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miércoles, 28 de mayo de 2008

BOE: Resolución concurso de traslados Institutos de Medicina Legal

COMUNITAT VALENCIANA

  • Destinos.— Resolución de 12 de mayo de 2008, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que se resuelve concurso de traslado para la provisión de puestos genéricos en el Instituto de Medicina Legal de Castellón, Valencia y Alicante, entre funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses.

martes, 27 de mayo de 2008

TELE 5: BASURA JUDICIAL

Hemos comprobado que en cinco ciudades diferentes los juzgados tiran informes judiciales a los contenedores de basura, sin destruir. Encontramos en Sevilla, Barcelona, La Coruña y Valencia documentos judiciales donde hay nombres y domicilios de personas con causas pendientes, incluso datos de menores detenidos.

Pero el caso más grave lo encontramos en Madrid. En la basura de los juzgados de violencia de género.
Seis bolsas repletas de copias de expedientes de mujeres que denuncias malos tratos. Aparecen en perfecto estado papeles con nombres de las víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas y fotocopias de sus documentos de identidad. Incluso solicitudes de órdenes de protección que incluyen los domicilios de las víctimas. ... Son denuncias de hace tan solo una semana.
Para la asociación de mujeres juristas 'Themis' es una falta de respeto para estas mujeres que han confiado en la justicia.
La ley orgánica de protección de datos cataloga como de muy alto nivel las medidas de seguridad para manejar los datos de casos sobre violencia de género. Es una infracción muy grave para los responsables que deben custodiar este material el no destruir esta documentación.
La Agencia Española de Protección de datos ya ha abierto una investigación. Pedirán responsabilidades a las comunidades autónomas y a los juzgados implicados.

VIDEO: http://www.telecinco.es/informativos/reporteros/noticia/37558/Basura%20judicial

INSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL T.S.J.C.V. SOBRE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL


Instrucción sobre adopción de medidas para la protección de datos de carácter personal con ocasión de la practica de actos de comunicación de forma personal, al objeto de que los Secretarios Judiciales destinados en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se atengan en lo sucesivo a sus prescripciones:



http://www.sisej.com/documentos/doc_download/411-instruccion-tsjv-sobre-proteccion-de-datos-personales

lunes, 26 de mayo de 2008

BOE: Los 400 € de la campaña electoral

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.— Real Decreto 861/2008, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en materia de pagos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo y de actividades económicas.

sábado, 24 de mayo de 2008

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL: prestación ortoprotésica

Mutualidad General Judicial. Prestaciones.— Resolución de 6 de mayo de 2008, de la Mutualidad General Judicial, por la que se regula la prestación ortoprotésica y se aprueba el catálogo de material ortoprotésico.
Más... (2008/08975)
PDF (2008/08975; 22 págs. - 315 KB.)

viernes, 23 de mayo de 2008

Otra corrección de errores del concurso de traslados

MINISTERIO DE JUSTICIA

  • Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.— Orden JUS/1394/2008, de 8 de mayo, por la que se corrige la Orden JUS/926/2008, de 15 de marzo, por la que se convocaba a concurso de traslado plazas vacantes y de resultas, entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

miércoles, 21 de mayo de 2008

Mas soluciones:Valencia reclama al Ejecutivo central un 'estado de las autonomías' en la administración de Justicia

El consejero pide "al menos" una adscripción de Fiscalía en cada uno de los 36 partidos judiciales judiciales para evitar retrasos
Redacción / EP
El consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad valenciana, Fernando de Rosa, reclamó hoy al Gobierno central un "estado de las autonomías" en la administración de Justicia, con el objetivo de cada región pueda gestionar este ámbito, y estudiar el número de órganos judiciales que necesita, cómo y cuándo ponerlos en marcha. Esta iniciativa, recalcó, "no supondría ningún peligro constitucional".De Rosa realizó esta petición durante su comparecencia en las Cortes Valencianas para informar sobre la situación de los juzgados y de las fiscalías en la autonomía valenciana, a petición del grupo socialista, en la comisión de Gobernación y Administración Local.Al respecto, el conseller pidió "unión" entre todas las autonomías para hacer esta petición al Gobierno, y adquirir todas las competencias en materia de Justicia, con lo que se logrará, a su juicio, "mayor entendimiento". El objetivo es "lograr" un "estado de las autonomías" como ya existe en otros ámbitos como el sanitario, en el que cada región elige cuántos hospitales crear y cuándo inaugurarlos.En este punto, lamentó que de los 23 nuevos juzgados previstos y aprobados por el Gobierno para este año, "sólo" uno entró en funcionamiento en abril, en junio se pondrán en marcha tres más, y "se dejará para el último día del año la puesta en funcionamiento de los 19 restantes", cuando "todos están ya pactados y presupuestados".Si el Ejecutivo, dijo, no "colabora", abogó nuevamente porque transfiera a cada comunidad autónoma la capacidad de adaptarse a sus necesidades, porque la valenciana "no va a mirar hacia otro lado". Aseveró, en este sentido, que "hay que estar unidos para pedir más competencias al Gobierno en la creación de juzgados", afirmó. Por otro lado, reclamó al Gobierno "al menos" una adscripción de Fiscalía en cada uno de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana --en la actualidad, sólo cuentan con ella 11--, puesto que los 200 fiscales actuales "se van desplazando de uno a otro", lo que "ralentiza" la Justicia y "aumenta el gasto". Sin embargo, se preguntó "qué se puede esperar" del Ejecutivo central si desde el año 2004 se solicitaron cuatro adscripciones más de Fiscalía, en concreto, para Nules, Vila-real (Castellón), Requena y Llíria (Valencia), y a día de hoy "todavía no se ha obtenido respuesta", lamentó.También se dirigió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reclamarle que se "tome muy en serio" la "necesaria" coordinación de comunidades autónomas a través del expediente electrónico para, de esta forma, "no tener que lamentar de nuevo fallos irreparables en el sistema".Respecto a los juzgados de Violencia sobre la Mujer, pidió al Gobierno una acción "preferencial" y le reclamó más órganos, ya que de los 23 solicitados por la Generalitat la pasada legislatura, recordó que el Ministerio de Justicia "sólo" aprobó 12. En concreto, para este año se le ha propuesto que Vila-real y Gandia dispongan de estos órganos.En este punto, De Rosa exigió nuevamente la territorialización de estos órganos, "lo que permitiría que un sólo juzgado diera cobertura a las poblaciones de más de un partido judicial", dijo, al tiempo que pidió la creación de un fondo de ayuda para contribuir a su puesta en marcha, medida de la que, puntualizó, "ya se está beneficiando de manera exclusiva la comunidad de Catalunya".Asimismo, solicitó al Ejecutivo más órganos judiciales, ya que "hacen falta 100 juzgados más", aseveró, así como la adecuación de la demarcación judicial mediante la creación de los nuevos partidos judiciales de Albocàsser, Bétera y Chiva, y la ampliación de los de Benidorm y Vila-real.
"NADA ENTRE DOS AGUAS".
Por su parte, la diputada socialista Josefa Andrés, quien criticó que se anulara del orden de la comisión el tema de los juzgados de violencia de género, algo que calificó de "estrategia desleal", reconoció que hay falta de jueces en la autonomía, pero, dijo, también de funcionarios y de modernización de medios, estos dos últimos puntos "competencia de la Generalitat", le recordó.Así, le acusó de no "valorar" la Justicia en su "total situación", sino que "actúa contra el Gobierno central". En su opinión, De Rosa "nada entre dos aguas, intenta hacer gestión pero tiene escasos recursos; hace oposición al Ejecutivo central e intenta desviar la atención diciendo que hay pocos jueces y pidiendo más juzgados". Sin embargo, en este punto recordó que cuando gobernaba el PP, "no se crearon muchos órganos en la autonomía y no se preocuparon por este tema".Por su parte, el portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, calificó la situación de la justicia valenciana de "absolutamente preocupante", donde se "acumula un retraso" en ejecución de sentencias cifrado en 40.000, recordó, al tiempo que aludió a la "precarización" de la situación laboral de los funcionarios y en las "soluciones informáticas". Al respecto, destacó que "no todo es responsabilidad del Gobierno central ni del valenciano, es necesario una cooperación entre ambos en beneficio del bienestar de los ciudadanos y para conseguir una Justicia más rápida sin colapso".
REGISTROS CIVILES.
Fernando de Rosa aseveró que el "único responsable" de la "sobrecarga" de trabajo y "falta de recursos" que soportan los Registros Civiles de la Comunitat es "el Gobierno de Zapatero" y "su inadmisible pasividad"; por lo que le pidió que "acepte" las solicitudes de creación de nuevas unidades exclusivas de registro formuladas por la Generalitat, y que este año se concretan en el número 3 de Valencia y el 2 de Alicante.Recordó que el incremento de la población extranjera en la autonomía valenciana, lo que la sitúa en la segunda con mayor proporción de estos ciudadanos, y la tercera en cuanto al número de nacimientos de madres extranjeras, ha supuesto un "aumento sustancial" de la carga de trabajo. Para remediarlo, puntualizó que el Gobierno valenciano ha acometido con "medios propios" algunas actuaciones como el Plan de Actuaciones en los Registros Civiles de la Comunitat Valenciana; ha dotado de funcionarios adicionales a los 34 juzgados que tienen a su cargo un Registro Civil; ofrece la realización telemática de trámites mediante una página web; y ha instalado Puntos de Atención al Usuarios en las Ciudades de la Justicia de las tres capitales de provincia.En este ámbito, tanto Josefa Andrés como Enric Morera coincidieron en que los Registros Civiles están en "precario" y son una "ecatombe", en cuanto a plantillas y medios telemáticos, y que se crean "grandes colas". Por ello, Andrés reclamó una "reorganización en su funcionamiento y atención al público", además de incrementar plantillas y su formación, con más cursos y certificados.
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20080520185846

lunes, 19 de mayo de 2008

STAPV-IV :CUADRO COMPARATIVO DE COMPLEMENTOS AUTONÓMICOS

Como puede observarse " El mejor acuerdo de todo el Estado" firmado por CSIF, CCOO y UGT, no es ni mucho menos el mejor, podemos ver, que hasta las comunidades recientemente transferidas, nos rebasan en la cuantia, e incluso el territorio no trasferido nos supera en cantidades globales.
A esto deberiamos añadir las cuantias que reciben nuestros compañeros en las sustituciones, 100% de las retribuciones del cuerpo superior, retribuciones de los juzgados de violencia contra la mujer, recientemente firmado en nuestra Comunidad, ademas de las cuantias que reciben por prolongaciones de jornada, las cuales tambien dista mucho de nuestras pirricas retribuciones.

EL POZO DE LA JUSTICIA

Artículo interesante sobre libros blancos, ademas de otros estudios al problema de la justicia y su busca constante de soluciones a este pozo sin fondo.
El pozo de la justicia

domingo, 18 de mayo de 2008

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL







ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIALAdoptado por dicha Comisión en su reunión ordinaria del pasado día 22 de abril, en relación con una presunta infracción del deber de secreto que se contempla en el Art. 10 de la Ley 15/99 por parte de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción.

MAS SOLUCIONES PARA EL "PROBLEMA" DE LA JUSTICIA VALENCIANA

Leyes decimonónicas, tecnología desfasada y falta de funcionarios
Los participantes en el debate reclaman una revolución en las leyes procesales
Levante-EMV, Valencia
Los integrantes de la mesa de debate siguieron poniendo en evidencia todas las carencias detectadas en la Justicia, una administración a la que no ha llegado la revolución industrial ni la tecnológica y donde cada mínimo cambio debe hacerse a golpe de ley orgánica. Los participantes siguieron insistiendo en la falta de jueces y funcionarios, en la necesidad de modificar la estructura de los juzgados y su funcionamiento, de cambiar las leyes y de invertir tecnológicamente desde todos los gobiernos. Así, al problema de los juzgados de ejecutorias se sumó el Decano de los juzgados de Valencia, el magistrado Pedro Viguer, pero con datos, recordando que "en número de jueces, somos los terceros por la cola"."Y en tasa de litigiosidad, sólo estamos por detrás de Andalucía y Baleares, con 207 litigios por 100.000 habitantes", haciéndose eco Pedro Viguer del habitual discurso del presidente Francisco Camps, de que "hemos recibido un millón de habitantes en siete años".Ley de 1882El problema práctico para Viguer es que hay que trabajar con una "legislación penal de 1882, de la Restauración, con modificaciones, pero ley decimonónica al fin y al cabo". El Decano insistió en que la "deficiencia en ejecutorias está en el tema procesal". Y explicó que "los jueces están dictando resoluciones al 140%, trabajando más de lo que deberían y eso reduce la calidad de las resoluciones y aumenta la posibilidad del error. Además, el juez es el cuello de botella. Hace falta un 40% más de jueces de primera instancia".A continuación, el Decano del Colegio de Abogados de Valencia, Francisco Real, fue categórico al manifestar que el problema de la Justicia "no es una situación nueva. Los abogados lo estamos denunciando hace muchos años y no se nos hacía caso", para afirmar de inmediato que "la justicia, desgraciadamente, funciona muy mal". En este punto, Francisco Real ofreció datos del Consejo General de la Abogacía: "El 71% de los letrados cree que la Justicia funciona mal". Y añadió, "se trata de males endémicos. Hacen falta jueces y muchos más fiscales, todo funcionaría con más fluidez y no habría un clima enrarecido entre abogados, jueces y usuarios de la Justicia".Para Real, "lo buenísimo sería separar los juzgados de primera instancia e instrucción en todos los partidos judiciales". Y explicó que "no es comprensible que en los juzgados estén citadas 15 personas para un juicio civil y lo suspendan porque tienen que atender un problema de violencia de género, porque tiene preferencia".Respecto a "los juzgados de instancia, funcionan mucho mejor, pero hay veces que se tarda siete años en tener una sentencia", comentó el Decano de abogados. "Y en Valencia funciona mejor que en los pueblos, donde a veces se tarda un año en dictar sentencia", añadió.Francisco Real aludió también al corporativismo de los jueces: "Es imposible que los abogados denuncien problemas al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que nunca tengamos la razón". Por lo que pidió "abrir la Sala de Gobierno para que se oiga a la abogacía y al resto de estamentos". Real finalizó apelando a que "los jueces deberían tener más presente la idea del servicio público y menos la del Poder Judicial". La nueva Oficina JudicialPero, "¿qué resoluciones verdaderamente dicta el juez? La quimera es que el juez debe dictar todas las resoluciones. Eso que hace un siglo podría ser posible, hoy es imposible". Con estas palabras entró en el debate Jesús Olarte, secretario del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.Olarte hizo un llamamiento a la "creación de la nueva Oficina Judicial". Porque, "los compartimentos estancos no son la solución para el siglo XXI, hace falta una reforma inteligente de las leyes procesales", manifestó. Olarte planteó un problema que es el de las sentencias de conformidad, cuando el acusado reconoce los hechos y se conforma con una pena."No puede ser que en estos momentos los condenados se vayan a su casa por falta de agilidad procesal. En ese momento se les debía requerir y mandar a prisión o pagar la responsabilidad civil a través de una oficina preparada", explicó. "Pero la Administración de Justicia no ha sido prioritaria para los políticos en materia presupuestaria y los problemas estructurales son serios. No hay suficientes juzgados para atender la elevada tasa de litigiosidad", tercia el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch."El CGPJ establece una media en un juzgado mixto de 350 casos civiles al año, pero normalmente sobrepasa esta cifra en el doble. Y ello se aproxima al caos, demoras, falta de control... El Gobierno Central ha hecho un esfuerzo en la creación de juzgados, pero muy insuficiente", añade Joaquim Bosch. "Y en el ámbito penal no es peor, pero los riesgos son mayores que el tener un embargo paralizado por las repercusiones sociales que tiene un crimen o una violación". De nuevo, Bosch saca a la memoria el "caso Mari Luz". "Lo que está claro es que la oficina judicial actual es un modelo obsoleto y el Gobierno no ha sabido sortear las resistencias, no ha tenido autoridad política o voluntad para sacarlo adelante. La ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 dedica 15 artículos de 1.000 a la ejecución de las condenas y habla de figuras tan arcaicas como el "comandante del presidio"", recordaba Bosch."Pero un juez sin funcionarios y edificios no puede dictar sentencias". El portavoz de Jueces para la Democracia no se olvidó de que tenía enfrente al conseller. Y también por ello, explicó que "la asignación de medios personales y materiales debe ser eficiente. La Generalitat hace una buena gestión en edificios, regular en medios materiales y peor en medios humanos, como la asignación de funcionarios, la gestión de sustitución de las bajas con trabajadores interinos que llegan de cargar cajas en un supermercado y no saben ni enchufar un ordenador... No hay un sistema de gestión ágil del personal o de control de los funcionarios".En su línea, Bosch fue contundente y tuvo para todos: "Insuficiencia de jueces y medios informáticos; y en el proceso, un funcionario de baja no sustituido y el que llega que no tiene ni idea. El resultado es el "caso Mari Luz"".De nuevo con las ejecuciones pendientes. "¿En las ejecutorias de Valencia qué pasa? Que mañana puede pasar una tragedia y el conseller dirá que la culpa es del juez", sentenció el portavoz de Jueces para la Democracia. Bosch recordó que "hay un juzgado que tiene 1.000 casos sin incoar y funciona con la mitad de la plantilla. Y el condenado por uno de estos casos parados puede mañana matar a una persona". Le tomó el testigo en este punto la delegada sindical en Justicia por CC OO Nieves Rubio. "En 2003 cayeron de golpe las ejecutorias. Los juzgados de ejecutorias se crearon con falta de personal: de repente, al volcarlo todo a estos juzgados, se encontraron con 6.000 sentencias pendientes". Una medida precipitadaNieves Rubio explica que ello "provocó el malestar en los juzgados penales, de donde salieron los funcionarios con destino a los de ejecutorias, y los jueces y secretarios lo vieron como una medida muy precipitada, sin saber si lo iban a poder afrontar".La delegada de CC OO rememora el inicio del problema. Al cambiar el sistema de ejecución de sentencias, esta parte del proceso pasaba a los juzgados especializados, formados con parte de los funcionarios del resto de juzgados de lo penal. Como se quedaron con la mitad de los trabajadores, también las ejecuciones de las sentencias de conformidad, que debían ser automáticas, se derivaron a los juzgados de ejecutorias, ralentizando el proceso. "Al final, primó el corporativismo del poder judicial, los juzgados podrían haberlo asumido pero no han querido. Hay un problema de servicio público y, si hay posibilidad de que un señor se vaya con su sentencia ejecutada, hagámoslo. Las ejecutorias penales son todas urgentes", finaliza Nieves Rubio. Pedro Viguer explica que la Junta de Jueces de penal había acordado recientemente asumir también esta parte del proceso, para ayudar a descargar las ejecutorias penales. Pero José Vicente Cabo, presidente del sindicato CSI-CSIF en Justicia, vuelve a la carga. "Hay problemas de infraestructura de toda la vida. A los políticos no les interesa que vaya bien la Justicia. Porque si fuera así, al día siguiente de recurrirles un acuerdo, se lo podrían suspender en los tribunales".Además, añade, "aún recordamos juzgados sin aseos y donde caía el agua encima se los expedientes judiciales. Era lo normal...".Volviendo al discurso del presidente Camps, Cabo explica que "con el paso del tiempo, ha habido otros problemas estructurales. En siete años, se ha producido un aumento de un millón más de población. Nos hemos encontrado de la noche a la mañana con más gente, con otras costumbres y que ha venido a lo que ha venido". Y recuerda que "Alicante es la cuarta provincia de España con más juzgados, porque hay más litigios". El delegado de CSI-CSIF añade que "los problemas nuevos se han juntado con los antiguos. Los juzgados de ejecutorias se trajeron a Valencia cuando ya habían fracasado en Madrid y Barcelona. Además, al pasar la sentencia del juez que la impone a otro se pierde la información directa sobre la persona, la proximidad del caso. La especialización tiene sus riesgos".
Esta información ha sido elaborada por J. Monreal, R. Laguna y José Parrilla.

martes, 13 de mayo de 2008

CONTRA EL RETRASO JUDICIAL, SOLUCIÓN: MAS EDIFICIOS

En su lucha contra la relantización de la economía y la actual crisis de la construcción, la Conselleria de Justicia ha trazado un plan inversor para erradicar y solucionar los males endémicos que asolan a la Administración de Justicia.
Es por ello que con el horizonte del 2011, (año de elecciones), presento ayer, lunes 12 de mayo, el proyecto inversor de 225 millones de eurazos, para las nuevas sedes judiciales.
Y los ganadores fueron:
Elche, Paterna, Vila-Real, Alzira, Lliria, Torrent, Xativa, Mislata, Alicante, Villena, Ontinyent, Sagunt, Sueca, Gandia y la Vila Joiosa, además de la remodelación (De nuevo) del Palacio de Justicia sede del T.S.J..
Damos la enhorabuena a los premiados, algunos de ellos con mas de una primera piedra ya colocada en los solares de las futuras sedes.
Y con ello damos por finalizada la presentación de las soluciones al gran atasco judicial.
Bueno, no solo es eso,..... creo que van a nombrar una comisión de estudio del atraso judicial, y ah !van a comprar un nuevo programa informático.... y buscaran culpables.

pd. creo que los culpables ya los tienen.

¿Y la acción social?

Tras los últimos "éxitos" sindicales logrados, parece que ya esta todo conseguido, seguimos sin el reconocimiento económico de las sustituciones, los SCACS de los partidos judiciales siguen haciendo salidas con las habilitaciones de horas en tardes y noches sin que sean remuneradas, las prolongaciones de jornadas con unas cantidades irrisorias, cuando no rayando la explotación.

Y para acabar de rematar la faena seguimos sin saber cuando, ni como se va a ofertar la acción social, y estamos ya en mayo, y aun no sabemos nada de la presunta negociación del plan, cuando otros años en estas fechas debería estar la convocatoria ya en marcha.

Seguiremos cantando las gestas de los maravillosos logros conseguidos.



Seguiremos de victoria en victoria hasta la derrota final.

miércoles, 7 de mayo de 2008

La Comunitat, la segunda de España con más atasco judicial por las 40.000 sentencias sin ejecutar

El Poder Judicial alerta de que los jueces valencianos soportan más del doble del trabajo recomendable


El atasco de sentencias pendientes de ejecutar en la Comunitat Valenciana -casi 40.000 en toda la región, como ya informó en exclusiva LAS PROVINCIAS a finales de abril- llevó al Consejo General del Poder Judicial a extender a Valencia (y a otras provincias con órganos especializados en ejecutorias) la inspección inicialmente planteada únicamente para Madrid. Y el informe del CGPJ ya tiene diagnóstico sobre el nivel de colapso en la Comunitat: la región ocupa el segundo lugar en cuanto al número de ejecuciones atrasadas.El análisis judicial se refiere al conjunto nacional, aunque con especial atención a las provincias en las que existen órganos especializados: Valencia, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián. Es en estos juzgados donde se registra el mayor atasco de ejecuciones pendientes sobre delitos penados con hasta cinco años de prisión (de los que se ocupan los órganos penales), aunque no por ello generan menos alarma social, como los malos tratos, conducción imprudente, traficantes de droga o el uso pornográfico de menor edad.De las algo más de 269.000 resoluciones que quedaron atascadas en los juzgados de ejecutorias de toda España durante 2007, 39.868 pertenecen a los órganos penales de la Comunitat. Por delante se sitúa Cataluña, con 56.582 resoluciones por aplicarse. Madrid ocupa el tercer lugar de colapso (37.746 sentencias), después las Islas Baleares (10.127) y el País Vasco (7.571)."La carga de trabajo que soportan los juzgados penales de ejecutorias durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos", tal y como señala el informe del Poder Judicial. Una sobrecarga que es especialmente grave en Valencia, donde se supera casi en el doble (99,62%) la cifra máxima de asuntos considerada óptima por el CGPJ.El porcentaje justifica las continuas quejas lanzadas en las últimas semanas por el presidente del Tribunal Superior de la Comunitat, el conseller de Justicia o los jueces penales y de instrucción, entre otras muchas voces del mundo jurídico.Y es que, el 99% de Valencia se sitúa muy por encima del 82,30% que se registra en Palma de Mallorca, el 80% de Bilbao, el 52,24% de Barcelona, el 21% de Madrid o el 4,10% de San Sebastián.A nivel de Valencia, el informe del Poder Judicial destaca como uno de los escasos datos positivos que el número de asuntos pendientes en los tres juzgados dedicados únicamente a las ejecutorias en la provincia se ha reducido un 21% en el último trienio. Sin embargo, el estudio no detalla otro dato. Como ya informó LAS PROVINCIAS, teniendo en cuenta el conjunto de resoluciones pendientes de ser ejecutadas en toda la región, la cifra se ha duplicado desde 2004, cuando las ejecuciones atascadas eran casi 20.000, según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.Como reconocen los propios inspectores a nivel de toda España, el número de sentencias pendientes de ejecutar "se encuentra lejano de lo que podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados".El Poder Judicial también responde a las últimas y múltiples voces que desde el mundo jurídico han reclamado un mayor uso de las nuevas tecnologías en la justicia. De "necesaria e imperiosa" califica el servicio de Inspección del CGPJ la "significativa" carencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos. Una ausencia tecnológica que incide "de manera muy negativa" en el funcionamiento de estos juzgados.El sistema debería contar, según el Consejo General, con una "serie de alarmas que generasen aviso automáticamente" en caso de producirse determinadas situaciones, como la prescripción de una orden de busca y captura o el incumplimiento de pago de multas impuestas por los tribunales.En su informe, el CGPJ subraya que lleva reclamando la instauración de este sistema informático desde 2005, por el momento sin respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia, competente para la creación del mismo.El estudio resalta que la aplicación serviría también para la obtención de estadísticas y listados de trabajo, así como la sustitución de libros de registro, "que actualmente se siguen llevando de forma manual en los juzgados", como lamenta el Consejo del Poder Judicial.Como el resto de juzgados penales de ejecutorias, los órganos de Valencia han recibido numerosas medidas de apoyo desde 2004. Sin embargo, el propio Poder Judicial califica de "insuficientes" estas medidas, aunque en sus conclusiones únicamente sugiere "mantener esas medidas". Eso sí, el informe anuncia el inicio de un estudio sobre las "concretas necesidades de planta" de Valencia, es decir, la posible creación de nuevos juzgados.Tras el informe del CGPJ, el padre de Mari Luz, la pequeña asesinada en Huelva, consideró que "tarde" para su hija y su familia, pero reconoció que "al fin parece que la justicia está reaccionando".Posición de la conselleria Desde la Generalitat señalaron que comparten "plenamente" la reivindicación de un sistema informático por parte del Poder Judicial. El conseller de Justicia recordó que es una reivindicación que llevan planteando desde hace años y que pretender trasladar al ministro de Justicia "si tiene a bien recibirme algún día", reiteró Fernando de Rosa.El conseller mostró su esperanza de que el Ministerio implante de una vez la tecnología "porque ahora no pueden decir que es la reivindicación de un gobierno autonómico del Partido Popular, sino que ahora se trata del órgano de gobierno de los jueces".Acerca del exceso de funcionarios interinos en los juzgados penales, otro de los problemas que destaca el informe, De Rosa recordó que pretende solicitar al ministro la convocatoria anual de oposiciones para estas plazas y que el Consell ha duplicado en cinco años (de 48 a 79) el número de funcionarios dedicados a las ejecutorias.

Una jueza de Valencia denuncia que carece de agente

La titular del juzgado de lo penal 4 de Valencia no daba ayer abasto. Tuvo que enjuiciar en una sola mañana dos casos de alcance, el del conductor de autobús escolar detenido en la Pobla de Vallbona por sextuplicar la tasa de alcoholemia y el del padre Ángel, acusado de estafa y un fraude fiscal. Y además, según denunció, hizo tareas que no son de su competencia.Beatriz Sobremonte, al concluir la vista oral, denunció ante los periodistas que el órgano que dirige carece de agente judicial desde el pasado mes de abril, por lo que tanto ella como el secretario judicial se ven obligados a realizar sus funciones.La magistrada responsabilizó a la Generalitat de esta situación, que, según dijo, "afecta a la eficacia" del servicio que debe ofrecer el juzgado.Los agentes judiciales se encargan de llamar a los testigos, solicitar el DNI a las personas que comparecen en un juicio, llamar a los calabozos para que trasladen a un detenido o mostrar pruebas o documentos a testigos, peritos o acusados durante la vista.Algunas de estas funciones tuvieron que ser ayer asumidas por la jueza y su secretario, tal y como denunció Sobremonte. Por ejemplo, ella fue la encargada de solicitar el DNI al padre Ángel antes del comienzo del juicio.Fuentes de Justicia argumentaron que la sustitución de un funcionario de baja "no es un proceso automático" y conlleva una serie de fases, como la cobertura económica de la incidencia y la oferta de la plaza en la bolsa de trabajo. "Un mes no es plazo suficiente para la sustitución", subrayaron.Esta queja laboral por parte de una magistrada de lo penal se une a otras que los jueces realizaron recientemente de manera colectiva. El pasado 26 de abril, la Junta de Jueces de instrucción de Valencia alertó de que algunos magistrados trabajan 12 días seguidos y sin descanso por el sistema de guardias, por lo que reclamó una "urgente reforma estructural" de la administración de justicia y un incremento de la plantilla de jueces.La Junta consideró "necesaria" una "urgente" reforma estructural de la administración de justicia, de su organización y, sobre todo, de la plantilla de jueces , "manifiestamente insuficiente" en España, que "debe ser incrementada con urgencia si se pretende una respuesta judicial rápida y de calidad". Destacó que los "únicos" atisbos de modernización "han quedado en vía muerta" y, puso de manifiesto, tras adherirse a las conclusiones de la Junta de Jueces de Sevilla del pasado 2 abril y a la de los jueces de lo penal de Valencia, las "deficiencias estructurales de la administración en esta materia.
http://www.lasprovincias.es/valencia/20080507/valenciana/jueza-valencia-denuncia-carece-20080507.html
La importancia del actual cuerpo de AUXILIO JUDICIAL, afectan a la eficacia de la administración de justicia, y ¿La de los Jueces no?