas las comunidades autónomas, el Ministerio aún gestionará 'lo que le corresponde', como las retribuciones de jueces, fiscales y otros funcionarios, el cuerpo de secretarios o las aplicaciones informáticas.
El secretario de Estado ha anunciado, asimismo, que el próximo día 15 se reunirá la Conferencia Sectorial de Justicia, un órgano que su Departamento intenta que sea 'un lugar de encuentro' y de coordinación de iniciativas entre la administración central y las autonómicas.
En esa fecha se tratarán, entre otros asuntos, la coordinación informática, las previsiones de crecimiento de la Planta Judicial en 2009 o la convocatoria de plazas de funcionarios judiciales.Pérez ha destacado que ahora es 'un momento estupendo' para afrontar cambios en la Administración de Justicia, al haber 'concordia' entre las autonomías, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, por lo que, ha dicho, 'pronto empezarán a notarse los resultados de esta armonía'.
En cuanto a las transferencias, ha recordado que recientemente se han cerrado las de Aragón, Cantabria y Asturias, y ha reconocido problemas 'diversos' para culminar el proceso con las seis comunidades que todavía no han asumido la competencia.
En unos casos, ha explicado a EFE, a las autonomías les parece que hay una insuficiencia de dotaciones que debe resolverse antes de las transferencias, y en otros, 'parece que no quieren' y no sólo por razones presupuestarias, aunque Pérez no ha querido desvelar qué comunidades plantean estas dificultades.
Otras, ha continuado, quieren la competencia, pero con una asignación presupuestaria complementaria 'que es preciso discutir', mientras que algunas apuntan 'problemas concretísimos'.
Según datos recabados por EFE, La Rioja demanda un mejor Palacio de Justicia, Extremadura acaba de pedir el inicio del proceso y en Baleares la negociación está estancada debido a la dificultad de encontrar una ubicación para la nueva sede judicial de Ibiza.
Murcia reivindica una mejora de los medios materiales antes de asumir las transferencias, en Castilla y León los problemas se refieren al coste del personal y en Castilla-La Mancha a las inversiones.
A pesar de esas diferencias, el Ministerio quiere culminar las transferencias 'lo antes posible', si bien no oculta que la situación económica pueda retrasar el proceso, ya que algunas autonomías pueden entender que ahora no es el momento para hacerse cargo del servicio, porque 'puede generar un gasto público mayor' a pesar de que la transferencia vaya 'bien dotada'.
El proceso de traspaso se inició con Cataluña, única comunidad que tiene transferida la Administración Penitenciaria, en 1983; en 1987 con el País Vasco; en 1994 con Galicia; en 1995 con la Comunidad Valenciana y en 1996 con Canarias.Un año después fue con Andalucía; en 1999 con Navarra; en 2002 con Madrid; en 2006 con Asturias y en 2007 con Cantabria y Aragón.Las once tienen ya culminado el traspaso, la última de ellas Asturias con la firma del acuerdo a finales de noviembre.
Fuente: actualidad.terra.es
En una entrevista con EFE, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, ha comentado el funcionamiento de la Justicia en las autonomías que ya la tienen transferida y el estado de las negociaciones en la seis restantes: La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y las dos Castillas.
Para Pérez, los traspasos han supuesto ventajas, 'pero también inconvenientes, aunque el saldo es claramente favorable', si bien la transferencia 'dificulta' la puesta en marcha de 'grandes planes nacionales'.
Entre las ventajas, ha apuntado el hecho de que los usuarios tengan más cerca al responsable político en esta materia, que, a su vez, tiene 'un conocimiento más completo' de las necesidades, aunque ha reconocido que en la Justicia 'se han producido algunos daños colaterales que no conviene minimizar'.
A su juicio, el más importante es 'la consolidación de diferencias en procedimientos organizativos, informáticos y estadísticos', lo que ocurre también en otros servicios públicos, 'que se resienten de estas diferencias'.
Esta situación obliga a un mayor esfuerzo de coordinación y de lealtad institucional, según Pérez, quien deja claro que el Gobierno de España 'no se va del todo' a pesar de las transferencias, porque mantiene las competencias en 'lo estructural'.
Una vez que se transfiera la Justicia a todas las comunidades autónomas, el Ministerio aún gestionará 'lo que le corresponde', como las retribuciones de jueces, fiscales y otros funcionarios, el cuerpo de secretarios o las aplicaciones informáticas.
El secretario de Estado ha anunciado, asimismo, que el próximo día 15 se reunirá la Conferencia Sectorial de Justicia, un órgano que su Departamento intenta que sea 'un lugar de encuentro' y de coordinación de iniciativas entre la administración central y las autonómicas.
En esa fecha se tratarán, entre otros asuntos, la coordinación informática, las previsiones de crecimiento de la Planta Judicial en 2009 o la convocatoria de plazas de funcionarios judiciales.Pérez ha destacado que ahora es 'un momento estupendo' para afrontar cambios en la Administración de Justicia, al haber 'concordia' entre las autonomías, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio, por lo que, ha dicho, 'pronto empezarán a notarse los resultados de esta armonía'.
En cuanto a las transferencias, ha recordado que recientemente se han cerrado las de Aragón, Cantabria y Asturias, y ha reconocido problemas 'diversos' para culminar el proceso con las seis comunidades que todavía no han asumido la competencia.
En unos casos, ha explicado a EFE, a las autonomías les parece que hay una insuficiencia de dotaciones que debe resolverse antes de las transferencias, y en otros, 'parece que no quieren' y no sólo por razones presupuestarias, aunque Pérez no ha querido desvelar qué comunidades plantean estas dificultades.
Otras, ha continuado, quieren la competencia, pero con una asignación presupuestaria complementaria 'que es preciso discutir', mientras que algunas apuntan 'problemas concretísimos'.
Según datos recabados por EFE, La Rioja demanda un mejor Palacio de Justicia, Extremadura acaba de pedir el inicio del proceso y en Baleares la negociación está estancada debido a la dificultad de encontrar una ubicación para la nueva sede judicial de Ibiza.
Murcia reivindica una mejora de los medios materiales antes de asumir las transferencias, en Castilla y León los problemas se refieren al coste del personal y en Castilla-La Mancha a las inversiones.
A pesar de esas diferencias, el Ministerio quiere culminar las transferencias 'lo antes posible', si bien no oculta que la situación económica pueda retrasar el proceso, ya que algunas autonomías pueden entender que ahora no es el momento para hacerse cargo del servicio, porque 'puede generar un gasto público mayor' a pesar de que la transferencia vaya 'bien dotada'.
El proceso de traspaso se inició con Cataluña, única comunidad que tiene transferida la Administración Penitenciaria, en 1983; en 1987 con el País Vasco; en 1994 con Galicia; en 1995 con la Comunidad Valenciana y en 1996 con Canarias.Un año después fue con Andalucía; en 1999 con Navarra; en 2002 con Madrid; en 2006 con Asturias y en 2007 con Cantabria y Aragón.Las once tienen ya culminado el traspaso, la última de ellas Asturias con la firma del acuerdo a finales de noviembre.
Fuente: actualidad.terra.es
domingo, 7 de diciembre de 2008
Alicante: La Audiencia pide un registro restringido de morosos para fomentar el alquiler de casas
La base de datos incluiría a las personas que hayan sido condenadas con sentencia firme por el impago de los arrendamientos.
J. A. M. La Audiencia Provincial de Alicante ha presentado a los ministerios del Interior y de Justicia una propuesta para la creación de un registro de morosos condenados por no pagar el alquiler de viviendas. El objetivo es fomentar el mercado de los arrendamientos dando más garantías a los propietarios de estos pisos de que van a poder cobrar la renta de sus inquilinos.
La propuesta del presidente de la Audiencia, Vicente Magro, consiste en una base de datos de acceso restringido y de ámbito nacional. La persona que vaya a alquilar un piso podrá dirigirse a la Cámara de Comercio o bien al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para que comprueben que el inquilino al que piensan alquilar su casa no tiene condenas de desahucio por impagos. Este acceso restringido evitará posibles conflictos por vulneración de la Ley de Protección de Datos. Estas sentencias serían incluidas en la base de datos cuando sean firmes y por un periodo de hasta cinco años. También el moroso tiene la oportunidad de ser eliminado de ese registro abonando todas las deudas que tiene pendientes. La inscripción deberá ser comprobada por el secretario judicial una vez que se ejecute el desahucio.
En toda España, durante el año 2007 se dictaron un total de 21.132 sentencias de desahucio por no pagar el alquiler. De éstas, 786 corresponden a la provincia de Alicante; mientras que 1.314 corresponden a Valencia y otras 246 a Castellón.Según Vicente Magro, "la actual desconfianza que tienen los arrendadores es lógica, ya que, por muchas reformas procesales que se introduzcan para tratar de agilizar la tramitación de los desahucios, siempre será mejor que el arrendador pueda conocer si su inquilino ha estado anteriormente en el juzgado por otros procedimientos por impagos". Los propietarios de pisos de alquiler a veces se encuentran con inquilinos que son verdaderos profesionales del impago y que se benefician de la lentitud de la justicia para poder disfrutar de la vivienda sin pagar renta alguna. "Al llegar al piso suelen pagar el trimestre por adelantado, para aparentar solvencia. Después pueden pasarse hasta un año entero hasta que les llega la orden del juzgado", aseguró. Por este motivo, consideró que es todavía muy elevado el número de viviendas vacías que existen en España. "Hay miedo a alquilar y tenemos que poner los mecanismos para que el arrendador recupere la confianza", recalcó. A juicio de Magro, la situación de incertidumbre económica obliga a reforzar los sistemas de garan?tías y explicó que no se trata de perseguir el mero impago, o un retraso en el pago de la renta. "Propietario y arrendatario pueden acordar una solución sin necesidad de ir al juzgado", dijo, por lo que la medida sólo afectaría a personas que hayan sido condenadas en sentencia firme.
El presidente de la Audiencia defiende la viabilidad de este registro amparándose en otros similares que ya están funcionando a nivel nacional. Entre ellos se encuentran el de maltratadores, el de rebeldes y penados, el de los procedimientos concursales, y el de rebeldes civiles.
A la hora de dirigirse a los organismos profesionales de su provincia que deben hacer la consulta al registro, el interesado deberá aportar una copia de la escritura de la vivienda que va a alquilar, así como los datos del inquilino.
La propuesta ha sido remitida esta semana por el presidente de la Audiencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora deberá valorarla para decidir si es viable y si la lleva o no a la práctica.
Fuente: diarioinformacion.com
J. A. M. La Audiencia Provincial de Alicante ha presentado a los ministerios del Interior y de Justicia una propuesta para la creación de un registro de morosos condenados por no pagar el alquiler de viviendas. El objetivo es fomentar el mercado de los arrendamientos dando más garantías a los propietarios de estos pisos de que van a poder cobrar la renta de sus inquilinos.
La propuesta del presidente de la Audiencia, Vicente Magro, consiste en una base de datos de acceso restringido y de ámbito nacional. La persona que vaya a alquilar un piso podrá dirigirse a la Cámara de Comercio o bien al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria para que comprueben que el inquilino al que piensan alquilar su casa no tiene condenas de desahucio por impagos. Este acceso restringido evitará posibles conflictos por vulneración de la Ley de Protección de Datos. Estas sentencias serían incluidas en la base de datos cuando sean firmes y por un periodo de hasta cinco años. También el moroso tiene la oportunidad de ser eliminado de ese registro abonando todas las deudas que tiene pendientes. La inscripción deberá ser comprobada por el secretario judicial una vez que se ejecute el desahucio.
En toda España, durante el año 2007 se dictaron un total de 21.132 sentencias de desahucio por no pagar el alquiler. De éstas, 786 corresponden a la provincia de Alicante; mientras que 1.314 corresponden a Valencia y otras 246 a Castellón.Según Vicente Magro, "la actual desconfianza que tienen los arrendadores es lógica, ya que, por muchas reformas procesales que se introduzcan para tratar de agilizar la tramitación de los desahucios, siempre será mejor que el arrendador pueda conocer si su inquilino ha estado anteriormente en el juzgado por otros procedimientos por impagos". Los propietarios de pisos de alquiler a veces se encuentran con inquilinos que son verdaderos profesionales del impago y que se benefician de la lentitud de la justicia para poder disfrutar de la vivienda sin pagar renta alguna. "Al llegar al piso suelen pagar el trimestre por adelantado, para aparentar solvencia. Después pueden pasarse hasta un año entero hasta que les llega la orden del juzgado", aseguró. Por este motivo, consideró que es todavía muy elevado el número de viviendas vacías que existen en España. "Hay miedo a alquilar y tenemos que poner los mecanismos para que el arrendador recupere la confianza", recalcó. A juicio de Magro, la situación de incertidumbre económica obliga a reforzar los sistemas de garan?tías y explicó que no se trata de perseguir el mero impago, o un retraso en el pago de la renta. "Propietario y arrendatario pueden acordar una solución sin necesidad de ir al juzgado", dijo, por lo que la medida sólo afectaría a personas que hayan sido condenadas en sentencia firme.
El presidente de la Audiencia defiende la viabilidad de este registro amparándose en otros similares que ya están funcionando a nivel nacional. Entre ellos se encuentran el de maltratadores, el de rebeldes y penados, el de los procedimientos concursales, y el de rebeldes civiles.
A la hora de dirigirse a los organismos profesionales de su provincia que deben hacer la consulta al registro, el interesado deberá aportar una copia de la escritura de la vivienda que va a alquilar, así como los datos del inquilino.
La propuesta ha sido remitida esta semana por el presidente de la Audiencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ahora deberá valorarla para decidir si es viable y si la lleva o no a la práctica.
Fuente: diarioinformacion.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)