Ciudad de la Justicia de Valencia: cursos de valenciano

Nous cursos de Valencià per al personal de l'administració de Justicia. Curs 2008-2009. [Más información ....] (28-Noviembre-08).

Gestión promoción interna: plazas BOE

COMUNITAT VALENCIANA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.— Resolución de 17 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden JUS/2976/2006, de 15 de septiembre.
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SE HUNDIRA: "La conselleria dejará el lunes a la Fiscalía de Valencia con un tercio menos de tramitadores"

Justicia ha citado a todos los interinos para decirles a quiénes van a cesar.
R. Laguna, ValenciaLos funcionarios tramitadores de la Fiscalía de Valencia han sido convocados por la Conselleria de Justicia para que acudan el próximo lunes a su lugar de trabajo con el objeto de comunicarles que no se les va a renovar el contrato. De los siete trabajadores que hay interinos, cinco de ellos serán despedidos, pero no será hasta ese día cuando sabrán cuál de ellos tiene que cesar.
Esta decisión fue tomada por la Dirección General de Justicia a última hora del viernes. Eran casi las dos de la tarde cuando desde la conselleria les comunicaron su decisión de no renovar en sus puestos a una tercera parte de esta categoría de funcionarios, cuya plantilla es de 18 contando los dos de violencia sobre la mujer.A estos trabajadores cualificados, que se encargan de tramitar los expedientes de los fiscales, les habían renovado el pasado mes de julio su contrato laboral en la Fiscalía de Valencia hasta diciembre.En esta ocasión, la Conselleria de Justicia decidió renovar por cinco meses, dejando el mes de diciembre en la incógnita hasta el próximo lunes en que la Fiscalía se quedará con una plantilla más mermada si cabe. La situación se agrava para estos trabajadores, al enfrentarse a las fiestas navideñas en el paro.Esta forma de actuar es contraria a lo que suele hacer la Administración Pública en estos casos, que va renovando cada seis meses.
"Se hundirá"
La portavoz de la Fiscalía, Susana Gisbert, denunció que entre el plante de los jueces y la escasa plantilla, "la Fiscalía se hundirá". Y añadió que tienen "el mismo número de funcionarios desde hace años, sin ningún refuerzo adicional ni aumentos de plantilla".
Fuente: levante-emv.com

Siete Aguas pedirá un juzgado como contrapartida por acoger la nueva cárcel

Los técnicos del Gobierno ya han iniciado las mediciones de los terrenos

Las primeras contraprestaciones que solicitará el Ayuntamiento de Siete Aguas al Gobierno por ser el lugar elegido para albergar la nueva cárcel serán un juzgado de primera instancia e instrucción y un nuevo cuartel de la Guardia Civil, según aseguraron fuentes municipales.
La llegada de la nueva penitenciaría, como ya se ha producido en Albocàsser, supone un aumento del número de expedientes delictivos por lo que parece evidente la necesidad de un nuevo juzgado, al igual que la mayor cantidad de efectivos de la Benemérita.
Pero éstas no serán las únicas contraprestaciones que demandará el Consistorio al Ejecutivo central, que ya ha tomado la decisión de ubicar la penitenciaría en Siete Aguas. La noticia la confirmó el propio alcalde, Rafael Zahonero, hace unas semanas y ahora es el portavoz de Compromís en la población, Juan Más, quien explicó que en una reunión con el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, éste le aseguró que la futura prisión Levante II se construirá en el término municipal.
De hecho, la decisión está tan clara que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, esta misma semana han estado en la localidad los técnicos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Financieros (SIEP) para tomar las primeras mediciones de los terrenos donde se ubicará la cárcel.
En los próximos días está prevista una reunión de todos los concejales del Ayuntamiento de Siete Aguas con el presidente del SIEP, Ángel Martínez Sanjuán. En ella se le harán llegar las peticiones de estas dos contraprestaciones del juzgado y el nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero también otras que decidirán entre todos los ediles del PP, PSPV y Compromís.
Precisamente el portavoz de esta última formación argumentó que Ricardo Peralta les aseguró que la primera autoridad era conocedora "de que Siete Aguas era una de las opciones para ubicar la futura cárcel Levante II".
En cuanto a las contraprestaciones, Mas afirmó que tanto él como la portavoz de esta formación en la Hoya de Buñol, Reyes Matamales, solicitaron al delegado del Gobierno "la posibilidad de ubicar el cuartel de la Guardia Civil encargada de la vigilancia exterior del Centro Penitenciario, la instalación de un juzgado de instrucción" y la opción "de colaboraciones puntuales en infraestructuras".
Matamales concluyó que el Gobierno "debería preocuparse más por mejorar" las prisiones ya existentes, donde "se suceden los altercados" y no "en las nuevas construcciones".
Fuente: lasprovincias.es

El Poder Judicial expedienta a un juez de Gandia por duplicar en dos años los casos pendientes

El órgano de gobierno de los magistrados inicia una investigación para determinar la sanción
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha detectado que el titular del juzgado de lo penal número 1 de Gandia ha multiplicado por dos el número de casos pendientes de resolver en apenas dos años, según se desprende del expediente abierto ayer por la comisión disciplinaria de la institución. Tal y como informó Gabriela Bravo, portavoz del órgano de Gobierno de los magistrados, la pendencia de asuntos sin enjuiciar en el juzgado valenciano se ha incrementado en un 212% desde 2006. Además, apuntó que el aumento del volumen de trabajo pendiente es atribuible a la "insuficiente actividad" de su titular, Rafael Sempere Doménech,"tanto por los pocos juicios que señala como por todos los que suspende", según recogió la agencia Europa Press.
Tras la primera actuación del CGPJ, se inicia un periodo que servirá para certificar la supuesta acumulación de faena pendiente, que según fuentes de la institución, puede durar "entre tres y cuatro meses". También destacaron que cabe la posibilidad de que tras la fase de investigación se determine que no existe ningún tipo de negligencia y que el expediente sea archivado sin tomar ninguna medida.
La investigación se realiza después de que la inspección del Consejo detectara anomalías en el funcionamiento del juzgado, hecho que se notificó a la comisión disciplinaria, reunida ayer. El expediente incoado hace referencia a una "presunta falta muy grave" de desatención y retrasos en la tramitación de procesos. En el peor de los casos, Sempere puede ser apartado de forma permanente de la carrera judicial, multado con hasta 6.000 euros o suspendido de empleo y sueldo entre un mes y tres años, según explicaron las citadas fuentes, atendiendo a la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, la comisión abrió expediente al titular del juzgado de primera instancia número 4 de Madrid, Joaquín Ebile, por tres faltas muy graves de desatención y retraso. Ebile tiene abierto otro expediente por faltas de esta naturaleza.
La posibilidad de que el juez valenciano sea sancionado se conoció después de que una encuesta estableciera que casi la mitad de los residentes de la Comunitat (43%) consideran que la justicia es el servicio público que peor funciona.
La última actuación del Poder Judicial en relación a un magistrado de la Comunitat afectó a la jueza de Dénia Laura Alabau por paralizar un enlace entre personas homosexuales. Esta alegó una supuesta inconstitucionalidad de la ley de matrimonios homosexuales. El pasado mes de septiembre el mismo organismo decidió retirar la sanción impuesta a la magistrada, que ascendía a 305 euros, lo que generó fuertes críticas por parte de colectivos que defienden los matrimonio entre gays y lesbianas, amparados por la citada normativa. La retirada de la multa fue consumada por el Consejo General del Poder Judicial, renovado recientemente. En 2006, la comisión disciplinaria abrió a Alabau el correspondiente expediente, que terminó con la citada sanción económica.
Fuente: lasprovincias.es

STAS-IV, hoja informativa sobre el Plan de modernización de la Justicia del Consejo, la modificación del regimen de clases pasivas y sustituciones.

Hoja informativa de STAS-Intersindical Valenciana, en el que analiza el último plan de modernización de la Justicia del C.G.P.J., informa sobre la modificación en la ley de presupuestos de la disposición sobre clases pasivas y la reivindicación del pago de las sustituciones en nuestra Comunidad.

El CGPJ expedienta a un juez de Gandia al aumentar un 212% los juicios sin celebrar

La Inspección ha constatado su "insuficiente actividad" tanto por "los pocos juicios que señala como por todos los que suspende"
EUROPA PRESS El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió hoy un expediente disciplinario al juez de lo penal número 1 de Gandia (Valencia), Rafael Semper, al que imputa una falta muy grave de desatención basada en los informes realizados por la Inspección, que revelan que la pendencia en su juzgado ha aumentado un 212 por ciento desde 2006.La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, realizó este anuncio tras una reunión del órgano, y explicó que en este caso, la Inspección ha constatado su "insuficiente actividad" tanto por "los pocos juicios que señala como por todos los que suspende".Por otro lado, el órgano de los jueces decidió abrir otro expediente disciplinario por acumulación de "llamativos retrasos" al titular del juzgado de primera instancia número 4 de Madrid, Joaquín Ebile Nsefum, quien en 2005 adquirió notoriedad al conceder una indemnización al ex propietario del Banco de Valladolid que por error cifró en más de mil billones de euros.La Comisión Disciplinaria incoó el expediente contra el juez Ebile Nsefum por tres faltas graves de desatención, según explicó Bravo, quien consideró "muy llamativa" la pendencia que acumula este juzgado, que en el caso del dictado de algunas sentencias alcanza un retraso de más de tres años.El juez, que cuenta con otro expediente por retrasos similares, se dio a conocer en enero de 2005 cuando tuvo que rectificar un auto en el que ordenaba que el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios indemnizara al ex dueño del Banco de Valladolid, Domingo López Alonso, con "mil billones de euros" en lugar de "1.021.877.955,54 euros".Según explicó el Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la "errata" se debió porque en su auto el juez añadió a la cifra la expresión "millones de euros" cuando debía haber escrito "euros".
Fuente: levante-emv.com

La Justicia es el servicio público que peor funciona, según la opinión de los valencianos

Los encuestados evalúan su ciudad de residencia con 6,31 puntos sobre 10 de media
La administración mejor valorada es la local, seguida de la autonómica y la central
EFE
VALENCIA.- Los valencianos califican la Justicia como el servicio público que peor funciona, por detrás de la Educación y de la Sanidad, con un 43% de opiniones negativas y sólo un 14,8% de consideraciones positivas.
Así se desprende de el Estudio sobre el Asociacionismo en la Comunidad Valenciana encargado por la Confederación de la Asociación de Vecinos y Consumidores (CAVE-COVA) que establece, además, que la gran mayoría de los ciudadanos, un 76,2%, cree que las asociaciones de vecinos pueden influir para mejorar las ciudades.
Respecto a la Educación, el 30% de los valencianos está satisfecho con el servicio público mientras que en el caso de la Sanidad, el porcentaje se eleva hasta el 40,9% y, según la encuesta, la mayoría no ve probable que la Seguridad Social se privatice o desaparezca en un futuro.
Respecto a los temas que más preocupan, los valencianos, que dan a las ciudades donde habitan una puntuación de 6,31 sobre 10, se decantan por la seguridad en la calle, citada por el 61,5% de los encuestados, y la falta de espacios de ocio para jóvenes a la que han hecho referencia el 53,8%.
Según ha explicado el nuevo presidente de CAVE-COVA, Juan Antonio Caballero, el estudio ha revelado que la administración mejor valorada es la local, seguida de la autonómica y la central a pesar de que existe una confusión de los vecinos sobre las competencias de las distintas instituciones públicas.
Más impuestos para ayudar a los desfavorecidos
La defensa de la administración local es una de las cuestiones que ha quedado reflejada en la encuesta ya que, a pesar de que la mayoría considera que paga impuestos demasiado altos que no se corresponden con los servicios que recibe, el 43,7% estaría dispuesto a pagar más impuestos a los ayuntamientos para que se destinarán a los desfavorecidos y a los niños.
El presidente de CAVE-COVA ha destacado, durante la presentación del estudio, que se trata de la primera vez que una entidad de este tipo decide preguntar a los vecinos qué opinan de la actividad que realizan y, el resultado, a su juicio, ha sido "muy positivo".
Asimismo, Caballero ha mostrado su agrado por que el modelo de ciudad que se defiende desde las asociaciones de vecinos coincide en su mayoría con lo que realmente piden los ciudadanos como la peatonalización de los cascos históricos o el fomento del transporte público.
Más de medio millón asociados
El 11,6% de los encuestados afirma que pertenece o colabora con alguna asociación de vecinos lo que supone, extrapolando los datos de la encuesta realizada a 800 personas, que más de medio millón de valencianos pertenece a alguna organización vecinal.
La presentación del estudio ha servido también para hacer pública la nueva Junta Directiva elegida el pasado mes de octubre en la que Caballero ocupa la Presidencia y Vicente Aparisi, de Gandia, la Vicepresidencia.
Fuente: elmundo.es

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial y el decano del Colegio de Abogados de Castellón firman un protocolo para llegar a las conformidades penales

Javier Carceller y Manuel Badenes explicaron que la idea es contribuir a la mejora y la agilización de la administración de Justicia.

Castellón.- El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Carceller, y el decano del Colegio de Abogados castellonense, Manuel Badenes, firmaron hoy un protocolo para poder llegar a las conformidades penales antes de la fecha de celebración de los juicios y agilizarlas.
Según explicó en rueda de prensa Badenes, "la idea es contribuir a la mejora de la administración de Justicia, de tal forma que podamos evitar que las conformidades no se lleven a cabo justo el día del juicio, cuando ya se ha citado a todas las partes, a los testigos y a los peritos".
Javier Carceller indicó que la conformidad "es un instrumento procesal para descongestionar los procesos penales y dar oportunidad al acusado de que admita su responsabilidad para aceptar una pena acorde a su reinserción y permitir que los abogados y el fiscal puedan ejercer sus funciones".
Al respecto, dijo, "nos parecía razonable potenciar las conformidades y evitar que se produjeran en el último momento, es decir, al inicio de la sesión del juicio, pues esto, a veces, produce desfases y situaciones desagradables".
Así, este protocolo, que es de ámbito provincial y empezará a estar vigente a partir del 1 de diciembre, establece que habrá un fiscal de incidencias de forma permanente, que estará legitimado para pactar las conformidades. Además, se constituirá una comisión dual de seguimiento para valorar en un plazo de tiempo cómo ha evolucionado la situación, "de tal forma que si hay un porcentaje de conformidades elevado, solicitaremos un día para conformidades", indicó Carceller.
Se han establecido como precauciones que el abogado está obligado a informar a su cliente de que se requiere una ratificación de la conformidad ante el juez mediante el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la pena, mientras que se solicitará del juez un señalamiento rápido del juicio "con el fin de evitar que el cliente no cambie de opinión", apuntó el fiscal jefe. Informó Europa Press.
Fuente: diariodenoticias.laley.es

¡Por fin!: Comienzan las obras de la nueva sede judicial de Paterna

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció hoy que la Generalitat dispone ya del permiso de obras para la construcción de la nueva sede judicial de la localidad de Paterna (Valencia), por lo que las obras del vallado del solar comienzan en esta jornada.

Según informó la Generalitat en un comunicado, esta nueva sede, cuyo coste asciende a casi 10 millones de euros, se enmarca dentro del Plan de Innovación de las Sedes Judiciales Justi-Seu, que supone una inversión por parte del Consell superior a los 225 millones de euros.

El nuevo edificio contará con más de 9.200 metros cuadrados de superficie construida y constará de cuatro plantas más sótano, donde se ha incluido "los materiales autóctonos y las innovaciones tecnológicas junto a una arquitectura flexible y de carácter sostenible donde prima el ahorro energético", explicó la consellera.

El desarrollo del edificio comprende una planta de sótano para archivos, dependencias para instalaciones, dependencias vinculadas a la seguridad, estacionamiento para el furgón policial y vestuarios.

La planta baja y la primera planta presentan todas las estancias vinculadas a las visitas de los usuarios más habituales, como el registro civil, el aula de formación y las salas de vistas. En estas plantas se ubicarán también el Servicio de Orientación Jurídica, el juzgado de guardia, las dependencias médico-forenses y el aula de formación, entre otras dependencias.

Por lo que respecta a las plantas segunda y tercera, en ellas se ubicarán los juzgados, la biblioteca, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y la fiscalía. La cuarta planta está reservada para instalaciones necesarias para el funcionamiento de las diversas dependencias.

Además de estos espacios, que ocuparán una superficie útil de más de 8.000 metros cuadrados, el edificio cuenta con espacios de reserva para albergar futuros juzgados "dando respuesta a las necesidades de espacio presentes y futuras del partido judicial", puntualizó Sánchez de León.

La consellera manifestó que en todas las actuaciones contempladas en Justi-Seu "se ha dado una especial importancia a la ventilación y la luz natural, ordenando el ambiente para dar respuesta a las necesidades de los usuarios, tanto de los trabajadores del edificio como de los ciudadanos que accedan a las instalaciones para realizar algún trámite".

Así, los edificios de Justi-Seu "no sólo son sostenibles y se articulan bajo criterios de eficacia y eficiencia, sino que son dinámicos, funcionales y accesibles para todos los usuarios", aseguró la titular de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Fuente: Las provincias.es

"Ya he cumplido mi cupo por hoy"

Los jueces ponen en práctica su decisión de trabajar sólo lo que marca el Poder Judicial

Regina Laguna, Valencia
Calma chicha en los juzgados valencianos. La dinámica ayer en la Ciudad de la Justicia era seguir a rajatabla el ritmo de trabajo acordado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que establece unos módulos determinados en cada jurisdicción, como se acordó el pasado viernes en la Junta General de los 101 jueces de Valencia.
"No me pases más diligencias que hoy ya he cumplido mi cupo", le decía un juez a uno de sus funcionarios. De esta forma, el ritmo se ralentizaba, los señalamientos se posponían y las causas se amontonaban en las mesas de los funcionarios.
"No sabemos lo que tendremos al final de la semana...", se lamentaba uno de los trabajadores de un juzgado, ayer, en la Ciudad de la Justicia. Entre todo el papeleo acumulado: causas con preso, detenciones, medidas cautelares urgentes, registros domiciliarios, intervenciones bancarias...
Esta situación ya se anunció el pasado viernes, cuando los jueces de la ciudad de Valencia se declararon en huelga de celo y advirtieron que resolverían los asuntos según vayan entrando en los juzgados.
El decano de los jueces valencianos, Pedro Viguer, reconocía el viernes que "ello significa dilatar en el tiempo los procedimientos, ya que se van a limitar los señalamientos de juicios y de las diligencias"
Efectivamente, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el acuerdo literal de la Junta de Jueces se centraba en la "adopción de medidas tendentes a limitar los señalamientos y actuaciones ajustándolas a la ratio o módulo de entrada fijado por el CGPJ". El acta de la Junta General explicaba que el "único fin es estudiar los asuntos, en todas sus incidencias, con la debida serenidad y atención".
Derecho dudoso
De otro lado, se acordó que la medida se determinaría y se concretaría en las sucesivas juntas sectoriales de los próximos días, según la jurisdicción correspondiente. No obstante, esta decisión ya comenzó a ponerse en práctica en algunos juzgados de la jurisdicción penal.
Esta actitud ha sido puesta en duda desde el mismo Poder Judicial. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, manifestó la pasada semana en Valencia que ni los jueces ni los fiscales tienen reconocido el derecho de huelga. "Yo entiendo que no tenemos ese derecho reconocido", fueron sus palabras.
Fuente: Levante-emv.com

BOE: Convocatoria Medicos Forenses

MINISTERIO DE JUSTICIA

• Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.— Orden JUS/3368/2008, de 11 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
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Los jueces de Valencia bajarán su ritmo de trabajo para denunciar la falta de medios

Los jueces de Valencia trabajan por encima de la ratio que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría lo hace al doble de esa medida que el CGPJ considera óptima. Ayer, los jueces de Valencia, reunidos en junta sectorial, decidieron, tal como recoge el acta de la reunión, que "en tanto no se defina la oficina judicial y se determinen las concretas responsabilidades del Juez y las del Secretario Judicial, los Jueces de Valencia acuerdan la adopción de medidas tendentes a limitar los señalamientos y actuaciones ajustándolas a la ratio o módulo de entrada fijado por el CGPJ, con el único fin de estudiar los asuntos, en todas sus incidencias, con la debida serenidad y atención". En las sucesivas reuniones sectoriales se perfilará más la decisión. Esa decisión la avalan los datos del CGPJ, que sitúan la Comunidad Valenciana como la tercera con menos jueces, y con una carga de trabajo que duplica la estimada como óptima. En 2007, cada juez soportó de media más de 2.500 asuntos.
Los jueces celebraron ayer juntas en toda la Comunidad Valenciana. La incidencia de estas reuniones para el justiciable fue inapreciable. Primero porque los propios jueces organizaron sus oficinas judiciales para que así fuera y segundo porque los secretarios judiciales permanecieron en los juzgados después de que el Ministerio de Justicia prohibiera la celebración de sus juntas al entender que no quedaba garantizada la prestación del servicio público.
Lo que sí hicieron ayer fue confirmar el envite a la administración. A pesar de la crisis, se proponen exigir inmediatas concreciones al Plan de Modernización propuesto por el CGPJ. Y aseguran que denunciarán ante la opinión pública la ralentización de esas medidas que consideran urgentes, especialmente inaplazables aquellas que no tienen que ir acompañadas de memoria económica y que tienen más que ver con los procedimientos. Los jueces de Valencia pidieron además ayer 38 juzgados nuevos urgentes.Los jueces mantienen el pulso. El anuncio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de poner en marcha un Plan de Modernización no ha consolado a nadie. Así se desprende de las reuniones celebradas ayer. En la de Valencia, con 62 magistrados presentes y 31 representados, de los 101 que la componen, así como en la de Vila-real, los jueces se mantuvieron en su propósito de alcanzar compromisos concretos con fecha de ejecución. Según recoge el acta de la reunión de ayer en Valencia, los jueces mantienen su firme voluntad de continuar atentos a que los poderes públicos 'tengan la debida respuesta, y denuncia las injerencias políticas que desde dicha fecha [21 de octubre, día del paro de jueces y secretarios] se siguen produciendo, así como las tardías y ambiguas declaraciones de algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo que pondría de manifiesto lo oportuno y acertado de los acuerdos y comunicados suscritos en su día por todas las Juntas de Jueces de España'. La Junta de Jueces de Vila-real solicitó la creación 'urgente' de un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción para este partido judicial, fundamentado en el 'gran volumen' de asuntos entrantes, tanto en el orden civil como penal. Así, señaló que el promedio de asuntos civiles entrantes es de unos 900 cuando el módulo máximo de entrada fijado por el CGPJ es de 380 asuntos anuales. Respecto a los asuntos penales, consta un promedio de 2.500 diligencias previas, lo que supone que a final del año superará el volumen de entrada penal, ya que el módulo máximo de entrada fijado por el CGPJ es de 2.500. A ello, según los jueces, hay que añadir que la carga de trabajo se incrementa con el gran volumen de exhortos entrantes, sobre todo penales. No se descarta, como acordó ayer Murcia, la huelga para febrero.
Fuente: elpais.com

BOE: listado definitivo admitidos y excluidos Secretarios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales.— Orden JUS/3354/2008, de 10 de noviembre, por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos al Cuerpo de Secretarios Judiciales y se nombran los Tribunales calificadores.
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Nos vamos a quedar limpios: "Justicia licita por 4'9 millones de euros la limpieza de edificios judiciales"

La Conselleria de Justicia ha sacado a licitación el contrato del servicio de limpieza de diversos edificios y locales de los órganos judiciales, fiscalías y clínicas médico-forenses de la Comunitat Valenciana, así como el suministro de productos higiénico sanitarios y material de limpieza.
El importe total de este contrato, que está dividido en cuatro lotes, es de 4.931.048 euros sin IVA, y el plazo de ejecución se ha fijado en 24 meses.
El primer lote se refiere a la provincia de Valencia, cuenta con un presupuesto de 1.232.756 euros, e incluye los partidos judiciales de Paterna, Moncada, Mislata, Massamagrell, Sagunto, Llíria, Torrent, Quart, Catarroja, Requena, Carlet, Picassent, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Alzira y Sueca.
El segundo lote abarca la provincia de Alicante, se licita por un importe máximo de 1.378.384 euros, y se refiere a los partidos judiciales de Dénia, Benidorm, Villajoyosa, Novelda, Elda, Villena, Ibi, Alcoy, Elche, Torrevieja y Orihuela.
El tercer lote, también de Alicante, incluye la limpieza de los partidos judiciales de Alicante y San Vicente del Raspeig, y cuenta con un presupuesto de 1.292.688 euros.
El cuarto lote es el de Castellón y provincia, y cuenta con 1.027.219 euros para el servicio de limpieza de los edificios de los partidos judiciales de Castellón, Vinarós, Nules, Vila-real y Segorbe.
El lugar de ejecución de este contrato, que se tramita por procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, son los edificios y locales de los órganos judiciales, fiscalías, registros civiles y clínicas médico forenses dependientes de la dirección general de Justicia y Menor.
Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 22 de diciembre en el registro general de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, y se procederá a su apertura el 22 de enero de 2009 en la sede de la Conselleria.
Fuente: laverdad.es

Convocatoria oposiciones BOE de hoy 20-11-08

MINISTERIO DE JUSTICIA

• Cuerpo de Auxilio Judicial.— Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Auxilio Judicial.
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• Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.— Orden JUS/3338/2008, de 10 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
  • Más... (2008/18727)
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• Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.— Orden JUS/3339/2008, de 10 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por los sistemas generales de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
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DGJyM: Modelos de solicitud de modificación de la parte fija del horario

Obligatorios a partir del 10 de noviembre de 2008


Modelo de solicitud de modificación de parte fija del horario por motivos de conciliación de la vida familiar y laboral
Instrucciones de cumplimentación y presentación del modelo de solicitud modificación de parte fija del horario

Otro mas: "Un familiar de Rambla también entra a dedo en la Ciudad de la Justicia de Castellón"

El Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, no es el único miembro del Gobierno valenciano con personas de su entorno familiar trabajando en la Ciudad de la Justicia de Castellón. Entre el personal del que dispone la Consejería de Justicia en estas instalaciones también figura un allegado del vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, que ha sido designado a dedo para ocupar una plaza de ingeniero técnico industrial.
Al igual que el hijo de Font de Mora, el concuñado de Rambla ocupa el puesto en comisión de servicios, con lo que permanecerá en él, en principio, durante un año, plazo que puede prorrogarse hasta que se adjudique la plaza de forma definitiva. Hasta su incorporación en esta comisión de servicios, ocupaba una plaza, en propiedad y a la que sí accedió mediante oposición, en la Consejería de Educación, con el mismo nivel que el del puesto que ahora ocupa. Ahora se encarga de los servicios de mantenimiento de las instalaciones, que se inauguraron hace poco más de dos años.
Rambla reconoció ayer la relación de amistad y el nexo familiar con el ingeniero técnico de la Ciudad de la Justicia de Castellón Francisco Vidal, aunque negó de manera tajante cualquier mediación en el traslado del funcionario. El vicepresidente primero lamentó que se pueda utilizar un traslado, al que ha sido ajeno, para lanzar sombras sobre su imagen y la del mencionado funcionario.
La ciudad de la Justicia de Castellón no es el único lugar en el que se puede encontrar a familiares de miembros del Consell o de dirigentes del PP. Las oficinas de Ayuda a las Víctimas del Delito, gestionadas por la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar (Favide), entidad sin ánimo de lucro financiada en su mayor parte por la Generalitat, son otro de los lugares. En Valencia, la oficina estuvo dirigida por el alcalde de Vilamarxant, Vicente Betoret, que dispuso de un despacho en la Ciudad de la Justicia hasta que fue elegido diputado autonómico. En la oficina de los juzgados de Nules, el puesto de abogado está ocupado por la cuñada de la secretaria primera de las Cortes Valencianas, la popular María Fernanda Vidal, mientras que el caso de la AVD de los juzgados de Vila-real, la plaza de letrada, que contrata la propia fundación, está ocupada por una nuera del consejero de Educación, Alejandro Font de Mora.
Todos los partidos de la oposición ya exigieron al Consell que explicara la contratación del hijo de Font de Mora, al que ahora se une el puesto que ocupa su nuera en una fundación principalmente financiada por la Generalitat. Mientras el consejero se negó a dar ningún tipo de explicación, la portavoz de Justicia del PSPV en las Cortes Valenciana, Josefa Andrés, la diputada de Iniciativa, Mónica Oltra, y también el diputado del Bloc por Castellón, Josep María Pañella, denunciaron el acceso al puesto sin concurso público, tal como ha ocurrido en el caso del concuñado de Rambla.
Fuente: elpais.com

El Código Penal más duro de la democracia

El Gobierno justifica la reforma en los sucesos que han "conmocionado" a la opinión pública
El Consejo de Ministros aprobó ayer una contundente reforma del Código Penal de 1995, el de la democracia, para dar respuesta a las demandas sociales de mayor dureza en todos los niveles contra la delincuencia y el terrorismo. La elevación de penas, junto a la aplicación de la doctrina Parot, que permite extender las condenas hasta el límite de 30 años de cumplimiento efectivo, juegan a favor de que el Código Penal pueda llegar a alcanzar niveles de dureza difícilmente superables.
La vicepresidenta el Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, presentaron el endurecimiento de penas y medidas postdelictuales para delincuentes sexuales y terroristas con un mensaje claro: "No habrá ningún resquicio para la impunidad".
Frente a los terroristas, "los ciudadanos estarán más protegidos frente a quienes hayan quebrantado la ley tan gravemente, aunque hubieran cumplido la pena principal", aseguró Fernández de la Vega. La vicepresidenta se refería a la pena estelar de la reforma, la "libertad vigilada", que equipara en tratamiento a los delincuentes sexuales con los violentos. Bermejo subrayó que la libertad vigilada tiene por finalidad "una reinserción paulatina en la sociedad" del que ya ha cumplido la pena de cárcel.
El Gobierno admitió que gran parte de la reforma ha estado motivada por "los acontecimientos que hace unos meses han conmocionado a la opinión pública". En realidad, buena parte de la reforma, concordada con el PP, parece moldeada a golpe de titular informativo y en el extremo opuesto a lo que predicaba el PSOE en la pasada legislatura: evitar legislar en caliente. Algunas de las líneas directrices de la reforma son:
LIBERTAD VIGILADA La influencia de De Juana
El caso de Juan Ignacio de Juana, la posibilidad de que el terrorista más odiado pudiera vivir junto a sus víctimas a la salida de prisión tras cumplir 18 años por 25 asesinatos, y el de Kandido Aspiazu, instalado en el mismo edificio que la viuda de su víctima, Ramón Baglietto, o la salida de prisión de violadores como el de Vall d'Hebron o Pedro Luis Gallego, están en buena medida tras la nueva pena de "libertad vigilada". El juez puede imponer que el ex preso esté siempre localizable, se presente periódicamente en el lugar que se establezca, comunique cada cambio de residencia, no se aproxime a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se determine, no acuda o resida a determinados lugares... Esta pena, aplicable también a delincuentes sexuales, podrá ser impuesta por un periodo de 10 a 20 años en casos de delitos graves. El juez podrá en cualquier momento reducir la duración de la libertad vigilada o dejarla sin efecto.
Otra medida que refuerza la dureza en el tratamiento del terrorismo es la imprescriptibilidad de ese tipo de delitos cuando causen una muerte, lesiones con pérdida de miembros principales o consistan en el secuestro de una persona. No prescribirán tampoco las penas impuestas por dichos delitos.
PRESCRIPCIÓN La polémica de 'los Albertos'
La prescripción de los delitos viene siendo objeto desde antiguo una fuerte controversia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero la absolución por el Tribunal Constitucional de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, del delito de apropiación indebida de 25,4 millones de euros, aplicando una novedosa doctrina y revocando la condena del Supremo, provocó la reacción de este último, que reafirmó que seguiría aplicando su propio criterio. El texto facilitado ayer tras el Consejo de Ministros establece que "la presentación de denuncia o querella ante un órgano judicial y contra persona determinada, suspenderá el cómputo de la prescripción".
También queda interrumpida la prescripción "cuando el juez instructor lleve a cabo una actuación material sustancial, o bien cuando ordene a la policía judicial la práctica de diligencias orientadas a la detención de una persona determinada". El nuevo cómputo sustituye el antiguo criterio de interrupción de la prescripción "desde el momento que el procedimiento se dirija contra el culpable".
En materia fiscal, se eleva a 10 años el plazo de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que ahora es de cinco años.
PIRATERÍA Secuestro en el Índico
El secuestro del pesquero Playa de Bakio en aguas del océano Índico y los intentos fallidos de apoderarse de otros buques están, sin duda, en el origen de la creación del nuevo tipo penal de piratería, que se incluye dentro de los delitos contra la comunidad internacional. También comprende los eventuales actos ilícitos contra la navegación aérea.
El delito de piratería prevé una pena de prisión de 10 a 15 años al que se apodere, dañe o destruya una aeronave, un buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o atente contra las personas o bienes que se hallen a bordo. La pena se impondrá al margen de las que correspondan por los delitos cometidos.
El Código también prevé una nueva pena de uno a tres años para el que se resista o desobedezca a un buque de guerra, aeronave militar u otros al servicio del Estado. La pena se elevará a entre 10 y 15 años si en la resistencia se emplease violencia.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Contra el urbanismo salvaje
El urbanismo salvaje, las construcciones ilegales como la del hotel El Algarrobico en el Cabo de Gata (Almería), son el referente de la reforma en materia de delitos urbanísticos. Se elevan las penas para los promotores o técnicos que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación en zonas no autorizadas destinadas a viales o zonas verdes que tengan reconocido su valor paisajístico, ecológico, histórico o cultural.
Se extiende el delito al momento de la urbanización de las obras ilegales o clandestinas y se perseguirá expresamente a las autoridades y funcionarios que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.
NUEVA DELINCUENCIA Asaltos a chalés
Los asaltos a chalés, como el del empresario José Luis Moreno o el de la familia Tous, y los frecuentes alunizajes en escaparates comerciales son nuevas formas de delincuencia a las que da respuesta el delito de asociación transitoria para delinquir. Castiga a quien se agrupa, aunque sea ocasionalmente, para cometer delitos, con una pena adicional de uno a tres años de cárcel además de la que le corresponda por el delito cometido. Los ataques a sistemas de información consistentes en borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir programas informáticos ajenos se castigarán con pena de seis meses a tres años. Si se accede sin autorización a programas informáticos vulnerando medidas de seguridad la pena máxima será de dos años.
Otro de los nuevos tipos penales trata de perseguir a organizaciones que adoptan forma de personas jurídicas para intentar eludir sus responsabilidades. Se establece una doble vía para exigir esa responsabilidad: junto a los delitos cometidos por los gestores de sociedades, se añaden las infracciones por no haber ejercido la sociedad o empresa el debido control sobre sus gestores.
DELITOS SEXUALES El caso Mari Luz
El caso Mari Luz ha impregnado toda la reforma del capítulo de delitos sexuales y ha endurecido la práctica totalidad de los delitos en que las víctimas son menores, a veces casi duplicando las penas. Es el caso de los abusos sexuales básicos, que de estar penados entre dos y tres años de cárcel, pasan a estarlo de tres a seis años. El delito de abusos agravado, cuando la víctima es menor de cuatro años, pasa de entre dos y tres años de prisión a cuatro años y seis meses a 6 años. En el caso de que la víctima se encuentre en situación de total indefensión, derivada de su escaso desarrollo intelectual y físico, y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años de edad, la pena alcanzará los 15 años de prisión en el caso de ataque sexual con penetración.
La reforma se complementa con la pena de privación de la patria potestad en abusos o agresiones cometidas por los padres. Se tipifica también la captación de menores para participar en espectáculos pornográficos, el ofrecimiento de pornografía infantil y el hecho de lucrarse con estos espectáculos.
Fuente: elpais.com

B.O.E.: Resolución definitiva del concurso de traslados

BOE de 15 de noviembre de 2008:
Orden JUS/3265/2008, de 27 de octubre, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslado para plazas de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo.
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Algo huele a podrido en ¿Dinamarca?: Gobierno valenciano dice que la plaza que ocupa el hijo del conseller de Educación no es un "puesto a la medida"

VALENCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas del gobierno valenciano explicó hoy en un comunicado que la plaza que ocupa el hijo del conseller de Educación Jaime Font de Mora desde mayo de 2008 en la ciudad de la Justicia de Castellón se creó hace un año y permaneció vacante hasta que la ocupó porque no se encontraron aspirantes que aceptasen la adscripción temporal al mismo por lo que no es "un puesto de trabajo a la medida".
La plaza posee la clasificación A24046 por lo que el sueldo que cobra Font de Mora es inferior al que percibía como secretario judicial de segunda categoría, con destino en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Sueca.
La denominación exacta del puesto es Jefatura de Sección de Gestión Interna, con destino en la Ciudad de la Justicia de Castellón, y está "perfectamente" recogido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, publicada en el DOCV nº 5761 de 13 de mayo de 2008.
La forma de provisión del puesto, correspondiente al número 25.453, se ajusta a la normativa vigente, al ser ocupado mediante la denominada "comisión de servicios" por un periodo de un año, prorrogable por otro más. Una forma de provisión temporal recogida en el artículo 33 del Decreto 33/1999 de 9 de marzo del Consell, de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa, que desarrolla el artículo 20.c de la Ley de Función Pública de 1995.
Precisamente, como secretario judicial, la comisión de servicios tuvo que ser aprobada por el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, previa autorización del Ministerio de Justicia.
Cabe precisar que desde la creación de este puesto de trabajo, permaneció vacante durante un año porque no se encontraron aspirantes que aceptasen la adscripción temporal al mismo. El puesto fue ofrecido con anterioridad a otros funcionarios del grupo A de la administración del Consell, que no aceptaron la propuesta, según el comunicado.
Tampoco, durante el tiempo que permaneció vacante, se recibió en la Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de Castellón solicitud alguna de ningún otro funcionario de carrera solicitando la adscripción temporal a dicho puesto.
Fuente: Europapress.es

BOE: Competencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 28 de los de Valencia

Acuerdo de 15 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de atribución al Juzgado de Primera Instancia n.º 28 de Valencia, de nueva creación, del conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos relativos a la capacidad de las personas, incluidos los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, y las tutelas y otras materias, así como las ejecuciones derivadas de estos procedimientos, conjuntamente con el Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de la misma sede.
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Acción Social: listados provisionales de ayuda de estudios

Resolución de 10 de noviembre de 2008 del D.G. de Justicia y Menor por la que se aprueban las listas provisionales de solicitantes de Ayudas Estudios Funcionarios, académicos y promoción interna, del Plan de Acción Social para Funcionarios de la Administración de Justicia en la C.V. para el 2008.
Listado Provisionales de admitidos de Acción Social 2008 en ayudas estudios académicos.
Listado Provisional de admitidos de Acción Social 2008 en ayudas estudios promoción interna.
Listados Provisional de rechazados de Acción Social 2008 en ayudas estudios académicos.
Listados Provisional de rechazados de Acción Social 2008 en ayudas estudios promoción interna.
Listado de errores de Acción Social 2008 en Ayudas Estudios Funcionarios.

Alegaciones hasta el 24 de noviembre de 2008 inclusive.

La consellera de Justicia dice que el 30% de divorcios se pueden resolver con la mediación

Europa Press, ValenciaLos juzgados de la Comunitat Valenciana registraron en 2008 un total de 1.788 asuntos relativos a divorcios, separaciones y guarda y custodia de los hijos, según indicó la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, quien aseguró que entre un 30 y un 40% de estos asuntos "podrían ser resueltos" con la entrada en vigor de la Ley de Mediación que está desarrollando el Consell y que debatirá en las Corts en 2009.Sánchez de León dio estos datos durante el II Seminario Internacional de Arbitraje que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav). El encuentro, con 200 representantes de 10 países, está impulsado por la Corte Europea de Arbitraje a través de su delegación en Valencia para el Mediterráneo y Oriente Medio.
Fuente: Levante-emv.com

El Consell deja sin presupuesto el Palacio de Justicia de Llíria, que debía estar hecho en 2010

Las obras de los 12 nuevos juzgados aún no han empezado pese a que el proyecto es de 2004.
Voro Contreras, LlíriaLa Generalitat Valenciana ha dejado sin presupuesto para el próximo año la puesta en marcha del Palacio de Justicia de Llíria, proyecto que debería estar hecho a mediados de 2010, según recoge el convenio firmado entre el ayuntamiento y la conselleria de Justicia y por el que el municipio cedía los terrenos a la administración autonómica para levantar el edificio, que ya fue anunciado por el Consell en 2004. Pero a día de hoy, las obras no han empezado y ni siquiera se ha presentado el diseño del proyecto, tal como denunció ayer Iniciativa per Llíria.

En cambio, el equipo de gobierno del PP confía en que el futuro Palacio de Justicia para el Camp de Túria y Los Serranos empiece a ser una realidad antes de que termine el actual mandato. Según señaló ayer su portavoz, Ángel Civera, el hecho de que no conste la construcción en el presupuesto "no significa que no exista la inversión. Hay que recordar que los presupuestos están "territorializados" y eso incluye inversiones cuyo nombre no aparece".

Pero lo bien cierto es que el martes, cuando la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, presentó las cuentas de su área para 2009, no dijo nada del futuro Palacio de Justicia de Llíria. Y eso que sí que habló de otros cinco nuevos proyectos -Torrent, Xàtiva, Mislata, Alicante y Villena-, que han sido incluidos en el plan Justi-Seu para ser iniciados el próximo año pero cuyo pago tampoco está en las cuentas autonómicas, ya que se aplaza hasta 10 años.

Ante esta situación, la diputada autonómica de Compromís, Mónica Oltra, ha presentado una enmienda de modificación en los presupuestos de la Generalitat para que, junto a los proyectos anteriormente nombrados, se incluya también el de Llíria como obra prevista en el Plan de Innovación de Sedes Judiciales.Mientras, el PP de Llíria echa mano del compromiso que han ido dando los diferentes consellers de Justicia que han pasado por la ciudad para asegurar que el proyecto estará en los próximos dos años. "La conselleria se ha portado muy bien con Llíria -subrayó ayer Civera-. Ha hecho el quinto y sexto juzgado y la magistratura, y ha ampliado el proyecto del Palacio, que será lo próximo en cumplir".
Fuente: levante-emv.es

Escandaloso: ´En Justicia tenemos fondo de armario´

Sánchez de León justifica el "momento de serenidad presupuestaria" por la inversión del pasado. El pago de los 5 nuevos juzgados no está en las cuentas y se aplaza hasta 10 años
J. G. G., Valencia La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, justificó ayer en las Corts el descenso de las inversiones en su área, una panorama que con cierto lirismo calificó de "momento de serenidad presupuestaria", por la inversión de años anteriores. "Tenemos un buen fondo de armario", aseveró recurriendo a esta expresión "femenina", dijo. Sánchez de León, consellera desde de septiembre, llegó con el Presupuesto de la Generalitat para 2009 ya cocinado. Se encontró con una dotación de 328,2 millones -un 0,3% más que este año-, en la que las inversiones caen un 18,7%. En Justicia, la bajada es del 12%. Ayer, en la tercera jornada de comparecencias de consellers para explicar los presupuestos, Enric Morera, de Compromís-Bloc, y la socialista Josefa Andrés le reprocharon el "recorte" de los fondos para obras en juzgados y recordaron que el Ministerio de Justicia sube un 6%. El Consell puede aumentar sólo un 0,3% porque "desde que gobierna Camps la inversión en Justicia se ha duplicado". "Su fondo de armario es una deuda [de la Generalitat] estrafalaria, de más de 13.000 millones", asestó Morera. Andrés dio un dato sorprendente: El presupuesto recoge 23 millones para inversión en Justicia pero, según la información por escrito del departamento, el abono de las anualidades por pago aplazado de juzgados ya construidos, como la Ciudad de la Justicia de Valencia, se come casi todos los fondos, 21,2 millones. La consellera admitió que los 23 millones "sólo son para adecuar los juzgados que no han podido ser renovados", pagar parte de los que están "en marcha" y preparar las licitaciones de los 5 nuevos órganos judiciales. Estos forman parte de los 16 del plan Justi-Seu, que prevé una inversión de 250 millones y sustituye al Pladij, que recogía otros 250 millones. Este esfuerzo permite "mantener" las obras previstas pero "aquilatar en el tiempo los proyectos que no son básicos".
Lo inédito es que la totalidad de la inversión nueva en juzgados no está en las cuentas. Una disposición de la ley de acompañamiento faculta al Consell a financiar los juzgados de Torrent, Xàtiva, Mislata, Alicante y Villena mediante la fórmula de pago aplazado, abonando esta deuda a partir de 2011 y hasta 10 años después de finalizados.

Recorte al turno de oficio

La consellera dijo que dedicará 4,5 millones en contratar las 155 personas para los 23 nuevos órganos judiciales que habrá el próximo año, aunque se quejó de que ha reclamado a Madrid 35. Morera censuró que el 89% de sus fondos los destinará a gasto corriente y sólo el 10% a inversión. Andrés denunció que la conselleria no pide más juzgados porque no tiene dinero para ponerlos en marcha, y recriminó el recorte de 4 millones en el turno de oficio.

Escuela de verano para altos funcionarios

Las cuentas de 2009 de Justicia y Administraciones Públicas incluyen una sorprendente novedad en tiempos de crisis. Y nada menos que como uno de los nueve "objetivos básicos" del área de Formación y estudios: La puesta en marcha de una "escue?la de verano para responsables de departamentos (secretarios generales administrativos, jefas y jefes de Área, y jefas y jefes de Servicio)". Lo denunció ayer la socialista Josefa Andrés, quien inquirió a la consellera sobre si esto era "una compensación para el [alto funcionario] que obedece y es bueno]". "¿Esto es austeridad?", preguntó.Andrés también destacó el recorte en 457.000 euros, el 34%, de la subvención para la organización del Campus Party en Valencia, que pasa de una ayuda de 1.317.120 euros a tan sólo 860.000 el próximo año.
Fuente: Levante-emv.es

Acción Social 2008: listados provisionales ayuda hijos y discapacitados

Resolución de 4 de noviembre de 2008 del D.G. de Justicia y Menor por la que se aprueban las listas provisionales de solicitantes de Ayudas por Hijos y ayuda para Discapacitados del Plan de Acción social para Funcionarios de la Administración de Justicia en la C.V. para el 2008.

Listado Provisionales de admitidos de Acción Social 2008 en ayudas para hijos.
Listado Provisional de admitidos de Acción Social 2008 en ayudas para discapacitados.
Listados Provisional de rechazados de Acción Social 2008 en ayudas para hijos.
Listados Provisional de rechazados de Acción Social 2008 en ayudas para discapacitados.
Listado de errores de Acción Social 2008 en ayudas para hijos.
Listado de errores de Acción Social 2008 en ayudas para discapacitados.

Alegaciones hasta el 18 de noviembre de 2008

Sánchez de León dice que destinará 4,5 millones a contratar 155 personas para las 23 nuevas unidades judiciales de 2009

Diario de Noticias, 5 Nov. 2008, Editorial LA LEY
La oposición lo califica de "escaso" y opina que con esta partida "poco se va a poder hacer" en las nuevas sedes

Valencia.- La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, anunció hoy que su departamento destinará un total de 4,5 millones de euros a la contratación de 155 personas para las 23 nuevas unidades judiciales autorizadas por el Gobierno central --de las 35 solicitadas por el Consell-- para el año 2009. Una partida que la oposición calificó de "escasa" y con la que, según dijeron, "poco se va a poder hacer" en las sedes.
Sánchez de León, que se expresó de esta manera en la Comisión de Justicia de las Corts, durante su comparecencia para exponer los presupuestos para 2009 de su departamento, resaltó que en los presupuestos se incluyen 4.182.327 euros para la creación de 143 puestos de trabajo en los 19 nuevos órganos que entrarán en funcionamiento el 30 de diciembre de este año; y otros 4,5 millones para 155 contratos generados para las 23 unidades judiciales de 2009.
Asimismo, hizo hincapié en la inversión de su departamento para la justicia juvenil y la prevención de la violencia, que asciende a 40.772.590 euros, lo que supone un incremento del 14,03 por ciento. De ellos, dijo que 34 millones de euros se destinarán a la gestión de los seis centros de menores de reeducación, el último de ellos puesto en marcha recientemente en Picassent (Valencia); al mantenimiento de los centros mujer víctima de la violencia; y a otras iniciativas como el teléfono 900 de atención 24 horas, o el servicio de telealarma.
En este orden de asuntos, avanzó que se destinarán otros 4,2 millones a las transferencias corrientes, de los que 2,2 se dedicarán a la ejecución de las medidas judiciales de medio abierto impuesta a los menores, al programa de apoyo para su inserción laboral. Los otros dos millones, aseveró, servirán para atender la Red de 44 Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, y la de 15 Puntos de Encuentro Familiar; así como para el nuevo proyecto de puesta en marcha de un teléfono gratuito y permanente para atender a la víctima de un acto delictivo cualquiera que sea su naturaleza.
Además, resaltó que ha incluido en el presupuesto los posibles costes que supondría las retribuciones de personal de la nueva Oficina Judicial, puesto que "parece" que el Ministerio de Justicia "se ha decidido a iniciar las reformas procesales oportunas para su impulso definitivo", a pesar de que hace ya más de cinco años de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Junto a ello, anunció la creación de plazas de psicólogos y trabajadores sociales, con destino en los equipos técnicos de menores y de familia, para realizar informes en los procesos de responsabilidad penal del menor.
Ante estas cifras, la diputada del grupo socialista Josefa Andrés y el diputado de Compromís Enric Morera aseguraron que estos presupuestos son "poco transparentes" y "escasos". En concreto, Andrés se refirió a la poca partida destinada a los 23 nuevos órganos judiciales, y mostró sus dudas a cerca de que su puesta en marcha "por la falta de liquidez que tiene esta conselleria". Así, estimó que "poco se va a poder hacer" con estas partidas para crear nuevos órganos y, de esta manera, poder mejorar la justicia en la Comunitat.
En este sentido, Morera lamentó que del total del presupuesto con el que cuenta esta conselleria, que asciende para 2009 a 328,2 millones de euros, la "única inversión real" sean 34 millones, puesto que el resto "se destina a gasto ordinario". Y de esta partida, lamentó que "no se concretan los 17 millones de euros destinados a la construcción de edificios; o los tres millones para reforma de otros". Son, a su juicio, unos presupuestos "que continúan a la deriva de gasto sin control, ocultistas y que no indican nada".
ADMINISTRACION Y MODERNIZACION
Por otro lado, Sánchez de León se refirió a la otra rama de su departamento, la de Administración Pública y Modernización, y destacó que uno de sus objetivos era el de proponer un nuevo escenario formativo mediante la participación de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) para renovar la manera en la que se demanda, se exige y se imparte la formación de los empleados públicos. Sobre este asunto, Morera destacó que los jueces "se quejan de la poca cualificación del personal".
Asimismo, la consellera resaltó los cerca de los 500.000 eruos que se van a destinar al Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica, para fomentar la firma electrónica; la puesta en marcha del Sistema Interactivo Multicanal de Atención al Ciudadano (Simac); o la extensión de la Red de Comunicaciones y Emergencias y Seguridad (Comdes); el mantenimiento y expansión de los edificios PROP; o la aportación de 860.000 euros para el evento tecnológico Campus Party.
También resaltó la ayuda de 500.000 euros para la inmersión tecnológica de los ayuntamientos de la Comunitat; y otros 200.000 euros para ayudas dirigidas a personas con minusvalía para la adquisión o adaptación de equipos informáticos a sus necesidades, y a las asociaciones representantes de estos colectivos. En este aspecto, tanto Andrés como Morera tildaron de "ridículo" esta cantidad presupuestaria, puesto que sale a unos 2.000 euros por asociación.
En general, en cuanto a modernización, Andrés lamentó que "poco se hace", puesto que "hay muchos proyectos pero poco presupuesto", y, de hecho, dijo, "se disminuye la inversión a la Campus Party y no se nombra nada de los fondos Feder aportados por el Estado".
Sin embargo, el diputado popular José Vicente Queralt se mostró en desacuerdo con estas dos últimas opiniones, y resaltó el aumento de estos presupuestos en cuanto a personal y en programas juveniles y de prevención de la violencia, por ser esta conselleria "especialmente sensible con los más débiles y con las víctimas del delito de la violencia de género".
También destacó la inversión en proyectos de modernización, como en la firma electrónica, en la expansión al TDT o la accesibilidad a asociaciones de discapacitados; así como que, en general, cada día se destinen 657.000 euros para mejorar el servicio público de la Justicia, casi 112.000 para prevenir la violencia y 66.000 para el fomento de la sociedad de la información. Informó Europa Press.
Fuente: diariodenoticias.laley.es

Otro plan de choque: "Plan de choque del CGPJ para los juzgados valencianos"

De Rosa reconoce demoras en la instrucción del 'caso Fabra'

Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se comprometió ayer con la elaboración de un plan de choque para aliviar la congestión de los juzgados de la Comunidad Valenciana. Las actuaciones empezarán por los juzgados de lo Mercantil, a los que la crisis, dijo De Rosa, está saturando de forma extraordinaria.

El vicepresidente del CGPJ aseguró ayer que va a pedir una reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para hablar de "temas concretos que afectan a la Comunidad Valenciana". El primer eje del plan, afirmó De Rosa, será "evitar que la justicia suponga un obstáculo para salir de la crisis", Según De Rosa, se estudiará la creación de un servicio común que sirva de mediación entre empresas y acreedores, "con la finalidad de que solo vaya a concurso aquello que requiera una verdadera intervención judicial". De ese modo, aseveró, se evitará la acumulación de asuntos en los juzgados mercantiles. Además, desde el CGPJ se estudiará la implantación de un sistema similar para las ejecutorias.

Dentro de los problemas de saturación de la justicia valenciana, y a pesar de que De Rosa se resiste a poner el foco en un caso concreto, ayer admitió que el caso Fabra "tiene demoras". Según afirmó, "la tiene cualquier asunto que se lleve instruyendo cinco años". De Rosa dijo que "debe agilizarse". Y destacó que en el CGPJ no van a estar "tranquilos" hasta que todos los procedimientos de la Comunidad Valenciana "vayan con la rapidez que merecen los ciudadanos". El juzgado de Nules que instruye el caso Fabra está aún pendiente de los funcionarios de refuerzo que debe aprobar la Consejería de Justicia.

De Rosa hizo ayer una ronda de presentación institucional acompañado de la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo. Ambos se entrevistaron con Francisco Camps, presidente de la Generalitat, con la consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, y con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Luis de la Rúa.

Gabriela Bravo dejó abierta la puerta a fórmulas directas de ayuda a los juzgados más colapsados y aseguró que se impulsará el refuerzo de los juzgados que no sean capaces de sostener la carga que tienen. La portavoz destacó la "voluntad" del Gobierno por mejorar la situación de la justicia. Según Bravo, "con el clima de interés y compromiso se podrá conseguir aumentar el número de juzgados y racionalizar los medios".

Fuente: elpais.com

El CGPJ estudia la creación de un órgano común en los juzgados mercantiles que delimite los asuntos que van a concurso

De Rosa y Bravo apuestan porque la Comunidad valenciana sea la primera en acoger el servicio común para apoyar a juzgados mercantiles y de ejecutorias.

Valencia.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está estudiando la posibilidad de crear un órgano común en los juzgados mercantiles que estudie y delimite los asuntos de las empresas que finalmente salen a concurso, con el objeto de agilizar los trámites y de evitar la sobrecarga de trabajo. Tanto el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, como la portavoz, Gabriela Bravo, apostaron porque sea la Comunitat la primera en adoptar este servicio.

Así lo indicaron en declaraciones a los medios de comunicación ambos componentes del CGPJ y vocales territoriales de la autonomía valenciana, tras mantener un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, y con los miembros de la Sala de Gobierno. Previamente se reunieron con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y con la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.

De Rosa explicó que la creación de este servicio común es uno de los puntos que forman parte del plan de choque que tanto él como Bravo se han comprometido a impulsar para "mejorar" la justicia en la Comunitat. En concreto, esta iniciativa tiene como finalidad que cualquier asunto que llegue a los juzgados mercantiles "ya esté trabajado" con los empresarios y con los acreedores, y que "sólo vaya a concurso aquello que tenga que llevar una actuación judicial".

La creación de este organismo supondría una actuación previa de mediación entre la empresa y sus acreedores, e intentaría evitar que la justicia suponga un obstáculo más para las empresas que tienen problemas ante la crisis. Sobre este punto, Bravo corroboró el creciente aumento de expedientes que se ha registrado en los juzgados mercantiles, que se multiplicará en más de un 300 por cien en algunos órganos, por lo que aseguró que trabajarán "con gran dedicación" para que este proyecto se pueda poner en marcha en 2009 y para que la Comunitat "sea pionera".

EXTENSION A EJECUTORIAS.

Este servicio común, comentó De Rosa, se podría extender a los juzgados de ejecutorias, con el objetivo de que "lleguen a estos órganos los asuntos que necesitan urgentemente una resolución", dijo. Este sería el segundo punto de ese plan de choque, unido a un tercero que es el que conllevaría un refuerzo de los órganos judiciales en la Comunitat.

Al respecto, el vicepresidente del consejo abogó por la posibilidad de que se configuren órganos que funcionen por la tarde --aumentando el personal--, sobre todo para los juzgados que están "más colapsados" debido a la "crisis económica" como los de mercantil, civil y social, así como a los juzgados mixtos de partidos judiciales. Sobre este asunto pidieron a la conselleria "sentarse" y ver los datos. Asimismo, pedirán una reunión con el ministro de Justicia para hablar de temas "concretos" de la Comunitat.

Sobre ello, Bravo recordó que está prevista la creación de 23 nuevas unidades judiciales en 2009 en la Comunitat, aunque consideró que este número no está cerrado y que hay otras fórmulas para reforzar los órganos y para que se pueda sostener la carga de trabajo "usando dobles turnos, por ejemplo", aseveró, al tiempo que apostó por racionalizar los medios que hay, "saberlos aprovechar para sacar a la justicia de este pozo".

En este contexto, Sánchez de León acordó hoy crear junto al CGPJ una Comisión Mixta para impulsar en la Comunitat Valenciana proyectos pioneros en materia de modernización judicial y de infraestructuras. Al respecto, la consellera destacó que la autonomía tiene las "condiciones idóneas" para llevar a cabo programas precursores en España. Informó Europa Press.
Fuente: diarionoticias. la ley

CONCURSO TRASLADOS: ¿Definitivas?

Nuevos listados de la resolución del concurso de traslados, esperemos que sean correctas y definitivas:

Resolución del BOE.
Alfabético de Gestión.
Alfabético de Tramitación.
Alfabético de Auxilio.
Listado de Excluidos.
Preferencias tenidas en cuenta.

Fuente: Justicia y progreso.

BOE: Nos lo temiamos, retrasadas las guardias de los Juzgados de Violencia

Consejo Genera del Poder Judicial

Actuaciones judiciales.— Acuerdo de 29 de octubre de 2008, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el de 17 de julio de 2008, de modificación del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, en materia de servicio de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Más... (2008/17417)
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Guardias Juzgados de Violencia retrasado hasta el 1-1-09

Concurso de traslado: ¿puede haber mas incompetencia?

Aquí tenemos el correo del Ministerio de Justicia en el que reconoce los errores en los listados "definitivos" y dice que los corregirá y sacara otra lista "redefinitiva", con lo cual podremos disponer de 2 listados provisionales y otros 2 definitivos, ¿se puede hacer peor?, creemos que si, ya que el listón estaba ya muy alto y han conseguido superarse, seguirán intentándolo.

Lo mas sangrante de todo este dislate, es que nadie parece indignarse por la forma de actuar de la administración, tomandose el asunto como algo normal y cotidiano, donde, es normal que un concurso de traslado convocado en marzo, en noviembre los compañeros aun no saben como se resolvera, con el trastorno que supone para familias enteras.

Alguien deberia tomar medidas.

Fuente: funcionariosjusticia.com